ActualidadOrtega asume su 5º mandato en Nicaragua entre sanciones internacionales

Ortega asume su 5º mandato en Nicaragua entre sanciones internacionales

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Daniel Ortega asume su quinto mandato como presidente de Nicaragua mientras la Unión Europea y Estados Unidos aprueban nuevas sanciones contra el país.

Daniel Ortega ha asumido este lunes su quinto mandato como presidente de Nicaragua, el cuarto consecutivo, después de unas elecciones celebradas el 7 de noviembre. Varios países calificaron los comicios como una “farsa”, señalando que “todos los candidatos rivales de la oposición estaban en prisión”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que los comicios no tenían “legitimidad democrática”. También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) concluyó que las elecciones se desarrollaron en un ambiente “poco propicio” para unos comicios “auténticos y libres”.

En este contexto, la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado nuevas sanciones contra Nicaragua este mismo lunes en vista del “empeoramiento” de la situación en el país.

La UE empezó a preparar esta última ronda de sanciones tras las elecciones del pasado mes de noviembre, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.

El 8 de noviembre de 2021, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, emitió una declaración en nombre de la UE en la que subrayó que las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían celebrado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad.

También declaró que el gobierno nicaragüense había “privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político al voto en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.

Según el comunicado de prensa del Consejo de la Unión Europea, hoy se han impuesto medidas restrictivas a otras siete personas y tres entidades en vista del “empeoramiento” de la situación en Nicaragua.

Los nuevos listados incluyen familiares del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la empresa que supervisa las telecomunicaciones y los servicios postales.

“Los atacados son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho”, rezaba el comunicado.

De esta manera las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

El régimen de sanciones con respecto a Nicaragua se introdujo por primera vez en octubre de 2019, después de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en el país. El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.

Estados Unidos apoya a la UE con las sanciones

“Nos unimos a la Unión Europea para tomar una posición firme contra los abusos de los derechos humanos y la falta de respeto por el pueblo nicaragüense, demostrados por el régimen Ortega-Murillo”, asegura en un comunicado de prensa el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken.

Así, Blinken ha asegurado que “en concierto con las democracias de la comunidad internacional”, se desplegarán herramientas “diplomáticas y económicas para apoyar el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.

Según el comunicado, “el régimen sigue reteniendo a 170 presos políticos, y muchos de los detenidos sufren de falta de alimentos adecuados y atención médica adecuada. Otros permanecen en régimen de aislamiento”.

“El corrupto sistema judicial y de seguridad de Ortega arrestó a estas personas por ejercer el periodismo independiente, trabajar para organizaciones de la sociedad civil, tratar de competir en elecciones y expresar públicamente una opinión contraria a la ortodoxia del gobierno, entre otras actividades consideradas normales en una sociedad libre”, añadía.

Con ese fin, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visado a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares.

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