Perú atraviesa una nueva ola de protestas lideradas por la Generación Z. La destitución de Dina Boluarte reactivó el descontento juvenil. Redes sociales, símbolos globales y acción directa marcan esta movilización. En este análisis, Artiom Vnebraci Popa explora cómo, más que una protesta, se trata de una reconfiguración del contrato social desde lo digital.
El pasado mes de septiembre marcó un punto de inflexión en la configuración del espacio político peruano. Las calles de Lima se transformaron en escenarios de reivindicación generacional. Las manifestaciones protagonizadas por jóvenes nacidos entre el 1995 y el 2012 emergieron el 20 de septiembre como respuesta multimodal a una crisis sistémica que se inscribe en una amplia narrativa de fractura institucional.
Desde una perspectiva de analítica, resulta imperativo examinar estos acontecimientos no como episodios aislados de efervescencia juvenil. Son manifestaciones sintomáticas de un deterioro profundo en el contrato social peruano. La movilización de la Generación Z, tanto a nivel nacional como global, representa un fenómeno que trasciende las categorías tradicionales de protesta política. Incorpora elementos de la cultura digital, del simbolismo transnacional y de la articulación horizontal, lo que desafía los paradigmas convencionales de organización ciudadana.
Los vectores de la crisis en Perú
Los manifestantes articularon sus demandas en 4 ejes principales:
- justicia por las muertes ocurridas durante las protestas de 2023,
- reforma del sistema de pensiones,
- combate frontal contra la delincuencia organizada,
- y la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.
Esta arquitectura reivindicativa revela la complejidad del fenómeno. En ella convergen memorias traumáticas recientes, preocupaciones materiales sobre el futuro y un rechazo emergente a la clase política actual.
Un ejemplo clave fue la unión del gremio de transportistas a las movilizaciones tras el asesinato de más de 180 conductores en el 2025 por parte del crimen organizado. Los choferes de autobús, los repartidores y los taxistas son objetivo de sicarios y extorsionadores, por lo que su desesperación frente a tal problemática se inscribe en la incapacidad de respuesta del Estado (y a veces en su complicidad percibida). Así, tal fenómeno no constituye una anomalía estadística sino una tendencia sostenida que erosiona la confianza en las instituciones de seguridad.
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A su vez, la reforma previsional del sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) fue otro de los detonantes de las protestas. Se sumó a la precariedad laboral que aguarda a la juventud peruana. Todo esto ocurre en un contexto donde los modelos de acumulación capitalista han fracasado en garantizar estabilidad a las generaciones emergentes.
La dimensión simbólica: signos de una generación conectada
Un elemento revelador del movimiento reside en su gramática visual. La presencia de banderas del manga One Piece (específicamente la calavera con sombrero de paja que representa a los protagonistas de la historia), se replicó en protestas de Nepal, Indonesia, Paraguay y Marruecos. Este fenómeno evidencia la formación de una consciencia política transnacional que opera mediante códigos compartidos en el ecosistema digital.
De esta forma, la bandera de los «Piratas del Sombrero de Paja» no es meramente ornamental. En el universo de One Piece, los protagonistas desafían sistemas opresivos, buscan libertad y construyen solidaridades horizontales frente a estructuras autoritarias.
La apropiación de este símbolo por movimientos juveniles globales sugiere la emergencia de un lenguaje político alternativo. En él, las referencias culturales sustituyen o complementan los íconos tradicionales de la izquierda o del nacionalismo liberal.
Los manifestantes rechazaron que se les tildara de vándalos o terroristas, explicando que el símbolo representa unidad generacional y lucha contra la corrupción.
Esta hibridación semiótica plantea desafíos interpretativos. La Generación Z no se limita a replicar repertorios de protesta heredados, sino que construye una gramática propia. En ella, lo lúdico, lo digital y lo político se entrelazan de forma creativa. Su capacidad de articulación mediante redes sociales, transmisiones en directo y convocatorias virales por TikTok demuestra un dominio instrumental de las TIC. Es una habilidad que las estructuras partidarias tradicionales no poseen.
La respuesta estatal de Perú: entre la contención y la represión
El despliegue policial involucró a 5.000 efectivos que emplearon gases lacrimógenos y perdigones de goma para dispersar a los manifestantes. Las imágenes de la represión circularon masivamente en redes sociales, generando un efecto amplificador que movilizó más adhesiones a las protestas. Un caso controversial fue la agresión a un adulto mayor, golpeado en el rostro por un agente policial (cuyo video provocó indignación nacional).
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 18 heridos en las manifestaciones del 27 de septiembre, incluyendo un periodista y un brigadista. La violencia contra trabajadores de prensa se convirtió en un patrón recurrente, con casos de agresiones físicas directas a reporteros que portaban credenciales y equipos claramente identificables. Estas acciones no solo vulneran la libertad de prensa, sino que revelan una doctrina de control que privilegia la contención sobre la protección de derechos fundamentales.
Es relevante señalar que no todas las jornadas de protesta derivaron en enfrentamientos violentos. La manifestación del 4 de octubre se desarrolló con menor concurrencia y concluyó de manera pacífica. Esto sugiere que la escalada de violencia responde a dinámicas específicas de interacción entre manifestantes y fuerzas del orden, más que a una predisposición inherentemente violenta de alguna de las partes.
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El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, emitió declaraciones públicas solicitando a los manifestantes que protestaran sin violencia, afirmando que la policía está para protegerlos. Este discurso contrasta con la evidencia empírica de represión documentada, evidenciando una disonancia entre el discurso oficial y la práctica institucional.
El colapso del orden político: la vacancia de Boluarte
El 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente», con 122 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Esta decisión unánime es particularmente significativa. Durante su gestión se habían presentado ocho mociones de vacancia que no prosperaron debido al respaldo de las principales fuerzas políticas del Congreso hacia Boluarte.
Asimismo, el detonante que llevó a la destitución (a parte de las protestas), fue el ataque armado durante la presentación del grupo musical Agua Marina, que dejó 5 heridos y exacerbó la percepción de inseguridad generalizada. Este episodio de violencia funcionó como catalizador de una crisis que se había gestado mediante la acumulación de múltiples fracasos gubernamentales.
Fuerzas políticas como Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, retiraron su apoyo a Boluarte. Ambas agrupaciones, que históricamente la respaldaron, tomaron distancia ante la proximidad de las elecciones de 2026.
Esta deserción estratégica de los aliados parlamentarios evidencia un cálculo político pragmático. Con niveles de aprobación del 3%, Boluarte se había convertido en un lastre electoral para las fuerzas que la sostenían.
El Congreso, enfrentando su propia crisis de legitimidad con apenas un 5% de aceptación ciudadana, ejecutó la vacancia como un mecanismo de renovación cosmética. Esta acción no altera las estructuras profundas del poder político peruano.
José Jerí, presidente del Congreso y miembro del partido Somos Perú, asumió la presidencia inmediatamente tras la destitución, en cumplimiento del orden sucesorio constitucional. Jerí, quien tiene antecedentes de denuncias por soborno y acoso sexual de las cuales fue exonerado por falta de pruebas, declaró liderar un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional, comprometiéndose a combatir la delincuencia mediante el despliegue de policía y fuerzas armadas.
¿Y ahora qué? La persistencia de las protestas y la respuesta del gobierno de Jerí
Las protestas en Perú han continuado con fuerza tras la destitución de Dina Boluarte, evidenciando un profundo descontento social y político. El 15 de octubre de 2025, miles de jóvenes de la Generación Z se manifestaron en Lima y otras ciudades. Exigieron la renuncia del presidente interino José Jerí y la derogación de leyes que consideran favorecedoras de la delincuencia.
Los manifestantes ven a Jerí como la continuación de las mismas problemáticas estructurales y demandan un gran cambio ecosistémico dentro de las políticas públicas peruanas. Así, la marcha (inicialmente pacífica), culminó en enfrentamientos con la policía, dejando un saldo de al menos un muerto y más de 100 heridos, entre ellos manifestantes y agentes del orden.
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La respuesta del gobierno ha sido contundente. José Jerí difundió en sus redes sociales un video en el que se muestra el momento exacto en que un grupo de manifestantes lanzó una bomba molotov contra la Policía Nacional del Perú, calificando el acto como un intento de generar caos y violencia en el país. Además, su primer ministro (Ernesto Álvarez), calificó a la Generación Z como una banda que quiere tomar por asalto la democracia, lo que ha generado aún más tensión entre las autoridades y los manifestantes.
Estas acciones reflejan una escalada en la represión estatal, mientras las protestas continúan siendo lideradas por colectivos juveniles organizados principalmente a través de plataformas digitales. La falta de una estructura jerárquica formal en estos movimientos dificulta su cooptación, pero también limita su capacidad de negociación política.
La situación en Perú sigue siendo incierta. El gobierno enfrenta un creciente rechazo social y una ciudadanía decidida a mantener la presión en las calles. La frecuente demonización de los manifestantes por parte de las fuerzas públicas peruanas no favorece a nadie. El mensaje que se transmite a la población es claro: sus demandas y formas de protesta son más problemáticas que la corrupción sistémica y el crimen organizado.
Conclusiones y perspectivas
Las protestas de la Generación Z en Perú representan un malestar profundo y estructural, más allá de demandas coyunturales sobre pensiones o seguridad. La caída de Boluarte y la llegada de José Jerí no han resuelto la crisis de legitimidad política, y las manifestaciones continúan, enfrentando represión estatal constante. La juventud percibe que los mecanismos formales de participación no generan cambios reales y recurre a formas de acción directa, digital y horizontal, proyectando su influencia incluso a nivel transnacional.
A corto plazo, la presión social podría radicalizarse si el gobierno mantiene medidas represivas, mientras que concesiones parciales podrían fragmentar el movimiento. A mediano plazo, solo una recomposición institucional profunda o un proceso constituyente genuino permitiría canalizar el descontento sin violencia. La experiencia reciente sugiere que, sin reformas estructurales, Perú seguirá en una trayectoria de inestabilidad crónica, donde la Generación Z emerge como actor político decisivo y portador de nuevas formas de movilización, simbolización y articulación social.
En suma, Perú enfrenta una encrucijada histórica: consolidar un diálogo institucional real o prolongar un conflicto social que redefine la política desde las calles y las plataformas digitales.
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