El profesor del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada y del Curso de Experto en Prevención del Delito de LISA Institute, Carlos Avendaño, expone un análisis de las políticas públicas en el ámbito de las políticas antidelictivas y la prevención del delito en la región de América Latina. Además, expone el caso de El Salvador, con sus controversias y cambios en las medidas sobre la prevención del delito en los últimos años.
El análisis de las políticas públicas es un ámbito de gran interés para las ciencias sociales, especialmente para la criminología cuando aborda las políticas antidelictivas. El modo de gobernar ha sido una preocupación filosófica y política central para la humanidad. En la actualidad, se han agotado las grandes explicaciones políticas provenientes del marxismo y del liberalismo clásico, lo que ha llevado a enfocar la mirada en las acciones concretas de las instituciones del Estado y de los individuos que las integran.
El Salvador constituye un caso de estudio interesante para develar algunas cuestiones relacionadas con la disminución del delito en la región. A pesar de ser pronto para hacer una evaluación exhaustiva de las medidas tomadas por Nayib Bukele en El Salvador para controlar el fenómeno criminal violento vinculado a las pandillas, es posible hacer algunas consideraciones críticas que aporten al análisis de las políticas públicas antidelictivas.
El papel del Estado en la prevención del delito
El Estado no puede simplificarse como una organización común. Debe analizarse como un conjunto de organizaciones mediante las cuales los agentes públicos, ya sean elegidos o administrativos, persiguen objetivos que no responden únicamente a demandas sociales. Estas organizaciones y acciones estructuran y moldean tanto procesos económicos como intereses de clases y grupos. Aunque el Estado pretende monopolizar el uso de física y simbólica en un territorio, esta intensión no se materializa de manera uniforme, especialmente en el contexto latinoamericano.
Durante la pandemia de COVID-19, en varios países se extremaron las medidas de contención para evitar la propagación del virus haciendo uso de diferentes mecanismos. Algunos gobiernos decretaron estados de «excepción» lo que implicó un punto de quiebre para el derecho constitucional global.
Las medidas adoptadas fueron desde el confinamiento domiciliario, el cierre de fronteras, la suspensión general de actividades, medidas de rescate económico/social y la militarización de la seguridad ciudadana.
En el marco de estas medidas, las tasas delictivas vinculados a delitos comunes disminuyeron en todos los países, aunque las cifras delictivas no fueron homogéneas en todos los contextos. En países como Argentina, las tasas de homicidios mantuvieron la misma tendencia de años anteriores, en otros contextos la disminución fue más significativa. Otras modalidades delictivas aumentaron como las vinculadas a la violencia de género y el delito informático. Sin embargo, las medidas de «mano dura» y la «militarización» de la seguridad ciudadana, para la opinión pública, está asociada con la reducción del crimen.
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Qué es la prevención del delito y la situación en América Latina
Al tratar el tema de la prevención del delito, el primer desafío es definir claramente su alcance. En la praxis, el término se utiliza de forma ambigua para describir diversas actividades, algunas contradictorias entre sí. La prevención del delito es una noción compleja que incluye una amplia gama de actividades y programas. La dificultad del análisis radica en determinar qué se considera «prevención del delito» y qué no lo es.
En América Latina se han aplicado diferentes estrategias de prevención del delito. Sobre todo, en el marco de políticas públicas heterogéneas que comienzan en la década de 1990 con instituciones policiales ancladas en la tradición de «policía política». En líneas generales, la prevención del delito se reducía a estrategias situacionales como la «presencia policial».
Actualmente, las instituciones policiales han aumentado sus presupuestos, mejorado la formación y entrenamiento de su personal, optimizado sus áreas de información y sofisticado sus respuestas ante el crimen. En países como Colombia, Chile y Uruguay, las fuerzas policiales han implementado sistemas estadísticos que permiten el análisis en tiempo real de los fenómenos criminales y del desarrollo de modelos predictivos. Aunque la transparencia de la información sigue siendo limitada, se han realizado esfuerzos significativos mediante la creación de observatorios de seguridad locales, nacionales e institucionales para comprender mejor los problemas enfrentados.
La prevención del delito va más allá del ámbito policial y requiere un enfoque integral con la participación de diversas instituciones y actores. Las tácticas y estrategias de prevención del delito en la región se dividen en dos grupos: penales y extrapenales. Las tácticas penales implican la intervención del sistema penal. Estas incluyen la aplicación y modificación de normas penales para disuadir el crimen, aunque este efecto disuasorio no se logra en la práctica. Por otro lado, las tácticas extrapenales de prevención del delito abarcan enfoques situacionales, sociales y comunitarios.
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Las medidas de prevención del delito tienen diferentes grados de efectividad. La prevención general, dirigida a toda la población, como actividades culturales o la reparación de parques, tiene impactos débiles en la seguridad. Por otro lado, la prevención situacional, enfocada en los espacios públicos mediante alarmas comunitarias y cámaras de televigilancia, también muestra resultados limitados.
Además, los programas policiales de prevención basados en la comunidad, que incluyen mecanismos de denuncia e información, son a menudo percibidos más como herramientas de control que de ayuda. Esto destaca la necesidad de fortalecer y diversificar las estrategias de prevención para abordar eficazmente la inseguridad. Además de la importancia de respetar las fases para el diseño de un plan de prevención, desde un correcto diagnóstico hasta la evaluación de los planes y programas.
Por otro lado, es notorio las numerosas iniciativas de «mano dura» impulsadas en la región. Estas están vinculadas, en muchos casos, con la noción del populismo penal. El populismo penal promueve el aumento de las penas, la creación de tipos penales, la disminución de requisitos para la utilización de la prisión preventiva, el desarrollo de mecanismos de facilitación para la detención de sospechosos, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, entre un largo repertorio de iniciativas que buscan disminuir el temor ciudadano.
Adicionalmente, el aumento de la actividad delictiva no suele ir acompañado de una inversión adecuada para comprender el fenómeno y evaluar las políticas implementadas. Existe una falta de datos confiables sobre la actividad delictiva y los sistemas estadísticos no están planificados ni gestionados de manera estandarizada. A esto se le suma que los sistemas carecen de neutralidad política y de un perfil público elevado. El problema de la delincuencia es frecuentemente utilizado en el discurso político para fines partidistas y electorales. Esto impide el abordaje objetivo y efectivo de la delincuencia.
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El caso de El Salvador en la prevención del delito
En marzo de 2022, se inició un brote de violencia que resultó en el asesinato de 87 personas en 72 horas. La mayoría de las víctimas no estaba vinculada a las pandillas. La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó el régimen de excepción solicitado por Nayib Bukele y se ha mantenido hasta la fecha. Desde entonces, se han encarcelado más de 73.000 presuntos pandilleros.
En medio de controversias por la violación de los derechos humanos, se han encarcelado a pandilleros y a personas que no pertenecen a las pandillas, que suma unos 105.000 privados de libertad. Los datos demuestran una tasa de 1.500 detenidos por cada 100.000 habitantes en El Salvador, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Como resultado de estas medidas, las tasas de homicidio han disminuido notablemente. En 2018, El Salvador tenía una tasa de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más elevadas a nivel mundial. En 2022, la cifra se redujo a 7,8 por cada 100,000 habitantes. Esta notable disminución se puede atribuir a la militarización de la seguridad ciudadana y a las políticas de encarcelamiento implementadas.
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Para abordar la política de encarcelamiento masivo, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Una prisión con 231.446 metros cuadrados diseñada para 40.000 prisioneros en ocho pabellones de 5.453 metros cuadrados, según el Ministerio de Obras Públicas. Cada pabellón tiene 32 celdas, con camas de acero y agua racionada, además de celdas de castigo en completa oscuridad. El establecimiento carece de áreas para el deporte, educación, tratamiento o visitas.
Los discursos políticos que justifican estas medidas se centran en la defensa del derecho a la vida de los salvadoreños. A pesar de ello, se registra, hasta octubre de 2022, 43 muertes en los centros penitenciarios. El Salvador ha optado por una política de silencio y ocultamiento sobre la situación carcelaria, con casos de familias que solamente descubrieron la muerte de sus familiares detenidos al reconocer cadáveres en fosas comunes. Pese a esto, Nayib Bukele mantiene un apoyo del 80%, el más alto en la región.
Adicionalmente, existe controversia alrededor de la escasa transparencia en la administración de recursos y acusaciones de corrupción. El presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa asignó la prioridad a la seguridad con 1.664.2 millones de dólares, superando los fondos destinados a salud y educación.
¿Cómo avanzará la situación sobre la prevención del delito en El Salvador?
El presidente de El Salvador Nayub Bukele fue reelecto el 4 de febrero de 2024. A pesar de que las tasas delictivas en El Salvador han disminuido significativamente debido al Estado de Excepción y al encarcelamiento masivo, no se han implementado medidas para abordar las condiciones estructurales subyacentes a la delincuencia violenta. La reducción del crimen podría ser temporal, con riesgo de un aumento futuro debido a las condiciones adversas e inhumanas en las cárceles. La evidencia muestra que el encarcelamiento prolongado aumenta la reincidencia delictiva y promueve violencia.
El encarcelamiento presenta desafíos para la administración penitenciaria, como el hacinamiento, debilitamiento del control interno y crisis carcelaria que pueden llevar a un aumento de la criminalidad y el debilitamiento institucional. La utilización de componentes militares en funciones policiales es criticado en la región por sus consecuencias negativas. En El Salvador, la preocupación por la institucionalidad democrática, el debido proceso y la violación de los derechos humanos es mínima. El discurso oficial es reactivo a las críticas y desestima las advertencias de organizaciones no gubernamentales.
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Los sectores sociales no toleran altas tasas de criminalidad y, en casos extremos, están dispuestos a sacrificar el estado de derecho por seguridad. La intervención del Estado debe basarse en diagnósticos correctos y programas sostenibles y evaluables, priorizando la prevención del delito con tácticas extrapenales que involucren a diferentes sectores e instituciones. Aunque aún es temprano para evaluar completamente la política pública en El Salvador, hay suficientes indicios para encender alarmas sobre las posibles consecuencias adversas a medio plazo si las medidas excepcionales se vuelven permanentes.
Los tiempos políticos no suelen ir en concordancia con los tiempos académicos necesarios para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. El delito sigue siendo utilizado en el discurso político con fines partidistas y electorales, lo que impide el abordaje objetivo y efectivo de la delincuencia.
En líneas generales, las estrategias de prevención del delito que se han implementado en América Latina son heterogéneas, aunque se han implementado diferentes enfoques. Por lo general, es fundamental que las políticas públicas de prevención del delito se basen en evidencia y análisis rigurosos para ser efectivas, involucrando en menor medida las tácticas penales y en mayor uso las tácticas extrapenales y poniendo foco en las condiciones estructurales asociadas a la delincuencia.
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