Un tribunal argentino condenó el martes 6 de diciembre a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción, pero la absuelve del delito de asociación ilícita. La condena es apelable y sus fueros como vicepresidenta la protegen de la entrada en la cárcel.
Fernández fue acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
En su extensa respuesta a través de su canal de YouTube, la vicepresidenta ha remarcado que cuando era presidenta de Argentina no tenía “manejo de las leyes que son aprobadas” en el Legislativo. “Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores”, ha sentenciado. Asimismo, ha denunciado ser víctima de un “Estado paralelo” y de “una mafia judicial”. En su extensa respuesta, ha insistido en la existencia de una campaña en su contra. “Esta condena estaba ya escrita”, ha afirmado.
La sentencia tensiona el delicado equilibrio de poderes que hoy sostiene al peronismo en la Casa Rosada. Durante el proceso, que duró más de tres años, el kirchnerismo acusó al presidente, Alberto Fernández, de no hacer lo suficiente para defenderla en los tribunales. La caída en picado de la imagen presidencial ha provocado un aumento de peticiones para que Fernández aspire a la presidencia en 2023.
El Tribunal Oral Federal Nº2 también ha condenado a seis años de cárcel al empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ha recibido la misma pena que la vicepresidenta. El resto de los once acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años.
