España busca acelerar el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, como se consensuó con el resto de países miembros de la OTAN. El presente artículo analiza, desde una perspectiva técnica y económica, cómo se estructura este nuevo gasto, cuáles son sus principales destinos y qué implicaciones tiene para la industria de defensa española.
En la actualidad, el panorama de la defensa en España vive una transformación profunda marcada por una decisión clave: acelerar el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, tal y como establece el objetivo consensuado por los países miembros de la OTAN. Este cambio en la dirección presupuestaria implica un impacto considerable tanto en la planificación de las Fuerzas Armadas como en el tejido empresarial e industrial que da soporte a las capacidades militares del país.
Desde 2014, cuando se firmó en la cumbre de Gales el acuerdo para elevar la inversión en defensa, España ha ido evolucionando lentamente en esta materia. En el último informe disponible de la OTAN, correspondiente al ejercicio 2024, se refleja que el gasto español en defensa alcanzó el 1,24% del PIB. Esta cifra se sitúa por debajo de la media aliada, pero ha servido como punto de partida para una revisión acelerada de las políticas presupuestarias en 2025. En este contexto, el Gobierno ha anunciado que el nuevo objetivo es alcanzar el umbral del 2% del PIB destinado a defensa antes de que finalice el año 2025, adelantando así los plazos inicialmente previstos en el marco de la OTAN.
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¿Cuánto se gasta y en qué se invierte?
El Ministerio de Defensa ha estimado que el gasto consolidado para 2025 rondará los 15.000 millones de euros. Esta cifra no solo incluye el presupuesto directamente asignado al ministerio, sino también los programas gestionados por otros departamentos, como el Ministerio de Industria, que ha asumido un papel activo en el impulso de tecnologías relacionadas con la defensa y la seguridad. La orientación de este gasto se distribuye principalmente en tres grandes áreas: los programas especiales de armamento y modernización, la inversión en tecnologías duales y el refuerzo de las condiciones del personal militar.
En lo que respecta a los programas de modernización, se han reactivado con fuerza diversas iniciativas que estaban en fase de desarrollo o ejecución desde hace varios años. Entre ellas se encuentra la construcción de las nuevas fragatas F-110, que representan un avance en capacidades de guerra antisubmarina y defensa aérea, y que se están produciendo en los astilleros de Navantia. También continúa el despliegue del vehículo de combate 8×8 Dragón, destinado a sustituir a los antiguos blindados del Ejército de Tierra. Asimismo, cobra protagonismo el programa de desarrollo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), un ambicioso proyecto europeo compartido con Alemania y Francia que pretende desarrollar una plataforma de combate de sexta generación con altas capacidades tecnológicas y de conectividad.
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Innovación tecnológica y economía dual
Otra línea de gasto relevante es la que se dirige al ámbito de la innovación. En este sentido, se ha establecido una partida de más de mil millones de euros gestionada por el Ministerio de Industria para financiar tecnologías consideradas de uso dual, es decir, con aplicación tanto civil como militar. Este tipo de iniciativas pretende fomentar la colaboración con pymes, startups y centros de investigación, con especial interés en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, la ciberseguridad o los sistemas de mando y control avanzados. El objetivo es dotar al país de una base industrial y tecnológica más autónoma, capaz de responder a las necesidades estratégicas sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros.
Mejora de condiciones para el personal militar
En paralelo a estas inversiones en capacidades materiales y tecnológicas, el presupuesto de 2025 contempla también una mejora en las condiciones del personal militar. En los primeros meses del año se aprobó una transferencia de más de 340 millones de euros destinada a incrementar de forma lineal el salario mensual de los miembros de las Fuerzas Armadas en 200 euros. Esta medida responde a una demanda sostenida por parte de las asociaciones profesionales del sector y se enmarca dentro de una estrategia para mejorar la retención de talento y la profesionalización de los cuerpos militares.
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La industria nacional de defensa: actores y oportunidades
Todo este esfuerzo inversor tiene un impacto directo sobre la industria nacional de defensa, que se encuentra en fase de expansión. El ecosistema está liderado por un pequeño grupo de grandes contratistas, como Indra, Navantia, Escribano, SAPA o Thales España, que concentran el grueso de los contratos. No obstante, también se está fomentando la participación de empresas medianas y pequeñas mediante licitaciones específicas y consorcios orientados a programas europeos.
Según estimaciones del sector, las empresas españolas podrían recuperar hasta 9.000 millones de euros en contratos derivados de los nuevos planes de inversión, una cifra que representa aproximadamente el 30% del total previsto para los próximos veinte meses.
Cooperación europea y autonomía estratégica
El marco europeo también ha sido determinante para esta transformación. La Comisión Europea, a través del llamado «plan Von der Leyen», ha establecido mecanismos de financiación comunitaria para el desarrollo de capacidades militares conjuntas, con el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica del continente y reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente en un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes. España participa en varios de estos programas, lo que multiplica las oportunidades para la industria nacional y facilita la integración en cadenas de suministro internacionales.
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Retos de ejecución y control presupuestario
Pese a este impulso, el proceso no está exento de retos. Uno de ellos tiene que ver con la gestión y ejecución eficaz del presupuesto. La necesidad de acelerar los proyectos y garantizar el cumplimiento de plazos exige una planificación rigurosa y una coordinación estrecha entre los distintos actores implicados: administración central, industria, centros de investigación y socios internacionales.
Además, otro desafío relevante es asegurar mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos, especialmente en un contexto en el que parte del aumento del gasto se ha canalizado mediante disposiciones que permiten reordenar partidas presupuestarias sin necesidad de aprobación parlamentaria, algo que ha sido objeto de debate técnico e institucional.
Implicaciones internacionales y posicionamiento en la OTAN
En cuanto al componente internacional, la aceleración del gasto sitúa a España en un nuevo posicionamiento dentro de la OTAN, donde hasta ahora se encontraba entre los países con menor esfuerzo presupuestario.
Con este aumento, no solo se busca cumplir con los compromisos adquiridos, sino también aumentar la influencia en los procesos de decisión y planificación estratégica de la Alianza, en un momento en que se revisan los modelos de disuasión, defensa territorial y capacidades de respuesta rápida.
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Impacto económico y perspectivas a medio plazo
Desde el punto de vista económico, el refuerzo del gasto en defensa actúa también como dinamizador de determinados sectores industriales, en especial aquellos relacionados con la alta tecnología. La creación de empleo cualificado, la atracción de inversión extranjera y la generación de propiedad intelectual son algunos de los efectos indirectos que se proyectan en el medio plazo. No obstante, también se requiere un análisis constante sobre la eficiencia del gasto, la sostenibilidad de los compromisos asumidos y el equilibrio con otras políticas públicas.
Conclusión: una nueva etapa para el sector defensa
En síntesis, la radiografía del gasto en defensa en España en 2025 refleja un cambio de ciclo caracterizado por una notable intensificación de la inversión, una diversificación de objetivos estratégicos y una fuerte interacción entre el Estado y la industria.
La orientación del nuevo presupuesto busca reforzar las capacidades nacionales, contribuir a la seguridad colectiva en el marco europeo y atlántico, y posicionar a la industria española como un actor relevante en los principales programas internacionales.
La consolidación de estos objetivos dependerá en gran medida de la implementación efectiva de los programas en marcha, de la cooperación interinstitucional y de la capacidad del ecosistema nacional para adaptarse a los nuevos estándares tecnológicos y operativos que definirán el futuro de la defensa en Europa.
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