El día 27 de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción en el país, con razón al incremento de homicidios relacionados con las maras. Amnistía Internacional asegura que las medidas aprobadas vulneran los derechos humanos e incumplen con el derecho internacional.
El incremento de homicidios ocasionado por la actividad de las pandillas o maras en El Salvador, llevó a la Asamblea Legislativa del país a que aprobara el 27 de marzo -tras la petición del presidente, Nayib Bukele- un estado de excepción por un plazo de 30 días, que acaba de ser renovado.
Tras este acontecimiento, Amnistía Internacional denuncia que el decreto que regula el régimen de excepción incumple con el derecho internacional, al suspender ciertos derechos fundamentales, como el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención. De acuerdo con los requisitos de la comunidad internacional, estos derechos no deben ser derogados en ninguna circunstancia.
La Asamblea Legislativa aprobó, junto con el decreto previamente mencionado, una serie de medidas adicionales que, según la organización, “vulneran el derecho internacional”. Estas disposiciones otorgan la posibilidad de juzgar a personas acusadas de la comisión de delitos sin juicio previo. También permiten el establecimiento de penas de prisión para quien “reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza” o condenar a menores entre 12 y 16 años a penas de hasta 10 años de prisión.
La cámara legislativa también aprobó una disposición que toleraba sancionar a quienes reprodujeran contendidos supuestamente originados por las maras. Sobre esta medida, Amnistía Internacional declara que “genera temor a la censura” y a la “criminalización de las y los periodistas” que informan sobre violencia relacionada con las maras en el país.
La organización asegura que las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a personas de forma arbitraria y que además, el gobierno salvadoreño ha atacado a quienes critican las medidas. Por su parte, el presidente Bukele ha revelado que desde el comienzo del estado de excepción al menos 1700 personas habían sido detenidas en el contexto de las medidas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado que “durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña”. Rosas añade que “las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que van desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas”.
Por este motivo, la organización pide al gobierno de El Salvador que acabe con estas medidas que, “atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos y vulneran los requisitos del derecho internacional”. También hace un llamamiento a la comunidad internacional, instando a los Estados a que ayuden a revertir la situación en el país.
