La vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos también podría alterar las medidas alrededor de la ciberseguridad, con el foco en la red social TikTok y en la guerra de los datos. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Raquel Ibáñez aborda la previsión de la postura de Donald Trump en relación con el desarrollo e inversión tecnológica, el gobierno del dato y la ciberseguridad, tomando como punto de partida el análisis de su anterior mandato, la situación geopolítica, el programa electoral, los movimientos más recientes en el sector y el perfilado psicológico de Trump.
La investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos marcará un punto de inflexión en la forma en que se aborda la ciberseguridad y la soberanía de los datos a nivel global. Uno de los episodios más emblemáticos de su pasada administración fue el enfrentamiento con TikTok, la popular aplicación de videos cortos de origen chino, que se convirtió en un símbolo de la lucha por el control de los datos y la seguridad nacional.
En el presente artículo se abordará la previsión de la postura de Donald Trump en relación con el desarrollo e inversión tecnológica, el gobierno del dato y la ciberseguridad, tomando como punto de partida el análisis de su anterior mandato, la situación geopolítica, el programa electoral, los movimientos más recientes en el sector y el perfilado psicológico de Trump.
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Contexto geopolítico de la ciberseguridad en Estados Unidos
Desde el inicio de su mandato en 2017, Trump adoptó una postura agresiva hacia China, denunciando prácticas comerciales desleales y riesgos para la seguridad nacional. Alguna de estas prácticas consiste en el uso de subsidios estatales para apoyar a empresas tecnológicas chinas, lo que crea una competencia desleal en mercados internacionales, y la imposición de restricciones a empresas extranjeras que buscan operar en China, obligándolas a transferir tecnología como condición para ingresar al mercado.
Además, se ha señalado a empresas chinas de participar en ciberespionaje para obtener secretos comerciales y ventajas competitivas, como sucedió en el caso del robo de propiedad intelectual en el sector de semiconductores y energía renovable. Estas acciones han sido vinculadas directamente con riesgos para la ciberseguridad, al comprometer sistemas y redes críticas de empresas estadounidenses y aliadas. La creciente tensión entre ambas potencias no se limitó a aranceles o disputas comerciales, sino que también se trasladó al ciberespacio. En este contexto, TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, se posicionó en el centro del debate.
Sin embargo, la geopolítica actual en 2025 presenta un panorama aún más complejo. Mientras China sigue siendo un actor clave, otros países como Rusia, Irán y Corea del Norte han intensificado sus actividades en el ciberespacio. Las operaciones de desinformación, ciberespionaje y ataques a infraestructuras críticas se han convertido en herramientas comunes para desestabilizar democracias y ganar influencia geopolítica.
Piratas informáticos apoyados por China han penetrado en infraestructuras críticas estadounidenses, como los sistemas de abastecimiento de agua y las redes eléctricas. Algunos temen que China intente interrumpir o destruir estos sistemas si aumentan las tensiones geopolíticas.
Además, las alianzas tecnológicas entre Estados Unidos y sus socios estratégicos, como la Unión Europea, Japón y Australia, han cobrado mayor relevancia. Estas coaliciones buscan contrarrestar la influencia de actores hostiles mediante la implementación de estándares comunes en ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
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El valor de los datos en la era digital de Trump
En el mundo de la inteligencia, los datos son el nuevo oro. La capacidad de recopilar, analizar y explotar grandes volúmenes de información ofrece ventajas competitivas y estratégicas sin precedentes.
TikTok, con su algoritmo avanzado y su base de usuarios masiva, representaba una mina de oro de datos para el gobierno chino. Estos datos incluyen patrones de comportamiento, preferencias de consumo y ubicaciones geográficas, que podrían ser aprovechados para operaciones de inteligencia a diversos niveles. Además, la capacidad de manipular flujos de información y amplificar narrativas específicas mediante el algoritmo de TikTok plantea riesgos significativos para la opinión pública y la estabilidad democrática. En el ámbito militar, estos datos podrían ser empleados para desplegar operaciones psicológicas o incluso, para realizar ciberataques dirigidos utilizando información contextual sobre objetivos específicos.
Además, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial basados en estos datos plantea nuevos desafíos. Los algoritmos no solo procesan información, sino que también generan modelos predictivos que pueden ser utilizados para anticipar comportamientos individuales y colectivos. En manos de actores maliciosos, estas capacidades podrían ser utilizadas para desestabilizar sociedades enteras.
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La respuesta de Trump en su anterior mandato
En su mandato anterior, Trump impulsó una serie de medidas legislativas y ejecutivas destinadas a reforzar la ciberseguridad y proteger la soberanía de los datos. La orden ejecutiva de 2020 que buscaba prohibir TikTok en Estados Unidos fue solo una de las muchas iniciativas destacadas de la administración Trump en materia de ciberseguridad. Esta orden titulada «Abordar la Amenaza de TikTok», argumentaba que la aplicación representaba un riesgo significativo para la seguridad nacional debido a su capacidad para recopilar datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses, los cuales podrían ser accedidos por el gobierno chino bajo la legislación de ese país.
En la práctica, esta orden generó un intenso debate sobre la intersección entre privacidad, seguridad y libre comercio, además de desencadenar una serie de demandas legales que cuestionaron su constitucionalidad. Aunque finalmente no se implementó debido a desafíos judiciales y el cambio de administración, la orden marcó un precedente en la utilización de herramientas ejecutivas para abordar riesgos cibernéticos percibidos. También subrayó la necesidad de una estrategia más amplia y cohesionada para proteger los datos sensibles en un entorno global cada vez más interconectado.
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Un logro clave de esta administración fue la creación de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) en 2018, como parte de la Ley de Reorganización del Departamento de Seguridad Nacional. CISA surge a partir del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) y fue fundada para liderar los esfuerzos de ciberseguridad a nivel nacional, proteger las infraestructuras críticas y coordinar respuestas ante incidentes cibernéticos. Sus funciones incluyen:
- Protección de infraestructuras críticas. CISA trabaja con el sector público y privado para identificar vulnerabilidades y mitigar riesgos en sectores clave como energía, salud, transporte y comunicaciones.
- Protección del ciberespacio. protección contra las amenazas híbridas y los principales actores de amenaza, como los patrocinados por estados, el cibercrimen organizado, el ciberterrorismo y organizaciones hacktivistas, entre otros.
- Respuesta a incidentes cibernéticos. La agencia lidera equipos de respuesta rápida para contener y remediar ataques cibernéticos.
- Educación y concienciación. Promueve la formación en ciberseguridad y la adopción de mejores prácticas en todos los niveles.
- Colaboración internacional. CISA coordina con aliados internacionales para compartir inteligencia sobre amenazas y desarrollar estrategias conjuntas.
La importancia de CISA en la estrategia de ciberseguridad de Estados Unidos no puede subestimarse. Desde su creación, ha jugado un papel crucial en la detección y mitigación de amenazas cibernéticas, fortaleciendo la resiliencia nacional frente a ataques sofisticados. Durante el mandato de Trump, CISA también comenzó a explorar tecnologías emergentes como la computación cuántica, aunque los avances en este campo aún están en etapas iniciales.
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Otras medidas relevantes tomadas en materia de ciberseguridad son:
- Ley de Aclaración sobre el Uso Legal de Datos en el Extranjero o CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) de 2018. Esta ley permitió a las autoridades estadounidenses acceder a datos almacenados en servidores extranjeros bajo ciertas condiciones para investigar delitos graves, reforzando el control sobre información crítica.
- Orden Ejecutiva 13800 (EO 13800) del 11 de mayo de 2017. Se trata de la Orden Ejecutiva para el fortalecimiento de la ciberseguridad de las redes federales y las infraestructuras críticas. Esta orden tiene como objetivo mejorar la postura y capacidades tecnológicas de la nación ante la intensificación de las amenazas a la ciberseguridad, el desarrollo de la fuerza laboral de ciberseguridad estadounidense y la resiliencia contra las botnets y otras amenazas distribuidas automatizadas. La EO 13800 centra los esfuerzos federales en mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas mediante la colaboración entre los gobiernos estatales, la empresa privada y aliados extranjeros.
- Iniciativas de ciberdefensa activa. Incluyen ejercicios de simulación de ciberataques y la creación de equipos de respuesta rápida para incidentes críticos.
- La prohibición de Huawei y ZTE. Ya dentro de la presidencia de Joe Biden, estas empresas chinas fueron excluidas del mercado estadounidense debido a preocupaciones de espionaje y sabotaje cibernético.
Todas estas medidas permiten hacernos una idea de la gran importancia que otorga Donald Trump a la ciberseguridad como pilar fundamental para la seguridad de los Estados Unidos.
El programa electoral de Trump en 2024 reforzó su enfoque en la ciberseguridad, destacando propuestas como:
- Protección de las infraestructuras críticas estadounidenses.
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nacional. Incentivos para empresas tecnológicas estadounidenses y restricciones a la inversión extranjera en sectores estratégicos.
- Expansión de capacidades de ciberdefensa activa. Despliegue de infraestructuras de ciberseguridad ofensiva y defensa del ciberespacio.
- Cooperación en ciberseguridad. Priorización en la cooperación entre agencias gubernamentales y de los sectores público y privado.
- Gestión de riesgos. Desarrollo de estrategias gubernamentales de gestión de riesgos.
- Liderazgo en el panorama tecnológico emergente. Inversión en programas de desarrollo en inteligencia artificial y computación cuántica.
- Regulación de plataformas digitales. Promoción de la libertad de expresión en redes sociales, pero bajo estándares definidos por su administración.
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Inteligencia prospectiva: el futuro de la ciberseguridad bajo el mandato de Trump
Es esperable que el segundo mandato de Donald Trump continúe reforzando la seguridad y la resistencia de las infraestructuras críticas para hacer frente a las crecientes amenazas de los grupos APT chinos y rusos.
Teniendo en cuenta el anterior mandato de Trump, la situación geopolítica su programa electoral de 2024 y su perfilado de personalidad, es probable que la línea que siga en materia de ciberseguridad se caracterice por una menor regulación o desregulación, la reducción de la intervención gubernamental en la lucha contra la desinformación y la adopción de una estrategia más agresiva ante los enemigos del país.
Por tanto, con el regreso de Trump al poder en 2025 se pueden anticipar las siguientes tendencias clave:
- Refuerzo de la soberanía digital y apoyo a los avances tecnológicos estadounidenses. Trump probablemente impulsará políticas para reducir la dependencia de tecnologías extranjeras, fomentando la producción nacional de hardware y software. Esto podría incluir la creación de un «escudo digital» que proteja las redes estadounidenses de actores hostiles. Además, es de esperar que dé continuidad al plan de situar a Estados Unidos a la vanguardia tecnológica y prosiga con el apoyo que dio en su día al desarrollo de la computación cuántica.
- El futuro de CISA. La seguridad electoral es una de las responsabilidades de CISA. Algunos conservadores siguen descontentos con el hecho de que la agencia se pusiera en contacto con empresas de medios sociales sobre la probable desinformación relacionada con las elecciones en sus plataformas durante las elecciones de 2020. Acusan a la CISA de censurar la libertad de expresión y de atacar injustamente a las voces conservadoras.
En este sentido, el Project 2025 (Proyecto 2025) de la Fundación Heritage (grupo de reflexión conservador) sugirió reducir su misión, limitando su participación en la seguridad electoral y las medidas contra la desinformación, alegando que equivalían a censura. Aunque Trump no ha respaldado oficialmente el Proyecto 2025, muchos de sus colaboradores están estrechamente alineados con su campaña, lo que sugiere que estas recomendaciones pueden dar forma a futuras políticas.
El propio Trump ha tenido una relación desigual con la CISA. Firmó la ley que la creó y, al final de su primer mandato, despidió a Chris Krebs, entonces su director, por insistir en que las elecciones de 2020 eran seguras.
Sin embargo, no es probable el desmantelamiento de CISA gracias a la valiosa labor que realiza en otros ámbitos como la protección de las infraestructuras críticas frente a ciberataques, la detección de amenazas y el éxito de las iniciativas Secure by Design, que pide a los desarrolladores de software que diseñen sus productos teniendo en cuenta la ciberseguridad y la Joint Cyber Defense Collaborative, un proyecto público-privado de intercambio de información y colaboración.
- Ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Se ha demostrado que el impacto de los ciberataques en las infraestructuras críticas puede ser enorme. El ataque de ransomware en verano de 2024 a Change Healthcare (empresa de tecnología sanitaria), afectó aproximadamente a un tercio de los estadounidenses. Por otra parte, la Agencia de Protección del Medio Ambiente advierte de que los sistemas de agua potable están muy por debajo de las protecciones de ciberseguridad necesarias. Sectores como el de la energía, salud y telecomunicaciones serán priorizados. Se espera un aumento en la financiación de programas de resiliencia cibernética y simulacros conjuntos con aliados internacionales.
- Desregulación en tecnologías y el uso de las redes sociales. Aunque muchos conservadores han criticado a las empresas de redes sociales por supuesta censura, no está claro si la administración Trump tratará de hacer retroceder las protecciones legales que permiten la moderación de contenidos. El artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones protege a los servicios en línea de la responsabilidad civil por los contenidos creados por los usuarios que alojan. También permite a las empresas de redes sociales realizar esfuerzos bienintencionados para moderar el contenido publicado por los usuarios, lo que incluye permitirles retirar las publicaciones que consideren amenazantes, obscenas o censurables.
Basándose en sus relaciones con figuras como Elon Musk, Trump podría fomentar que las plataformas de redes sociales refuercen la libertad de expresión.
Esta tendencia será la tónica, tal como lo demuestra el reciente anuncio de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien ha declarado que suprimirá sus sistemas de verificación o fact checkers y moderación de contenidos para, según él mismo para “reducir dramáticamente el nivel de censura” en redes sociales. A su vez, es probable que apueste por la reducción de la intervención gubernamental en la lucha contra la desinformación y las fake news o noticias falsas.
Sin embargo, esto podría generar conflictos con aliados internacionales como la Unión Europea, que priorizan la regulación de contenidos y la lucha contra la desinformación.
- Intensificación de rivalidades geopolíticas. Además de China, actores como Rusia Corea del Norte e Irán seguirán siendo focos de atención. Se anticipa un aumento en las sanciones y restricciones tecnológicas contra estos países, así como operaciones encubiertas para contrarrestar sus actividades cibernéticas.
Por otro lado, es probable que se endurezcan las acciones en el ciberespacio contra el régimen iraní, debido a que informes recientes indicaron que un actor de amenaza iraní vulneró la campaña de Trump y ofreció información a operativos demócratas.
Sin embargo, la posición respecto a Rusia no está tan clara, incluso varios analistas indican que es probable que la atribución pública de operaciones cibernéticas rusas sea menos frecuente debido a la dinámica de las relaciones entre Putin y Trump, quien incluso ha anunciado que va a acabar con la guerra de Ucrania.
Dado el fuerte apoyo que ha mostrado Donald Trump a Israel, es previsible un aumento en la actividad del hacktivismo pro-musulmán.
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- Enfoque más agresivo ante los agentes de ciberamenazas. Ya en su anterior mandato, Trump apoyó el aumento de los esfuerzos para atacar redes extranjeras con el fin de combatir a los adversarios y prepararse para desactivar la infraestructura de TI en caso de un futuro conflicto. Un enfoque más agresivo podría implicar esfuerzos para interrumpir la infraestructura de TI utilizada por los ciberdelincuentes en los países que los albergan, y potencialmente imponer sanciones en respuesta a los hackeos respaldados por China en la infraestructura crítica de Estados Unidos, así como ser más agresivos en los esfuerzos para detener o enjuiciar a los ciberdelincuentes y otras acciones.
Históricamente, ejemplos como las sanciones impuestas a Huawei y ZTE durante el primer mandato de Trump reflejan esta estrategia, al igual que el famoso caso Stuxnet, ciberataque atribuido a una operación conjunta entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares iraníes en Natanz. Estas acciones demuestran cómo las operaciones encubiertas pueden combinarse con sanciones económicas para debilitar las capacidades tecnológicas y cibernéticas de los adversarios.
Asimismo, es poco probable que Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, tanto por su carácter multilateral como por las objeciones de grupos defensores de la privacidad, las libertades civiles y el cumplimiento de la ley.
- Privacidad vs. seguridad nacional. Las políticas más estrictas para proteger la seguridad nacional podrían generar tensiones internas y externas. El debate sobre el equilibrio entre privacidad y seguridad será central, especialmente en la regulación de tecnologías como la inteligencia artificial.
- Impacto de la inteligencia artificial. El enfoque menos estricto de la administración Trump en materia de regulación también influirá en su enfoque de la inteligencia artificial. Una orden ejecutiva de Biden invocó la Ley de Producción de Defensa para exigir a las empresas tecnológicas que informen al gobierno federal si están entrenando modelos avanzados de IA que supongan un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica o la salud, así como para compartir información sobre pruebas de seguridad. La orden también pedía esfuerzos para combatir la discriminación algorítmica y crear nuevas normas y herramientas para comprobar si los sistemas de IA eran seguros y fiables antes de ponerlos a disposición del público.
La plataforma de campaña de Trump incluía la promesa de derogar la orden, calificando su uso de la Ley de Producción de Defensa de extralimitación gubernamental.
Los esfuerzos para evitar la injusticia y la parcialidad en los sistemas de IA probablemente serán menos prioritarios para la administración Trump. Con Trump, la atención se podría centrar en cuestiones como promover el uso de IA en defensa y recopilación de inteligencia. Sin embargo, este hecho unido a la tendencia a la no regulación plantea riesgos éticos, como el uso indebido de estas tecnologías y la falta de transparencia en sus aplicaciones.
- Colaboración con aliados. La administración buscará fortalecer alianzas tecnológicas con Europa y Asia-Pacífico, promoviendo estándares comunes en ciberseguridad y compartiendo inteligencia sobre amenazas emergentes.
- Reformas en la legislación sobre datos personales. Se anticipan leyes más estrictas sobre el manejo de datos por parte de empresas extranjeras, con un enfoque particular en proteger la propiedad intelectual y prevenir el espionaje corporativo.
- Producción de tecnología “made in USA”. Biden promulgó en 2022 la ley CHIPS que prometía miles de millones en subvenciones para incentivar la fabricación, investigación y desarrollo de chips semiconductores en Estados Unidos. Trump ha criticado esta ley, argumentando que sus planes arancelarios harían más por trasladar la producción a Estados Unidos sin necesidad de gasto público. Es probable que Trump reduzca las regulaciones de las empresas tecnológicas y fomente la producción y fabricación estadounidenses, imponiendo gravámenes a los productos importados. Estas medidas beneficiarán potencialmente a las empresas tecnológicas nacionales.
- Impacto para las empresas tecnológicas. Satya Nadella de Microsoft Corp. se ha reunido recientemente con Donald Trump y Elon Musk para discutir sobre inteligencia artificial y ciberseguridad como el último líder de la industria tecnológica en establecer vínculos con la nueva administración. Microsoft se ha comprometido a invertir 80.000 millones de dólares en centros de datos de IA en todo el mundo, y de estos, más de 50.000 millones se destinarán a Estados Unidos, generando puestos de trabajo para los estadounidenses.
Tras la victoria de Trump en las últimas presidenciales, varios líderes de Silicon Valley han viajado a la finca de Mar-a-Lago para reunirse con él y Elon Musk.
Los proveedores de infraestructuras en nube, como Microsoft y Amazon se han apresurado a aumentar su capacidad de computación construyendo nuevos centros de datos. Gran parte del gasto se está destinando a chips de alta potencia y en la dotación de infraestructura con proveedores como Dell Technologies.
Las políticas de Trump se prevé que sean más permisivas con la industria del sector tecnológico, otorgando beneficios e inversiones para impulsar su desarrollo.
- Criptomonedas. Según el informe publicado por Bloomberg y actualizado con fecha de la redacción del presente artículo, Trump planea otorgar la entidad de prioridad nacional a las criptomonedas. El informe sostiene que la administración entrante creará una reserva nacional de Bitcoin y promulgará una orden ejecutiva para dar prioridad nacional a las cripto y pausar o detener las acciones legales que apuntan a las empresas de criptomonedas.
De hecho, el precio del Bitcoin se disparó por encima de los 100.000 dólares por Bitcoin tras la elección de Trump en noviembre de 2024.
Ante la inminente crisis de deuda que podría colapsar el dólar estadounidense, Trump ha confirmado su intención de establecer una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos.
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