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India, terrorismo y derechos humanos

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Expertos en derechos humanos de la ONU vuelven a llamar la atención a la India para que libere al defensor de derechos humanos, Khurram Parvez, y lamentan que el país siga utilizando la “Ley de prevención de actividades ilícitas” como medio de coerción para restringir las libertades fundamentales.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió a las autoridades de India la liberación inmediata de Khurram Parvez, un conocido defensor de las garantías fundamentales en Cachemira. Este lleva detenido desde el 22 de noviembre en virtud de la legislación contra el terrorismo de India “Ley de prevención de actividades ilícitas” (UAPA, según sus siglas en inglés).

En un comunicado conjunto, los relatores explicaron que Khurram Parvez documentó violaciones graves de los derechos humanos en las zonas de Jammu y Cachemira administradas por la India, entre las que se mencionan desapariciones forzadas y asesinatos.

En su búsqueda de “rendición de cuentas” y denuncia, fue víctima de represalias “presuntamente” por compartir esta información con las Naciones Unidas, como se documenta en varios informes del Secretario Genera y comunicaciones de los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas. La Agencia Nacional de Investigaciones india arrestó a Parvez el mes pasado por cargos de conspiración y terrorismo.

Hoy, el Tribunal Especial de la Agencia Nacional de Investigación podría dictaminar otra prórroga de su detención por 90 días más y, de ser declarado culpable, Parvez podría ser condenado a 14 años de prisión o, incluso, a la pena de muerte.

Los firmantes de la declaración son el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y los relatores especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la promoción de las garantías fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; y sobre ejecuciones arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

“Nos preocupa que un mes después del Sr. El arresto de Parvez, todavía está privado de libertad en lo que parece ser un nuevo incidente de represalia por sus actividades legítimas como defensor de los derechos humanos y porque se ha pronunciado sobre violaciones”, dijeron los expertos independientes. “En vista de este contexto de represalias anteriores, pedimos a las autoridades indias que lo liberen de inmediato y garanticen sus derechos a la libertad y la seguridad”, agregaron.

UAPA, la legislación contra el terrorismo en India

Como se ha mencionado anteriormente, la detención ocurrió el 22 de noviembre en virtud de la legislación contra el terrorismo de India “Ley de prevención de actividades ilícitas” (UAPA, por sus siglas en inglés). Esa normativa, en vigor desde julio de 2019, “permite a las autoridades designar a cualquier individuo como terrorista, aunque no pertenezca o esté asociado con grupos identificados y prohibidos”.

Los expertos afirmaron que esa ley ha resultado en un “aumento preocupante” en el número de arrestos en India, especialmente en las zonas de Jammu y Cachemira administradas por la India.

“Lamentamos que el Gobierno siga utilizando la UAPA como medio de coerción para restringir las libertades fundamentales de la sociedad civil, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos en Jammu y Cachemira administrados por la India, así como en el resto del país. Por lo tanto, instamos una vez más al Gobierno a armonizar esta legislación con las obligaciones legales internacionales de la India en virtud del derecho de los derechos humanos”, dijeron los expertos.

Parvez fue llevado ante el tribunal en Delhi el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, cuando se decidió que debía ser transferido de la custodia de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) a la custodia judicial. Mañana jueves, el Tribunal Especial de la Agencia Nacional de Investigación podría dictaminar otra prórroga de su detención por 90 días más y luego, de ser declarado culpable, Parvez podría ser condenado a hasta 14 años de prisión o a la pena de muerte.

India rechaza las acusaciones de la ONU

India rechaza las acusaciones de la ONU sobre violaciones de los Derechos Humanos en Cachemira. El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi, indicó en un comunicado de prensa que consideraba las acusaciones “infundadas” y declaró que l Parlamento promulgó leyes de seguridad nacional, como la Ley (de Prevención) de Actividades Ilícitas de 1967 (UAPA) “para proteger la soberanía de la India y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

La acusación “también revela una completa falta de comprensión por parte del ACNUDH de los desafíos de seguridad que enfrenta la India por el terrorismo transfronterizo y su impacto en el derecho humano más fundamental el derecho a la vida de nuestros ciudadanos, incluidos Jammu y Cachemira”, añadió.

Bagchi aseguró que “como país democrático” tiene un “compromiso permanente por promover y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y toma las medidas necesarias para combatir el terrorismo”. Así, asegura arresto y posterior detención de Parvez se realizó en su totalidad de acuerdo con las disposiciones legales y pide a la ONU “desarrollar una mejor comprensión del impacto negativo del terrorismo en los derechos humanos”.



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