Un tuit de Jensen Huang ha reabierto el debate sobre si los grandes modelos de IA deben ser de código abierto o cerrado, y las respuestas de Elon Musk y Sundar Pichai han elevado la discusión a otro nivel. Mientras OpenAI y Anthropic defienden el código cerrado, China domina el terreno abierto con DeepSeek y KimiK3. En este artículo, Juan Carlos Pérez Guitián explica cómo, detrás de la disputa técnica, se esconde algo más amplio: una nueva batalla geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de la inteligencia artificial.
De un tiempo a esta parte estamos viendo un debate, que se torna muy interesante, sobre si la IA debería tener código abierto o cerrado. Para ser más exactos, si los grandes modelos de lenguaje o LLMs, como ChatGPT, Claude, Grok, etc. deberían liberar su código o seguir los ejemplos de DeepSeek y KimiK3 publicando y permitiendo acceder al código y su personalización.
El debate se inicia con un tuit de Jensen Huang, en el que se compartía una carta dirigida a los responsables políticos de Estados Unidos donde se pide que no se tomen medidas contra los modelos de código abierto. Aunque SpaceXAI no figura como firmante, Elon Musk respondió a ese tuit que apoya la iniciativa. En el mismo sentido se manifestó más tarde el CEO de Google, Sundar Pichai.
En una primera lectura, la carta parecía más una iniciativa de los suministradores de servidores, chips y actores menos relevantes en la IA. Sin embargo, ese escenario cambia radicalmente al firmar OpenAI y Anthropic y contar con el apoyo de Google y SpaceXAI (Grok).
En la otra parte, la de los modelos abiertos, nos encontramos con dos actores principales: DeepSeek y KimiK3. Es decir, que China está dominando ese ecosistema de código abierto en la IA frente a Estados Unidos que es quién domina el código cerrado en la IA. ¿Europa?, de momento no está.
Lo que no debemos olvidar y, sobre todo, aprender del pasado, es que cuando algo es gratis (Google) es porque el producto eres tú. Más allá de dónde se guarden los datos, si los modelos de código abierto nos crean dudas sobre la gestión y que se hace con los datos (al igual que los de código cerrado), es lógico preguntarse si al final no estaremos ante otra batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. Y eso que en Estados Unidos hay iniciativas de código abierto en marcha como Nemotron de Nvidia y Meta ha anunciado que desarrollará una variante abierta de Muse Spark, uno de sus modelos. Antiguos investigadores de Google DeepMind fundaron una startup llamada Reflection AI que también está apostando por el modelo de código abierto.
Mención aparte serían los problemas de capacidad que está teniendo MoonShot AI (la empresa de KimiK3) para atender todos los requerimientos de capacidad, por lo que ha tenido que limitar su crecimiento y la incorporación de nuevos clientes. Pero tarde o temprano los subsanarán, sobre todo si consigue salir a bolsa y hacer efectiva en capital las actuales valoraciones que se manejan.
Tampoco se pueden ignorar las acusaciones de uso de tecnología no autorizada por Estados Unidos en estos modelos de código abierto de empresas chinas. Parece ser que han usado servidores GB300 (de la serie Blackwell de Nvidia) cuya exportación y uso está prohibida a empresas chinas, pero que estas han conseguido (bien por compra, bien por uso de su capacidad) en países como Tailandia e Indonesia.
Ideas clave como conclusión
Estamos ante una (nueva) batalla geopolítica entre China y Estados Unidos, esta vez a cuenta de los modelos de IA abiertos y cerrados, además de una batalla tecnológica.
La dependencia que tiene China de los chips de IA americanos se está reduciendo a pasos agigantados, gracias a los desarrollos de Huawei y a alguno más en camino que está realizando la propia MoonShot AI para lograr su autosuficiencia.
Cuando algo es gratis el producto serán los datos, no olvidemos lo que ha sucedido con el modelo Google. Esta vez, incluso esa preocupación se puede extender al uso gratuito de modelos de IA cerrados.
Aunque otras iniciativas de código abierto en el pasado, como fueron y son Mozilla y Linux hayan sido un éxito (no olvidemos que buena parte del ecosistema de Android es Linux) aquí estamos hablando de la base de los agentes de IA que están llamados a cambiar y gestionar nuestras vidas de manera muy diferente.
Por último, el mercado. Según GenAI Works, el 84% de los 6.800 personas que componen la humanidad jamás ha usado la IA. Es decir, un horizonte de crecimiento y de negocio muy prometedor para las empresas y para la geopolítica, eso sí, con nuestros datos.
➡️ Si quieres adentrarte en el mundo de la Inteligencia, te recomendamos los siguientes programas formativos:
El Ministerio de Defensa de España ha designado a Jordi Serra del Pino, director del Área de Prospectiva y Estrategia de LISA Institute, como representante nacional en el grupo de trabajo de la OTAN STO SAS-204, dedicado a la formación en prospectiva estratégica para los países miembros de la Alianza.
El nombramiento se hizo oficial el 10 de mayo de 2025, tras la participación previa de LISA Institute en la redacción de un manual de prospectiva para la OTAN, coordinada por Daniel Villegas, director de LISA Institute, y en la que Jordi Serra colaboró aportando contenidos y asesoramiento. Al no disponer de recursos propios suficientes para atender esta petición de la Alianza, el Ministerio de Defensa trasladó la propuesta a LISA Institute, que aceptó participar en esta segunda fase del proyecto.
Esta segunda fase de SAS-204 tiene como objetivo diseñar seminarios de formación en prospectiva para personas de distintos estados miembros de la OTAN. El papel de Jordi Serra consiste en colaborar en la preparación de materiales y en la generación de los contenidos de estos cursos. El primer seminario presencial se celebró en junio de 2026 en Londres, con una valoración muy positiva por parte de los participantes. El grupo de trabajo está coordinado por Reino Unido y cuenta también con representación de la República Checa.
Acerca de LISA Institute
LISA Institute es un centro de formación especializado en seguridad, inteligencia y prospectiva estratégica. Con esta designación, refuerza su papel como referente en la materia y su compromiso con la formación de analistas capaces de anticipar y gestionar la incertidumbre en un entorno geopolítico cada vez más complejo.
¿Quieres formarte en Prospectiva Estratégica?
Si quieres profundizar en esta disciplina y adquirir las competencias que hoy demandan organizaciones como la OTAN, LISA Institute pone a tu disposición:
Si eres una empresa o institución interesada en mejorar su capacidad de anticipación y toma de decisiones estratégica, o quieres una formación a medida para tu equipo, descubre cómo podemos ayudarte en nuestra página para empresas.
Antes de que estalle una crisis, deja pistas dispersas en redes, imágenes satelitales, fuentes humanas y datos sanitarios. En este artículo, Antonio Enrique Peláez Fuertes explica que el verdadero reto no es acumular más información, sino reconocer el momento exacto en que esas señales sueltas empiezan a apuntar en la misma dirección.
Las crisis híbridas rara vez comienzan con su primera manifestación física. Antes pueden generar una huella distribuida entre redes sociales, fuentes abiertas, movimientos geográficos, información humana e indicadores sanitarios. El reto para la inteligencia no consiste únicamente en acumular más datos, sino en detectar cuándo varias señales independientes comienzan a converger. La fusión de OSINT, SOCMINT, GEOINT, HUMINT y MEDINT puede transformar señales débiles dispersas en una alerta temprana útil para anticipar impactos y apoyar la toma de decisiones. La Estrategia de Seguridad Nacional española sitúa precisamente la prevención, la alerta temprana y la preparación frente a estrategias híbridas entre sus líneas de actuación.
Cuando la crisis empieza antes del incidente
Una concentración inesperada de personas, una alteración de una infraestructura crítica, un episodio de violencia colectiva o una presión repentina sobre los servicios sanitarios pueden parecer el comienzo de una crisis. Desde la perspectiva de inteligencia, probablemente no lo sean.
Antes de que el fenómeno alcance el mundo físico pueden existir señales digitales, geográficas, sociales y sanitarias que, observadas aisladamente, resultan ambiguas. Un incremento de determinados mensajes en redes sociales puede ser ruido. Una concentración detectada mediante imágenes puede responder a una actividad ordinaria. Una información procedente de una fuente humana puede no estar suficientemente corroborada. Un aumento de determinada demanda asistencial puede carecer inicialmente de significado estratégico.
Sin embargo, cuando varias de esas señales aparecen simultáneamente, afectan al mismo espacio geográfico y evolucionan en la misma dirección, el escenario cambia. El problema deja de ser la existencia de una señal. El problema pasa a ser su convergencia. La OTAN y el Hybrid CoE han señalado precisamente la dificultad de reconocer campañas híbridas a partir de señales débiles, ambiguas y distribuidas entre instrumentos militares y no militares.
De la señal débil al indicador
No toda información constituye inteligencia y no toda anomalía constituye una amenaza. La primera dificultad consiste precisamente en distinguir entre ruido, señal e indicador.
Una señal débil es una anomalía cuya relevancia todavía no puede determinarse con suficiente confianza. Puede adquirir valor cuando persiste, aumenta de intensidad o aparece relacionada con otras observaciones independientes. Un indicador, por el contrario, debe estar vinculado a una hipótesis o escenario concreto.
Por ejemplo, un incremento puntual de publicaciones relacionadas con una frontera puede carecer de significado. Pero si ese incremento coincide con convocatorias concretas, cambios en los patrones de movilidad, concentraciones geográficas y confirmaciones procedentes del terreno, comienza a adquirir valor de alerta.
Las organizaciones tienden a estructurar la información mediante especialidades. OSINT explota fuentes abiertas; SOCMINT observa dinámicas desarrolladas en redes y plataformas sociales; GEOINT aporta la dimensión geográfica y espacial; HUMINT incorpora información obtenida mediante fuentes humanas; y MEDINT permite interpretar indicadores sanitarios, epidemiológicos y asistenciales con potencial relevancia operacional o estratégica.
Esta especialización es necesaria, pero puede generar un problema: que cada disciplina observe solamente una parte del fenómeno. Las amenazas híbridas pueden combinar simultáneamente instrumentos y dominios distintos, lo que obliga a integrar información para producir alerta y conocimiento situacional.
La pregunta relevante no es únicamente «¿qué está detectando OSINT?», sino «¿qué significa lo que detecta OSINT cuando coincide con lo que están observando SOCMINT, GEOINT, HUMINT y MEDINT?». Ese cambio transforma la recopilación de información en fusión analítica multidominio.
OSINT y SOCMINT: detectar intención, percepción y movilización
El entorno digital constituye actualmente uno de los primeros espacios donde pueden aparecer indicadores. OSINT permite seguir medios de comunicación, publicaciones institucionales, bases de datos, imágenes, vídeos y otros recursos accesibles públicamente. SOCMINT añade una dimensión especialmente relevante: el comportamiento de comunidades digitales.
El incremento anómalo de determinadas palabras clave, la aparición repetida de una narrativa, convocatorias, desplazamientos del discurso entre plataformas o la aparición coordinada de contenidos pueden constituir señales tempranas. La metodología europea frente a la manipulación e injerencia informativa extranjera (FIMI) ha evolucionado hacia el análisis de redes, infraestructuras, tácticas y patrones de comportamiento, precisamente para vincular el análisis con respuestas oportunas [5,6].
Sin embargo, debe evitarse un error frecuente: viralidad no equivale a movilización. Miles de interacciones digitales no implican necesariamente intención o capacidad para producir efectos fuera de las redes. Por ello resulta necesaria la corroboración mediante otros dominios.
GEOINT: cuando el relato empieza a moverse sobre el terreno
La inteligencia geoespacial puede proporcionar una segunda capa de corroboración. Imágenes satelitales, fotografía aérea, cartografía, sensores y otras fuentes georreferenciadas permiten identificar cambios espaciales y temporales.
Una convocatoria detectada mediante SOCMINT adquiere otro significado cuando GEOINT muestra una concentración compatible con ella. Una narrativa sobre movimientos poblacionales adquiere mayor relevancia si comienzan a detectarse desplazamientos reales. Una amenaza contra una infraestructura incrementa su interés analítico cuando aparecen anomalías físicas en su entorno.
Así puede materializarse una transición relevante: señal digital → comportamiento → movimiento físico. Pero la coincidencia temporal no demuestra causalidad y, mucho menos, atribución.
HUMINT: comprender aquello que los sensores no explican
Las fuentes humanas aportan una dimensión diferente. Un sensor puede identificar una concentración; una fuente humana puede aportar contexto sobre por qué se está produciendo.
HUMINT puede contribuir a conocer motivaciones, intenciones, percepciones locales, rumores o cambios de comportamiento difícilmente accesibles mediante medios técnicos. Su valor aumenta cuando permite explicar anomalías observadas por otras disciplinas.
También presenta limitaciones: acceso parcial, percepción subjetiva, sesgos, posibilidad de engaño y problemas de fiabilidad. Por ello, HUMINT no debería interpretarse de forma aislada, sino integrarse dentro de un proceso de corroboración.
MEDINT: la huella sanitaria del fenómeno
Existe otra capa menos utilizada en muchos análisis de seguridad: la sanitaria. Una crisis puede dejar una huella asistencial antes de ser reconocida plenamente como crisis.
Incrementos anómalos de determinadas lesiones, presión sobre servicios de urgencias, cambios epidemiológicos, demanda extraordinaria de recursos, interrupciones asistenciales o deterioro de capacidades sanitarias pueden convertirse en indicadores. La propia Estrategia de Seguridad Nacional contempla la modernización de la vigilancia epidemiológica dentro de su enfoque preventivo.
MEDINT permite interpretar estos datos no solo desde una perspectiva clínica, sino operacional. En determinados escenarios, hospitales, emergencias, atención primaria, laboratorios, farmacias y sistemas de vigilancia epidemiológica funcionan como una red distribuida de sensores sobre la población. La cuestión analítica consiste en determinar cuándo una alteración sanitaria deja de ser exclusivamente asistencial y comienza a aportar información sobre un fenómeno de seguridad más amplio.
La convergencia multidominio de indicadores
Podemos definir la convergencia multidominio de indicadores como la coincidencia temporal, geográfica y funcional de indicadores parcialmente independientes procedentes de diferentes disciplinas, cuya integración incrementa el valor de alerta respecto a su análisis aislado.
Imaginemos una secuencia hipotética: SOCMINT detecta un incremento anómalo de mensajes y una convocatoria; OSINT identifica cambios relacionados en fuentes abiertas; GEOINT muestra concentraciones o movimientos compatibles; HUMINT aporta contexto sobre el terreno; y MEDINT registra una presión asistencial asociada. Cada elemento individual admite explicaciones alternativas. Su aparición conjunta reduce progresivamente algunas hipótesis y fortalece otras.
Este enfoque es coherente con los modelos de alerta frente a amenazas híbridas, que requieren observar una diversidad de instrumentos y actores y comunicar las advertencias de manera oportuna.
Del indicador al umbral
Acumular indicadores tampoco es suficiente. Es necesario establecer umbrales que permitan traducir información heterogénea a una valoración comprensible para el decisor.
Un modelo básico podría valorar cinco dimensiones: intensidad, persistencia, convergencia, fiabilidad e impacto potencial. La intensidad mide cuánto se desvía la señal respecto a su comportamiento habitual; la persistencia, durante cuánto tiempo se mantiene; la convergencia, cuántas disciplinas independientes detectan fenómenos compatibles; la fiabilidad, qué confianza merecen fuentes e información; y el impacto potencial, qué consecuencias tendría el escenario si se materializara.
La finalidad no es automatizar la decisión, sino estructurar el razonamiento que la precede. NATO ha desarrollado procesos e indicadores de alerta temprana para mejorar la identificación rápida de actividades híbridas y facilitar opciones de respuesta.
Ceuta como ejemplo de entorno de alerta temprana
Ceuta constituye un escenario especialmente útil para comprender este modelo por su condición fronteriza, su posición geográfica, la proximidad con Marruecos, los movimientos migratorios, la actividad marítima y su limitada profundidad territorial.
Una narrativa difundida en redes sobre una supuesta oportunidad fronteriza podría constituir inicialmente una señal SOCMINT. La aparición de convocatorias concretas aumentaría su relevancia. La detección de desplazamientos hacia determinados puntos aportaría una dimensión GEOINT. Información procedente del terreno podría corroborar cambios de comportamiento. Finalmente, un aumento de rescates, asistencias sanitarias o presión sobre determinados dispositivos proporcionaría indicadores MEDINT.
La cuestión no consiste en afirmar automáticamente que existe una operación híbrida. Consiste en reconocer que la convergencia de indicadores permitiría detectar antes la evolución del fenómeno. La atribución constituye una fase analítica diferente y exige evidencia adicional sobre actores, intención, coordinación y patrones de comportamiento. Confundir alerta con atribución es uno de los errores más peligrosos del análisis de amenazas híbridas.
Inteligencia artificial: encontrar patrones dentro del ruido
El volumen de información disponible hace imposible que todo el proceso dependa exclusivamente del análisis humano. La inteligencia artificial puede contribuir a detectar anomalías, identificar cambios de tendencia, agrupar contenidos y relacionar variables geográficas y temporales. La Estrategia de Seguridad Nacional incorpora expresamente el empleo de tecnología e inteligencia artificial entre sus objetivos de planeamiento integrado.
Pero la IA introduce riesgos. Un algoritmo puede encontrar correlaciones estadísticamente significativas sin significado operacional, amplificar sesgos o generar falsos positivos. El modelo adecuado no debería ser «IA → decisión», sino «IA → detección → analista → contextualización → hipótesis → decisor». La tecnología debe aumentar la capacidad analítica, no sustituir el juicio.
El enemigo del sistema: el falso positivo
Todo sistema de alerta temprana enfrenta un equilibrio inevitable. Si sus umbrales son demasiado sensibles, producirá demasiadas alertas; si son demasiado restrictivos, puede detectar la crisis cuando ya sea tarde.
El exceso de alertas genera fatiga de alarma. Además, una vez formulada una hipótesis, el analista puede interpretar cada nueva señal como evidencia favorable. Por ello, cualquier sistema de convergencia multidominio debería incorporar hipótesis alternativas y buscar activamente evidencia que pueda refutar la hipótesis principal.
La alerta temprana eficaz necesita sensibilidad, pero también disciplina analítica.
De la información a la decisión
España ha orientado su Sistema de Seguridad Nacional hacia una gestión preventiva e integrada de crisis. El DSN apoya al Comité de Situación mediante la integración y análisis de información procedente de autoridades y organismos, la alerta temprana, el seguimiento y el asesoramiento técnico preventivo.
El desafío consiste en transformar esos principios en arquitecturas capaces de integrar información procedente de múltiples organismos y dominios. El decisor no necesita recibir todas las señales. Necesita conocer qué está cambiando, qué puede significar, con qué nivel de confianza, qué podría ocurrir después y cuánto tiempo queda para actuar.
Ese es el verdadero producto de inteligencia: no más información, sino menos incertidumbre.
Conclusión: anticipar antes que reaccionar
Las crisis contemporáneas generan enormes cantidades de datos. Paradójicamente, disponer de más información no garantiza comprender antes lo que está ocurriendo. La ventaja aparece cuando somos capaces de detectar relaciones entre señales aparentemente independientes.
Una narrativa digital puede anticipar una movilización. Una anomalía geográfica puede confirmar que esa movilización ha comenzado. Una fuente humana puede explicar su intención. Y una alteración sanitaria puede demostrar que el fenómeno ya está produciendo consecuencias sobre la población.
Por separado, cada señal puede parecer ruido. Fusionadas, pueden constituir una alerta.
Por ello, la inteligencia del futuro no dependerá exclusivamente de desarrollar mejores sensores o recopilar mayores cantidades de información. Dependerá de nuestra capacidad para fusionar dominios, reconocer convergencias y convertir señales débiles en tiempo para decidir.
Porque el valor de la inteligencia no reside únicamente en descubrir qué está ocurriendo. Reside en identificar qué está a punto de ocurrir antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
Propuesta de niveles de alerta
Nivel
Lectura
Criterio orientativo
VERDE
Actividad basal
Sin anomalías significativas.
AMARILLO
Señal emergente
Indicadores aislados que requieren vigilancia.
NARANJA
Convergencia
Varias disciplinas detectan indicadores compatibles.
ROJO
Materialización probable o en curso
Corroboración elevada y efectos físicos observables o altamente probables.
➡️ Si quieres adentrarte en el mundo de la Inteligencia, te recomendamos los siguientes programas formativos:
En este artículo, Camila Gallo explica que para comprender las restricciones que hoy enfrentan millones de mujeres y niñas afganas es indispensable reconstruir el proceso histórico que condujo al ascenso inicial de los talibán y a su posterior retorno al poder. Desde la invasión soviética hasta la formación del movimiento en las madrazas paquistaníes, cada etapa fue moldeando su ideología. Su regreso al poder en 2021 no representa un exceso aislado, sino la culminación de un proyecto político. Entender ese origen es clave para dimensionar el «apartheid de género» que hoy denuncia la comunidad internacional.
Afganistán: una encrucijada geográfica e histórica
Afganistán se ubica en Asia Central, carece de salida al mar y limita con Irán, Pakistán, China, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Su posición geográfica estratégica lo ha convertido, desde la antigüedad, en un punto de conexión entre Medio Oriente, Asia Central y el subcontinente indio, funcionando históricamente como un corredor de intercambio comercial, cultural y militar entre Oriente y Occidente. Esta ubicación favoreció que, a lo largo de los siglos, el territorio afgano fuera incorporado sucesivamente a distintos imperios, entre ellos el persa, el babilónico y el macedonio bajo el liderazgo de Alejandro Magno. El paso de estas potencias dejó una profunda impronta en el desarrollo histórico y cultural de la región, contribuyendo a la conformación de una sociedad caracterizada por una amplia diversidad étnica.
En el siglo VII, la conquista árabe introdujo el islam en Afganistán, que gradualmente se consolidó como la religión predominante. Desde entonces, el islam ha desempeñado un papel central en la configuración de la identidad, la cultura, las instituciones y la organización social del país, constituyéndose en uno de los principales elementos que explican su evolución histórica.
Durante el siglo XIX, el país consolidó su autonomía como emirato en un contexto de disputas entre los imperios británico y ruso, y en 1919 obtuvo su independencia plena del Reino Unido, iniciando una etapa de construcción estatal marcada por sucesivos cambios políticos. Sin embargo, la estabilidad fue breve, ya que el golpe de Estado de 1973 puso fin a la monarquía y, pocos años después, la instauración de un gobierno comunista condujo a la invasión soviética de 1979, dando inicio a un prolongado conflicto armado.
De la invasión soviética al surgimiento del Talibán
La invasión soviética representó un punto de inflexión en la historia contemporánea del país. A pesar de su amplia superioridad militar, no lograron imponerse sobre la resistencia afgana. Su principal adversario fueron los muyahidines, un conjunto de guerrillas descentralizadas integradas principalmente por agricultores, campesinos y líderes locales que carecían de una estructura de mando unificada, lo cual dificultaba cualquier intento de negociación política y les permitía actuar con gran flexibilidad en el terreno. Aprovechando la compleja geografía, los muyahidines desarrollaron su estrategia basada en ataques rápidos en zonas montañosas, donde contaban con ventaja, para luego refugiarse en regiones de difícil acceso. En el contexto de la Guerra Fría, recibieron un importante respaldo de Estados Unidos, que les suministró armamento y financiamiento con el objetivo de debilitar a la Unión Soviética, fortaleciendo considerablemente su capacidad militar.
Ante la dificultad para diferenciar a los combatientes de la población civil, las fuerzas soviéticas comenzaron a atacar indiscriminadamente a ambos por igual, sobre todo en áreas rurales, donde sospechaban que los guerrilleros encontraban refugio y apoyo logístico. Esta estrategia buscaba, además, desplazar a la población hacia los centros urbanos donde tenían el control, para así poder aislar a la insurgencia. Como consecuencia, millones de afganos abandonaron el país, principalmente mujeres y niños que buscaron refugio en Pakistán. El recorrido de estos niños refugiados constituye uno de los elementos centrales para comprender los acontecimientos que marcarían el futuro político de Afganistán, lo cual desarrollaremos más adelante.
En los campos de refugiados establecidos en Pakistán comenzaron a surgir distintas facciones que afirmaban combatir por la liberación de Afganistán. Desde allí se organizaron redes de reclutamiento, entrenamiento y provisión de armamento para los muyahidines, al tiempo que empezaron a difundirse interpretaciones cada vez más extremas del islam, que con el paso del tiempo fueron normalizándose entre algunos sectores de la población refugiada. En 1988, la Unión Soviética inició su retirada de Afganistán y, en 1992, los muyahidines tomaron Kabul, poniendo fin al gobierno respaldado por Moscú. Sin embargo, la victoria no trajo estabilidad. Las diferentes facciones comenzaron a enfrentarse entre sí por el control político y territorial del país, dividiendo la capital en zonas de influencia y desencadenando una nueva guerra civil que profundizó la crisis afgana.
Como se anticipó anteriormente, el destino de los niños refugiados resultó decisivo para la historia de Afganistán. Muchos de los menores que habían huido durante la guerra crecieron en campos de refugiados de Pakistán y fueron educados en madrazas (escuelas religiosas islámicas), donde recibieron enseñanza gratuita impartida por clérigos bajo una interpretación estricta del islam, influenciada por el wahabismo (corriente reformista del islam sunita surgida en el siglo XVIII), aislada de otras corrientes de pensamiento y de noticias del exterior. En un contexto marcado por la pobreza, el desplazamiento y la falta de oportunidades, estas escuelas representaron para muchos refugiados la principal o una de las pocas alternativas de educación y de mejora de sus condiciones de vida. Estos estudiantes, —talib significa «estudiante»—, conformaron el núcleo del movimiento talibán, que comenzó a organizarse a principios de la década de 1990.
Para una población agotada por años de guerra y por los enfrentamientos entre los propios muyahidines, los Talibán comenzaron a representar una alternativa capaz de restablecer el orden y la seguridad. Con el apoyo del servicio de inteligencia pakistaní, que le proporcionó recursos y asistencia, el movimiento adquirió rápidamente capacidad militar, lo que sentaría las bases para que luego regresaran a Afganistán, desplazaran progresivamente a las distintas facciones muyahidines y en el año 1996 tomaran Kabul, instaurando un régimen basado en una interpretación estricta de la sharia y estableciendo el Emirato Islámico de Afganistán. En paralelo al surgimiento del talibán se consolidó Al Qaeda, organización integrada por combatientes que también habían participado en la resistencia contra la ocupación soviética. No obstante, mientras el objetivo de los talibán es controlar y gobernar Afganistán, Al Qaeda persigue un proyecto de alcance internacional orientado a expandir la yihad, un concepto islámico que originalmente alude al esfuerzo espiritual del creyente, pero que la organización reinterpretó como una lucha armada de alcance global para así imponer un califato.
Tras la llegada del régimen talibán al poder en 1996, ambas organizaciones establecieron una alianza mediante la cual se le ofreció refugio a Al Qaeda en territorio afgano, mientras estos últimos brindaran apoyo financiero y mantuvieran su lealtad al nuevo gobierno. Esta asociación tuvo profundas repercusiones internacionales. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atribuidos a Al Qaeda, Estados Unidos exigió la entrega de Osama bin Laden, líder de la organización, y ante la negativa, inició el 7 de octubre de 2001 una intervención militar, a la que posteriormente se sumó la OTAN mediante una misión internacional de seguridad, con el objetivo de desmantelar Al Qaeda y poner fin al régimen talibán. La ofensiva logró desplazar rápidamente al régimen del poder e instalar un nuevo gobierno afgano con el respaldo de la comunidad internacional. Durante las dos décadas siguientes, Estados Unidos mantuvo una importante presencia militar y destinó numerosos recursos a la reconstrucción del Estado afgano, el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad y la promoción de instituciones democráticas. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron consolidar un gobierno estable ni eliminar la influencia de los talibán, que se reagruparon principalmente en zonas fronterizas con Pakistán y mantuvieron una prolongada insurgencia.
Tras casi dos décadas de intervención, el elevado costo humano y económico del conflicto, sumado al estancamiento de la guerra y a la ausencia de una victoria militar definitiva, llevó a la administración estadounidense a negociar su retirada. En febrero de 2020, Estados Unidos y los talibán firmaron el Acuerdo de Doha, que establecía un cronograma para la retirada de las tropas estadounidenses a cambio del compromiso del movimiento de impedir que Afganistán volviera a ser utilizado como base para organizaciones terroristas internacionales. Finalmente, en agosto de 2021, tras la retirada definitiva de las fuerzas internacionales, el gobierno afgano colapsó y los talibán recuperaron el control de Kabul prácticamente sin resistencia, restableciendo el Emirato Islámico de Afganistán.
Las mujeres bajo el emirato islámico
Para comprender las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas, es necesario entender la concepción del islam que sostiene el movimiento. El régimen afirma fundamentar sus decisiones en la aplicación de la sharía, la ley islámica derivada principalmente del Corán y de la Sunna (las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma), cuyo propósito es orientar la vida religiosa, moral y jurídica de los musulmanes. Sin embargo, la sharía no constituye un cuerpo normativo único ni posee una interpretación uniforme dentro del islam. A lo largo de la historia han surgido distintas escuelas jurídicas y corrientes de pensamiento que ofrecen interpretaciones diversas sobre su aplicación. En el caso de los talibán, numerosos especialistas coinciden en que su visión no responde exclusivamente a una interpretación de la sharía, sino a una combinación de elementos religiosos, culturales y tribales. Su ideología se nutre de la corriente deobandi del islam sunita, de influencias rigoristas asociadas al wahabismo y del pashtunwali, un antiguo código de conducta propio del pueblo pastún, grupo étnico mayoritario en Afganistán del que provienen la mayoría de sus dirigentes. El pashtunwali establece normas tradicionales vinculadas al honor, la autoridad familiar, la resolución de conflictos y los roles de género, otorgando a la mujer un lugar predominantemente doméstico y subordinado al varón. Como resultado, los talibán interpretan la sharía a la luz de estas tradiciones tribales según su conveniencia para cada situación, configurando un modelo de organización social especialmente restrictivo respecto del papel de la mujer en la vida pública.
Esta interpretación se ha reflejado en los gobiernos talibán mediante la imposición de un estricto código de vestimenta y un amplio conjunto de restricciones que limitan el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo, a la libertad de circulación y a otros derechos fundamentales.
Aunque dentro del propio talibán coexistieron posturas divergentes respecto de la política hacia las mujeres, algunos sectores, como la Red Haqqani, promovían una mayor flexibilidad con el objetivo de facilitar el reconocimiento internacional del nuevo gobierno, postura que no respondía a una convicción sobre la ampliación de derechos, sino a una estrategia de pragmatismo político. No obstante, prevaleció la línea del actual líder supremo Hibatullah Akhundzada, quien priorizó la aplicación de una interpretación estricta de los principios ideológicos del movimiento, aun a costa de profundizar el aislamiento internacional del régimen.
La combinación entre el honor tribal del pashtunwali, el rigorismo del deobandismo y las influencias wahabíes no constituye un mero marco doctrinario, sino que se traduce en políticas concretas que excluyen sistemáticamente a las mujeres de la vida pública. Desde 2021, millones de niñas han quedado privadas del acceso a la educación secundaria y universitaria, las mujeres han visto restringido su derecho al trabajo, a la libre circulación y a participar en espacios públicos, mientras su vestimenta y comportamiento permanecen sometidos a un estricto control estatal. Ante la imposibilidad de proyectar un futuro dentro del país, muchas han optado nuevamente por el exilio, reproduciendo décadas después el mismo recorrido que, durante la invasión soviética, emprendieron quienes años más tarde darían origen al propio movimiento talibán y gobernarían Afganistán.
Esta situación no ha pasado inadvertida para la comunidad internacional. En 2023, relatores especiales de la ONU calificaron el trato talibán hacia las mujeres como un posible «apartheid de género», una figura que busca capturar jurídicamente lo que las categorías tradicionales de discriminación no alcanzan a describir, un sistema de gobernanza que institucionaliza la exclusión de un género completo de la esfera pública. Pese a las condenas reiteradas y a los llamados a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, el régimen ha profundizado sus restricciones antes de revertirlas.
Comprender el entramado histórico e ideológico que dio origen a los talibán no es justificar lo que hoy ocurre con las mujeres afganas, sino entender que se trata de la culminación de un proyecto político, no de un exceso aislado. Y es precisamente por ello que su reversión difícilmente dependa únicamente de la presión internacional, sino también de un cambio en el proyecto político e ideológico sobre el que el propio régimen ha construido su gobierno, una posibilidad que, al menos por el momento, parece improbable.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos:
Un colectivo de hackers con historial verificado filtró 70.000 nombres de los servicios secretos marroquíes en plena tensión por Ceuta y Melilla. En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligenciade LISA Institute, analiza el origen de la filtración y los indicadores para valorar su credibilidad.
La filtración parece ser masiva, la fuente es anónima y verificarla por medios abiertos resulta prácticamente imposible. Antes de valorar el contenido, conviene rastrear de dónde sale esta historia y quién la contó primero.
Un actor con historial, no un desconocido
Jabaroot no aparece de la nada. El nombre surgió en abril de 2025 con el ataque a la Seguridad Social marroquí (CNSS), que expuso datos de dos millones de afiliados. Le siguieron la nómina de 3.400 empleados de los palacios reales y documentos patrimoniales de figuras como el ministro Nasser Bourita o el jefe de la inteligencia exterior, Yassine Mansouri. Todo aquello resultó auténtico, lo que explica por qué su nueva amenaza se tomó en serio desde el principio. En septiembre de 2025, el propio Palacio Real destituyó al responsable de ciberseguridad del Estado; la prensa española lo relacionó con las filtraciones, aunque Rabat lo presentó como un simple relevo técnico.
El mapa cronológico: de la investigación periodística al hackeo
Para tratar de arrojar algo de luz sobre esta operación, conviene rastrear no solo a Jabaroot, sino lo que ocurrió antes. El 12 de agosto, El Confidencialpublicó una investigación de Ignacio Cembrero, basada en dos exagentes marroquíes exiliados, que señalaba al consejero Fouad Ali El Himma y al jefe de los servicios Abdellatif Hammouchi como responsables de dejar pasar la avalancha migratoria hacia Ceuta, en represalia por una serie de catorce artículos publicados en julio sobre las prácticas de sus servicios secretos. Jabaroot recogió esa misma narrativa casi palabra por palabra.
Desde el 7 de agosto, el grupo exigía en Telegram disculpas oficiales, luto nacional y la suspensión de las elecciones marroquíes del 23 de septiembre. El 19 de agosto elevó la apuesta: amenazó con publicarlo todo y subió los datos de una veintena de agentes como prueba. Euronewsfue de los primeros en internacionalizar la amenaza. Telegram cerró el canal original, pero en seis días Jabaroot abrió uno nuevo y, el 24 de agosto, volcó las bases de datos completas con 70.380 nombres. Ese mismo día lo recogieron Infobae y el medio especializado en ciberseguridad Escudo Digital, que catalogó la operación como #OP_CEUTA. Los días siguientes llegaron los análisis de radio (COPE), las piezas de investigación de El Independiente y The Objective, y ya el 26 de agosto, El Mundo. Al parecer, la noticia nació en la prensa especializada y digital, y tardó varios días en alcanzar a las cabeceras generalistas.
El límite de las fuentes abiertas
Con lo disponible públicamente, resulta casi imposible determinar cuántos de esos 70.000 registros son reales. Ya existe un indicio parcial: The Objective cruzó la lista con el registro oficial de diplomáticos en España y encontró cinco coincidencias en la embajada marroquí de Madrid, con edades y trayectorias verificables. Pero que existan datos verificables no valida la totalidad del conjunto, y Marruecos ha negado oficialmente que sus sistemas fueran vulnerados.
Indicadores a vigilar en los próximos meses
Ante la imposibilidad de verificación inmediata, conviene fijar señales de medio plazo. Primero, movimientos de personal en embajadas y consulados marroquíes, similares al cese del jefe de ciberseguridad en 2025. Segundo, detenciones o expulsiones de personas vinculadas a los servicios marroquíes, tanto en España como en Francia u otros países europeos. Tercero, conviene continuar analizando la fiabilidad de Jabaroot. Si el grupo cumple, o no, sus nuevas amenazas, en particular los supuestos datos de Pegasus sobre Pedro Sánchez y las órdenes del operativo de Castillejos. Cumplirlas reforzaría su credibilidad; no hacerlo apuntaría a una estrategia más cercana a la intoxicación y la presión psicológica que a la filtración sistemática de datos reales al cien por cien. Marruecos ya ha dado una primera señal de nerviosismo al plantear la suspensión del tratado de extradición con España.
Mientras esos indicadores no se confirmen, lo más honesto es tratar la cifra de 70.000 como lo que es, una afirmación verosímil por el historial de quien la hace, pero no una certeza. En inteligencia de fuentes abiertas, rastrear el origen de una noticia y esperar su confirmación debe ser parte de la metodología.
➡️ Si quieres adentrarte en el mundo de la Inteligencia, te recomendamos los siguientes programas formativos:
Elon Musk asegura que en pocos años la inteligencia artificial hará innecesario el trabajo humano. Pero su relato deja sin resolver quién controla la producción, qué pasa mientras tanto con quienes pierdan su ingreso, y qué le ocurre a una sociedad que deja de necesitar pensar. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, Ingrid Amador, analiza los puntos ciegos de esa promesa.
El 20 de julio de 2026, en la Gigafactory de Tesla en Texas, Zanny Minton Beddoes grabó para The Economist la primera entrevista larga de Elon Musk tras la salida a bolsa de SpaceX. Ochenta y cinco minutos. De todo lo que dijo, una predicción ha circulado más que ninguna otra, seguramente por lo fácil que resulta resumirla: en unos cinco años la inteligencia artificial superaría la suma de la inteligencia humana, en 2036 el dinero habría dejado de importar y trabajar sería opcional. Musk lo formula con esas palabras. «El trabajo va a ser opcional».
Conviene recorrer el argumento completo antes de discutirlo.
Dos inteligencias
Cuando construye su economía del futuro, Musk no habla solo de inteligencia artificial. Distingue entre inteligencia digital e inteligencia física. La digital es la que ya existe, avanza cada semana y sigue confinada a su plano porque le faltan efectores finales, manos con las que actuar. La física es esa misma inteligencia manifestada en materia: robots humanoides con algo de inteligencia local para los reflejos, gobernados por un modelo grande que vive fuera de ellos, en un centro de datos. Sumadas las dos, sostiene, se obtiene una economía prácticamente ilimitada. Y si la producción no tiene techo, la escasez que el dinero administra desaparece.
Beddoes le recuerda que los robots humanoides todavía no tienen esa capacidad. Musk lo admite y mantiene el mismo plazo.
¿De qué vive la gente?
Si los robots hacen el trabajo, ¿de qué vive quién lo pierde? Beddoes lo pregunta tres veces, con palabras distintas. Musk responde que el Tesoro emita cheques. Ella objeta lo evidente, que repartir dinero sin más genera inflación. Él contesta que muchas de las categorías con las que pensamos hoy dejarán de ser pertinentes, la inflación no es más que la proporción entre dinero y bienes, de modo que si la producción crece de forma extrema, se puede crear dinero, no imprimirlo. Puede anotarse en la base de datos, siempre que esa creación vaya por debajo del crecimiento de la producción. Su pronóstico es el inverso del que ella teme. «La deflación será el problema, no la inflación». Sobre impuestos, añade que ya paga mucho y que en un futuro donde el dinero es irrelevante, la tributación también lo será.
El trabajo, entonces, queda como afición. Metafóricamente, lo compara con cultivar tomates en el jardín: nadie lo necesita, cualquiera los compra hechos, y aun así hay quien los planta porque le gusta, aunque le salgan peores.
El ritmo del desplazamiento
Musk admite que el camino será accidentado. Desde el software ya sitúa a la máquina por encima del noventa por ciento de los profesionales, camino de lo que llama nivel Stockfish, el motor de ajedrez que gana a cualquier campeón desde un teléfono. Extiende eso al resto de oficios. «La IA podrá hacer cualquier trabajo mejor que cualquier persona«. Su precedente histórico es la palabra computer, que antes designaba a personas calculando a mano en edificios enteros, con la salvedad, dice, de que ahora el cambio va mucho más rápido.
Los límites materiales
El propio Musk describe con precisión los cuellos de botella. Fuera de China, electricidad, refrigeración y equipamiento eléctrico. Dentro de China, chips. Además, sostiene que China ya produce más electricidad que Estados Unidos, Europa e India juntos y que está más cerca de resolver la litografía de lo que se cree. De ahí su interés en llevar centros de datos a la órbita.
Poder y control
Beddoes le presiona sobre su control accionarial tras la salida a bolsa y sobre el riesgo de hombre clave. Se compara con Alphabet y Meta y defiende que ese control le permite invertir a diez años sin la presión del trimestre. Sobre quién manda en última instancia, responde que sería vanidad creer que él dirigirá a una superinteligencia. Al final de la conversación, preguntado por sus predicciones, invoca el efecto Casandra, invoca que no es infalible, pero que «mi promedio de acierto es muy alto para un humano», y que lo que anuncia se cumplirá aunque quizá no en el plazo exacto que calculó.
Lo que la entrevista deja sin resolver
El escenario deja tres vacíos.
La primera es la travesía. Entre el desplazamiento y la producción ilimitada media un intervalo que nadie ha fechado, presupuestado ni asignado a ninguna institución, y el cheque del Tesoro es todo lo que se ofrece para cubrirlo. El precedente que él mismo elige podría jugar en su contra, pues la sustitución de los calculistas tardó décadas y dio tiempo a que nacieran oficios nuevos, mientras que su tesis central es que ahora el ritmo se ha disparado. El ingreso se pierde primero. La abundancia, si llega, llega después.
El segundo es la propiedad, Beddoes lo intenta tres veces. Le pregunta si venderá los robots o producirá con robots que controla, y él se desvía hacia el control de la inteligencia artificial, como ya se mencionó anteriormente, sería vanidad, dice, creer que dirigirá a una superinteligencia. Le pregunta si harán falta impuestos altos sobre el capital, y llega la respuesta de los cheques. Le pregunta por repartir participaciones, algo parecido al fondo soberano de Alaska, y responde lo único concreto de todo el bloque: sacó SpaceX a bolsa para que el público pudiera comprar una parte, porque como empresa privada estaba limitada a unos pocos miles de accionistas.
Cuando ella insiste, deriva hacia lo que paga en impuestos y termina diciendo que su participación solo le sirve para dirigir sus empresas un tiempo, hasta que la inteligencia artificial sea tan capaz que mande ella. En ese punto, añade, controlar empresas dejará de importar. La pregunta no se responde. Es el mismo movimiento que hace con el dinero y con los impuestos, tres asuntos que se disuelven en el futuro en lugar de resolverse en el presente. Y hay algo más, implícito en lo que él mismo describió. Si el robot depende de un modelo que corre en un centro de datos ajeno, comprarlo no es adquirir una máquina, sino contratar un servicio. Quien fabrica y entrena el modelo conserva la capacidad productiva; quien compra el robot obtiene el uso mientras dure el contrato. Y decidir qué significa poseer algo en esas condiciones es una tarea del presente, no del futuro.
El tercero, una economía que se presenta como casi ilimitada y que a la vez depende de megavatios, refrigeración y obleas de silicio, no es ilimitada. Es una economía con recursos escasos y, por tanto, con disputa por ellos.
Queda el mecanismo que sostiene todo lo anterior. Una predicción que se cumplirá aunque no sea en el plazo previsto no puede equivocarse: si ocurre, acertó; si no ocurre, fue cuestión de los tiempos. Un escenario prospectivo hace lo contrario. Se somete a indicadores observables, fija puntos de quiebre y nombra qué lo invalidaría. Esa exigencia no es la misma en todos los horizontes. En lo inmediato, se verifica con datos, con lo que ya está ocurriendo y puede medirse. Más allá, lo que se pone a prueba no es el dato, sino el supuesto que sostiene la proyección. Y en el horizonte más lejano, el trabajo consiste en reconocer lo que no se puede saber y decirlo. Ahí está la frontera entre anticipar y profetizar. La profecía se blinda contra la refutación.
Respecto al vocabulario, Musk describe una economía entera, con su motor y su producto, sin nombrar a una sola persona. No aparecen trabajadores, ni consumidores, ni ciudadanos. Los humanos entran después, y entran en dos papeles: receptores de un cheque y aficionados a la huerta. El léxico había repartido los papeles antes de que llegara la pregunta.
Vale la pena señalar también lo que le ocurre a quien insiste en esa pregunta. Beddoes vuelve sobre el coste social y la concentración de poder, y no recibe una respuesta, sino una descalificación personal. «Usted vive una existencia enclaustrada», le dice. Más adelante, preguntado por lo que la gente entiende mal de él, responde que rebobine los últimos veinte minutos.
Hay algo más que la promesa deja sin decir. El trabajo nunca fue solo un ingreso. Es donde se aprende un oficio, donde se acumulan errores que enseñan, donde aparece la ambición de hacer algo mejor que ayer y donde se ejercita el criterio al tener que decidir. Quitarle la condición de necesidad no deja intactas esas otras funciones, las deja huérfanas. Musk lo resuelve con la huerta: el trabajo será una afición. Y ahí está una de las posibles causas más discutibles de la conversación, porque una afición, a priori, no forma a nadie, no organiza una vida y no sostiene la ambición de una sociedad entera
Conviene notar, además, quién elige esa metáfora. Alguien que trabaja dieciocho horas al día, que dirige seis empresas y que define su vida por lo que construye, describe el futuro del resto como un pasatiempo de jardín. Nadie está renunciando al trabajo en esta historia; se está prescindiendo del trabajo ajeno. Y si la máquina piensa mejor y decide mejor, la pregunta deja de ser económica y pasa a ser antropológica. ¿Qué educación tiene sentido cuando el conocimiento ya no da ventaja? ¿Qué mueve a alguien que no necesita nada? ¿Qué criterio desarrolla quien nunca tuvo que equivocarse? Una sociedad que deja de necesitar pensar no conserva la capacidad de hacerlo por gusto. La pierde. ¿Qué valor tendría ese cheque contra lo perdido?
De modo que hay una serie de preguntas que quedan abiertas. ¿Quién decidió que el debate consistiera en acertar la fecha y no en discutir quién se queda con lo que producen las máquinas? ¿Qué le ocurre a una sociedad que acepta como inevitable un futuro que ninguna institución sometió a votación? Beddoes cuestionó el escenario y terminó siendo el problema de la conversación: ¿qué le queda al criterio propio cuando discrepar se lee como ignorancia? Y si la respuesta al desplazamiento es un cheque, ¿quién fija el importe, quién puede discutirlo y qué le sucede a quien lo discute?
La entrevista abre además una línea que excede el alcance de este análisis, el papel que cumplen las redes sociales, la desinformación y la manipulación en la disposición de una sociedad a aceptar futuros sobre los que no ha deliberado.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos:
El 25 de agosto, el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en Moscú. Estos datos no trataron de ocultarse: el vuelo se dejó rastrear, fotografiar y geolocalizar desde el primer minuto. En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, analiza cómo, en inteligencia, cuando algo tan sensible se vuelve tan visible, la visibilidad misma es parte del mensaje.
El contexto: una zona gris cada vez más activa
La visita llega en un momento de escalada híbrida sostenida, la misma zona gris que ya empuja a Europa a reforzar sus capacidades de vigilancia. Según el Centro de Seguridad Sahaidachnyi ucraniano, citado por The Wall Street Journal, el ritmo de incidentes atribuidos a Rusia en Europa ha subido a unos quince mensuales desde abril, frente a un máximo de diez en la mayoría de meses desde 2024. La panoplia de acciones varía desde las incursiones de drones en espacio aéreo aliado, cables submarinos dañados en el Báltico, interferencias GPS y sabotajes. Washington señala al GRU, la inteligencia militar rusa, como responsable de las operaciones más agresivas. La OTAN ha respondido con Baltic Sentry y Eastern Sentry, pero la situación continúa intensificándose.
El viaje: primera visita de un director de la CIA desde 2021
Ratcliffe voló en un C-17 Globemaster III desde la base aérea de Andrews, hizo escala en Riga, capital de Letonia, y aterrizó en Vnukovo, donde permaneció unas ocho horas y media. Es la primera visita de un director de la CIA a Rusia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó para advertir a Putin sobre la inminente invasión de Ucrania, sin éxito. Washington pidió a Kiev que suspendiera los ataques con drones y misiles sobre Moscú durante esos días, a lo que Ucrania accedió. El Kremlin en primera instancia negó tener información sobre el vuelo. Un día después, Peskov confirmó el contacto, «a nivel de servicios de inteligencia», sin la presencia de Putin, aunque este fue informado. El jefe del SVR, Sergei Naryshkin, confirmó un encuentro «de trabajo».
Una señal que Washington sabía que estaba lanzando
Nada de esto encaja con una operación discreta. El avión pudo hacer escala en cualquier otro punto, incluida Alemania. Se deduce que la elección de Riga, una capital báltica, en pleno debate sobre si Rusia podría poner a prueba el artículo 5 de la OTAN contra uno de esos tres países, difícilmente es casual. A ello se suma que la confirmación llegó por filtraciones controladas a medios como CBS, Axios, CNN o The Washington Post, citando siempre a funcionarios anónimos. Washington fomentó, o al menos permitió que la noticia circulara, no que se filtrara.
The Wall Street Journal fue el primer medio en dar una razón: fuentes conocedoras del viaje aseguraron que Ratcliffe acudió a advertir a Moscú contra un ataque a un país de la OTAN, después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Putin podría poner a prueba la Alianza con una acción limitada contra un miembro báltico, en un contexto de bajas rusas que rondan el 1,4 millones y una posible movilización de 600.000 soldados adicionales. The Washington Post, días después, añadió un matiz distinto: la advertencia se habría centrado en que Rusia no interprete la guerra de Irán como una señal de debilidad estadounidense, y que escalar en Ucrania acercaría a Trump a Zelenski. Trump, por su parte, calificó públicamente el viaje de «semirutinario» y negó que buscara advertir a Putin sobre un ataque a la OTAN.
Lo que no se puede saber, y lo que conviene vigilar
Ni siquiera las versiones más detalladas coinciden del todo, como es lógico en una reunión de tan alto nivel. El contenido exacto de la reunión no es verificable desde fuera. Ni Washington ni Moscú lo confirmarán con precisión, y las versiones oficiales están diseñadas para gestionar percepciones, jugando con la incertidumbre y dejando abiertas múltiples interpretaciones.
Lo único razonable es esperar y observar. Si en las próximas semanas Rusia frena su campaña de sabotajes, aplaza la movilización o evita cualquier incidente en el Báltico, la advertencia habrá calado. Si, por el contrario, el ritmo de incidentes se mantiene o se prueba a un país como Estonia, Letonia o Lituania, la visita habrá sido, como mínimo, insuficiente. El viaje se dejó ver, sus efectos tardarán en hacerlo.
➡️ Si quieres adentrarte en el mundo de la Inteligencia, te recomendamos los siguientes programas formativos:
Un proceso planificado, de autoría difusa y con fuerte componente digital que desbordó el sistema fronterizo español en julio de 2026. Si quieres aprender más, te recomendamos el Máster Profesional de Analista de Inteligencia.
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), remitido a la Audiencia Nacional, sostiene que la entrada masiva irregular en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 no fue un episodio espontáneo, sino un proceso cuidadosamente articulado con fases antes, durante y después del colapso fronterizo. El documento describe una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas, impulsada por campañas virales en redes sociales, factores concurrentes como la festividad del Día del Trono en Marruecos y la manipulación de una sentencia del Tribunal Supremo, todo ello en un contexto de permisividad policial marroquí y aprovechamiento oportunista por parte de organizaciones criminales. La consecuencia, según el CENIF, es una amenaza de difícil dimensionado para la seguridad, la gestión migratoria y la posición internacional de España.
Un informe técnico para la Audiencia Nacional
El informe se elabora a requerimiento del Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, plaza n.º 3 de la Audiencia Nacional, con el objetivo de analizar la entrada masiva irregular de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. El CENIF plantea que, por su complejidad, efectos multilocales y componente internacional, el episodio solo puede abordarse como un proceso con distintas fases materiales de ejecución: lo sucedido en esas fechas, el periodo previo y el periodo posterior. El texto recuerda además que la inmigración irregular es un fenómeno muy cambiante, sometido a múltiples variables externas, lo que dificulta su análisis y la calibración de sus efectos en seguridad pública.
Un fenómeno masivo y difícil de cuantificar
El CENIF describe una entrada masiva por la zona fronteriza del espigón de El Tarajal y sus aledaños, desde la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq), mediante la ruta que parte de la Playa de Castillejos y rodea el espigón a nado o por encima del rompeolas. El informe recoge cifras dispares de fuentes oficiales: 49.200 entradas según Guardia Civil, 78.000 según el presidente de Ceuta, 72.000 según el ministro del Interior y una estimación técnica de entre 75.000 y 85.000 personas en base a imágenes aéreas y a la inoperatividad del punto fronterizo durante unas diez horas. La simultaneidad de flujos de entrada y salida, el colapso del control fronterizo y la deriva de recursos a tareas humanitarias hacen «extremadamente compleja» la cuantificación de entradas, salidas y permanencias, hasta el punto de que el propio informe concluye que no hay datos fiables para dar una cifra cerrada.
Víctimas, retornos y llegada de migrantes a la Península
El riesgo asociado al cruce a nado, agravado por la masificación en los momentos de mayor incidencia, provocó la muerte por ahogamiento de un número elevado de personas. Las cifras oficiales citadas por el CENIF establecen la recuperación de 82 cadáveres en aguas españolas vinculados directamente a la entrada masiva, mientras Marruecos reconoce de forma oficial 14 fallecidos en su lado. En cuanto a los retornos, las estimaciones hablan de entre 65.000 y 75.000 personas que habrían regresado voluntariamente a Marruecos, y se registran 148 inmigrantes llegados irregularmente desde Ceuta a las costas de Cádiz y Málaga entre el 30 de julio y el 19 de agosto en 29 embarcaciones.
Antes: presión migratoria y campaña digital estructurada
El informe destaca una fase previa marcada por un incremento sostenido de las entradas «a nado» en Ceuta y Melilla que reduce la capacidad operativa en el perímetro y tensiona infraestructuras como el CETI y las dependencias policiales. Paralelamente, se desarrolla una campaña en redes sociales con mensajes que evolucionan desde consignas abiertas en Facebook, Instagram o TikTok hacia grupos cerrados de mensajería como WhatsApp, donde se concreta la coordinación en grupos, rutas y recomendaciones operativas para el cruce. El CENIF considera que las características de esta viralización se ajustan al método SPREAD, un modelo estándar de diseño de contenidos virales, lo que implica intención predeterminada, uso de automatización y participación de expertos en contenidos, descartando un surgimiento improvisado o involuntario.
La manipulación de la sentencia y el Día del Trono como factores de empuje
Entre los factores concurrentes de empuje, el informe destaca la utilización de la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026, de 29 de junio, no por su contenido, sino por su manipulación comunicativa. Esa distorsión se traduce, en lenguaje «viral», en la consigna simplificada «Si entras nadando, no pueden devolverte», que aporta un componente de aparente seguridad jurídica a la convocatoria. La elección del 30 de julio, Día del Trono en Marruecos, se interpreta también como un factor no casual, al facilitar la percepción de que las fuerzas de seguridad marroquíes están volcadas en el dispositivo de la festividad y que la frontera queda desprotegida, además de aprovechar un día no laborable que multiplica la capacidad de movilización.
Durante: colapso fronterizo y permisividad policial marroquí
Durante los días 30 y 31 de julio, prácticamente todas las entradas se concentran en el extremo sureste del perímetro, en el entorno del espigón de El Tarajal, tanto a nado como por encima de la escollera. El CENIF describe una «total permisividad» inicial por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, que no registran intentos serios de dispersar o alejar a la masa del perímetro el día 30 y reaccionan de forma progresiva y más lenta de lo que la situación requería. El informe recoge testimonios e imágenes en las que agentes uniformados de Marruecos indican a los inmigrantes que accedan por la zona del espigón y personas no uniformadas actúan como gestores del proceso, guiando, monitorizando y en ocasiones impartiendo instrucciones a los propios agentes.
Perfiles escalonados y efecto táctico sobre la respuesta española
El CENIF distingue tres oleadas con perfiles diferenciados: una primera, hasta las 11:00 del día 30, compuesta mayoritariamente por varones entre 15 y 25 años, muchos menores, equipados con neopreno, aletas y material de flotación, casi todos de nacionalidad marroquí. La segunda oleada, entre las 11:00 y las 22:00, incorpora personas de hasta 40 años, núcleos familiares completos y niños de corta edad, con vestimenta deportiva y sin equipamiento específico, y una creciente presencia de subsaharianos. La tercera, desde las 22:00 del día 30 y durante el 31, vuelve al perfil juvenil masculino marroquí con equipamiento para el cruce, configurando una escalada que primero busca saturar el sistema y después limita la capacidad de respuesta coercitiva de España ante la presencia masiva de familias y menores.
Después: bolsa de migrantes, refuerzo marroquí y narrativa geopolítica
Tras la crisis, el informe estima que permanecen en Ceuta entre 5.000 y 10.000 inmigrantes relacionados con la entrada masiva, cifra difícil de precisar por la existencia de campamentos, refugios improvisados y alojamientos clandestinos en garajes, locales o viviendas particulares. A partir del 1 de agosto se observa un despliegue creciente de efectivos policiales y militares marroquíes a lo largo del perímetro de Ceuta, con vehículos pesados y controles de carretera, especialmente en la Playa de Castillejos y sus accesos, que alcanza su máxima expresión en los días previos a la convocatoria fallida del 15 de agosto. El CENIF analiza también la narrativa y contranarrativa marroquí, en continuidad con episodios de 2021 y 2024, incluyendo referencias a bandas criminales, injerencias de terceros países y el estatus de Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas”.
Organizaciones criminales: oportunidad pero no capacidad de autoría
Aplicando los criterios de delincuencia organizada de EUROPOL/SOCTA, el CENIF distingue entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas, presentes en Ceuta y su entorno. El informe concluye que estos grupos carecen de capacidad para convocar y gestionar en tiempo real una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas, y no se ha hallado indicio de que hayan promovido la campaña viral ni participado en la planificación del proceso. Su papel se limita a un aprovechamiento oportunista posterior, especialmente mediante traslados clandestinos a la Península con tarifas rebajadas respecto a las habituales, utilizando embarcaciones y «casas seguras», pero sin que la crisis responda a su lógica de beneficio económico.
Una entrada masiva como proceso de “zona gris”
En sus conclusiones, el CENIF define la entrada masiva como un proceso en evolución con un antes, un durante y un después, que no puede considerarse un hecho aislado ni casual y que replica pautas ya vistas en 2021 y 2024 con un grado de depuración mayor. El organismo sostiene que la planificación y ejecución requerían un alto nivel técnico, coordinación entre estructuras diversas, un objetivo compartido y una única referencia organizativa, todo ello bajo una «autoría intelectual y directiva difusa» orientada a ocultar la responsabilidad. El informe enmarca estas acciones en estrategias de «zona gris», caracterizadas por la ambigüedad calculada, la actividad intermitente y la proyección de efectos en planos de seguridad pública, sanidad, servicios sociales, defensa, política interna y posición internacional de España, dificultando tanto la cuantificación como el dimensionado de la amenaza.
Un porcentaje fijo del patrimonio, destinado siempre a las mismas categorías de personas, lleva catorce siglos funcionando como mecanismo de solidaridad en el mundo islámico. En este artículo, Balbanuz Ferreras explica que, hoy en plena crisis de los sistemas de bienestar occidentales, algunos economistas se preguntan si esa lógica religiosa podría inspirar alternativas de redistribución a mayor escala. La respuesta, sin embargo, tiene más matices de los que parece a primera vista.
El zakat o limosna (زكاة) es uno de los cinco pilares del islam y hace referencia a la obligación de ayudar económicamente a los más necesitados a través de la donación de un porcentaje de la riqueza individual. Más que una simple forma de caridad, el zakat es una obligación religiosa (fard) que aparece más de 30 veces mencionada en el Corán y que articula la relación entre fe y solidaridad.
Más de catorce siglos después de su instauración, el zakat ha trascendido su dimensión religiosa para convertirse también en objeto de análisis económico. En un momento en el que muchos países afrontan el reto de financiar sistemas cada vez más costosos, surge una pregunta inevitable: ¿puede un mecanismo basado en la obligación religiosa de redistribuir riqueza cumplir algunas de las funciones que desempeña el Estado del bienestar?
La gestión del zakat en el mundo islámico
El zakat se considera fard, es decir, una acción obligatoria para todo musulmán. No es caridad voluntaria (sadaqa), sino un deber religioso. Sin embargo, hay personas que quedan exentas del pago del zakat, como por ejemplo aquellos musulmanes que no cuenten con una riqueza mínima (nisab). Su incumplimiento puede tener distintas implicaciones, según la postura doctrinal de la persona, entre ellas que la riqueza no se considere purificada y que exista la posibilidad de enfrentar reproches el Día del Juicio.
Los países musulmanes cuentan con tres modelos distintos de recaudación en función del nivel de intervención del Estado.
En el modelo estatal obligatorio, las autoridades recaudan formalmente el zakat y lo redistribuyen mediante organismos públicos (Pakistán).
En el modelo semiestatal, existen instituciones oficiales religiosas que gestionan el zakat, pero con cierta descentralización (Malasia).
En el modelo voluntario, el más común, el zakat no es obligación legal, sino una responsabilidad religiosa que queda en manos de cada persona, que debe donar una cantidad a ONGs islámicas, mezquitas o directamente a personas necesitadas. Es decir, aquí el control depende únicamente de la conciencia religiosa (Marruecos, Turquía).
¿Cómo se controla el destino del zakat?
Para garantizar que los fondos se destinen realmente a las personas necesitadas, existen diversos mecanismos de control. En sistemas estatales cuentan con registros administrativos y bases de datos donde se recogen tanto los contribuyentes como los posibles beneficiarios y se realizan controles financieros. Las organizaciones también publican memorias anuales y auditorías externas para reforzar la transparencia y mantener la confianza de los donantes. En países donde el zakat no está centralizado por el Estado, la gestión recae en mezquitas, organizaciones islámicas o iniciativas comunitarias. Las propias organizaciones tienen responsables financieros que revisan cómo se usan los fondos. En estos casos, la confianza juega un papel clave: si una mezquita o asociación usa mal los fondos, su prestigio dentro de la comunidad se ve afectado, lo que reduce donaciones futuras.
El potencial y los límites del zakat
Diversos estudios en economía islámica (entre los que destaca “Zakat for the SDGs” de UNDP) estiman que, si todos los musulmanes con patrimonio superior al nisab pagaran correctamente el 2,5% anual, el volumen global podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares al año. Según el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), se ha estimado que el zakat podría generar alrededor de 600.000 millones de dólares al año si se explotara todo su potencial, aunque en la práctica solo se recolecta una fracción de esa suma. Eso sería suficiente para reducir la pobreza extrema y sostener sistemas básicos de bienestar, lo cual no se alinea con la situación real de muchos países islámicos, ya que el zakat no basta para aliviar la situación económica de esas naciones.
Uno de los principales problemas que presenta el zakat es la falta de cumplimiento total, que se debe a que, en los países donde la limosna no es una obligación legal, no existe un mecanismo de verificación patrimonial ni hay sanciones civiles para aquellos que no pagan el importe correspondiente. El resultado es que gran parte del potencial recaudatorio nunca se materializa. Por otro lado, la fragmentación institucional en aquellas naciones donde existen múltiples fundaciones que no cuentan con coordinación nacional conlleva problemas como duplicación de ayudas y desigualdad territorial.
También han surgido, a raíz de los cambios en la estructura económica, nuevos desafíos para determinar qué bienes están sujetos al zakat. En sus orígenes, esta obligación se aplicaba dentro de una economía agraria y comercial. Ahora, gran parte del patrimonio se encuentra en instrumentos financieros más complejos (acciones, fondos de inversión, derivados, criptomonedas) cuya naturaleza no siempre encaja fácilmente en las categorías clásicas desarrolladas por la jurisprudencia islámica. Aunque los juristas contemporáneos han intentado adaptar los principios tradicionales a estas nuevas formas de riqueza, no existe un consenso sobre cómo calcular el patrimonio sujeto a zakat en todos los casos.
¿Puede sustituir el zakat al Estado del bienestar?
Una de las preguntas recurrentes en el debate sobre economía islámica es si el zakat podría reemplazar al Estado moderno en sus funciones redistributivas. Desde un punto de vista técnico, la respuesta mayoritaria es negativa.
El zakat es un mecanismo proporcional que grava un 2,5% del patrimonio acumulado que supera el nisab. No es un impuesto progresivo en sentido estricto, ya que no aumenta el porcentaje conforme crece la riqueza. Además, su finalidad es la redistribución directa hacia categorías específicas de beneficiarios, no la financiación de servicios públicos universales. El propio Corán establece que los fondos del zakat solo pueden destinarse a ocho categorías concretas de beneficiarios, entre ellas las personas pobres, los necesitados, quienes administran el zakat, las personas endeudadas, los viajeros sin recursos y otras categorías recogidas en la aleya 9:60. Esto significa que el zakat no está diseñado para sostener sistemas masivos de sanidad pública, educación, infraestructuras nacionales, etc.
En contraste, el Estado moderno recauda impuestos progresivos; redistribuye recursos mediante gasto público permanente; y garantiza servicios colectivos, no solo transferencias monetarias directas. Por tanto, el zakat no puede sustituir al Estado, sino que funciona como un mecanismo complementario dentro de un sistema económico más amplio.
Más allá del debate sobre su relación con el Estado del bienestar, existe otra cuestión relevante: el alcance real del zakat frente a la pobreza. Este instrumento fue concebido como un mecanismo de redistribución de la riqueza existente. Su lógica es correctiva, pero no necesariamente transformadora. El zakat no fue diseñado para reconfigurar estructuras productivas, impulsar procesos de industrialización o generar empleo de manera sostenida. En otras palabras, puede mitigar los efectos de la pobreza, pero no aborda sus causas profundas.
Ante esta limitación, algunos especialistas en economía islámica contemporánea proponen una aplicación más amplia del zakat, orientada no solo a la asistencia directa, sino al empoderamiento económico. En el artículo “Effectiveness of zakat-based programs on poverty alleviation and economic empowerment of poor women: a case study of Bangladesh” se sugiere destinar parte de los fondos a programas de microfinanciación sin interés, apoyo al emprendimiento o capitalización inicial de familias con escasos recursos, con el objetivo de transformar beneficiarios en agentes productivos. De esta manera, el zakat dejaría de operar como mecanismo de alivio para integrarse en estrategias de desarrollo económico y reducción de la pobreza.
Redistribuir sí, sustituir no
Desde el punto de vista económico, aunque el potencial recaudatorio del zakat podría alcanzar cifras significativas, su finalidad redistributiva limita su capacidad para sustituir al Estado moderno en aspectos como la provisión de servicios públicos.
En definitiva, los servicios públicos esenciales no pueden depender de fondos cuyo cumplimiento descansa en la conciencia individual o en sistemas descentralizados. La estabilidad de estos servicios requiere una base fiscal planificada, que solo puede garantizarse mediante un sistema impositivo estatal estructurado. El zakat no puede sustituir al Estado, sino que debe entenderse como un mecanismo complementario dentro de un sistema más amplio.
➡️ Si quieres adentrarte en las Relaciones Internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos:
La crisis de Ceuta de julio de 2026 tuvo alertas previas y una respuesta tardía. Análisis crítico de la gestión del Gobierno y homenaje a agentes y ceutíes.
Entre el 30 y el 31 de julio de 2026 más de 70.000 personas entraron a nado o a pie en Ceuta desde Marruecos, según cifras del Ministerio del Interior. Al menos 88 de ellas fueron enterradas en el cementerio de Sidi Embarek sin que apenas nueve tuvieran nombre. Un mes después, con los datos ya sobre la mesa, la conclusión es difícil de esquivar: hubo señales, hubo avisos y hubo tiempo. Lo que faltó fue una decisión. Este artículo es, a la vez, una crítica a esa ausencia y un reconocimiento a quienes la suplieron con sus propias manos: guardias civiles, policías, militares y ceutíes.
Antes que nada: los muertos y los ceutíes
Conviene empezar por donde suele acabarse. La cifra oficial de personas fallecidas en aguas y costas españolas durante la crisis de Ceuta de 2026 se sitúa en 88, según el balance de la Ciudad Autónoma recogido tras el último entierro el 26 de agosto; solo nueve cuerpos habían sido identificados. La Guardia Civil contabiliza 83 cuerpos recuperados y el informe policial remitido a la Audiencia Nacional habla de 82 en aguas españolas; la diferencia con los 88 responde a criterios de recuento.
La organización Caminando Fronteras eleva la cifra a 145 fallecidos si se suman los 67 que sus redes de familiares documentan en el lado marroquí; Marruecos solo ha reconocido oficialmente 14 fallecidos y 236 heridos en su territorio. Setenta y nueve tumbas del cementerio musulmán de Sidi Embarek llevan hoy un número en lugar de un nombre. Con independencia de cómo se valore la gestión política, esas 88 personas se ahogaron a menos de un kilómetro de una playa española y merecen algo más que una línea en un balance. Mi solidaridad, y creo que la de cualquier profesional de la seguridad que haya visto un cadáver salir del agua, está con ellas y con sus familias.
Y está también con los 84.000 ceutíes. Una ciudad de 19 kilómetros cuadrados recibió en 48 horas una población equivalente a más del 85 % de la suya. Cerraron comercios, se suspendió el pleno de la Asamblea, el hospital activó su protocolo de catástrofes y las familias vieron cómo parques, playas y polígonos se convertían en campamentos improvisados. Un mes después, el Gobierno cifra en 5.000 las personas que permanecen en la ciudad; el Gobierno de Ceuta habla de entre 8.000 y 9.000, y los sindicatos policiales, de hasta 12.000. Con entre 25 y 30 expedientes de extranjería tramitados al día, cifra que dieron tanto el presidente ceutí Juan Jesús Vivas el 20 de agosto como la Confederación Española de Policía cuatro días después, el propio Vivas calculó que a ese ritmo haría falta «un año» para normalizar la situación». Ceuta no pidió esta crisis y no la provocó. La ha sufrido en silencio administrativo durante semanas.
Antes: las señales estaban a la vista y la amenaza identificada
Una crisis es una sorpresa solo cuando nadie la ha visto venir. La de Ceuta no cumple esa condición. El 8 de julio el Consejo General del Poder Judicial hizo pública la sentencia 814/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ROJ STS 2965/2026), fechada el 29 de junio, que limita el rechazo en frontera previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a quienes superan «elementos de contención» físicos, como las vallas. Quien llega a nado, dice el Supremo, debe someterse al procedimiento ordinario de devolución del artículo 58.3, con expediente, intérprete y abogado. Podría ser una resolución jurídicamente impecable, pero operativamente explosiva, porque cambia las reglas del juego en la única frontera terrestre de la Unión Europea en África sin que nadie cambiara los medios para aplicarlas.
Lo que ocurrió a continuación es una cadena de avisos con fecha y remitente:
Del 9 al 26 de julio las entradas a nado se estabilizaron en torno a 150 diarias, según la reconstrucción del Estado Mayor de la Defensa presentada por la ministra Margarita Robles en el Congreso el 25 de agosto.
El 24 de julio el sindicato Independientes de la Guardia Civil describía una plantilla «completamente desbordada».
El 27 de julio la Asociación Unificada de Guardias Civiles reclamaba por escrito «instrucciones claras» para aplicar la sentencia.
Ese mismo lunes 27, según su propio relato, Vivas llamó a la Moncloa para advertir de 1.500 entradas en una semana y de que los menores acogidos habían pasado de 180 a 800; le pidieron tranquilidad.
El martes 28 pidió el estado de alarma y al día siguiente le respondieron que no había fundamento jurídico.
El 29 de julio:
Según la versión de la ministra de Defensa, funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinados en Ceuta dieron cuenta a la Delegación del Gobierno de una convocatoria digital que movilizaba a hasta 180.000 usuarios para entrar a nado al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí.
The Objective atribuyó además al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) una nota que calificaba de «altamente probable» un asalto a la frontera en esa fecha, extremo que fuentes del EMAD confirmaron a ese medio pero que no consta en fuente oficial.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional había emitido el 29 de julio una alerta interna de «riesgo extremo» por un acceso coordinado por vía marítima previsto para el 30 de julio, según El Español. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió con una carta al director general de la Policía preguntando si la Policía disponía de esa información y «desde cuándo».
Aquí es donde un análisis honesto debe pararse. La Moncloa sostuvo el 26 de agosto que «ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del Gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno». Cinco días después, el presidente Pedro Sánchez admitió en la Cadena SER que el CNI y la Policía Nacional habían elaborado «informes de situación», aunque «no hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la magnitud». Ambas frases no pueden ser ciertas a la vez. Pero incluso aceptando la más benévola, el argumento de la magnitud es débil.
El 2 de septiembre el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta abrió diligencias contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, a raíz de una denuncia por prevaricación omisiva por no haber actuado ante los avisos; el delegado sostiene que no existía «ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó».
La inteligencia no predice cifras exactas; predice tendencias, ventanas de oportunidad y fechas de riesgo. Y todo eso estaba señalado: una sentencia que alteraba el marco legal, una campaña en redes con fecha concreta, una festividad de alta carga simbólica en Rabat, un flujo que ya se había multiplicado y una ciudad que llevaba tres días pidiendo auxilio. En la literatura sobre sorpresas estratégicas, de Richard Betts en adelante, lo que suele fallar no es la alerta, sino la receptividad del decisor. Ceuta es un caso de manual.
El 3 de septiembre, en el Congreso, el presidente sostuvo que «ningún informe anticipó lo que ocurrió» y que ninguno «iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario», pero reconoció que «fallaron cosas» en el ámbito de la inteligencia y se comprometió a publicar «todos los informes». Esa publicación será la primera prueba de la trazabilidad que este artículo reclama.
Durante: 48 horas en las que el Estado llegó tarde
La entrada masiva comenzó en torno a las 11:30 del jueves 30 de julio y alcanzó un pico de unas 5.200 personas por hora, según la reconstrucción del EMAD. A las 20:00 había entre 45.000 y 55.000 personas en la ciudad.
La solicitud formal de despliegue militar se registró a las 20:30 y el Ministerio de Defensa lo anunció esa misma noche: Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, Tercio Duque de Alba de La Legión y Regimiento de Caballería Montesa nº 3 en apoyo de la Guardia Civil. Es decir, el Ejército salió a la calle cuando la mayor parte de la entrada ya se había producido.
Por la tarde, Interior había descartado la declaración de emergencia de interés nacional con el argumento, técnicamente cierto, de que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como riesgo. Vivas replicó con una frase que resume el sentir de la ciudad: «Si esto no es una emergencia, no entendemos qué lo es».
Que la ley no contemple un supuesto no exime al Gobierno de gobernarlo. La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional permite declarar una «situación de interés para la Seguridad Nacional» y nombrar una autoridad funcional con mando único. Esa herramienta existía el 30 de julio. Se activó el 25 de agosto, por Real Decreto 681/2026, veintiséis días después, tras dos reuniones telemáticas del presidente con parte de su gabinete los días 7 y 17 de agosto y tras la ausencia del ministro del Interior en la Comisión del Senado del 12 de agosto, justificada por una reunión sobre el eclipse solar. Mientras tanto, el 1 de agosto el ministro celebraba haber logrado revertir la situación en «poco más de 24 horas». Los datos de septiembre desmienten aquella afirmación con crudeza.
Hay un detalle que retrata la primera respuesta mejor que cualquier discurso. Según el sindicato JUPOL, el 30 de julio había en Ceuta 42 agentes de la Unidad de Intervención Policial; el primer refuerzo, 18 agentes desde Sevilla, llegó la mañana del 31 y, según denunció el propio sindicato, fue destinado a la seguridad dinámica del presidente del Gobierno y del ministro del Interior durante su visita. Fuentes de la Guardia Civil citadas por The Objective hablan de un refuerzo inicial de 30 guardias civiles y una embarcación averiada. Frente a ellos, decenas de miles de personas en el agua. El presidente del Gobierno visitó Ceuta el 31 de julio, condenó «la violación y el ataque a la integridad territorial» de España, anunció 400 efectivos más y prometió «todos los recursos del Estado». Era lo mínimo. Llegaba un día tarde y un mes antes de que se materializara.
Variable
Mayo de 2021
Julio de 2026
Entradas
Entre 8.000 y 12.000 según fuente (más de 10.000 en la cifra más extendida)
Más de 70.000 (Interior)
Fallecidos
1
88 (Ciudad Autónoma); 145 (Caminando Fronteras)
Retornos
Más de 10.000
Más del 90 % en cinco días
Despliegue militar
Blindados e infantería el 18 de mayo
Más de 2.000 militares y ocho buques de la Armada (entre ellos las fragatas Santa María y Navarra y el BAM Rayo)
Mando único
No declarado
Declarado el 25 de agosto (RD 681/2026)
Duración de la fase aguda
2 días
2 días de entrada; más de un mes de crisis
Tabla comparativa de las entradas en mayo de 2021 y julio de 2026
Después: el mes que Ceuta no debería haber vivido
El coste de esa demora no es abstracto:
Entre el 30 de julio y el 28 de agosto se denunciaron 17 agresiones sexuales, siete de ellas violaciones, según cifró el ministro del Interior en el Congreso; la Fiscalía había señalado días antes que la mayoría de las víctimas eran menores.
Más de 2.000 menores permanecen a día de hoy en la ciudad, de los que unos 1.200 estaban aún sin filiar el 31 de agosto, según la ministra de Juventud e Infancia.
Al menos siete centros escolares han sufrido incursiones o daños, y el curso comenzará el 8 de septiembre con acompañamiento policial en las rutas escolares y presencia uniformada en paradas, accesos e interior de los centros.
La noche del 26 de agosto un grupo de ceutíes destrozó tiendas y arrojó al mar pertenencias de migrantes en la playa del Trampolín, y la Policía Nacional tuvo que interponerse y efectuar disparos disuasorios al aire; al día siguiente, otro grupo bloqueó el reparto de alimentos de Cruz Roja.
Nada de esto justifica la violencia, y Vivas lo dijo con claridad: «Los violentos no nos representan». Pero la violencia no nace del vacío: nace de un mes sin mando, sin plan de traslados y sin respuestas.
El paquete económico de 309 millones de euros aprobado el 1 de septiembre, la ampliación de los espigones, las boyas, los drones, el CETI permanente y la petición de apoyo a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE son medidas razonables. También lo eran el 31 de julio, cuando, según publicaron El Español y Público, el Gobierno declinó el despliegue urgente de Frontex ofrecido por la Comisión Europea al considerar que el control de esa frontera correspondía a las autoridades nacionales. La gestión de crisis se juzga por la relación entre el momento en que una medida es posible y el momento en que se adopta. En Ceuta, esa distancia se ha medido en semanas.
Los que sí estuvieron: agentes, militares y vecinos
Si el Estado como decisión llegó tarde, el Estado como personas no se movió de su sitio.
Los ocho miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en Ceuta, seis agentes, un cabo y un subteniente, sacaron a cientos de personas del agua en turnos de 14 horas, según el reportaje de El Español del 6 de agosto. Uno de ellos describió el rescate de una abuela que sujetaba bajo el agua la mano de un bebé.
Salvamento Marítimo, los voluntarios de Cruz Roja y los guardias civiles del Servicio Marítimo rescataron a más de 300 personas solo en la madrugada del 30 de julio.
Los policías nacionales encadenaron jornadas de 14 y 16 horas sin instrucciones claras sobre identificación, determinación de edad o protección internacional, con dietas de 77 euros y, en palabras de JUPOL, «comiendo gracias a los militares y durmiendo gracias a los militares». La Policía Local dobló turnos durante semanas.
Los militares, a los que ninguna doctrina prepara para el control de masas, siguen patrullando «sin medios de defensa, sin chaleco, sin casco, sin armamento», según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), y han sufrido al menos dos emboscadas con piedras, el 27 y el 29 de agosto, con al menos seis heridos, entre ellos un sargento. La Armada desplegó las fragatas Santa María y Navarra y el buque de acción marítima Rayo en la bahía.
Y los forenses del Instituto de Medicina Legal, reforzados de siete a 19 profesionales, convirtieron el antiguo Hospital Militar en una morgue para dar dignidad a cuerpos sin nombre.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre 15 millones de euros en gratificaciones para policías y guardias civiles. Es justo. Es también insuficiente frente a lo que han hecho.
Y luego están los ceutíes. Sabah Hamed, vecina de Los Rosales, ha atendido en su propia casa a unas 400 personas al día con comida caliente, duchas y curas, según EFE. La ONG Luna Blanca ha servido 2.700 comidas diarias. La asociación de vecinos de Sidi Embarek habilitó un polideportivo para que durmieran mujeres y niños. El 28 de agosto, dos días después de los incidentes del Trampolín, centenares de ceutíes se manifestaron con claveles bajo el lema «Sin violencia, sin odio, sin racismo». El 1 de septiembre llenaron de velas la plaza de África.
El 2 de septiembre, Día de Ceuta, más de 20.000 personas según la Delegación del Gobierno recorrieron la ciudad desde las Murallas Reales en la manifestación más numerosa de su historia reciente, mientras más de 260 municipios de toda España se concentraban frente a sus ayuntamientos con una petición explícita de los convocantes: «No queremos que politicen nuestro dolor». Por la mañana, en el acto institucional, Vivas había resumido el diagnóstico de la ciudad: «No es una crisis migratoria», es un asunto de «seguridad nacional». Esa es la Ceuta real: la que ayuda a quien llega y exige a quien gobierna. Ambas cosas a la vez, sin contradicción.
La frontera como instrumento: lo que sabemos y lo que no
Queda la dimensión exterior, que exige el máximo rigor. El informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional el 31 de agosto sostiene, según El Español, que gendarmes marroquíes uniformados y agentes de paisano dirigieron la entrada en fases y que la operación fue «planificada para violar la frontera española bajo apariencia migratoria». Es una hipótesis policial en el marco de una investigación judicial.
El propio informe, según elDiario.es, reconoce que «no puede atribuir a personas concretas la autoría intelectual y material». El 2 de septiembre, el director general de la Policía, Francisco Pardo, respondió por escrito al ministro que «no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución» de los hechos, y calificó la alerta del 29 de julio de «alerta de riesgo frecuente». Ese mismo día, la magistrada María Tardón autorizó a los investigadores a compartir el documento con sus superiores, después de haberles ordenado lo contrario. Y el 3 de septiembre, en el Congreso, Pedro Sánchez afirmó que «nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir» que la entrada «fuera diseñada y ejecutada por las autoridades marroquíes», aunque admitió que «después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente».
Marruecos negó cualquier promoción o tolerancia y atribuyó la crisis a «redes de tráfico y difusión de rumores»; su embajadora, Karima Benyaich, pidió el retorno de sus conciudadanos y la cooperación posterior permitió devolver a más del 90 % de quienes entraron en pocos días. Si las conclusiones del CENIF se confirmaran, la cooperación posterior de Marruecos admitiría otra lectura: la de un actor que colabora en el retorno una vez logrado el efecto buscado. Es una hipótesis, no una conclusión, y así conviene tratarla mientras la investigación judicial siga abierta.
Frente a esos indicios de tardía cooperación, hay otros de sospecha: la coincidencia con la Fiesta del Trono, la pasividad inicial denunciada por agentes españoles y el silencio institucional de Rabat durante la crisis. La literatura sobre migración instrumentalizada, desde Kelly Greenhill hasta el Reglamento (UE) 2024/1359 sobre situaciones de crisis y fuerza mayor, que regula expresamente la instrumentalización de migrantes, enseña que la prueba de estas operaciones rara vez es directa: aparece después, en las concesiones que asoman en la relación bilateral. Ese es el indicador a vigilar en los próximos meses.
Lo que sí es un hecho es la reacción europea. Italia suspendió el 31 de julio el régimen Schengen con España y prorrogó los controles el 31 de agosto. Veintidós Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, pidieron por carta una reunión extraordinaria de ministros de Interior. Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo se quedaron con España. Con independencia de la justicia de esas medidas, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha atribuido a una «falta de solidaridad» de Roma, revelan algo incómodo: la credibilidad de España como guardián de la frontera exterior de la Unión se ha erosionado en 48 horas, y recuperarla costará más que un paquete de ayudas.
Lo que Ceuta enseña sobre gestión de crisis
He dedicado buena parte de mi vida profesional a la seguridad de infraestructuras críticas, gestión de crisis y a formar analistas. Desde esa experiencia, la crisis de Ceuta deja cuatro lecciones que ningún relato político debería tapar.
Primera: la alerta temprana solo sirve si existe un canal formal, escrito y trazable hasta el decisor. En esta crisis, según lo publicado hasta ahora, hubo al menos tres avisos con soporte documental antes del 30 de julio: la nota del CIFAS, la alerta del CENIF y el registro del canal de alerta temprana por el que el CNI comunicó la convocatoria a la Delegación del Gobierno. El Gobierno discute su alcance, no su existencia. El dossier con «todos los informes» que el presidente prometió publicar el 3 de septiembre permitirá comprobarlo.
Segunda: cuando el marco legal cambia, como hizo la sentencia del Supremo, el marco operativo debe cambiar el mismo día, con instrucciones a los agentes y refuerzo de medios, no tres semanas después.
Tercera: el mando único no se declara cuando la crisis se ha estabilizado, sino cuando empieza.
Cuarta: reconocer a quienes sostienen el sistema no es un gesto, es una necesidad operativa. Los agentes que hoy están agotados en Ceuta son los mismos que tendrán que estar ahí en la siguiente crisis.
Estas lecciones no son nuevas. Se estudian en cualquier programa serio de análisis de inteligencia y de prospectiva como los que impartimos en LISA Institute, donde la distinción entre fallo de alerta y fallo de receptividad es una de las primeras cosas que aprende un analista. Que el Gobierno de España las haya tenido que aprender en Ceuta, a un precio de 88 vidas y un mes de abandono, es la crítica más dura que se puede formular, y la más justa.
Conclusión
Ceuta no fue una sorpresa. Fue una alerta desoída, una decisión aplazada y una ciudad dejada sola durante demasiado tiempo. Lo que la sostuvo no fue un real decreto, sino ocho buzos de la Guardia Civil, cuarenta y dos antidisturbios, dos mil militares sin chaleco, un puñado de forenses y una vecina que abrió su casa a 400 personas al día.
Ahora que por fin hay mando único, dinero y apoyo europeo, la obligación del Gobierno es doble: resolver lo que queda con la dignidad que exigen los vivos y los muertos, y explicar, con documentos y fechas, qué se supo, cuándo y por qué no se actuó, tomando acción y dirimiendo responsabilidades, a quien corresponda, al más alto nivel. El presidente ha prometido publicar «todos los informes». Que lo haga íntegramente, con fechas, destinatarios y acuses de recibo, será la primera prueba de que ha entendido la lección. Los ceutíes, los agentes y las 88 personas enterradas en Sidi Embarek tienen derecho a esa respuesta.
➡️ Si quieres adquirir conocimientos sobre Geopolítica y análisis internacional, te recomendamos los siguientes cursos formativos:
Las cookies de esta web permiten una navegación más óptima al recordar tus preferencias de visitas anteriores para ofrecerte una experiencia más relevante. Haz clic en Aceptar para aceptar todas las Cookies. Si lo necesitas, puedes visitar "Cookie Settings" para personalizar tu consentimiento de forma avanzada.
Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia mientras navegas. Aparte de esto, las cookies que están categorizadas como necesarias están guardadas en tu navegador ya que son esenciales para que funcione la página web. También se utilizan cookies de terceros que nos ayudan a analizar y entender como se utiliza esta web. Estas cookies serán guardadas en tu navegador solo con tu consentimiento. Tienes la opción de desactivar y borrar estas cookies cuando quieras, pero si lo haces puede afectar tu experiencia durante la navegación.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duración
Descripción
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
