La pandemia de coronavirus demostró cómo la tecnología puede marcar la diferencia a la hora de abordar esta crisis. Los países asiáticos que digitalizaron la gestión sanitaria utilizando Big Data pusieron freno al coronavirus de forma más efectiva.
Las primeras medidas que han tomado los Estados para contener el avance del coronavirus, como el cierre de espacios públicos o intensas campañas de sensibilización en medios de comunicación, pronto se vieron insuficientes. Una vez que la cifra de contagios comenzó a despuntar, distintos Gobiernos empezaron a recurrir a dos medidas que han destacado por encima de las demás: el uso del big data y el confinamiento.
Aunque no han sido excluyentes, los países que tienen la capacidad de implementar eficazmente la primera se han permitido, por regla general, recurrir menos a la segunda. Este ha sido el caso de Corea del Sur o Taiwán, donde se está utilizando análisis de datos para contener el avance del virus. En China, si bien se ha aplicado un férreo confinamiento, también se ha hecho uso del big data.
Ahora bien, el uso de los datos personales de la ciudadanía está generando debate en torno al derecho a la privacidad. ¿Estamos dispuestos a tener en nuestro móvil una aplicación que permita al Gobierno rastrear nuestros movimientos y almacenar ingentes datos sobre nuestra vida cotidiana? ¿Y si solo es en caso de una emergencia, como durante una crisis? Estas preguntas no tienen fácil respuesta.
Pero las oportunidades que puede brindar el tratamiento positivo del big data son numerosas, no solo a la hora de hacer frente a una pandemia, sino también en numerosos campos científicos como la ingeniería, la medicina o la lucha contra el cambio climático.
El debate sobre cómo darle un uso responsable al big data y a quién poner al mando de su gestión se abierto en esta crisis. Pero este debate no es más que la prolongación de otro mucho más viejo: el que contrapone las libertades individuales y el derecho a la la privacidad con la seguridad y el bienestar colectivos.
Corea del Sur y Taiwán, big data para combatir al virus
Algunos países de Asia han hecho frente a la covid-19 de manera singular. China, Corea del Sur o Taiwán han frenado la propagación del virus con eficacia en parte gracias al uso que han hecho de los datos personales de sus ciudadanos, a los que tienen acceso.
En Corea del Sur, por ejemplo, el Gobierno ha implementado un seguimiento anonimizado de sus ciudadanos que ha permitido no restringir el movimiento a los surcoreanos en ningún momento, evitando así recurrir al confinamiento de toda la población y solo de las personas contagiadas.
Además, solo se impidió la entrada a los ciudadanos chinos provenientes de Hubei, la región en la que aparecieron los primeros casos de contagio, y el Gobierno surcoreano ha mantenido una política de transparencia que ha resultado muy positiva a la hora de combatir el miedo y la desinformación en el país.
Taiwán es otro ejemplo de buena gestión de esta crisis gracias, en parte, a su uso de big data. Mientras que las predicciones situaban a Taiwán como uno de los más expuestos por su cercanía a China, apenas ha contado unos pocos centenares de contagios frente a las decenas de miles que ha habido en Italia o España.
Para saber cuáles de los pasajeros que llegaban a la isla eran potenciales portadores del virus, las agencias nacionales, encargadas de salud e inmigración cruzaron sus bases de datos. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta que son cerca de 850.000 taiwaneses los que viven en Chinan actualmente. A aquellos que eran diagnosticados con el virus se les confinaba en casa, reduciendo sustancialmente el riesgo de contagio del resto de la población.
El caso de China es más complejo de analizar. Si bien su naturaleza autoritaria y la falta de transparencia han impedido una gestión eficiente de la crisis en un primer momento, el despliegue de medios ha incluido medidas parecidas a las de sus vecinos. China ha puesto también en marcha la aplicación Suishenban, que combina reconocimiento facial con el número de identificación nacional de cada ciudadano.
La aplicación registra información del usuario, como su temperatura o posibles síntomas, y la cruza con las bases de datos del transporte público, policía y teleoperadoras para medir el grado de exposición que esa persona ha podido tener al virus.
Con esa información, la aplicación atribuye al usuario un color y un código QR que le da acceso a determinados sitios: si el usuario tiene el color verde no es considerada una persona de riesgo, por lo que puede hacer uso de todos los servicios; si recibe el amarillo solo puede acceder a algunos servicios; y se ve obligado a confinarse si recibe el color rojo. Las plataformas chinas de servicios online Alibaba y Tencent, gigantes del comercio online y del procesamiento de big data, han colaborado también estrechamente con el Gobierno para desarrollar esta app.
El rol del Estado en la gestión de los datos
La experiencia en la gestión de anteriores epidemias ha sido también uno de los factores clave que ha permitido a estos países controlar eficazmente la expansión del virus. Durante la crisis del MERS en 2015, China y Corea del Sur ya eran conscientes de la importancia de realizar un rastreo a los pacientes contagiados, utilizando entonces principalmente cámaras de videovigilancia.
Por ello, con la mejora de los sistemas de seguimiento a través de la geolocalización del teléfono móvil, este tipo de medidas se han puesto en marcha desde el primer momento. El caso de Taiwán es esclarecedor: en el plazo de un solo día, el Gobierno ya había rastreado el historial de vuelos de los viajeros que llegaban a la isla. De China, sin embargo, se esperaba más, debido a que el contagio humano vía animales es frecuente en ese país.
Hay otro factor añadido que diferencia a Corea del Sur o Taiwán de otras democracias en Occidente: al contrario que en Europa, la seguridad suele primar por encima de la privacidad. Corea del Sur, por ejemplo, es un país puntero en tecnología de videovigilancia.
La vigilancia masiva por parte del Gobierno cuenta con un alto grado de aceptación en este país, además de estar totalmente asentada en un país autoritario como China. Así, una mayor presencia de estos Estados en la vida de sus ciudadanos les ha permitido contar con una mayor cantidad de datos con la que trabajar para contener la crisis. A este respecto, Taiwán es una excepción, pues medidas como el acceso al historial de viajes de sus ciudadanos han sido coyunturales a la crisis.
Las democracias occidentales, sin embargo, han puesto hasta ahora más énfasis en el derecho a la privacidad, estableciendo una clara separación entre el individuo y el Estado. La Unión Europea ha sido pionera poniendo en marcha medidas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que limita el acceso a la información personal de los ciudadanos europeos y que esta sea compartida con terceros.
En Estados Unidos la colaboración entre el sector público y privado es también escasa, teniendo el segundo mucho más poder en materia de big data. Un ejemplo de ello fue la controversia jurídica generada en 2016 a raíz del ataque terrorista de San Bernardino, California.
El FBI pidió a Apple que reescribiera el código de encriptación del teléfono de uno de los terroristas para poder acceder al mismo y buscar información relevante para el caso. Apple se negó, comparando el código informático con la libertad de expresión y alegando, por tanto, que obligarles a escribir código iba en contra de la Primera Enmienda.
¿Está cambiando la pandemia las reglas del juego?
Conscientes de la importancia del big data para la resolución de crisis como esta, diversos actores institucionales occidentales han apelado ya a la colaboración del sector privado. No es tarde para poner en marcha herramientas de análisis de datos, que podrían ser claves para controlar los rebrotes después del confinamiento.
Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ha pedido a las teleoperadoras europeas que suministren los datos de sus clientes y así poder monitorizar el virus de manera centralizada. Breton ha aclarado que esta iniciativa respeta en todo momento el RGPD y que los datos se tratarán de manera agregada y anonimizada, lo que impediría identificar a un individuo concreto.
En países como Reino Unido o España se llevaron a cabo iniciativas parecidas. También está por ver cuál será la respuesta de Estados Unidos, enfrentado a China en la carrera por la inteligencia artificial y el big data, que, de momento, domina el gigante asiático. Por lo pronto, los estadounidenses han presentado el COVID-19 HPC Consortium, una suma de fuerzas entre el Gobierno y el sector privado que incluye, entre otros, a la NASA, Amazon o el MIT, y que podría convertirse en una de las mayores empresas de tratamiento de big data del mundo.
¿Perdurará esta tendencia en el orden posterior a la pandemia? Esta crisis está demostrando la importancia de un ecosistema de datos sólido. Es más, evitar la propagación de un virus es solo una de las posibilidades que ofrece un uso ético del big data. Su papel en el desarrollo de la inteligencia artificial es fundamental y sus aplicaciones en la salud, el transporte o el calentamiento global podrían salvar más vidas que las que se ha cobrado la covid-19 por el momento.
Esta crisis puede ser una buena excusa para que Gobiernos, sector privado y centros de investigación occidentales experimenten de primera mano las ventajas de la gestión en común del big data con un fin positivo y alejado de las características autoritarias del modelo chino. La iniciativa de Apple y Google de instalar en los teléfonos móviles una app que registre los contactos entre usuarios es interesante en cuanto a cooperación público-privada.
Sin embargo, estas dos grandes empresas no dejan ser actores guiados por el interés económico y que no han sido elegidos democráticamente. El debate está encima de la mesa: usar big data será cada vez más una necesidad y no una opción. Seguir mirando hacia otro lado no parece la decisión más responsable.
