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Cartas y tropas hacia Ucrania

Washington ha comunicado que enviará más tropas a Rumania, Polonia y Alemania el mismo día que se desvela el contenido de la respuesta de Estados Unidos a Rusia. Moscú considera que no se están teniendo en cuenta «las preocupaciones fundamentales de Rusia».

03/02/2022

Estados Unidos trasladará en los próximos días a aproximadamente 3.000 militares a Rumania, Polonia y Alemania en respuesta a la «continua acumulación de fuerzas» por parte de Rusia en su frontera occidental con Ucrania y en Bielorrusia, dijo el secretario de prensa del Pentágono, John F. Kirby ayer durante una conferencia de prensa.

«El presidente ruso Vladimir Putin ha desplegado una amplia gama de capacidades militares en su frontera occidental. Si bien los funcionarios estadounidenses todavía creen que Putin no se ha decidido a invadir Ucrania de nuevo, ciertamente tiene las capacidades necesarias para hacerlo», dijo el secretario de prensa.

Kirby también hizo hincapié en que estos despliegues son prudentes y temporales y se realizan en consulta con aliados europeos. También indicó que no van a luchar en Ucrania.

En este sentido, explicó que un escuadrón Stryker del Ejército de 1.000 miembros se desplegará en Rumania desde Alemania y se unirán a aproximadamente 900 militares estadounidenses que ya están en ese país. Esta fuerza está diseñada para disuadir la agresión y mejorar nuestras capacidades defensivas en los estados aliados de primera línea», dijo. También aclaró que el despliegue es por invitación expresa del gobierno rumano.

Estados Unidos también está enviando alrededor de 2.000 soldados desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Europa en los próximos días. «La 82a División Aerotransportada está desplegando componentes de un equipo de combate de brigadas de infantería y facilitadores clave a Polonia, y el 18o Cuerpo Aerotransportado está trasladando un cuartel general con capacidad de mano de obra conjunta a Alemania», dijo.

«Colectivamente, esta fuerza está entrenada y equipada para una variedad de misiones para disuadir la agresión y tranquilizar y defender a nuestros aliados. No es sorprendente que trabajemos muy de cerca con nuestros aliados polacos y alemanes para sentar las bases para estos movimientos, y apreciamos absolutamente su apoyo», aseguró.

Según el secretario de prensa del Pentágono, Estados Unidos no es el único país nación que refuerza la presencia de tropas en los estados de primera línea. Kirby señaló que el presidente francés Emmanuel Macron también anunció el envío de unidades a Rumania y que España, Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos también están consultando con aliados para desplegar fuerzas para reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Estados Unidos ya tiene «capacidades robustas» en Europa con unos 80.000 soldados. Las fuerzas estadounidenses se unen a cientos de miles de militares europeos «para defender el continente».

Moscú considera que no se están atendiendo las preocupaciones rusas

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha recriminado la falta de voluntad de la OTAN de atender las principales preocupaciones rusas en materia de seguridad. «Se destacó la falta de voluntad de la OTAN de reaccionar adecuadamente a las justificadas inquietudes rusas», ha informado el Kremlin en un comunicado.

K.Yu. Gavrilov, Jefe de la Delegación de la Federación de Rusia en las negociaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armamentos, también destacó que este aumento en el grado de la tensión Estados Unidos estaban tratando de desviar la atención de la importancia de las respuestas especificas a las preguntas planteadas por Rusia: la inadmisibilidad de la expansión de la OTAN, la no colocación de armas ofensivas en el territorio de Ucrania y Georgia y el regreso al statu quo ante los mensajes enviados por Washington y Bruselas el 26 de enero.

Gavrilov aseguró también que trataba de no reaccionar ante discursos «falsos» y «maliciosos» de Ucrania y «sus amos occidentales». «La gente normal está profundamente impresionada por el nivel de histeria inflado por los políticos, diplomáticos y periodistas occidentales sobre la supuesta invitable invasión de Ucrania de Rusia», dijo.

«También esperamos que los líderes de los países occidentales utilicen sus canales de influencia sobre los líderes de Ucrania lo antes posible no para llevarlo a un nerviosismo extremo, sino para implementar los acuerdos de Minsk en el orden en que fueron formulados y firmados. No aceptamos las conocidas excusas de que esto conducirá a la destrucción de Ucrania expresadas repetidamente por sus líderes», concluyó.

Ayer El País desveló el contenido de la carta de respuesta de Estados Unidos a Rusia. En ella los Estados Unidos y la OTAN hubieran ofrecido a Rusia negociar acuerdos de desarme a cambio de una desescalada de Putin en Ucrania. Según el Pentágono, estas muestran la «voluntad de negociación» de Estados Unidos que, hasta ahora, solo había confirmado que rechazaban la exigencia de Rusia de cerrar la puerta de Ucrania a la OTAN y de frenar el crecimiento de la organización por el este de Europa.

Rusia niega haber filtrado a la prensa la respuesta de Estados Unidos a sus propuestas. «Nos pidieron no filtrarlo y nosotros no lo filtramos. No sé quién lo ha filtrado, habrá que preguntarle al periódico [El País]», dijo esta mañana el embajador ruso en Madrid.

Putin aún no ha respondido a esta última misiva de manera oficial pero sí que criticó el pasado martes que los documentos «ignoran las preocupaciones fundamentales de Rusia». Los embajadores de los estados miembro de la Unión Europea y de la OTAN se reunirán este jueves en Bruselas para coordinar su respuesta a la crisis de seguridad en Europa, ante la «amenaza de una invasión rusa de Ucrania».

 

La geopolítica del crimen organizado

La importancia del crimen organizado como actor geopolítico, su impacto en las relaciones internacionales y sus diferencias según continentes.

El crimen organizado tiene un papel importante como actor geopolítico, ya que disputa con los Estados el poder político, económico, territorial y social. De esta forma, la delincuencia organizada influye en los Estados y sus sociedades, así como las relaciones entre sí y con otros Estados, teniendo como base objetivos tanto económicos, políticos como geopolíticos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define el crimen organizado como aquel cometido por: “Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

En resumen, el crimen organizado es aquel cometido por un grupo de personas (deben ser tres o más) con carácter de permanencia y con el objetivo de cometer delitos para conseguir un lucro económico o material.

Según Miguel Ángel Barrios, experto en geopolítica, no se puede estudiar ni analizar el crimen organizado sin estudiar y analizar al mismo tiempo la territorialidad, ya que sería estudiarlo en el vacío y sin tener en cuenta las sinergias e influencias mutuas y concretas entre ambos fenómenos.

Además, el hecho de que el crimen organizado sea casi por definición transnacional y que tenga diferentes vertientes y consecuencias en función del territorio en el que se lleva a cabo, hace patente la correlación casi indisoluble entre el crimen organizado y las relaciones internacionales. Por ello, también existen lo que se conocen como Estados criminales, cómplices necesarios del crimen organizado.

El crimen organizado en la política macroeconómica

La implementación de políticas y relaciones internacionales que permitan disociar el crimen organizado y el espacio territorial permitirán abordar el problema desde un enfoque geopolítico, porque, además de un problema criminológico y de seguridad, se trata de un problema de lucha de poder en muchos casos, con muchas repercusiones y sinergias políticas y geográficas.

Miguel Ángel Barrios afirma que la globalización del crimen organizado ha sido causada por la desregulación de la economía, el comercio internacional y las relaciones económicas a nivel mundial. A todo esto hay que añadirle la digitalización masiva y la existencia de la Dark Web.

El crimen organizado influye de manera importante en el sistema económico internacional y, por tanto, en las relaciones de poder entre Estados, ya que mueve grandes cantidades de dinero y lleva a cabo muchas actividades de blanqueo de capitales difíciles de detectar por la internacionalidad del fenómeno delictivo.

En ocasiones, incluso, las organizaciones criminales actúan como entidades legítimas en el mercado mundial y pueden llegar a ser vistas por algunos países como parte del sistema.
Según la ONU, los ingresos de las organizaciones criminales transnacionales a nivel mundial suman alrededor de un billón de dólares, cifra equivalente al PIB de todos los países de bajos ingresos, teniendo una población de tres mil millones de personas.

La influencia que tiene el crimen organizado sobre la política macroeconómica de los países es tácita, y la mayoría de servicios de inteligencia no tienen un papel claro y definido de actuación frente al crimen organizado, teniendo en cuenta la importante influencia de éste en las relaciones internacionales y la geopolítica.

El crimen organizado tiene un papel importante como actor geopolítico, ya que disputa con los Estados el poder y el control territorial y social. Además, en términos criminológicos, compite con los países y las leyes por el monopolio de la violencia. Esto hace que el crimen organizado pueda ser usado como una clave geopolítica estratégica en el enfrentamiento por el poder entre Estados.

De esta forma, el establecimiento de alianzas entre países, ya sea de manera ilegal y pactando con el crimen organizado para adquirir más poder, o para combatir esta amenaza, establece dos polos bien diferenciados sobre el fenómeno. A su vez, hay países de todo tipo que promueven o se benefician de las redes criminales y terroristas a nivel internacional para llevar a cabo sus estrategias geopolíticas contra otros Estados que consideran enemigos.

Como afirma el criminólogo Daniel Sansó-Rubert, la criminalidad organizada es capaz de tergiversar los mapas oficiales, imponiendo una nueva realidad geopolítica, que conlleva un reparto geográfico de áreas de dominio e influencia y el establecimiento de fronteras invisibles pero muy reales.

Cada organización tiene su propia demarcación territorial, de carácter infra y supranacional, al margen de los límites oficial y legalmente establecidos. Este orden territorial desafía las soberanías locales, estatales e internacionales.

Continuamente se pueden ver cambios geopolíticos marcados por la criminalidad organizada, puesto que su modelo de expansión se fundamenta en el control territorial de diferentes puntos calientes o hot spots donde tienen lugar las actividades delictivas de cada organización criminal.

En definitiva, el crimen organizado rompe el contrato social y el lugar del Estado puede ser ocupado por una organización criminal y su influencia, que se legitima aportando bienes y aumentando el poder político, económico y social del país a nivel estratégico, según afirma el analista Gabriel De Paula.

La libertad de circulación en Europa favorece las actividades del crimen organizado, pues las fronteras son muy permeables y hay mucha facilidad de movimiento. Esta movilidad transnacional aumenta la impunidad, al dificultar las tareas de investigación para la policía y los servicios de inteligencia y al moverse rápidamente de una jurisdicción a la otra, impidiendo así llevar a cabo investigaciones eficaces.

Incluso aunque la Policía de cada país (con o sin la colaboración de otros países), consiga identificar y detener a los grupos u organizaciones criminales, posteriormente debe darse una cooperación en el ámbito judicial, en muchas ocasiones con países de fuera de Europa. De lo contrario, se dificulta llegar a la cúspide de la organización criminal y afectar directamente a sus fuentes de financiación, reorganización y restablecimiento.

Según Europol, las organizaciones criminales en Europa desarrollan actividades criminales en ámbitos concretos de los negocios (fraudes informáticos, blanqueo de capitales, etc.), no siendo tan frecuente como en otros lugares el tráfico ilegal de bienes, por ejemplo.

Además, destaca la trata de personas y la inmigración ilegal como principales actividades de los grupos criminales en este territorio, existiendo también grupos y organizaciones criminales relacionadas con el terrorismo o la radicalización violenta.

Rob Wainwright, director de Europol, afirma que: “El crimen organizado es un negocio multimillonario en Europa y que está creciendo gracias a la expansión de Internet y las tecnologías móviles, la proliferación de rutas de tráfico clandestino, así como las oportunidades que ofrece la crisis económica global. Todas ellas han contribuido al desarrollo de una mayor amenaza”.

Europa, finalmente, es en muchos casos “receptora” de los productos del crimen organizado de otros lugares (por ejemplo, de las drogas). Además, este territorio y, especialmente España por su situación geopolítica, es un lugar de intercambio y de tránsito, que podría decirse que “conecta” y abre las puertas hacia el resto de continentes, principalmente América y África.

América

Es el continente donde se registra una tasa más alta de muertes relacionadas con el crimen organizado, según la ONU. Por consiguiente, el crimen organizado en América es muy visible para la ciudadanía y especialmente violento.

Aunque en EEUU también se dan gran parte de los fenómenos delictivos que tienen lugar en el resto del continente, se producen a menor escala y tienen menor repercusión que en Centroamérica y Sudamérica. El crimen organizado hace de Latinoamérica un territorio especialmente peligroso en este sentido, ya que los grupos criminales están asentados y consiguen operar con cierta facilidad y resiliencia.

Las muertes que causa el crimen organizado, la gran mayoría en esta zona, superan las producidas en conflictos armados y guerras. Y los únicos cuatro países a nivel mundial con una tasa de homicidios de más de 40 personas por 100.000 habitantes se encuentran en América: El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras.

En cuanto a las tipologías, destacan especialmente los grupos violentos y las bandas urbanas, el narcotráfico y el tráfico de armas. A todo esto se le suma la elevada tasa de impunidad que tiene el crimen organizado en América, según las estadísticas de la ONU e, incluso, cierta connivencia por parte de instituciones públicas locales o regionales en donde predomina la corrupción.

Asia

Asia es el continente con menor tasa de homicidios según la ONU y más seguro en este sentido en relación con el crimen organizado. Esto se debe a que los grupos organizados de este territorio suelen llevar a cabo sus acciones criminales en otros países, conformando una extensa red que suele operar fuera del continente asiático.

Entre los delitos más destacados del crimen organizado asiático están: la ciberdelincuencia, las apuestas ilegales, la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales.

África

Es el segundo continente con mayor tasa de criminalidad organizada y muertes asociadas a la misma después de América. Nigeria y la República Democrática del Congo son los países que registran una mayor tasa de criminalidad, según un informe publicado por Interpol.

En África destacan especialmente los delitos relacionados con la corrupción y en la gran mayoría de los países africanos hay organizaciones criminales estrechamente ligadas a los gobiernos, dando lugar a una extraña relación simbiótica, en la que las primeras obtienen poder e impunidad y los segundos poder y recursos económicos, retroalimentándose entre sí.

Por otro lado, también destacan los delitos de tráfico de personas y de armas, no siendo tan frecuente el delito de tráfico de drogas, aunque también está muy extendido especialmente en países fronterizos con Europa como son Marruecos, Argelia, Libia o Túnez. Otra problemática del continente con relación al crimen organizado es el tráfico de animales exóticos y la pesca irregular.

Australia y Oceanía

Si bien el crimen organizado en Oceanía no es muy significativo, en los últimos tiempos está cobrando mayor importancia, pues muchas bandas criminales de América y Asia se están asentando allí.

Algunos cárteles de la droga mexicanos han comenzado a establecer laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas en Australia, que se está consolidando, al igual que Europa, como un lugar de destino estratégico para el crimen organizado.Todo esto está dando lugar a unas restricciones y controles cada vez mayores para evitar y prevenir el crimen organizado en este continente.

Entre las tipologías delictivas más significativas en Oceanía se encuentran: el lavado de dinero, el terrorismo, los incendios intencionados, la evasión de impuestos y los delitos de cuello blanco. Además, diversos grupos de cibercriminales se están especializando dentro del continente en infracciones cibernéticas, como ciberdelitos contra la propiedad intelectual en Internet y la ciberguerra.


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Boicot diplomático y DD HH en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esta semana comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín en un contexto de boicot diplomático internacional en respuesta a las violaciones de los derechos humanos de China.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 comenzarán con esta semana con la ceremonia de apertura el 4 de febrero y terminarán con la ceremonia de clausura el 20 de febrero, en ellos participarán cerca de 3.000 atletas competirán en 15 disciplinas en 109 pruebas. Son los segundos que se celebran en medio de la pandemia tras los de verano del año pasado en Tokio.

En el contexto de su celebración y el boicot diplomático de al menos diez gobiernos, 243 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo también han denunciado que los Juegos se inaugurarán en medio de «crímenes atroces y otras violaciones graves de derechos humanos» por parte del gobierno chino.

«No es posible que los Juegos Olímpicos sean una ‘fuerza para el bien’, como afirma el Comité Olímpico Internacional, mientras que el gobierno anfitrión está cometiendo delitos graves en violación del derecho internacional», dijo Sophie Richardson, directora china de Human Rights Watch.

Así, las organizaciones denuncian que bajo el presidente Xi Jinping las autoridades chinas han estado cometiendo abusos masivos contra uigures, tibetanos, grupos étnicos y creyentes religiosos de todos los grupos religiosos independientes. «Han eliminado a la sociedad civil independiente persiguiendo a activistas de derechos humanos, feministas, abogados, periodistas y otros», aseguran.

«Que los Juegos Olímpicos de Invierno se celebren en Beijing envía una señal al mundo de que el gobierno de Xi Jinping es normal», dijo Renee Xia, Directora de Defensores de los Derechos Humanos Chinos. «Cuando el mundo racionaliza una situación tan abusiva, hace que sea más difícil para las víctimas ponerse de pie contra la injusticia», denunció.

En su informe las organizaciones de derechos humanos también afirman que, desde que el gobierno chino fue galardonado con los Juegos de Invierno de 2022 en 2015, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación han documentado numerosas violaciones graves de los derechos humanos por parte de las autoridades chinas. Estos incluyen:

  • Detención arbitraria, tortura y trabajo forzoso de millones de uigures y otros grupos turcos en Xinjiang (región uigur).
  • Decimación de los medios de comunicación independientes, las instituciones democráticas y el estado de derecho en Hong Kong.
  • Sistemas de vigilancia de alta tecnología que permiten a las autoridades rastrear y procesar injustamente las conductas pacíficas, incluidas las críticas compartidas a través de aplicaciones, como WeChat.
  • Enjuiciamiento de personas que ejercen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en nombre de las poblaciones vulnerables, incluidos los abogados Xu Zhiyong y Ding Jiaxi, el periodista ciudadano Zhang Zhan, el monje y escritor tibetano Go Sherab Gyatso y activistas de salud pública conocidos como el grupo Changsha Funeng.
  • Detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de defensores de los derechos humanos, incluidos Gao Zhisheng y Guo Feixiong.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha dicho que sus obligaciones de derechos humanos, anunciadas en 2017, no se aplican a los Juegos de Invierno de 2022. «El COI no ha cumplido con sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos al llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos a pesar de los abusos bien documentados en China» denunciaron los grupos de derechos humanos.

Boicot diplomático de, al menos, 10 gobiernos

Más allá de las organizaciones de derechos humanos, al menos diez países entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido han anunciado que no asistirán a los Juegos Olímpicos específicamente en respuesta a las violaciones de los derechos humanos de Beijing. Otros cinco dijeron que tomaron la decisión debido a preocupaciones por COVID.

Eso significa que los atletas de esos países podrán seguir compitiendo en Pekín, pero que no asistirán funcionarios del gobierno.

En el caso de los Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el boicot serviría como «mensaje claro» contra el «genocidio y los crímenes contra la humanidad que está cometiendo China en Xinjiang».

Según el Departamento de Estado, se cree que hasta dos millones de uigures y otras minorías musulmanas han pasado por centros de detención en Xinjiang, que el gobierno de China insiste en que son «centros de formación profesional» destinados a aliviar la pobreza y combatir el extremismo religioso.

Esta misma semana, Japón ha aprobado una resolución en el Parlamento japonés que expresa preocupación por la «situación de los derechos humanos en China». Así, se une a los hasta ahora ocho parlamentos nacionales de todo el mundo que, hasta ahora, han adoptado resoluciones en las que se reconocen los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que debían cometerse contra el pueblo uigur.

En esta última respuesta del gobierno chino en relación a estas denuncias y resoluciones (en este caso a Japón) el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, ha respondido señalando que la resolución japonesa «ignora la verdad, denigra maliciosamente la situación de los derechos humanos de China, viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, e interfiere gravemente en los asuntos internos de China».

Además también señaló que Japón había cometido «innumerables crímenes» y que «algunos políticos japoneses» ignoran la situación general de las relaciones chino-japonesas y «la forma en que los países se llevan bien entre sí».

Según Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch, asegura que si los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín fueron la «fiesta de salida» de China, los de este año se enfrentan a estos boicots diplomáticos aunque el gobierno chino ya era «profundamente autoritario».

Para Wang a medida que Pekín busca afirmar el poder y la influencia del gobierno chino más allá de las fronteras del país, algunos gobiernos han demostrado que reconocen al Partido Comunista Chino como una fuerza ambiciosa cada vez menos amigable con los derechos humanos y la democracia.

Según anuncian organizaciones como la de HRW, los espectadores de todo el mundo que ven los Juegos de Invierno pueden desempeñar un «papel positivo» educándose sobre el entorno de derechos humanos dentro de China, presionando a sus propios gobiernos a rendir cuentas a los funcionarios del gobierno chino o instando a las empresas a firmar el Llamado a la Acción de la coalición EUFL.

América Latina vuelve a ver niveles de violencia similares a los de antes de la pandemia

Los niveles homicidios en América Latina vuelven a niveles de 2019. Jamaica, Venezuela y Honduras son los países más violentos de la región según el Balance de InSight Crime 2021.

Según el balance anual de InSight Crime de homicidios en América Latina, en 2021 la mayoría de países experimentaron un «acentuado aumento» en el número de asesinatos. Solo cinco países experimentaron menos homicidios en 2020 que en 2021.

Según la organización, «era de esperar» que volviera a resurgir la violencia en la región tras los «bloqueos» de la pandemia y el levantamiento de algunos de los confinamientos por COVID-19 «más estrictos del mundo».

El informe también menciona el aumento en los niveles de pobreza, lo que pudo agravar «ciertos males sociales», así como el aumento del consumo de drogas y que las escuelas tardaron en reabrir sus aulas dejando a los adolescentes «ociosos» en las calles.

Además, aseguran que la pandemia también dificultó el trabajo de la policía. Las instituciones policiales se redujeron, pues los agentes se enfermaron o se requirieron para otras funciones.

A su vez, los grupos del crimen organizado encontraron nuevas oportunidades para operar a pesar de las restricciones de la pandemia, el tráfico de cocaína aumentó y las pandillas cometieron asesinatos para apoderarse de las «esquinas de expendio».

Resumen de la motivación de la violencia por países

En Ecuador, ubicado entre dos países productores de cocaína y con un importante puerto para el contrabando de drogas hacia Europa, se duplicaron los asesinatos y se presentaron los motines de pandillas carcelarias más sangrientos de su historia. En Costa Rica, los asesinatos aumentaron en provincias útiles para el contrabando de cocaína. Los asesinatos por sicarios aumentaron en Paraguay y Perú.

A pesar de una leve reducción en los asesinatos, México presenció una terrible violencia de cárteles «que, a manera de pequeños ejércitos, se enfrentaron por el territorio». A lo largo de la anárquica frontera entre Colombia y Venezuela, actores armados de todo tipo lucharon entre sí, dejando regueros de muertos y miles de desplazados.

Las fuerzas de seguridad de Venezuela fueron acusadas de matar a ciudadanos por doquier, tanto en distritos urbanos como en pueblos remotos. Los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) siguieron siendo algunos de los más violentos de la región. Haití, incluso antes del asesinato del presidente en el mes de julio, ya había entrado en «conmoción», tuvo su año más violento en una década.

Por su lado, los países que suelen tener las tasas de homicidios más bajas, como Argentina, Chile y Uruguay, al parecer están minimizando los datos relacionados con violencia en 2021, con cifras oficiales difíciles de interpretar.

Jamaica, Venezuela y Honduras en el TOP 3 de violencia

Jamaica: 49,4 por 100.000

Por segundo año consecutivo, Jamaica tuvo la tasa de homicidios más alta de la región.

El país isla del Caribe registró 1.463 asesinatos en 2021, lo que significa una tasa de homicidios de casi 50 por cada 100.000 habitantes. Los jamaiquinos se vieron golpeados el año pasado por brutales asesinatos y por una espiral de violencia en medio de la “tercera ola” de COVID-19.

Los homicidios aumentaron un 10 por ciento a fines de noviembre, cuando el primer ministro Andrew Holness anunció que impondría el estado de emergencia en siete de los distritos policiales más violentos de la isla.  Dichos distritos, cuatro de ellos en la capital, Kingston, y tres en el oeste del país, tuvieron tasas de homicidios de hasta 190 por cada 100.000 habitantes.

Cerca de un tercio del país quedó bajo estado de emergencia, lo que permitió el despliegue del ejército y un aumento en los puestos de control policiales. 

Según el comisionado de policía Antony Anderson, las pandillas criminales fueron responsables de casi tres cuartas partes de los homicidios del país en 2021. Dice que las pandillas se benefician del intercambio de drogas por armas, de la extorsión y de las redes de estafa. También afirma que cuentan con el apoyo de organizaciones criminales extranjeras.

En su discurso de año nuevo, el primer ministro Holness dijo que aumentaría las penas por posesión de armas ilegales. No obstante, poco después el país fue sacudido por una ola de violencia diferente a todas las anteriores: más de 70 personas fueron asesinadas en solo 15 días en el mes de enero.

Venezuela: 40,9 por 100.000

Aunque los homicidios se redujeron en un seis por ciento en Venezuela, el país siguió siendo uno de los más violentos de la región.

Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país registró 11.081 muertes violentas en 2021, es decir, 810 menos que en 2020. Según la organización no gubernamental, la tasa de homicidios fue de 40,9 por cada 100.000 habitantes, un conteo que incluye homicidios, asesinatos por parte de las autoridades, muertes bajo investigación y desapariciones. Si no se tienen en cuenta las desapariciones, la tasa de homicidios del país desciende a 33 por cada 100.000 habitantes.

En 2021 fueron asesinadas por criminales 3.112 personas, alrededor de nueve por día. Otras formas de delitos violentos, como los hurtos y los robos de vehículos, aumentaron en más del 10 por ciento. Según el OVV, este aumento quizá se debe a que los ladrones atacan a personas y tiendas que poseen dólares estadounidenses. 

Los cuatro estados venezolanos que registraron las tasas de homicidios más altas fueron Miranda, Bolívar, Delta Amacuro y Aragua. InSight Crime recientemente reportó que los grupos guerrilleros colombianos, las pandillas armadas y las fuerzas de seguridad se han enfrentado por el control de la minería ilegal en el estado Bolívar, una zona rica en oro.

Ubicado en la frontera con Colombia, el estado Apure se vio afectado por una guerra entre el ejército venezolano y combatientes colombianos disidentes pertenecientes al Frente 10 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una gran operación militar que comenzó el 21 de marzo obligó a miles de personas a huir de sus hogares. Durante el conflicto, que se extendió por unos dos meses, murieron unos 16 soldados. Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecutar sumariamente al menos a cuatro personas, cuyos cuerpos luego fueron modificados para hacerlas pasar como guerrilleros.

En esta anárquica región fronteriza de Venezuela también fueron asesinados dos altos comandantes de las ex-FARC: Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”.

Honduras: 38,6 por 100.000

Honduras sostuvo el deshonroso título del país más violento de Centroamérica, con una tasa de homicidios de 38,6 por cada 100.000 habitantes.

Los 3.651 asesinatos registrados el año pasado, según cifras preliminares del gobierno, representaron un aumento con respecto a los 3.496 en 2020, pero aun así están por debajo de los casi 4.000 homicidios de 2019.

El año pasado, las masacres (asesinatos de tres o más personas) ocurrieron a la alarmante tasa de aproximadamente una por semana. Los 53 asesinatos múltiples fueron a menudo el producto de disputas entre pandillas o de asesinatos por venganza. El experto en crimen, Nery Ordóñez, señaló a Procedo Digital que varias masacres se cometieron a raíz de las grandes incautaciones de drogas en la zona norte del país.

En 2021, Honduras registró algunos de sus peores episodios de violencia política, en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Según El Heraldo, 68 candidatos a distintos cargos públicos fueron asesinados el año pasado. De ellos, 31 estaban vinculados al Partido Nacional, partido de derechas al que pertenece el expresidente Juan Orlando Hernández, quien durante mucho tiempo ha sido acusado de corrupción y participación en narcotráfico. Veinte candidatos asesinados hacían parte del Partido Libre, partido de izquierda liderado por Xiomara Castro, cuya victoria puso fin a más de una década de gobierno del Partido Nacional. Y los miembros del Partido Liberal, que ejerce menos influencia, no se salvaron de esta ola de violencia. En las semanas previas a las elecciones, tres candidatos de dicho partido fueron asesinados, entre ellos un alcalde popular que aspiraba a su quinto mandato.   

La presidenta Castro ha prometido desmilitarizar la policía, lo que representa una ruptura con respecto a las políticas de mano dura de las administraciones anteriores. Sin embargo, es probable que su compromiso con esa estrategia se ponga a prueba ante cualquier aumento de la violencia.

«En Ucrania hay una madeja de subgrupos fascistas y antifascistas a los que les gusta jugar a los soldados»

Joan Caballero, profesor del curso de Experto en Grupos Urbanos Violentos de LISA Institute, ha sido entrevistado por Rafa Martí en El Español. En el artículo se aborda cómo jóvenes españoles radicalizados viajaron a Ucrania en el marco de la revuelta del Euromaidán de 2013, por qué lo hicieron y si esto se puede repetir en el contexto de la tensión actual.

Según el artículo de El Español, entre 2014 y 2016 decenas de jóvenes españoles de entre veinte y treinta años acudieron al Este de Ucrania llamados por una supuesta lucha contra el fascismo en el marco de la revuelta del Euromaidán de 2013, que desembocó en una guerra civil entre prorrusos y proeuropeístas en el país. 

Así se menciona también cómo surgieron, en ambos bandos, múltiples brigadas paramilitares las cuales la mayoría de las veces, según Martí, no eran más que grupos criminales armados operando bajo el paraguas de una guerra ideológica. A ella apelaron para recibir la solidaridad internacional de movimientos afines, lo cual atrajo a decenas de radicales de todo el mundo, entre ellos, varios españoles.

Según Caballero «en Ucrania hay una madeja compleja de subgrupos fascistas y antifascistas a los que les gusta jugar a los soldados». Y, seis años después y con la tensión creciente entre al OTAN y Rusia por Ucrania, algunos de estos milicianos que viajaron al país en 2013 pueden seguir en el Donbás. Según fuentes policiales, que siguen de cerca a estos grupos de ideología ultra en España, indican a El Español que las circunstancias «son distintas a las de 2015».

«En su momento, desde Ucrania se hizo un llamamiento internacional para reclutar voluntarios. Esa situación ahora no se está produciendo porque ahora, supuestamente, la OTAN respalda a Ucrania. Sin embargo, tampoco se descarta que haya desplazamientos», aseguran estas fuentes. «No podemos contar mucho más, porque el tema internacional depende del devenir de los acontecimientos» concluyen.

«Es posible que siga habiendo voluntarios españoles», según Caballero

Por su parte, Joan Caballero, preguntado por el periódico en relación a esta cuestión, aseguró que, a día de hoy, «es posible que siga habiendo muchos voluntarios españoles» en el país. Sin embargo, afirmó que «no publican tanto en sus redes sociales como antes». «Las organizaciones antifascistas se cuidan mucho de vincularse para no ser judicializados», añadió.

Según recuerda El Español, en 2015 la Audiencia Nacional detuvo e investigó a ocho españoles que habían estado en el Donbás combatiendo al lado de guerrilleros separatistas prorrusos, en las brigadas «Vostok» y posteriormente «Prizrak», ambas señaladas como organizaciones terroristas por el gobierno ucraniano. 

Eran Andrés Ram Sal, el gijonés Rafael Muñoz Pérez, el cartagenero Ángel Arribas Mateo, el barcelonés Adrià Irigoyen Bretones, los madrileños Sergio Becerra y Héctor Arroyo Payero, o el colombiano radicado en España Alexis Castillo. Otros nombres no trascendieron. Se les acusó de los delitos de tenencia y depósito de armas y explosivos, así como de participar en la comisión de asesinatos y de violar la neutralidad del España en el conflicto.

En relación a este grupo concreto, según Caballero, a pesar de sus inclinaciones políticas declaradas, muchos de ellos no eran más que jóvenes envueltos en un complejo mejunje ideológico a quienes les gustaba «jugar a la guerra». «Hay unos pocos que luchan por convicción, pero la mayoría son unos tarados que van un paso más allá», dice.

Siete años después del viaje de los primeros voluntarios españoles, según indica Martí en su artículo, los tambores de guerra pueden despertar de nuevo al ímpetu de jóvenes radicalizados que librarán su propia contienda en una guerra ajena.

El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga su misión en Libia por tres meses

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad prorrogar por tres meses el mandato de su misión política especial en Libia. Sin embargo muchos lamentaron que las negociaciones no dieran lugar a una renovación sustantiva del mandato UNSMIL para mejorar su trabajo en el país.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (15 miembros) prorrogó el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) hasta el 30 de abril, en los términos de la resolución 2619 (2022) y según lo establecido en la resolución 2542 (2020) y el párrafo 16 de la resolución 2570 (2021).

Los 15 miembros del consejo también mencionaron que la UNSMIL debería estar dirigida por un Enviado Especial, y se reconoció la responsabilidad del Secretario General de nombrar a una persona para ese cargo, como se establece en la resolución 2542 (2020).

Más allá de la unanimidad en la renovación del mandato, muchos lamentaron que las negociaciones sobre el proyecto de resolución no dieran lugar a una renovación sustantiva del mandato de la UNSMIL con actualizaciones y mejoras para facilitar su trabajo. Sobre todo tras el aplazamiento de las elecciones en el país que estaban programadas para el pasado 24 de diciembre.

James Kariuki (Reino Unido) lamentó que no fuera posible una renovación sustantiva del mandato pero hizo hincapié en que «Libia se encuentra en una coyuntura frágil» y señaló que la labor de la Misión es «más crucial que nunca».

Nathalie Broadhurst Estival (Francia) señaló que su voto significaba una afirmación del apoyo del país a la UNSMIL y destacó que Libia se encuentra en un  momento crítico de su transición política. «El Consejo debería alentar a los libios a conciliar sus diferencias para permitir elecciones presidenciales y parlamentarias en línea con el Foro de Diálogo Político Libio», aseguró.

Michael Kapkiai Kiboino (Kenia) fue otro de los oradores que dijeron que la UNSMIL habría sido mejor capacitada a través de una renovación sustantiva del mandato, en lugar de por la resolución técnica de renovación de hoy. Si bien votó a favor del texto, advirtió que «este Consejo está perdiendo otra oportunidad significativa para respaldar firmemente los esfuerzos nacionales de diálogo y reconciliación de Libia, que son críticos para el progreso del proceso de paz».

La delegada de Paula Aguiar Barboza (Brasil) dijo que votó a favor del texto «porque la alternativa […] enviaría un mensaje aún más negativo». Sin embargo, la forma en que se negoció el texto estaba lejos de ser «ideal» y agregó que la incapacidad del Consejo para acordar formas de fortalecer la UNSMIL en la coyuntura crucial actual es «lamentable».

Jeffrey DeLaurentis (Estados Unidos) dijo que la votación de hoy es un resultado subóptimo para el pueblo libio y un «mal resultado» del Consejo. La UNSMIL desempeña un papel esencial en relación con las elecciones y el alto el fuego. «El Consejo debe trabajar con el texto de prórroga que se acaba de aprobar», dijo, y pidió a los miembros y vecinos de Libia que apoyen los esfuerzos del Enviado Especial.

Anna M. Evstigneeva (Federación de Rusia), expresó su apoyo a la UNSMIL y alentó a todos los actores libios a hacer uso del apoyo del Consejo, definir plazos y celebrar elecciones. «Continuar la Misión durante tres meses permitirá una respuesta a las tareas previas a las elecciones», agregó.

Sun Zhiqiang (China) dijo que las elecciones son un «paso importante» para el pueblo libio, que espera una «nueva fase de desarrollo nacional». «Las partes deben mantener el ritmo actual de diálogo y crear condiciones favorables para celebrar elecciones», dijo. Además señaló que la UNSMIL debería proporcionar el apoyo electoral necesario dentro del mandato, subrayando la importancia de atender las opiniones de las solicitudes de los Estados africanos con respecto al liderazgo de la Misión.

Las posturas de Jim Kelly (Irlanda), Ghasaq Yousif Abdalla Shaheen (Emiratos Árabes Unidos), Albana Dautllari (Albania), Enrique Javier Ochoa Martínez (México), Mona Juul (Noruega), Allegra Pamela R. Bongo (Gabón) fueron similares a las declaraciones anteriores destacando que, a pesar de su voto a favor de la renovación, lamentaron que no se renovaran las negociaciones no dieran lugar a una renovación sustantiva del mandato.

El anterior jefe de la UNSMIL y enviado especial de la ONU para Libia, Jan Kubis, presentó su renuncia al cargo a finales de noviembre. Le sucedió la diplomática estadounidense, Stephanie Williams, que actualmente ocupa el cargo de enviada especial de la ONU para Libia.

Ayer William se reunió en la sede del Partido Paz y Prosperidad en la capital, Trípoli, con el presidente Mohamed Jaled al Goweil y diversos miembros para tratar «el futuro «el futuro político y económico de Libia, incluyendo la «prioridad de volver a encarrillar las elecciones«.

Francia y Mali intensifican sus tensiones

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Las tensiones entre Francia y Mali se han visto intensificadas durante los últimos días. Primero tras las declaraciones del ministro de relaciones exteriores francés y, ahora, tras la de decisión de Mali de expulsar a su embajador francés.

El viernes 28 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia Jean-Yves Le Drian, comunicaba en una emisora de radio nacional que «la situación con Mali no puede quedarse así».

El mensaje venía motivado por la decisión de las autoridades de Malí de presionar a Dinamarca para que retirara su contingente de fuerzas especiales. “Los generales gobernantes enviaron un mensaje claro en el que reafirmaron que Dinamarca no era bienvenida en Malí. No lo aceptamos y por eso hemos decidido repatriar a nuestros soldados”, dijo el ministro de Exteriores, Jeppe Kofod, tras una reunión en el Parlamento en Copenhague.

A esto se le suma también su acercamiento a la órbita rusa, que desde Occidente no se ve con buenos ojos. La presencia de mercenarios rusos del Grupo Wagner que continúan presentes en Malí es motivo de preocupación para Francia, Le Drian acusa a este grupo de ya haber empezado a «saquear» los recursos del país a cambio de proteger a la actual junta militar golpista que desde 2020 gobierna en Mali.

«Estos son antiguos soldados rusos, armados por Rusia y acompañados por la logística rusa», ha asegurado Le Drian en una entrevista publicada el pasado domingo por el ‘Journal du Dimanche’ en la que acusa a la organización de ser parte de los intereses de Rusia en África.

«Los crecientes conflictos con la Junta se han vuelto insostenibles», dijo el ministro de Jean-Yves Le Drian en la emisora de radio nacional RTL, calificando también al gobierno de ilegítimo.

«Dada esta situación, dada la ruptura del marco político y del marco militar, no podemos quedarnos como estamos. No podemos quedarnos así, debemos tener en cuenta los hechos que acaban de ocurrir, pero esto no es solo una Decisión francesa, es una decisión colectiva», explica Le Drian. 

«Ahora hemos iniciado discusiones con nuestros socios africanos y con nuestros socios europeos, para averiguar cómo podemos adaptar nuestro sistema de acuerdo con la nueva situación y la carrera precipitada de la junta, para continuar luchando contra el terrorismo», dijo. “Debemos continuar la lucha contra el terrorismo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, respondió a su homólogo francés el viernes: «Malí no descarta nada en relación con estas cuestiones si no tiene en cuenta nuestros intereses». Una solicitud de retirada de las tropas francesas «no está sobre la mesa por el momento», añadió.

Por parte de Francia, sin embargo, no se especificó si se estaba considerando la retirada del país de la fuerza Barkhane, operación que tienen como objetivo luchar contra el terrorismo y contra grupos insurgentes en la región del Sahel.

Las relaciones continúan deteriorándose entre los europeos y la junta de Malí. El jueves, bajo la presión de Bamako, Dinamarca finalmente tuvo que anunciar la retirada de un centenar de soldados que iban a incorporarse a la fuerza Takuba, creada por iniciativa de Francia.

«Continuaremos la colaboración con nuestros aliados europeos para mantener la presión sobre los generales golpistas para recuperar la democracia y crear seguridad para la población de Mali», dijo Kofod, ministro de Exteriores danés.

Expulsión embajador francés

Los últimos movimientos han sido protagonizados por Mali, cuando el pasado lunes emitió un comunicado oficial avisando de la decisión de expulsar al embajador francés del país. 

Comunicado del Gobierno de Transición maliense en el que se le otorgan 72 horas al embajador francés Joël Meyer para abandonar el país

“Esta decisión se produce tras los comentarios hostiles e indignantes realizados recientemente por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia y a la repetición de tales comentarios por parte de las autoridades francesas con respecto a las autoridades malienses a pesar de las reiteradas protestas” por parte del Gobierno de Malí, quien considera dichas opiniones “contrarias al desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones” dicta el comunicado.

Pese a ello, la nota oficial explica que el Ejecutivo maliense mantiene su “disponibilidad a continuar el diálogo y la cooperación con el conjunto de sus socios internacionales, incluida Francia, en el respeto mutuo y sobre la base del principio cardinal de la no injerencia”.

Para las autoridades francesas, que aseguran que miembros de Wagner ya están en Malí, esto es una línea roja y así lo han manifestado en repetidas ocasiones. Sin embargo, el Gobierno de transición maliense niega dicho despliegue y asegura que se trata de instructores del Ejército ruso dentro de misiones de formación similares a la que lleva a cabo la Unión Europea desde 2013.

Por su parte, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha tachado de «injustificada» la medida de Mali de expulsar al embajador francés y dice que solo servirá para aislar más a Mali.

La junta militar de Mali gobierna el país a raíz del doble golpe de Estado perpetrado en agosto de 2020 y mayo de 2021. Pero tanto Francia como España tienen personal militar desplegado en Malí para combatir el terrorismo como parte de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Malí y de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en el país (MINUSMA).

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha defendido este viernes ante los ministros europeos la necesidad de mantener la presencia militar en Mali para evitar un vacío de gobernanza y un desastre como el que sucedió en Afganistán.

España tiene una amplia participación en las misiones internacionales que se están lelvando a cabo en Mali. Actualmente, aporta más de 500 efectivos a la EUTM Mali, el 55% de los 1.100 que tiene en total– y además proporciona gran apoyo logístico a la misión de Naciones Unidas MINUSMA, al Grupo ‘G5 Sahel’ y a las operaciones Barkhane y Takuba, lideradas por Francia.

Un año después del golpe de Estado en Birmania

Qué denuncian las organizaciones de derechos humanos, la ONU y la UE a un año del golpe de Estado en Birmania.

Hace un año, el pasado 1 de febrero de 2021, los militares birmanos derrocaron al gobierno elegido democráticamente en noviembre y arrestaron a la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y el presidente Win Myint así como a numerosos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado por la consejera de Estado.

Posteriormente declararon el estado de emergencia al tiempo que reprimían brutalmente las protestas callejeras contra el golpe y la imposición de la ley marcial. Ayer mismo, el Ejército de Birmania prorrogaba hasta el 31 de julio el estado de emergencia. La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa por motivos relacionados con «fuerzas destructivas nacionales e internacionales» que trabajan para la «aniquilación total del país» así como «ataques terroristas».

Según denuncian diversas organizaciones, tras el golpe de Estado las fuerzas de seguridad actuaron de forma excesiva y letal y soldados masacraron a manifestantes en ciudades y pueblos de todo el país. Las fuerzas de seguridad han matado a casi 1.500 personas desde el golpe, incluidos al menos 100 niños.

Según denuncian organizaciones como Human Rights Watch, desde el golpe militar, la junta de Myanmar ha llevado a cabo una brutal “represión nacional destinada a suprimir la opinión pública generalizada a su gobierno”. En este sentido mencionan cómo las fuerzas de seguridad de la junta han llevado a cabo asesinatos masivos, tortueas, violencia sexual, arrestos arbitrariso y otros abusos contra manifestantes, periodistas, abogados, trabajadores de la salud y miembros de la oposición política que, según denuncian, equivalen a crímenes de lesa humanidad. 

«¿Cuántas personas más tienen que detener, torturar y disparar el ejército de Myanmar antes de que gobiernos influyentes actúen para aislar a la junta de su flujo de dinero y armas?», se preguntaba Brad Adams, director de HRW Asia. «El pueblo de Myanmar, que no ha renunciado a su lucha por la democracia frente a las atrocidades diarias, necesita saber que cuenta con el apoyo de la comunidad global», dijo. 

La junta ha detenido arbitrariamente a más de 11.000 activistas, políticos, periodistas y otros, según la Asociación de Asistencia de Presos Políticos, y ha desaparecido por la fuerza a cientos. Los tribunales militares han condenado a 84 personas a muerte en procedimientos sumarios que no cumplen con las normas internacionales de un juicio justo. Los detenidos a menudo se mantienen incomunicados, no pueden ponerse en contacto con familiares o asesores legales.

Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos detenidos a torturas y otros malos tratos, incluyendo palizas de rutina, quemaduras con cigarrillos encendidos, posiciones de estrés prolongadas y violencia de género. Al menos 150 personas han muerto bajo custodia, en muchos casos en centros de detención administrados por militares.

Además, la junta ha arrestado a más de 120 periodistas, unos 50 de los cuales permanecen detenidos a la espera de cargos o sentencias. Al menos 15 periodistas han sido condenados, la mayoría en virtud del artículo 505A del código penal, una nueva disposición que penaliza la publicación o circulación de comentarios que «causan miedo» o difundan «noticias falsas».

El ejército continúa lanzando ataques selectivos e indiscriminados contra civiles, incluidos ataques aéreos y bombardeos de artillería pesada, han informado las Naciones Unidas. Los relatos de personas desplazadas y trabajadores humanitarios sugieren que la junta ha seguido utilizando la estrategia de larga data de «cuatro recortes» de los militares, en la que las fuerzas armadas mantienen el control de una zona aislando y aterrorizando a la población civil.

En algunas áreas, las Fuerzas de Defensa Popular (PDF) recientemente formadas y otros grupos armados antijunta lucharon junto a ejércitos étnicos de larga data contra las fuerzas militares de la junta. En noviembre, se informó de enfrentamientos en todos los estados y regiones del país.

El 24 de diciembre, las fuerzas de seguridad ejecutaron sumariamente al menos a 39 personas en el municipio de Hpruso, estado de Karenni (Kayah), incluidos cuatro niños y dos miembros del personal de la organización internacional de ayuda Save the Children. Muchas de las víctimas estaban atadas, amordazadas y mostraban signos de tortura, y algunas pueden haber sido quemadas vivas. «Es una de las cosas más impactantes y deprimentes que he experimentado», dijo un médico responsable de realizar autopsias en las víctimas a HRW.

Desde el golpe, más de 400.000 personas han sido desplazadas internamente por los combates y los disturbios, principalmente en el noroeste y sureste, y se estima que 32.000 refugiados huyen a la India y Tailandia. La junta ha bloqueado deliberadamente que la ayuda humanitaria llegue a millones de personas en riesgo, en violación del derecho internacional humanitario. Las tropas han atacado a los trabajadores humanitarios, destruido suministros y bloqueado carreteras de acceso y convoyes de ayuda, aparentemente como una forma de castigo colectivo contra civiles en áreas donde se disputa el gobierno de la junta.

«El primer aniversario del golpe militar de Myanmar sirve como señal de un descenso cada vez más profundo a crímenes de lesa humanidad y catástrofe humanitaria que Estados Unidos, la UE y otros deben abordar», dijo el director de HRW Asia.

Qué dice la ONU

Según la ONU, el número de personas que necesitan asistencia en el país ha aumentado de 1 millón antes del golpe a 14,4 millones, incluidos más de 5 millones de niños. Se estima que alrededor de 25 millones de personas, o la mitad de la población, viven por debajo del umbral nacional de pobreza.

En un comunicado emitido este domingo por su portavoz, el Secretario General de la ONU expuso las múltiples crisis a las que se ha enfrentado el país y que han provocado un incremento de la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el aumento de la pobreza y la indiferencia del régimen militar ante el empeoramiento de las condiciones humanitarias.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recordó el pasado viernes que unas 12.000 personas todavía siguen detenidas arbitrariamente por manifestar su oposición y que cerca de 9000 todavía permanecen bajo custodia. Al menos 290 fallecieron en prisión, muchas de ellas probablemente torturadas.

Michelle Bachelet también habló sobre el aumento de los enfrentamientos armados en todo el país, al tiempo que creció la persecución contra las minorías étnicas y religiosas, entre ellas la rohingya.

Bachelet afirmó que ha llegado el momento de lograr un «renovado y urgente esfuerzo» para restablecer los derechos humanos y la democracia, y garantizar que los autores de «violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, rindan cuentas».

Qué dice la Unión Europea

Desde la Unión Europea aseguran estar «profundamente preocupados» por la continua escalada de violencia y por la evolución hacia un conflicto prolongado con consecuencias para región.

«Desde el golpe de Estado militar, la situación ha ido deteriorándose de forma continua y grave. Una gran parte de la población se encuentra actualmente en una situación muy precaria, caracterizada por la pobreza, la escasez de alimentos, los desplazamientos y la violencia», se afirma en un comunicado de prensa del Alto Representante en nombre de la UE.

Aportan además, cifras que coinciden con las de las organizaciones de derechos humanos y denuncian que más de 1 500 personas han sido asesinadas, más de 8 600 están detenidas y 80 han sido condenadas a muerte. Además, el golpe de Estado ha provocado, según las cifras de la UE con más de 400 000 nuevos desplazados, una cifra que hay que sumar al casi millón de refugiados de Birmania en los países vecinos.

La Unión Europea condena con la máxima firmeza las graves violaciones de los derechos humanos que siguen produciéndose, como la tortura, la violencia sexual y de género, la persecución constante de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y los ataques a la población civil, en particular a las minorías étnicas y religiosas, por parte de las fuerzas armadas de Birmania. 

En vista de la escalada de violencia en el país también informaron de que aumentaban las medidas internacionales en consonancia con el embargo de armas que la UE ya aplica a Myanmar. Desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, la UE ha impuesto sanciones específicas al ejército de Myanmar, a sus dirigentes y entidades.

Si la situación del país no progresa rápidamente, la UE ha asegurado estar dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de socavar la democracia y de cometer violaciones graves de derechos humanos en Myanmar.

Música para radicalizar

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A la música hay que darle más importancia de lo que parece. Los grupos violentos lo saben y la utilizan para transmitir sus mensajes, fanatizar y radicalizar. Un análisis de Joan Caballero, experto en grupos urbanos violentos y profesor del curso «Experto en grupos urbanos violentos» de LISA Institute.

Hay indicadores que marcan las diferencias entre las diversas subculturas o tribus urbanas, pero la más importante de todas es la música. Ligada a la música y al ocio, encontramos más factores como la indumentaria o la simbología que acompañarán a esas relaciones socioculturales, y donde los jóvenes participarán en actitudes sociopolíticas que irán formando su comportamiento y estilo de vida.

Un joven suele tener como referencias culturales a cantantes o deportistas, con lo que asociará qué piensa, cómo se viste y comporta su ídolo. El número de seguidores que tiene cualquier estrella musical es enorme frente a los que siguen a actores de cine o estrellas del deporte. Esta poderosa influencia se basa en el poder de atracción de la música durante la juventud.

Al fin y al cabo, se imita a quien se admira. Los Grupos Urbanos Violentos (GUV) tienen en cuenta este detalle que no dejan al azar y potencian la música para transmitir un mensaje más profundo. Lo cargan con una filosofía o declaración de intenciones que no da lugar a dudas de que es rock anticomunista o rap político. 

Tenemos muchos ejemplos de la utilización de la música para fanatizar a las personas. Por ejemplo, las «Gunka» (canción de guerra en japonés) que escuchaban los aviadores kamikazes nipones antes de estrellarse contra los barcos enemigos. Basta leer la letra de la canción «Dōki no sakura» para ver la trascendencia del mensaje. 

Los «nasheeds» no dejan de ser también instrumentos de captación, adoctrinamiento, fanatización y de preparación para predisponerse a cometer acciones de martirio. Si va incorporado de música de fondo para una aplicación de Android, los más pequeños de la casa aprenderán el alfabeto y a escribir misil, pistola o matar. De esta manera, intuimos la importancia que tiene en los procesos de fanatización. 

En la Gran Bretaña de los años 70, organizaciones políticas radicales como el National Front, captaban a jóvenes violentos de estética «skinhead» a través de conciertos de música RAC (Rock Against Communism o Rock contra el comunismo). Actualmente, es un género musical de tendencia que genera un discurso de odio y violencia muy marcado. 

Conforme vamos indagando sobre los efectos de la música en las personas, vemos que una canción por muy violenta que sea no nos va a volver unos sádicos y amorales. Sin embargo, nos puede conducir a una rearmonización del estado de ánimo y de los sentimientos. Es una afirmación que también avala el Neurocientífico alemán Stefan Koelsch sobre el poder de la música. 

Según Koelsch, si a alguien se le obligara a escuchar música que no le gusta, sacarían lo peor de él. Si escuchase música que le entristeciera, acabaría deprimido. Pero lo que más destaca Koelsch, es que la música puede ser utilizada como tortura, y manipulación. Considera que la música es increíblemente poderosa y debemos tener cuidado de que no sea utilizada de mala manera.

Un ejemplo de este «poder» de la música en otros ámbitos puede ser el de cómo la corporación Muzak editó sus famosas «elevator music», la música se emplea en casi todos los comercios para incrementar las ventas, cosa que se consigue porque la venta especializada de hilo musical es un gran negocio empresarial. 

La música para crear malestar, ansiedad y miedo

La RAE define la palabra símbolo como «una representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada. Podemos afirmar que representa o materializa una idea o un sentimiento, y es aceptada por un grupo de personas».

Los símbolos son artefactos sociales que sirven para comprender las filosofías de vida que emprenden las personas que se quieren identificar con lo que les mueve y les llena. Y la música politizada violenta no deja de representar un símbolo, un icono de una filosofía grupal. El objetivo final que se persigue al exhibir simbología violenta siempre será:

  • Crear malestar, ansiedad y miedo
  • El individuo que la porta y exhibe se reafirme en esa idea
  • Reaformar al grupo y a sus integrantes

Es por ello que la música politizada violenta, como símbolo y canal de expresión, busca los mismos objetivos. Los conciertos reúnen a centenares de personas con una misma estética y forma de pensar. La función de los cantantes y grupos es reafirmar ese sentimiento de unidad y odio hacia un mismo enemigo que puede ser el capitalismo, el sionismo, las razas inferiores, y un sinfín de prejuicios que pregonan en sus letras.

En este sentido, aquí exponemos cómo diferentes grupos utilizan el poder de la música como forma de crear malestar, ansiedad y miedo y conseguir sus objetivos.

Grupos de tendencia nacionalsocialista

De todos los GUV, el más mediatizado, en España, es la extrema derecha con sus miembros de estética skinhead. Su máxima es defender los héroes y valores que hicieron levantar a España, la pureza de la raza europea y el odio al diferente. En este sentido, la esvástica ha capitaneado durante décadas ese mensaje de amenaza. Sin embargo, al agruparse grupos españoles con otros europeos, armonizan criterios y cambian este símbolo prohibido en países como Alemania por otro que es la cruz celta.

Antonio Salas explica esa sensación de poder que se tiene cuando van en manada por la calle y la gente se aparta asustada o desvía la mirada para no cruzarse con ellos. Eso es, según Salas, lo que les hace sentirse poderosos, podrían haber hecho cualquier cosa en ese momento y nadie se habría atrevido a decirles nada.

Y como comentan muchos autores como David Madrid, esa sensación engancha. Todos estos sentimientos se expresan a través de la música RAC (Rock Anti Comunista) o Rock Nacionalista. Siempre vamos a encontrar letras de canciones donde se amenazan colectivos o personas determinadas.

Grupos de ultraizquierda

El objetivo principal de los grupos de la ultraizquierda es crear malestar, ansiedad y miedo a sus enemigos naturales, los nazis. Aunque también odian al capitalismo y lo que representa (banqueros, multinacionales, centros comerciales, etcétera).

Otros enemigos que tienen son los mass media que difunden incultura ydesprecian al pueblo, la religión cristiana capitalista y los perros que protegen a todos los anteriores (los poderes públicos corruptos y sus representantes, funcionarios de policía principalmente).

Una definición que emplean es que «son enemigos del totalitarismo tecno industrial, de la crisis económica, del saqueo de la naturaleza, de la represión, de las operaciones militares y de la propaganda mediática del espectáculo». 

Son grupos muy activos y participativos que se suelen organizar en asociaciones y, algunos de ellos, gestionan espacios ocupados (los llamados CSOA, Casal Social Okupado Autogestionado) en donde realizan sus actividades. 

Dentro de estas asociaciones, encontramos individuos que utilizan la violencia para extender el mensaje a través de los propios medios de comunicación. También lo hacen a través de la música, aunque el mensaje está mucho más tolerado en los países del sur de Europa, donde siempre se ha relacionado esta música como contracultura.

Pandillas de origen latino

Los grupos latinos buscan crear malestar, ansiedad o miedo para marcar su territorio y combatir contra los otros gangs (pandillas, sean de origen latino o no) apropiándose de espacios públicos. Los pandilleros están implicados en conductas antisociales y delictivas porque lo ven como una característica de la pertenencia a la banda.

Actualmente estos grupos tienen distribuidas, se disputan o se otorgan como su territorio, zonas de ciudades o poblaciones enteras. Siendo esta una característica muy común de este tipo de colectivos.

Y también lo encontramos en sus letras, algunas de las canciones son auténticas declaraciones de guerra contra otras pandillas de origen latino. Esta música no está politizada, pero sigue siendo música violenta.

Cómo proteger a los civiles durante los conflictos

Mauricio Díaz profesor del Curso en Experto internacional en Protección de Civiles de LISA Institute con experiencia en misiones internacionales de Naciones Unidas en Líbano, Israel, Siria y Haití, da las claves para entender cómo funcionan los mandatos de protección de civiles de las Naciones Unidas.

Hoy en día vemos menos conflictos armados internacionales o entre Estados. La mayoría de los conflictos actuales son conflictos internos por el poder y los recursos, la desigualdad social o económica o las divisiones étnicas o religiosas. Aunque las implicaciones de estos conflictos internos tienen implicaciones regionales, estos conflictos se desarrollan en muchos casos dentro de las fronteras nacionales.

Los conflictos interestatales suelen implicar a más actores estatales y no estatales con diferentes capacidades y recursos. Las partes más «débiles», desde un punto de vista militar, recurren a medios asimétricos que pueden incluir aspectos como el terrorismo para destacar sus posiciones.

Además, suele haber un gran número de grupos armados no estatales implicados en este tipo de conflictos que, en ocasiones, se dividen en otras facciones que compiten entre sí. El mayor número de partes implicada en los conflictos complica los procesos de su resolución pacífica.

Como se ha mencionado anteriormente, los conflictos suelen traspasar fronteras provocando, por ejemplo, la entrada de armas de manera ilegal o legal en el país o flujos migratorios. La disponibilidad de armas y facilidad para conseguirlas en el contexto de un país en conflicto contribuye a la capacidad de los grupos armados para mantener el conflicto durante más tiempo.

Los conflictos actuales también se caracterizan por afecta a los civiles que sufren ataques directos o indirectos como la pérdida de medios de subsistencia o protección de derechos humanos. Una característica común de los conflictos actuales es la frecuente aparición de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los niños y niñas siguen viéndose afectados de forma desproporcionada por los conflictos armados. Son reclutados y utilizados como niños soldado, secuestrados, abusados sexualmente o asesinados y/o mutilados.

Las partes del conflicto utilizan cada vez más la violencia sexual como herramienta estratégica de guerra. Las mujeres y las niñas son el principal objetivo de las violaciones y otras formas de violencia sexual. Los hombres y niños también son un objetivo. Cómo se utiliza la violencia sexual en los conflictos será uno de los próximos artículos que escribiré para LISA News.

Más allá de las consecuencias físicas inmediatas de los conflictos violentos los civiles también se ven afectados porque a menudo pierden sus hogares y se convierten en desplazados, pierden los medios para obtener ingresos, el acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios básicos si se destruyen (como suele también ser común) escuelas, hospitales y otras infraestructuras críticas para la subsistencia.

Los civiles sufren las terribles consecuencias de los conflictos de maneras muy diversas. Las consecuencias a menudo no terminan cuando cesa la violencia, sino que tienen un impacto duradero en las comunidades y en los propios individuos.

La responsabilidad principal de proteger a los civiles de la violencia recae en el Estado. Los mandatos de protección de civiles se entienden sin prejuicio de la responsabilidad primaria y soberana del propio Estado. Esto es coherente con sus obligaciones en virtud de las normas y el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de refugiados.

Cuándo y cómo establecer un mandato de protección de civiles

El primer paso en la implementación de un mandato de protección de civiles es apoyar al gobierno para que cumpla con esa responsabilidad, lo que también debe garantizar un impacto de las acciones de la misión. En situaciones de conflicto armado las partes no estatales del conflicto también tienen la responsabilidad de proteger a los civiles en las zonas que controlan.

Sin embargo, en ocasiones los gobiernos no han tenido la capacidad o la voluntad de proteger a sus ciudadanos. En estas situaciones es cuando se despliegan las fuerzas de mantenimiento de la paz y asumen la obligación de actuar unilateralmente y proteger a los civiles.

En 1999, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) se convirtió en la primera misión de mantenimiento de La Paz con un mandato específico del Consejo de Seguridad para proteger a los civiles. Ese mismo año, el Secretario General de la ONU publicó su primer informe sobre el Mandato de Protección de Civiles (POC, según sus siglas en inglés).

La POC siguió recibiendo mucha atención y, en torno a 2009, el décimo aniversario del mandato de la UNAMSIL, el Consejo aprobó una resolución en la que se establecía que todas las misiones con un mandato POC tenían que dar prioridad a la POC sobre otras tareas encomendadas con respecto a la distribución de las capacidades y recursos.

Si bien se llegó rápidamente a un acuerdo sobre la importancia del POC, ha sido difícil llegar a un consenso sobre lo que se espera que haga el personal de mantenimiento de la paz en el contexto de la POC. En 2010, el DOMP-DFS elaboró un Concepto operativo de común acuerdo y, cinco años más tarde, se creó la primera Política sobre POC en el mantenimiento de la paz.

Es importante recalcar que el fracaso de la protección de los civiles en el contexto de un conflicto pone en peligro a toda la institución del mantenimiento de la paz al no cumplir el mandato principal, lo que perjudica la credibilidad y la legitimidad del mantenimiento de la paz a diferentes niveles:

  • A nivel estratégico. Perjudica a la imagen de la ONU a los ojos de la comunidad internacional, incluidos los ciudadanos y los votantes de todo el mundo. Esto puede provocar una reducción del apoyo internacional al mantenimiento de la paz, lo que, a su vez, puede repercutir en el apoyo político (renovación del mandato, por ejemplo) y de los donantes.
  • A nivel operativo/táctico. Puede socavar la relación política con el país en cuestión, sumar dificultades relacionadas con el consentimiento del gobierno en cuestión en el país, falta de apoyo entre la población local y percepción de parcialidad de la ONU.
  • A nivel táctico. La «decepción» de la población local puede complicar las tareas operativas, incluyendo la recopilación de información, acercamiento a los principales líderes y la propia seguridad (también cuestiones de protección de la fuerza relacionadas con la protección de la base, patrullaje, observación y otras tareas tácticas).

Nuevos enfoques para el mantenimiento de la paz

Desde la primera misión de paz con mandato POC mencionada anteriormente, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se han enfrentado a una amplia gama de amenazas para los civiles y a entornos operativos cada vez más complejos.

A medida que la naturaleza del mantenimiento de la paz ha ido evolucionando, también lo ha hecho el mandato POC y sus tareas, actividades, funciones y responsabilidades necesarias para llevarlos a cabo. Al mismo tiempo, las elevadas expectativas que se depositan en las misiones para proteger a los civiles suponen un riesgo para la credibilidad de las Naciones Unidas cuando estas expectativas no se cumplen o no se gestionan con eficacia.

Al principio, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se enfrentaron a una orientación estandarizada limitada, a un personal especializado o a herramientas dedicadas a la protección de los civiles. Así, se desarrollaron progresivamente enfoques propios de la POC como las estrategias, capacidades, mecanismos y herramientas.

Desde entonces, gran parte de estos enfoques se han plasmado en políticas, orientaciones y formación y se desarrollan y amplían continuamente mediante el intercambio continuo de mejores prácticas y lecciones aprendidas. Es necesario un proceso de aprendizaje continuo que recoja los retos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en materia de POC para adaptarse a entornos cambiantes.

Los enfoques contemporáneos de la POC implican y dependen de otros muchos aspectos de la planificación de la misión y de las otras actividades encomendadas. En participar, la POC requiere un compromiso político, estratégico y de acción proactiva y preventiva. Se basa también en una planificación y coordinación integradas y eficaces, incluso con el Estado anfitrión, el personal humanitario, la sociedad civil y las comunidades afectadas por el conflicto. Esto, contribuye a garantizar un enfoque integral.

El mandato de protección de la población civil en el mantenimiento de la paz se define como «sin prejuicio de la responsabilidad primordial del Estado anfitrión, las actividades integradas y coordinadas de todos los componentes civiles y uniformados de la misión para prevenir, disuadir o responder a las amenazas de violencia física contra los civiles, dentro de las capacidades y zonas de despliegue de la misión, mediante el uso de todos los medios necesarios, hasta la fuerza letal.»