A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha vivido momentos clave que han marcado su rumbo político y social. La influencia de actores internacionales, el narcotráfico y la fragmentación de los grupos armados han complicado la estabilidad del país. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Santiago Vega Villa, examina cómo la historia reciente muestra una lucha constante por lograr la paz, mientras el país se enfrenta a desafíos persistentes.
Colombia ha sido un país con una historia turbulenta y llena de periodos de violencia y guerra civil. Desde su independencia, el país se enfrentó a un ciclo de guerras civiles. Estas enfrentaron a conservadores y liberales durante largo tiempo. A inicios del siglo XX, hubo un breve respiro. Sin embargo, las tensiones globales de la década de 1930 marcaron un nuevo giro. La radicalización que se vivió en esa época, junto con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, también influirían en la política nacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en tres grupos de países: aquellos del «Primer Mundo», que estaban aliados con los EE. UU. en la OTAN; los del «Segundo Mundo», que estaban aliados con la URSS, siendo repúblicas soviéticas o formando parte del Pacto de Varsovia; y, finalmente, los del «Tercer Mundo», que eran los países no alineados.
Los países del «Tercer Mundo» incluían la gran mayoría de los estados del sur oeste de Asia, África y Latinoamérica, en donde estaba también Colombia. Durante la Guerra Fría, estos países se convirtieron en un nuevo campo de batalla e influencia para las dos principales potencias (EE. UU. y URSS).
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Estados Unidos empezó a buscar una alineación política más cercana con Latinoamérica a través de las Conferencias Panamericanas. Estas conferencias llevaron a la región, en 1948, a firmar la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, los EE. UU. ejercían la mayor influencia sobre las políticas de adhesión y permanencia en la organización. Parte de estas condiciones incluían el rechazo al comunismo y la desincentivación de las relaciones diplomáticas con la URSS.
Durante la formación de la OEA, la pugna política en Colombia entre liberales y conservadores volvía a teñirse de radicalización y violencia. Uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales de 1950 por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, se alejaba de la tradicional lucha entre partidos. En su lugar, cambiaba la narrativa, presentando al pueblo en contra de las élites.
Además, manifestaba su recelo y antipatía frente a la influencia de los EE. UU. en la política latinoamericana y, por extensión, hacia la futura OEA. El mismo día de la firma de la OEA en Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Esto desató los disturbios más grandes de la historia de la ciudad, conocidos como el Bogotazo.
El asesinato crea una división profunda entre liberales y conservadores y lleva a Colombia a una nueva guerra civil llamada la violencia. En este periodo, que va hasta 1958, se da una dictadura seguida por un acuerdo entre liberales y conservadores para mantener la paz. Este nuevo gobierno de coalición tiene por objetivo compartir un poder alternado por cuatro periodos presidenciales y así traer estabilidad a Colombia.
Sin embargo, parte del acuerdo resultó en la exclusión de fuerzas políticas, principalmente de izquierda. Esto llevó a la creación de grupos guerrilleros comunistas en 1964, conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este hecho marcó el inicio de un nuevo conflicto en el país, entre el Estado, constituido por los dos partidos tradicionales, y los grupos guerrilleros de izquierda, apoyados por la URSS y la Cuba de Castro. Aunque surgieron otros grupos guerrilleros, ninguno alcanzó la misma relevancia que los mencionados, salvo el M19, formado en 1970.
En esta nueva fase de lucha, el Estado colombiano no contaba con las capacidades suficientes para vencer militar ni diplomáticamente a las guerrillas. Estas, a su vez, lograron tomar posesión de los territorios donde no había presencia del Estado.
El impacto del narcotráfico en Colombia
A finales de los años 70, el narcotráfico comenzó a tomar un papel central en Colombia. El Cartel de Medellín, a cargo de Pablo Escobar, se convirtió en uno de los más grandes del país, alcanzando su mayor poder durante la década de 1980. Las enormes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, sumadas al colapso económico de la URSS, llevaron a las guerrillas a utilizar el tráfico de drogas como medio para financiar la guerra contra el Estado. Con esta nueva capacidad económica, las guerrillas incrementaron su potencial militar, expandiendo su influencia sobre más zonas del país. El Estado, por su parte, se vio incapaz de controlar su expansión.
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La fase moderna del conflicto interno empieza desde 1985, impulsada por los recursos del narcotráfico. Ante la incapacidad del Estado para controlar a las guerrillas, los grandes terratenientes comenzaron a formar grupos de autodefensa, con el beneplácito del Estado colombiano, para proteger sus territorios. Aunque las organizaciones formadas, conocidas como paramilitares, tenían un tinte de legalidad, la ausencia de control estatal resultó en el abuso de poder por parte de estos grupos y en el uso de las armas con fines delictivos.
Con una ideología de extrema derecha, los paramilitares realizaron proselitismo armado en las regiones bajo su control. Utilizaron la fuerza y el terrorismo contra la población civil y los opositores políticos, además de recurrir al narcotráfico como fuente de financiación. Debido a que eran uno de los principales frentes de lucha contra las guerrillas, existió una colaboración activa en términos de inteligencia y operaciones conjuntas con el ejército colombiano.
Las negociaciones de paz y el acuerdo con las FARC-EP
En la década de los 80, el gobierno intentó llegar a acuerdos con las guerrillas por vías diplomáticas. Sin embargo, ninguno de los procesos tuvo éxito. Esto se debió al juego sucio entre las guerrillas, los paramilitares y el Estado. Un ejemplo de ello fue la firma de los acuerdos de La Uribe.
En estos se prometió la desmovilización de las FARC-EP y la creación de un partido político, la Unión Patriótica. Durante el proceso, muchos de los líderes e integrantes del partido fueron asesinados por agentes paramilitares y del Estado. Algunos integrantes no desmovilizados de las FARC-EP continuaron con sus actividades delictivas y proselitismo armado en favor de la Unión Patriótica.
Ante la pérdida de legitimidad del Estado, se hizo cada vez más difícil solucionar los conflictos de manera diplomática. Además, surgió la necesidad de una democracia más plural. Por ello, en 1991 se firmó una nueva constitución para Colombia. Esta nueva constitución va a cambiar el sistema bipartidista por un multipartidista, así dando más espacios políticos fuera de los partidos Liberal y conservadores.
A pesar de esta apertura política, los partidos tradicionales seguían consiguiendo la mayoría de los votos. La situación de la guerra empeoró hasta entrada la década de 2000. Durante los años 90, persistieron las falencias a nivel de Estado para hacer frente a las guerrillas con el ejército. Ante esto, el Estado decidió legalizar los grupos de autodefensa como apoyo en la guerra. Sin embargo, las constantes violaciones a los derechos humanos y una demanda de inconstitucionalidad terminaron con la legalidad de estos grupos. A pesar de esto, los grupos continuaron operando de manera ilegal.
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En paralelo, los grupos narcotraficantes, cuyo objetivo primordialmente es financiero y no político, siguen operando en el país a través de diferentes carteles. Sin embargo, durante la década de los 90 y con el apoyo de la DEA, se logró desmembrar a las principales organizaciones como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. A pesar de esto, el narcotráfico seguía en aumento y los principales traficantes pasaron a ser las guerrillas y los paramilitares.
Sin una solución real a la capacidad militar, el Estado busca nuevamente la vía de la negociación. Al mismo tiempo, negocia con EE. UU. un tratado de ayuda para la creación de una fuerza militar y policial capaz de hacer frente al conflicto. Este tratado, conocido como el Plan Colombia, resultó en una inversión de diez mil millones de dólares. La inversión se destinó principalmente a mejorar las capacidades militares de Colombia desde 2001 hasta 2016.
Después de alcanzar su tope en víctimas entre 2001 y 2003, los indicadores de violencia comenzaron a reducirse. En este punto, el Estado recobró la iniciativa y la ventaja frente a las guerrillas. Adicionalmente, con el objetivo de darle un carácter legal a la guerra, el gobierno decidió buscar la desmovilización de los grupos paramilitares. Esto se logró a través de la Ley de Justicia y Paz, entre 2003 y 2006. Algunas disidencias de estos grupos se mantienen activas y continúan operando estructuras de narcotráfico.
A pesar de estos avances, el Estado seguía teniendo problemas con el control territorial. Aunque las fuerzas armadas y la policía pudieron llegar a todos los rincones del país, no lograron mantener una presencia permanente. Las instituciones de un Estado democrático no se consolidaron en muchas zonas del país. Además, hubo límites en el control que el ejército pudo ejercer en diferentes regiones y en la prevención del crimen. Por otro lado, se empezaron a multiplicar las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Por este motivo, el estado colombiano empieza a buscar la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla principal del país: las FARC-EP.
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Las negociaciones con las FARC-EP comenzaron en el 2012 y terminaron con el acuerdo firmado en el 2016. Este fue un acuerdo de paz integral que tomó como referencia casos de éxito como los de Irlanda y Sudáfrica. Incluía mecanismos de justicia transicional, reparación y justicia para las víctimas, así como garantías de no repetición del conflicto.
Además, el gobierno colombiano y las FARC-EP solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU su acompañamiento con la firma del acuerdo. En 2016, se designó la Misión en Colombia, la cual, desde 2017, se estableció oficialmente como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNVMC). Esta misión tiene como responsabilidad verificar y apoyar la implementación del proceso de paz en el país, así como las iniciativas para poner fin al conflicto colombiano.
El acuerdo de paz tuvo un éxito inicial, con una reducción de las acciones violentas, la integración de varios excombatientes a la vida civil y la creación de un partido político por parte de las desmovilizadas FARC-EP.
Sin embargo, debido a las dudas de un sector de la sociedad, la oposición política a la implementación de algunas partes del acuerdo, el asesinato de excombatientes y los incumplimientos por parte de los actores involucrados, la violencia se ha recrudecido en los últimos años. Esto ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Adicionalmente, el ELN no ha firmado acuerdos con el gobierno y, aunque ha habido intentos para soluciones diplomáticas, todas han sido infructuosas.
Aunque el acuerdo con las FARC-EP y el apoyo de la UNVMC siguen vigentes, el Estado no ha tomado posesión de los territorios que fueron desocupados por esta guerrilla. Esto continúa alimentando el problema de la falta de presencia estatal en algunas regiones de Colombia y su posterior ocupación por grupos al margen de la ley.
Estos grupos incluyen la aún activa guerrilla del ELN, las disidencias de los grupos paramilitares, las nuevas disidencias de las FARC-EP, conocidas como el Estado Mayor Central (EMC) y la Nueva Marquetalia, y otros grupos narcotraficantes, como el cartel de Sinaloa de México.
Con la excepción del ELN, la mayoría de los grupos existentes, autodenominados como guerrillas, paramilitares y carteles, son principalmente organizaciones narcotraficantes sin intereses políticos definidos más allá de los territorios en los que operan. Esto, sumado al grado de fragmentación de estos grupos en el territorio, hace que una salida negociada sea difícil e impracticable, a menos que se logre un acuerdo general.
El actual gobierno de Colombia se propuso un acuerdo general llamado «La Paz Total», y desde 2022 se iniciaron diálogos con los principales grupos al margen de la ley. Aunque ha habido algunos avances en términos de cese al fuego con algunos grupos, también se ha presentado un aumento en la violencia y la presencia de estas organizaciones criminales en varios municipios del país.
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