Las tragedias humanas en el Mediterráneo son incesantes y la regulación de las políticas de la Unión Europea buscan mediar entre las necesidades de las personas migrantes y la estabilidad de los Estados Miembros. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Daniel Barrios, analiza la política migratoria de la Unión Europea y hasta qué punto la externalización de fronteras es una solución o un parche.
El drama en la frontera exterior de la Unión Europea continúa. El pasado 14 de junio se produjo un nuevo naufragio en las costas de Grecia. En la embarcación viajaban más de 750 personas, de las cuales, 104 fueron rescatadas con vida, 82 fallecieron en el desastre y más de 500 personas están desaparecidas. El Mediterráneo —y las políticas migratorias de la UE— se ha vuelto a cobrar la vida de cientos de migrantes, los cuales pagaron miles de dólares en Libia con la esperanza de llegar a Italia.
Algo similar ocurrió a finales del mes de febrero cuando una embarcación de madera procedente de Turquía naufragó cerca de la costa de Cutro, en el sureste de Italia. A bordo viajaban hacinadas casi 200 personas, en su mayoría refugiados de Afganistán que habían pagado hasta 9000 euros para intentar llegar a Europa. A unos 40 metros de la playa, el fuerte oleaje hizo tambalear la embarcación, cuyo casco golpeó contra un banco de arena y se partió en varios pedazos. Una investigación de Lighthouse Reports desveló cómo Italia y Frontex pudieron evitar la muerte de más de 90 personas en este naufragio.
Según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas han desaparecido en el Mediterráneo desde 2014 y, desde enero de 2022, al menos 4343 personas han fallecido en la ruta migratoria hacia Europa en el Mediterráneo y el Atlántico, de las cuales 2390 fallecieron intentando llegar a España. En este artículo analizamos cómo la Unión Europea ha actuado para resolver las tragedias migratorias y si la externalización de las fronteras son una solución o una tapadera frente a los derechos de las personas migrantes.
¿Cómo ha actuado la Unión Europea para resolver la cuestión migratoria?
Hasta ahora, la Unión Europea ha implementado diversas políticas y medidas para abordar los desafíos de la migración e intentar proteger los derechos de los migrantes.
- Sistema Común de Asilo: La UE ha buscado establecer un sistema común de asilo para garantizar una respuesta más coordinada y equitativa a las solicitudes de protección internacional. Esto ha implicado la implementación de reglamentos y directivas para armonizar los procedimientos de asilo, las condiciones de acogida y los criterios de elegibilidad en los Estados miembros.
- Externalización de fronteras: La UE ha establecido acuerdos de cooperación con terceros países, especialmente aquellos de origen o tránsito de migrantes, como Turquía y algunos países del norte de África, con el fin de abordar las causas fundamentales de la migración y mejorar la gestión de los flujos migratorios. Estos acuerdos a menudo incluyen medidas para la cooperación en el control fronterizo, la lucha contra la trata de personas y el desarrollo económico. Por ejemplo, el acuerdo con Turquía en 2016 tenía como objetivo detener el flujo de migrantes hacia Grecia a cambio de ayuda financiera y otros beneficios para Turquía.
- Gestión de fronteras exteriores: La UE ha fortalecido la gestión de sus fronteras exteriores a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Se han implementado medidas para mejorar la vigilancia, el control de fronteras y la cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad y migración.
- Programas de reasentamiento y reubicación: La UE ha promovido programas de reasentamiento y reubicación de refugiados, con el objetivo de compartir la responsabilidad de manera más equitativa entre los Estados miembros. Estos programas buscan trasladar a los refugiados desde los países de primera acogida a otros países de la UE para su protección y asistencia.
- Cooperación con organizaciones internacionales y ONGs: La UE ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como con organizaciones no gubernamentales, para abordar la migración de manera conjunta y garantizar la protección de los derechos de los migrantes y refugiados.
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La externalización de las fronteras en la Unión Europea: ¿solución o parche?
La externalización de fronteras a menudo genera preocupaciones y críticas en relación con la protección de los derechos de los migrantes.
En muchos casos, los países de tránsito y origen carecen de estructuras y recursos adecuados para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los migrantes. Esto puede llevar a situaciones en las que los migrantes se enfrentan a abusos, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos y violaciones de los derechos humanos.
Además, se ha criticado que la externalización de fronteras lleva a una externalización de la responsabilidad, donde la carga de proteger y garantizar los derechos de los migrantes recae en terceros países con menos recursos y mecanismos de protección que los países de la UE. Esto plantea interrogantes sobre la coherencia en la protección de los derechos de los migrantes.
La externalización de fronteras también puede dificultar el acceso al asilo y a procedimientos justos de determinación de la condición de refugiado. Los migrantes pueden enfrentar obstáculos para presentar sus solicitudes de asilo y acceder a procedimientos adecuados para que sus casos sean evaluados de manera justa.
El 11 de junio, la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula Von Der Leyen, así como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, visitaron Túnez y emitieron una declaración conjunta después de reunirse con el presidente Kais Saied, diciendo que ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para poner fin a la migración irregular. Durante la visita, Von Der Leyen informó que la Comisión está considerando un paquete de ayuda de más de mil millones de euros a Túnez a cambio de un mejor control fronterizo y medidas contra el tráfico de personas.
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En el caso de España, desde 2006 ha firmado acuerdos con Mauritania, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea-Conakri, Ghana, Mali y Gambia. Pero el principal guardián de la frontera sur ha sido Marruecos: como resultado de múltiples acuerdos con España y la Unión Europea, las autoridades marroquíes han aumentado la presencia de fuerzas policiales y del Ejército ante las vallas de Ceuta y Melilla, desmantelando regularmente los campamentos de inmigrantes en las proximidades de ambos enclaves y aumentando las deportaciones hacia la frontera con Argelia.
Además, en algunas ocasiones se ha podido observar a las fuerzas de seguridad magrebíes entrando en territorio español para llevar a cabo las «devoluciones en caliente» sin que esto repercuta a las autoridades españolas, como pudimos ver en el salto a la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, que provocó la pérdida de al menos 37 vidas humanas, 77 desapariciones y 470 devoluciones ilegales, según el último informe de CEAR.
Es importante destacar que la protección de los derechos de los migrantes es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. La UE y sus Estados miembros están obligados a respetar y proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, las políticas de externalización de fronteras generan muchas dudas en cuanto a la efectividad de la protección de los derechos de los migrantes.
Es crucial que las políticas migratorias se desarrollen y se implementen de manera coherente con las obligaciones y los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la dignidad y el respeto de los derechos de los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio. Al implementar políticas que dificultan el acceso seguro y legal a la protección internacional, existe el riesgo de que las personas se vean obligadas a tomar rutas peligrosas y recurrir a traficantes de personas para intentar llegar a destinos más seguros. Además, los acuerdos de externalización y la cooperación con terceros países pueden llevar a que las personas sean devueltas a lugares donde sus vidas o su libertad puedan estar en peligro, violando así el principio de no devolución.
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¿Qué implicará el nuevo pacto de migración de la Unión Europea?
En este aspecto, el pasado 8 de junio de 2023, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE aprobó un paquete de medidas que modifica por primera vez el funcionamiento del Sistema Común de Asilo tras muchos años de negociaciones entre los Estados miembros. La regulación establece por primera vez un reparto solidario de los flujos migratorios y su gestión entre los Estados. La decisión ha sido recibida por muchos como un paso histórico para la UE y un hito en el camino hacia la reforma de las políticas migratorias. Pero el acuerdo también deja muchos interrogantes abiertos. No se alcanzó de manera unánime sino por mayoría cualificada y tras una jornada convulsa. Cuatro países se abstuvieron y Hungría y Polonia votaron en contra.
La reforma ofrecerá a los Estados miembros tres opciones para hacer frente colectivamente a las situaciones de presión migratoria:
- Aceptar un número de solicitantes de asilo reubicados.
- Pagar el retorno de los solicitantes rechazados a su país de origen.
- Financiar el apoyo operativo, como infraestructuras y personal.
La Unión Europea cerró el 20 de diciembre de 2023 el acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores y ofrecerá a los gobiernos una «solidaridad a la carta». El nuevo pacto migratorio incluye cinco reglamentos y otras cuatro piezas legislativas provenientes de propuestas de 2016. Los nueve expedientes prevén 30.000 reubicaciones al año en todo el bloque y un pago único de 20.000 euros por cada solicitante rechazado.
El acuerdo deberá aún ser formalizado y adoptado por el pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones europeas que se celebrarán en los 27 países del club comunitario entre el 6 y el 9 del próximo junio.
Los ministros de la UE también acordaron un nuevo sistema para separar a los solicitantes de asilo en función de la probabilidad de que se les conceda asilo. En 2022, solo el 40% de los que buscaron refugio en la UE cumplían con los requisitos. Según los nuevos planes, las solicitudes de personas de países considerados más seguros se filtrarán a través de un procedimiento de evaluación acelerado en la frontera.
En este aspecto, las organizaciones de derechos humanos han criticado que se dejará de tratar a todos los solicitantes de asilo de manera equitativa, ya que los procedentes de países como Ucrania, Siria o Afganistán recibirán un trato preferente, mientras que los procedentes de otros países podrán ser detenidos en centros especiales en la frontera y devueltos a sus países de origen o incluso terceros países.
