La decisión del presidente de Perú, Pedro Castillo, de decretar un Gobierno de excepción y disolver el Congreso el pasado miércoles ha sumido al país en una profunda incertidumbre, tras ser esta calificada por el Tribunal Constitucional como “golpe de Estado”. En este artículo analizamos los hechos principales y lo que sabemos sobre la nueva dirección que podría tomar el país.
El pasado miércoles, tres horas después de declarar un gobierno de emergencia y disolver el Congreso, el presidente Castillo era detenido, tras perder el respaldo de los militares, así como de los miembros de su propio partido. El ahora expresidente, quien asumió el poder en julio de 2021, también había declarado que próximamente se realizarían elecciones al Congreso para ratificar una nueva Constitución. Como resultado, una tercera moción de censura contra el entonces presidente era aprobada por el Congreso con 101 votos, destituyéndolo de su cargo, decisión continuada por el anuncio de Dina Boluarte, la vicepresidenta, como su sucesora y primera mujer al frente del país.
Otro golpe de Estado en Perú
A pesar de que su mandato estuvo plagado de numerosas crisis políticas y acusaciones de corrupción, el presidente fue capaz de sembrar nuevamente el terror entre los peruanos durante horas, evocando los peores recuerdos del pasado, pues las acciones anunciadas se asemejaban a aquellas del autogolpe llevado a cabo por el expresidente Alberto Fujimori en 1992.
El mandatario fue detenido mientras trataba de buscar asilo en la embajada de México, después de que la Fiscalía abriera diligencias contra él por presuntos delitos de rebelión y conspiración, siendo posteriormente trasladado a la prisión de Barbadillo, la misma en la que está preso el propio Fujimori.
En las declaraciones detonantes de su destitución, el presidente había asegurado que convocaría elecciones para formar otro Congreso con facultades constituyentes y elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. Mientras, dijo que gobernaría mediante decretos ley. El mandatario sostuvo hasta el final que había tomado la decisión para “restablecer el Estado de derecho debido al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país”. A la vez, decretó un toque de queda a nivel nacional desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana del jueves.
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Fue entonces cuando las personas más cercanas a Castillo cortaron lazos rápidamente. Varios ministros, como el de Trabajo, el de Economía y el de Relaciones Exteriores, presentaron su renuncia, como también hizo el embajador de Perú ante la ONU. “En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, expresaba a través de Twitter César Landa, responsable de Exteriores.
Por su parte, las fuerzas de seguridad del país, tanto el Ejército como la Policía, tras los primeros momentos de confusión emitieron un comunicado, rechazando el golpe y en la práctica acabando con él. “Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas con el orden constitucional establecido”, explica el comunicado conjunto que hicieron público el pasado miércoles.
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En él también se expone cómo “el Artículo 134º de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso”, pero sólo en el caso de que éste haya “censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, una situación que no se ha dado. Por lo tanto, ya que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución” y por tanto “genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, ambas instituciones advertían de que no obedecerían las órdenes del entonces golpista.
Incertidumbre tras el golpe de Estado en Perú
La incertidumbre política sigue acechando a Perú tras los primeros días de mandato de la nueva presidenta Dina Boluarte. Es importante recalcar que esta hereda una nación que lleva inmersa en una crisis política durante más de cinco años, se encuentra asolada por problemas económicos agravados por la epidemia, así como experimentando la peor sequía en cincuenta años, lo cual ha empeorado la inseguridad alimentaria que ahora afecta la mitad de la población.
Por todo ello, la pregunta que surge entre la mayoría es sobre cuánto tiempo permanecerá en el cargo y si finalmente será ella quien aborde los problemas importantes que enfrenta un país fracturado y cansado de su clase política. Por el momento no hay una respuesta clara.
La nueva mandataria izquierdista es consciente de que la supervivencia de su presidencia se basa en lograr acuerdos con fuerzas de la oposición en un Congreso de mayoría conservadora. Esto resulta especialmente cierto dado que ella misma carece de un partido con el que influir en la legislatura o de un historial político parlamentario que la ayude a forjar alianzas.
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Algunos analistas consideran que una tregua sería lo más factible, dando a Boularte espacio para gobernar, particularmente si decide armar un equipo de tecnócratas que se comprometan a resolver los problemas de la nación y poner fin al antagonismo por motivos ideológicos.
Sin embargo, no todo está en contra de la mandataria. A su favor juega que la alternativa a su Gobierno sea la convocatoria de elecciones generales, ya que gran parte de los congresistas son reacios a perder los privilegios, sueldos y acceso al poder que da el Parlamento, inclinándose por terminar mandato, más allá de lo conveniente que cada uno crea que es la celebración de nuevos comicios.
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“Hay que dar una tregua al país, tenemos que devolverle la confianza, la paz y la seguridad a los ciudadanos de que los dos poderes somos capaces de llegar a acuerdos políticos mínimos para una gobernabilidad”, señaló el jueves a la cadena CNN Edward Málaga, el diputado que propuso la última votación de destitución de Castillo.
En cuanto a la ciudadanía, su visión de cara al futuro tiene un talante pesimista. Organizaciones de la sociedad civil peruana han celebrado la sucesión presidencial, pero ven al país lejos de recuperarse institucionalmente. “Este período debe ser de transición para restablecer la institucionalidad vulnerada. Por la crisis política, económica, moral y social, se requiere un gobierno del más amplio consenso, capaz de restablecer el principio de autoridad y generar confianza en todos los sectores”.
Finalmente, en su primera rueda de prensa tras asumir la Presidencia, a Boluarte le preguntaron si adelantaría elecciones. La mandataria dio una respuesta no demasiado específica, de la que se puede deducir que es algo que analizará “más adelante”. “Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país”, dijo exactamente.
