México, apoyado por otros países de la región, desarrollan un Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas tras la “tragedia de Chiapas”.
El pasado 9 de diciembre, 55 migrantes de distintas nacionales fallecían, y más de un centenar resultaron heridas, tras un accidente de camión cerca de Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado mexicano de Chiapas. Todos eran, presuntamente, víctimas de una red internacional de tráfico de personas.
Al día siguiente, México lanzaba un comunicado en el que se anunciaba que, tras este “trágico incidente”, se crearía, esa misma noche, un Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas. Los objetivos del mismo serían los de investigar, identificar y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable.
“Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas. Tenemos el compromiso de aplicar todo el peso de la Ley contra quienes resulten responsables, además de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico humano en todas sus manifestaciones”, aseguraba el comunicado.
En este sentido, también se explicaba que cada país asumirá la investigación en su propio territorio y que, además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera “fluida y directa”, con el objetivo de presentar los resultados a los demás países y a la opinión pública en general.
Finalmente, el Grupo de Acción Inmediata fue instalado hoy por los embajadores de México, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y la República Dominicana.
Tal y como explicaron, el Grupo de Acción Inmediata consistirá en un “mecanismo multidisciplinario ad hoc que promoverá la revisión de los respectivos marcos jurídicos nacionales para homologar la tipificación de la trata y el tráfico de personas como delitos graves y extraditables”.
El mecanismo está abierto a todos los países de la región, pero ya cuenta con el respaldo de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.
