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Monroe, Donroe y las sombras del Nuevo Orden

La Doctrina Monroe no ha desaparecido: ha mutado. Lo que fue una advertencia explícita se ha transformado en una lógica de poder silenciosa que ya no se proclama, sino que se ejerce. La llamada Donroe —y sus equivalentes Putinroe y Xi Jinroe— describe un mundo donde las zonas de influencia se construyen sin declaraciones formales, mediante dependencias económicas, tecnológicas y coercitivas. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Rosalía Fernández explica cómo el derecho internacional y los derechos humanos sobreviven como retórica, mientras el poder real opera de forma invisible, normalizando el hecho consumado y erosionando la soberanía sin necesidad de invasiones abiertas.

El poder que ya no necesita decir su nombre: zonas de influencia, precedentes y el miedo que organiza el sistema.

Hay doctrinas que nacen como frases y mueren como sistemas. Otras, más peligrosas, nunca mueren: mutan. La llamada Doctrina Monroe fue, en su origen, una advertencia simple disfrazada de principio moral: el hemisferio occidental como espacio vedado a las viejas potencias. América para los americanos. Una frase breve, casi ingenua, que con el tiempo se convirtió en músculo, flota y bloqueo.

Pero toda doctrina, al envejecer, deja de ser pronunciada y comienza a ser imitada. Surge entonces la Donroe: no escrita, no firmada, no anunciada, pero ejercida. No es defensa, es gravitación; no es frontera, es órbita. Opera por saturación económica, tecnológica, cultural y militar. No proclama valores universales; los reemplaza por dependencias prácticas. No promete libertad; “asegura” estabilidad a quienes aceptan el precio. Y ese precio casi siempre se paga en silencio.

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América Latina como laboratorio de poder

En este tablero, América Latina se convierte en un espacio donde las doctrinas se prueban sin necesidad de ser nombradas. Países como Venezuela han servido como precedentes de estas dinámicas invisibles, ofreciendo lecciones duras: no como modelos, sino como advertencias; no como excepciones, sino como referencias de tendencias. Lo ocurrido allí no es un episodio aislado ni una anomalía ideológica: es un experimento prolongado donde la degradación institucional, el vaciamiento económico y la presión social han coexistido con una sorprendente estabilidad externa. El mensaje implícito es inquietante: un país puede deshacerse por dentro sin que el sistema internacional intervenga, siempre que los vectores estratégicos permanezcan alineados.

Aquí la Donroe deja de ser exclusivamente hemisférica y se vuelve contagiosa. Mientras una potencia consolida su zona de influencia histórica, otras observan y aprenden. Emergen entonces sus reflejos: los neologismos Putinroe y Xi Jinroe, propuestos aquí como analogías para designar doctrinas sin nombre propio, pero con firma reconocible.

Putinroe y Xi Jinroe: lógicas de poder invisibles

Como la Donroe, otras potencias han desarrollado versiones funcionales propias, no como copias, sino como adaptaciones sistémicas. No son doctrinas declaradas, sino lógicas operativas que delimitan espacios, imponen costes y redefinen lo aceptable sin necesidad de consenso internacional.

Putinroe opera por choque y consolidación: altera el terreno, soporta el coste inicial y apuesta por el cansancio del sistema. No busca legitimidad inmediata, sino adaptación progresiva al hecho consumado.

Xi Jinroe, en cambio, funciona por acumulación silenciosa: infraestructuras, deuda, tecnología, control de nodos críticos. Donde no hay invasión, hay dependencia; donde no hay ultimátum, hay contrato.

Lo relevante no es su origen, sino su replicabilidad. Una vez que estas lógicas funcionan, dejan de ser anomalías y se convierten en precedentes.

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Tecnología, vigilancia y control silencioso

A estas lógicas clásicas se suma una capa más silenciosa y eficaz: tecnología, vigilancia y datos. El control ya no depende solo de bases militares o alianzas formales, sino de infraestructuras digitales, arquitecturas de información y capacidades de procesamiento algorítmico. La inteligencia artificial no impone órdenes; optimiza dependencias. La vigilancia no necesita represión visible; basta con anticipar comportamientos.

Las sanciones, convertidas en arma estructural, cierran el círculo. No buscan solo castigar, sino modelar decisiones, condicionar trayectorias e inducir un miedo difuso: administrativo, silencioso, que desgasta sin paralizar de golpe.

Derecho internacional y soberanía erosionada

La gran ironía es que aquella doctrina fundacional nació en un mundo en formación, cuando el derecho internacional era aspiración más que norma y la soberanía se medía en cañones y distancias. Hoy, su eco —distorsionado, replicado— resuena en un sistema formalmente regido por tratados, cortes y declaraciones universales, pero atravesado por excepciones constantes.

Los derechos humanos funcionan cada vez más como retórica selectivase invocan con fuerza cuando conviene, se relativizan cuando estorban y se silencian cuando interfieren con equilibrios mayores. El derecho internacional persiste como arquitectura, pero sin garante último: sólido en el papel, frágil en la crisis. Incluso estados que mantienen reconocimiento formal pueden haber perdido, en los hechos, su capacidad de decisión estratégica.

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El resto del mundo y el equilibrio multipolar

Mientras Donroe, Putinroe y Xi Jinroe delinean sus órbitas de influencia, el resto del mundo navega un sistema cada vez más multipolar y ambiguo.  Actores como la Unión Europea, que buscan balancear intereses estratégicos con compromisos normativos, pero funcionan a menudo como observadores limitados: intentan contener y mediar, pero chocan con la sutileza de las lógicas de poder invisibles. Los Países medianos y emergentes ajustan sus políticas entre soberanía formal y dependencia estructural, conscientes de que la disuasión jurídica y moral ya no garantiza seguridad ni autonomía.

En este contexto, el derecho internacional y los derechos humanos funcionan como un lenguaje común útil para la diplomacia, pero insuficiente para contener las lógicas de poder invisibles. La gobernanza global se convierte en un juego de precedentes, adaptaciones y cálculos de riesgo, donde la estabilidad no surge de reglas claras, sino de la gestión sutil de incertidumbre y miedo.

Escenarios inciertos y caos estructurado

Los escenarios que se abren son tan inciertos que ni siquiera admiten el lenguaje clásico de la prospectiva. No se trata de un nuevo orden estable, sino de una transición prolongada donde conviven normas que nadie hace cumplir y fuerzas que nadie reconoce públicamente. Las doctrinas no se proclaman, se ejercen; el horror no irrumpe, sino que se normaliza.

Este nuevo eje de poder configura un mundo donde la incertidumbre es la regla y el caos, variable permanente modulada por dependencias, sanciones y vigilancia. Los estados medianos y pequeños se deslizan entre soberanía erosionada y control silencioso. Los derechos humanos y el derecho internacional funcionan como guía formal, pero no como límite efectivo. El futuro se dibuja en escenarios donde la previsibilidad se reduce y la tensión se convierte en instrumento estratégico. Es un mundo de amenazas invisibles, donde el miedo no se grita, pero organiza comportamientos y decisiones.

Conclusión: invisibilidad y efectos del poder

Quizás ese sea el signo definitivo de esta época: no la ausencia de reglas, sino su aplicación desigualno el fin de las doctrinas, sino su invisibilidad. Un mundo donde nombrar el poder resulta innecesario, porque sus efectos ya hablan por él.


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Brasil inquieta al mundo y reclama su lugar entre las potencias

Brasil emerge como una potencia clave y desafía el equilibrio de las naciones tradicionales. Su autonomía estratégica y el debate nuclear generan cautela internacional. En este artículo, Sebastián Ruda, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, explica cómo el país busca redefinir el poder en el Sur Global.

En tiempos recientes, Brasil ha dejado de ser visto como un actor marginal. Se ha transformado en una figura clave que despierta inquietudes estratégicas entre las grandes potencias. Su desarrollo constante y sus recursos naturales han captado la atención y cautela de Washington, Pekín y Moscú.

A Estados Unidos le preocupa su creciente independencia diplomática y su participación en los BRICS. A China le inquieta la posibilidad de que compita por influencia en América Latina. Por su parte, Rusia observa su acercamiento a Occidente sin abandonar los lazos euroasiáticos.

El debate sobre una reforma constitucional para desarrollar armamento nuclear ha encendido las alarmas internacionales. Esta iniciativa es impulsada por sectores del gobierno y del Congreso. Aunque la propuesta está lejos de concretarse, su discusión revela una transformación profunda en la mentalidad brasileña. El país desea alcanzar una soberanía plena, incluso en el terreno disuasivo, para dejar de ser visto únicamente como un poder regional.

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Brasil incomoda al status quo global: es demasiado grande para ser ignorado y demasiado independiente para alinearse. En un mundo fragmentado y en reconfiguración, su ascenso, ahora con la posibilidad de ser acompañado por un discurso de autonomía nuclear, redefine los equilibrios y obliga a las potencias a repensar sus estrategias en el hemisferio sur.

La promesa brasileña en el sistema mundial

Durante años, Brasil fue percibido como un gigante dormido: con gran extensión territorial y abundancia de recursos, pero afectado por la inestabilidad y la desigualdad.

Hoy, en medio de un contexto multipolar, el país emerge con renovada energía y ambiciones globales. Cuenta con una población superior a los 200 millones de habitantes y una economía diversa. Su política exterior se enfoca en la autonomía estratégica. Así, busca posicionarse como una potencia intermedia entre el Norte y el Sur global.

Bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil ha revitalizado su diplomacia. Ha recuperado un papel activo en los BRICS, el G20 y el Mercosur. Al mismo tiempo, promueve una agenda basada en la transición energética, la cooperación Sur-Sur y el liderazgo regional.

Sin embargo, su proyección global genera tensiones. Su aproximación simultánea a China, Rusia, Europa y Estados Unidos lo convierte en un actor complejo. Por ello, el país se encuentra bajo constante observación.

Los pilares del ascenso brasileño

El nuevo rol internacional de Brasil se sustenta en tres ejes: una población numerosa con un sólido mercado interno, abundantes recursos naturales estratégicos y una diplomacia expansiva.

En el terreno económico, Brasil se posiciona como la décima economía del mundo. Además de liderar la exportación de productos como la soja, el hierro y la carne, impulsa el desarrollo de una industria más avanzada e innovadora. Sus progresos en ciencia y tecnología le permiten competir en sectores de alto valor añadido, fortaleciendo al mismo tiempo la autonomía de su política exterior.

Esta transición hacia un modelo de desarrollo más autosuficiente se complementa con una diplomacia activa, enfocada en diversificar alianzas y disminuir la dependencia de los centros tradicionales de poder. Brasil ya no sigue los lineamientos de ninguna potencia: busca moldear el orden global desde la moderación y la construcción de consensos.

Autonomía estratégica y liderazgo en América Latina

Uno de los aspectos más distintivos del Brasil actual es su estrategia de «no alineamiento activo». Lejos de subordinaciones a Washington o Pekín, adopta una posición pragmática que le permite negociar con distintos actores sin comprometer su soberanía.

En América Latina, consolida su papel como fuerza estabilizadora a través del Mercosur y de una agenda que promueve la cooperación energética, tecnológica y de infraestructura. En términos de seguridad, la Amazonía y el Atlántico Sur se han convertido en zonas prioritarias. El control de esta región marítima, rica en recursos y estratégicamente vinculada con África, refuerza su peso geopolítico.

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La diplomacia de Lula combina idealismo con pragmatismo: intenta mediar entre bloques enfrentados y representar al Sur Global sin entrar en confrontaciones directas con las potencias. Brasil aspira a más que el liderazgo regional; busca ser reconocido como un actor global que aporta estabilidad, diálogo y soluciones sostenibles.

Brasil en los BRICS: entre la oportunidad y el desafío

El bloque BRICS (Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con nuevos integrantes recientes) se ha transformado en una de las principales plataformas del ascenso brasileño.

Brasil tiene ante sí una oportunidad estratégica: fomentar la cooperación Sur-Sur y liderar una agenda global más inclusiva. No obstante, este liderazgo conlleva riesgos. La creciente presencia de China y Rusia dentro del bloque obliga a Brasil a manejar un equilibrio delicado: beneficiarse de las ventajas económicas y financieras sin quedar atrapado en sus agendas geopolíticas.

El desafío será preservar la independencia que lo caracteriza, promoviendo temas donde cuenta con ventajas claras (como la energía limpia, la seguridad alimentaria y la innovación tecnológica) y sirviendo de puente entre los BRICS y las potencias occidentales. Su diplomacia, en este contexto, tiene un valor especial: ser un interlocutor creíble entre mundos a menudo en tensión.

Energía, tecnología y defensa: la tríada del poder brasileño.

El ascenso de Brasil no se basa únicamente en su diplomacia ni en su tamaño, sino en su habilidad para generar poder real en tres campos clave: energía, tecnología y defensa.

En el sector energético, Brasil es una potencia verde. Petrobras lidera inversiones tanto en los yacimientos del presal como en biocombustibles y procesos de descarbonización. El país es pionero en la producción de etanol, biodiésel e hidrógeno verde, lo que lo convierte en un socio fundamental para Europa y Asia en el marco de la transición energética.

En el ámbito tecnológico, se destacan los avances en inteligencia artificial, agricultura sostenible y tecnología satelital, combinando alianzas con China y la Unión Europea con iniciativas nacionales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

En defensa, moderniza su flota aérea con los cazas Gripen NG (en coproducción con Suecia), desarrolla el submarino nuclear Álvaro Alberto y refuerza su presencia militar en la Amazonía. Sin buscar hegemonía, Brasil pretende garantizar su autonomía estratégica y posicionarse como referencia en seguridad marítima y ciberdefensa en el Atlántico Sur.

Estas tres áreas le otorgan una combinación única de poder blando y duro: innovación, energía sostenible y capacidad de disuasión militar, algo poco común en el hemisferio sur.

Obstáculos al ascenso brasileño

A pesar de sus avances, el auge brasileño enfrenta desafíos internos que podrían limitar su proyección internacional. Políticamente, Brasil sigue siendo una democracia polarizada. La fragmentación del Congreso y la pugna entre el progresismo de Lula y el bolsonarismo dificultan la implementación de reformas estructurales.

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Económicamente, la fuerte dependencia de productos básicos (como la soja, el hierro y el petróleo) representa una vulnerabilidad, especialmente considerando que China es su principal comprador. Cualquier variación en la demanda asiática puede afectar significativamente su economía.

En lo ambiental y de seguridad, la Amazonía es tanto un activo estratégico como una fuente de conflicto. La deforestación, la actividad minera y la militarización del territorio generan tensiones internas y roces diplomáticos.

En el plano internacional, Brasil deberá gestionar las expectativas: actuar como potencia conlleva asumir responsabilidades globales en áreas como defensa, energía y mediación política. Esto exige coherencia, recursos y estabilidad institucional. El principal riesgo sería aspirar a un rol de gran potencia sin contar con la capacidad fiscal o política necesaria para sostenerlo.

Brasil ante el desafío de consolidar su poder

Brasil atraviesa un momento clave. Su peso económico, su renovada diplomacia y sus avances en energía, tecnología y defensa lo posicionan como un actor central en el Sur Global. Pero su verdadero poder reside en su capacidad de mantener independencia sin aislarse y de construir alianzas sin depender.

El reciente debate sobre el derecho a desarrollar capacidades nucleares con fines de defensa es clave. Evidencia que Brasil ya no teme igualarse a las grandes potencias. No se trata solo de una ambición tecnológica. Es una afirmación política de un país que busca ser tratado como igual en las mesas del poder global.

El mundo debe seguir de cerca su evolución. Un Brasil fortalecido puede alterar el equilibrio mundial. Potenciaría al Sur Global y diversificaría rutas energéticas y comerciales. Además, ofrecería una alternativa real frente a las hegemonías tradicionales.

Si logra mantener su estabilidad interna y su autonomía estratégica, no solo redefinirá el liderazgo en América Latina, sino que también podrá consolidarse como un eje fundamental en el nuevo orden global.

Más allá de ser un gigante que despierta, Brasil simboliza un modelo latinoamericano de poder. Este se basa en la sostenibilidad, la cooperación y la soberanía. Ahora suma un componente disuasivo que lo acerca al lenguaje estratégico de las grandes potencias. Resta por ver si esta promesa logrará una influencia duradera. También queda la duda de si se desvanecerá ante las complejidades internacionales.

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Cilia Flores: la esposa de Maduro y abogada de Chávez que enfrenta un juicio en Estados Unidos

Descubre la biografía completa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, abogada penal que pasó de defender a Hugo Chávez a enfrentar acusaciones de narcotráfico en un juicio federal en Nueva York.

Cilia Adela Gavidia Flores de Maduro selló un camino político en Venezuela durante más de tres décadas, transformándose de una joven abogada defensorista en una de las mujeres más influyentes del chavismo. Sin embargo, su trayectoria dentro del régimen bolivariano ha culminado en enero de 2026 con su captura en Caracas y traslado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones federales graves relacionadas con el narcotráfico, la conspiración criminal y el apoyo a redes ilícitas. Su caso representa un punto de ruptura en la historia política venezolana. Por primera vez, una primera dama del país se sienta en el banquillo de una corte estadounidense enfrentando múltiples delitos que podrían encerrarla durante décadas en prisión.

Orígenes y educación

Nacida el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Cilia Flores creció en un entorno modesto. Era la menor de seis hermanos en una familia de recursos limitados. Tal y como el propio Maduro ha expresado públicamente, vivía en un rancho con piso de tierra. A los cuatro años, su familia se trasladó a la periferia occidental de Caracas, específicamente a la localidad de Flores de Catia, un barrio popular que marcaría su identidad política e ideológica.

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Su trayectoria académica fue ascendente. Se licenció en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas, institución privada de prestigio, donde se especializó en derecho penal y laboral. Esta formación legal especializada resultaría fundamental para su posterior actividad, ya que no fue una política tradicional, sino una jurista con competencias específicas en áreas que le permitirían navegar sistemas legales complejos y defender a individuos en procesos penales.

El pivote de 1992: defensora de Chávez y encuentro con Maduro

El punto de inflexión en la vida de Cilia Flores llegó en 1992, cuando el teniente coronel Hugo Chávez y otros militares intentaron un golpe de Estado que fracasó. Tras el fallido levantamiento, Chávez fue encarcelado. Flores, entonces en sus inicios como abogada, se integró al equipo de defensores legales que asumió la representación del futuro presidente revolucionario. Durante estos años de litigio, Flores desarrolló una amistad cercana con Chávez y, simultáneamente, conoció a Nicolás Maduro, quien en ese momento trabajaba como parte del equipo de seguridad del líder bolivariano.

Su trabajo fue exitoso, pues en 1994, bajo la presidencia de Rafael Caldera, Flores formó parte del equipo jurídico que gestionó el indulto presidencial de Chávez. Este logro no solo consolidó su reputación como abogada penalista valiosa, sino que la vinculó indisolublemente con el liderazgo revolucionario que gobernaría Venezuela durante las siguientes décadas.

En 1993, Flores fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos, una organización que le permitió estructurar una base política propia. Posteriormente, en 1997, participó como fundadora del Movimiento V República (MVR), la plataforma política que llevaría a Chávez a la presidencia en las elecciones de 1998.

Consolidación política: de diputada a presidenta del Parlamento

La llegada de Chávez a la presidencia en 1999 abrió nuevas oportunidades para Flores. En el 2000, fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, representando su estado de origen. Además, fue reelegida en 2005, ampliando su presencia parlamentaria.

El hito más notorio de su carrera legislativa llegó en agosto de 2006. Tras la salida de Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional para asumir el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Flores fue elegida presidenta de la Cámara legislativa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición en la historia parlamentaria de Venezuela.

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Durante su mandato como presidenta (2006-2011), implementó medidas controvertidas, como la restricción del acceso de la prensa al hemiciclo legislativo, y enfrentó denuncias de nepotismo por la contratación de decenas de familiares en estructuras administrativas parlamentarias.

Procuradora General y eminencia gris del chavismo

En febrero de 2012, Hugo Chávez la designó procuradora general de la República, equivalente a fiscal general. Este cargo institucional reforzó su perfil como una figura de poder no ceremonial, sino operativa. Durante este período, gestionaba la defensa legal del Estado y representaba los intereses patrimoniales de la nación, funciones que, en el contexto del colapso institucional venezolano, adquirieron dimensiones complejas y controvertidas.

Analistas políticos han descrito a Flores durante estos años como una «eminencia gris». Esto es una figura que operaba con un perfil bajo, sin buscar protagonismo público, pero ejerciendo una influencia sustancial sobre las decisiones estratégicas del régimen. De hecho, su presencia era constante en reuniones de la alta dirección política y militar, y sus opiniones se consideraban de peso en el círculo íntimo de Maduro.

Primera dama y primera combatiente tras la muerte de Chávez

La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 marcó un punto crucial en su vida. Nicolás Maduro fue elegido presidente en abril de 2013, lo que convirtió a Cilia Flores automáticamente en primera dama. Sin embargo, ella y Maduro optaron por rechazar este título. Maduro insistió en denominarse «primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela», lo que suponía un título cargado de simbolismo revolucionario que ella misma promovió. Esta preferencia terminológica mostraba la identificación de ambos con la ideología bolivariana y su rechazo a las convenciones institucionales occidentales.

En julio de 2013, tres meses después de la elección presidencial de Maduro, la pareja formalizó su unión matrimonial después de más de dos décadas compartiendo vida política y personal. El matrimonio fue celebrado por Jorge Rodríguez, uno de los políticos más influyentes del régimen y cercano colaborador de Maduro.

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Como primera dama, Flores continuó con una presencia política activa. Fue elegida diputada nuevamente en 2015, cuando el chavismo perdió por primera vez en quince años la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. En 2017, fue designada miembro de la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que el gobierno consideraba destinado a refundar las instituciones, aunque fue ampliamente criticado por la oposición como un mecanismo para consolidar el autoritarismo.

Sanciones internacionales y vínculos con investigaciones de narcotráfico

A pesar de su posición institucional elevada, Flores enfrentó presiones internacionales desde mediados de la década de 2010. En 2018, el gobierno canadiense impuso sanciones contra ella, acusándola de vínculos con actividades criminales. Poco después, en septiembre de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en una nueva ronda de sanciones dirigidas contra el círculo cercano de Maduro.

Estas sanciones estadounidenses bloquearon cualquier activo que Flores tuviera bajo jurisdicción norteamericana y prohibieron a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con ella. El comunicado del Tesoro la identificó como parte del «círculo cercano» de Maduro responsable de mantenerlo en el poder mientras el país se desmoronaba económicamente.

Además, en 2015 un escándalo familiar salpicó a Flores , cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense. Posteriormente se les trasladó a Nueva York, donde en 2017 fueron condenados a dieciocho años de prisión por intento de tráfico de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Aunque no se demostró conexión directa de Flores con este operativo de sus familiares, el caso generó asociaciones públicas entre su nombre y las redes de narcotráfico.

El juicio en Nueva York y las acusaciones federales que enfrenta

El 3 de enero de 2026, Cilia Flores fue capturada junto a Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde quedaron bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad.

Los cargos federales contra ella incluyen conspiración relacionada con narcotráfico, conspiración para importación de cocaína, y apoyo logístico y financiero a una estructura criminal internacional. Según los documentos judiciales, la fiscalía le acusa de haber gestado beneficios económicos derivados de operaciones ilícitas, facilitado el uso de recursos estatales para transporte de mercancías ilícitas, y colocado a familiares directos en posiciones estratégicas de aduanas, divisas y justicia para proteger a la red criminal de investigaciones locales.

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Los cargos acumulados contra ella conllevan potencialmente varias cadenas perpetuas consecutivas. La fiscalía planea presentar testimonios de ex altos funcionarios del régimen que se encuentran bajo programas de protección de testigos, como el ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal y el ex general en retiro Cliver Alcalá, quienes ya se han declarado culpables y cooperan activamente con las autoridades estadounidenses.

El trayecto de Cilia Flores desde abogada defensora de Hugo Chávez en 1992 hasta acusada federal en 2026 encapsula en cierta medida la evolución del experimento chavista en Venezuela. Una mujer que se forjó en la defensa de revolucionarios encarcelados ahora enfrenta acusaciones por facilitar presuntamente crímenes contra la salud pública de naciones extranjeras. El resultado de su juicio en Nueva York posiblemente arrojará luz sobre las estructuras de poder, la corrupción y el tráfico de drogas que operaron en el seno del régimen chavista durante décadas.

Las claves del proceso judicial contra Maduro en Nueva York

Durante años, la posibilidad de ver a Nicolás Maduro sentado ante un juez en Estados Unidos parecía imposible. Sin embargo, en menos de dos días, el dirigente chavista pasó de Caracas a Nueva York tras una operación organizada por Estados Unidos.

Maduro llegó esposado, escoltado por agentes federales y sin ningún trato diplomático. Las imágenes difundidas en redes lo muestran con las manos atadas, saludando de forma breve y visiblemente tenso. Este 5 de enero compareció por primera vez ante un tribunal federal, acusado de varios delitos graves relacionados con el narcotráfico y el uso de armamento.

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Los cargos principales que afronta son la conspiración por narcoterrorismo, por presuntamente liderar el llamado Cártel de los Soles y colaborar con las FARC para introducir cocaína en Estados Unidos; la conspiración para importar grandes cantidades de droga al país; y el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para proteger esas operaciones ilícitas.

Quién es el juez y cómo se articula la defensa de Maduro

El caso está en manos de Alvin Hellerstein, un magistrado de 92 años con fama de directo y poco dado al espectáculo. Lleva décadas en la judicatura federal y ha tratado asuntos delicados, desde terrorismo internacional hasta litigios posteriores al 11-S. En su sala no hay espacio para arengas políticas. Dejó claro desde el primer minuto que aquí se juzgan hechos, no relatos.

Para afrontar un proceso que puede acabar en cadena perpetua, Maduro ha optado por una defensa de alto perfil. Su abogado es Barry Pollack, conocido por haber negociado la liberación de Julian Assange. La estrategia resulta evidente: presentar el caso como una persecución política y cuestionar la legitimidad de la captura.

Por su parte, la defensa de Cilia Flores recae en Mark Donnelly, antiguo fiscal con experiencia en delitos económicos. Ambos equipos se enfrentan a un sumario extenso que describe una red de narcotráfico sostenida, según la acusación, desde las propias estructuras del Estado venezolano.

Las declaraciones de Maduro y Cilia Flores ante el juez

Ante el juez, Maduro habló en español, con auriculares para la traducción. Se declaró inocente y sostuvo que sigue siendo el presidente de Venezuela. Afirmó que lo «capturaron» en su casa de Caracas y calificó la operación como un secuestro. Intentó alargar su intervención con un alegato político, pero Hellerstein lo frenó en seco.

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La Fiscalía, representada por Jay Clayton, le acusa de utilizar instituciones públicas para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos durante años, con apoyo militar y cobertura diplomática. El escrito detalla movimientos de droga, armas y dinero que, según los fiscales, beneficiaron directamente al matrimonio.

Cilia Flores siguió la misma línea. Se declaró completamente inocente y compareció con visibles hematomas en el rostro. Su abogado atribuyó las lesiones a la violencia de la detención.

Cuáles son los siguientes pasos

La próxima cita judicial está fijada para el 17 de marzo. Hasta entonces, Maduro permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión conocida por sus duras condiciones. No se ha solicitado libertad bajo fianza y no se esperan concesiones especiales.

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Mientras tanto, en Venezuela el vacío de poder acelera movimientos internos. Delcy Rodríguez asume el control político en un contexto lleno de incógnitas.

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¿De qué acusan a Nicolás Maduro? Cargos, delitos y claves de su juicio en Nueva York

Narcoterrorismo, tráfico de cocaína y corrupción: todos los cargos federales contra Maduro en el Distrito Sur de Nueva York.

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro Moros, quien gobernó Venezuela durante más de una década, fue capturado en una operación militar relámpago ejecutada por las fuerzas especiales estadounidenses en su residencia de Caracas.

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Lo que comenzó como una incursión quirúrgica coordinada por la Delta Force terminó con la detención y traslado forzado del expresidente a Nueva York, donde enfrenta un sistema judicial federal que podría sentenciarlo a prisión perpetua por una batería de cargos federales relacionados con narcotráfico, terrorismo y corrupción.

La comparecencia de Maduro ante un juez federal el lunes 5 de enero de 2026 supone la culminación de una investigación que lleva más de seis años gestándose en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Tras su detención inicial, Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, a la espera de las audiencias que definirán su destino personal y también el futuro político y legal del régimen chavista.

Así capturó la Delta Force a Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero, alrededor de las 02:00 horas locales, fuerzas especiales estadounidenses iniciaron lo que sería conocido como la Operación Absolute Resolve (Resolución Absoluta). Esta operación no fue impulsiva ni espontánea, ya que representaba meses de planificación estratégica, despliegues militares previos y una clara determinación del gobierno de Donald Trump para capturar al líder venezolano.

El plan era tan audaz como complejo. Primero, aviones de combate estadounidenses realizaron ataques dirigidos contra la infraestructura de comunicaciones venezolana, deshabilitando los sistemas que permitían a los generales del país coordinar sus fuerzas. De manera simultánea, se destruyeron radares y sistemas de defensa aérea para crear un corredor de penetración que permitiera el acceso de helicópteros estadounidenses al espacio aéreo de Caracas sin resistencia significativa.

La fase terrestre de esta operación fue ejecutada por la Delta Force, oficialmente conocida como el Primer Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales Delta (1st SFOD-D). Esta no es una unidad ordinaria, sino que se trata de uno de los equipos de operaciones especiales más secretos y efectivos del mundo, responsable históricamente de misiones de alto riesgo como el rescate de rehenes, operaciones antiterroristas y captura de objetivos estratégicos.

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Esta unidad de élite cuenta con una trayectoria que incluye algunas de las operaciones más significativas de la historia militar reciente. En 2003, fue la Delta Force la responsable de localizar y capturar al dictador iraquí Saddam Hussein. Décadas atrás, participó en la búsqueda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Su participación en la captura de Maduro posiciona este evento como uno de los más importantes en los que ha intervenido fuera de regiones de conflicto tradicionales como Oriente Medio.

Los comandos de la Delta Force, formados por soldados de élite sometidos a entrenamientos extremos, asaltaron la residencia de Maduro en la oscuridad. Derribaron puertas blindadas y superaron a una guardia reforzada por petorianos y guardaespaldas cubanos, quienes habían incrementado las medidas de seguridad ante la amenaza de una posible operación estadounidense. Según el relato del presidente Trump, Maduro intentó buscar refugio con su esposa en un lugar protegido, pero ambos fueron capturados antes de poder cerrar «una puerta muy pesada».

El despliegue previo y la presión militar

Esta operación relámpago estuvo precedida de meses de presión militar. En agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una fuerza anfibia compuesta por tres buques principales y tres destructores frente a las costas venezolanas, llevando a bordo aproximadamente 4.500 efectivos, incluyendo más de 2.000 marines. Este despliegue fue acompañado de una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en aguas caribeñas, generando un clima de tensión constante en la región.

Según funcionarios estadounidenses, Washington le ofreció a Maduro la opción de rendirse voluntariamente una semana antes de la operación. Al rechazar esta alternativa, Trump ordenó la operación a gran escala que resultaría en su captura. La operación fue ejecutada sin bajas estadounidenses y con una precisión quirúrgica que sorprendió al mundo entero.

Los cargos federales que enfrenta Maduro

Antes de detallar los cargos específicos contra Maduro, es fundamental comprender qué significa «narcoterrorismo» en el contexto de la legislación federal estadounidense. Según la definición de la Drug Enforcement Administration (DEA), el narcoterrorismo es «un subconjunto del terrorismo en el que grupos terroristas, o individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, fabricación, transporte o distribución de sustancias controladas y del dinero derivado de estas actividades».

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Esta categorización legal es significativa porque permite a los fiscales estadounidenses vincular el narcotráfico con actividades terroristas, ampliando enormemente el alcance de los cargos y las penas potenciales. En el caso de Maduro, la fiscalía argumenta que utilizó los recursos del Estado venezolano como plataforma de protección y logística para distribuir cocaína hacia Estados Unidos, configurando un delito que combina la empresa criminal con la violencia sistemática.

La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputa a Maduro de cuatro cargos federales principales:

  • Conspiración de narcoterrorismo: este es el cargo más grave. Implica que Maduro participó en una conspiración para usar estructuras armadas y violencia como mecanismo para facilitar el tráfico de drogas. La fiscalía sostiene que transformó el Estado venezolano en una organización criminal dedicada a «inundar» Estados Unidos con cocaína como arma de desestabilización. Este cargo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión.
  • Conspiración para la importación de cocaína: la acusación específica de que Maduro participó en negociaciones directas para asegurar envíos de varias toneladas de cocaína desde las FARC colombianas a cambio de dinero y armas para grupos guerrilleros. De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano hacia Estados Unidos durante su gobierno.
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: este cargo se refiere a la supuesta posesión y control de armas de fuego automáticas y explosivos en apoyo de actividades criminales. La fiscalía argumenta que Maduro utilizó estas armas para proteger laboratorios de procesamiento de droga en zonas fronterizas y para imponer el control sobre las operaciones criminales.
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de actividades criminales: similar al cargo anterior pero enfatizando el aspecto conspirativo, este cargo establece que Maduro no actuó en solitario, sino como parte de una estructura criminal organizada que coordinaba el uso de armamento para facilitar el narcotráfico.

El Cártel de los Soles: la supuesta organización criminal

Central a la acusación está el concepto del Cártel de los Soles, una denominación que Estados Unidos utiliza para describir una presunta red criminal integrada por altos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas y funcionarios políticos. El apodo alude irónicamente a los soles que lucen en los uniformes de los militares venezolanos.

Según la acusación, Maduro encabezó esta organización desde que asumió el poder en 2013, colaborando con carteles mexicanos como el de Sinaloa y los Zetas, grupos guerrilleros colombianos (FARC y ELN), y bandas criminales como el Tren de Aragua. La fiscalía argumenta que esta red no buscaba únicamente enriquecer a sus integrantes, sino también usar la cocaína como instrumento de política exterior para debilitar Estados Unidos.

Es importante explicar que la existencia y naturaleza del Cártel de los Soles está bajo debate incluso entre especialistas en narcotráfico. Mientras que Estados Unidos lo describe como una organización jerárquica y monolítica, algunos analistas lo caracterizan como una red descentralizada de corrupción sin una estructura centralizada única.

Penas potenciales: la gravedad de los cargos

Las penas contempladas en la legislación federal estadounidense para estos delitos son severísimas. Un cargo de narcoterrorismo solamente conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de cárcel federal. Sin embargo, cuando se acumulan múltiples cargos y se demuestra la participación en una empresa criminal continuada, las sentencias pueden extenderse a cadena perpetua (prisión de por vida).

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En casos anteriores de narcotraficantes de alto rango juzgados en el Distrito Sur de Nueva York, las sentencias han alcanzado décadas de encarcelamiento. Dado que Maduro podría enfrentar varias cadenas perpetuas consecutivas, existe una posibilidad realista de que sea condenado a pasar el resto de su vida en prisión federal estadounidense.

Las alianzas criminales: cárteles mexicanos y guerrillas colombianas

La acusación contra Maduro no lo retrata como un narcotraficante aislado, sino como parte de una red internacional de tráfico de drogas de alcance continental. Según los documentos judiciales, el gobierno venezolano bajo Maduro estableció alianzas estratégicas con:

  • Carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa y los Zetas recibieron apoyo material, recursos tecnológicos y bienes de Venezuela.
  • Guerrillas colombianas: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) colaboraban suministrando cocaína.
  • Bandas criminales venezolanas: el Tren de Aragua, dirigido por Héctor Rusthenford Guerrero Flores (conocido como «el Niño Guerrero»), actuaba como brazo logístico.

La logística del tráfico: pasaportes diplomáticos y rutas protegidas

Lo que distingue a la acusación contra Maduro de otros casos de narcotráfico es la alegación de que utilizó los recursos estatales para facilitar el tráfico. La fiscalía sostiene que:

  • Se utilizaban pasaportes diplomáticos para transportar dinero y drogas.
  • Los aeropuertos controlados por autoridades venezolanas servían como puntos de tránsito.
  • Las rutas marítimas estaban protegidas por fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana.

Este nivel de integración entre el aparato estatal y las operaciones criminales es lo que permite a los fiscales argumentar que Maduro no fue simplemente un funcionario corrupto que toleraba el narcotráfico, sino el arquitecto de un sistema estatal de tráfico de drogas.

El proceso judicial: qué esperar en Nueva York

La comparecencia de Maduro ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan el 5 de enero de 2026 marca el inicio de un proceso que promete ser largo y complejo. En esta audiencia inicial, el juez notificará formalmente a Maduro de los cargos, garantizará su acceso a la defensa legal y establecerá las pautas procedimentales iniciales.

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Un punto crítico será la determinación de si Maduro permanecerá en detención preventiva o si podrá ser liberado bajo fianza. Dada la gravedad de los cargos y la naturaleza del acusado, es altamente probable que los fiscales soliciten mantenerlo encarcelado durante el proceso.

El desafío probatorio y la evidencia de autoridades cooperantes

La fiscalía ha anunciado que presentará una «cantidad abrumadora de pruebas». Esto incluye testimonios de exaltos cargos del régimen que se encuentran bajo el programa de protección de testigos estadounidense. Nombres como Hugo Carvajal y Clíver Alcalá (ambos exmiembros de la jerarquía militar venezolana que ya se han declarado culpables de narcotráfico) se espera que testifiquen contra Maduro.

Además de testimonios, la fiscalía presentará:

  • Interceptaciones telefónicas que documentan conversaciones sobre tráfico de drogas.
  • Registros financieros detallados que muestran flujos de dinero desde operaciones de narcotráfico.
  • Datos satelitales que documentan movimientos coordinados de droga y armas.

La estrategia legal: Ley RICO y empresa criminal

Un aspecto particularmente importante es que los fiscales planean utilizar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Esta ley permite tratar al gobierno venezolano como si fuera una empresa criminal, facilitando la imputación de delitos cometidos por subordinados directamente al liderazgo máximo de la organización, en este caso, Maduro.

Esto significa que la fiscalía no necesita demostrar que Maduro realizó personalmente cada acto de tráfico de drogas. En cambio, solo debe probar que fue el líder de una organización que cometió estos delitos en su nombre.

Por qué Nueva York como sede judicial

La pregunta legal que muchos se hacen es: ¿cómo pueden tribunales estadounidenses juzgar delitos cometidos en Venezuela? La respuesta está en que los cargos alegan que el narcotráfico tenía como destino directo el territorio estadounidense. La ley federal permite que tribunales estadounidenses procesen delitos cometidos fuera de sus fronteras si tienen un impacto directo en suelo nacional.

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El Distrito Sur de Nueva York es particularmente apropiado para este caso. Este tribunal ha manejado algunos de los casos más complejos de narcotráfico internacional, crimen organizado y terrorismo de las últimas décadas.

Implicaciones políticas y constitucionales

Un argumento que Maduro podría invocar es que, como ex jefe de Estado, goza de ciertas inmunidades bajo el derecho internacional. Sin embargo, Washington ha dejado clara su posición de que cualquier protección asociada a ese cargo quedó anulada tras su salida forzada del poder.

Esta es una posición controvertida desde una perspectiva internacional, ya que establece un precedente peligroso para cómo se trata a líderes depuestos. No obstante, la gravedad de los cargos podría justificar cualquier excepción a las inmunidades tradicionales.

No obstante, la captura de Maduro representa un cambio cualitativo en la estrategia estadounidense hacia Venezuela. Hasta ahora, Washington había optado por sanciones económicas e aislamiento diplomático. Esta operación militar directa, seguida de un enjuiciamiento federal, marca la transición hacia la «vía penal» como instrumento de política exterior.

No obstante, este comportamiento podría estar asociado a la aplicación de lo que podría caracterizarse como una «nueva Doctrina Monroe», en la que Estados Unidos se arroga la autoridad de capturar y juzgar a líderes latinoamericanos que considera amenazas a su seguridad nacional.

Un proceso que durará tiempo

El viaje de Nicolás Maduro a través del sistema judicial estadounidense apenas comienza. Las causas por narcotráfico internacional de esta magnitud se prolongan típicamente durante años, con audiencias preliminares, disputas sobre admisibilidad de pruebas, y eventuales negociaciones.

Lo que está claro es que, independientemente del resultado final del juicio, el régimen chavista nunca será el mismo. La captura de su líder máximo, la exposición de las conexiones criminales de su círculo cercano, y la posibilidad de condenas de cadena perpetua representan un colapso sin precedentes de la estructura política que gobernó Venezuela durante décadas.

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Para la región latinoamericana, el juicio de Maduro en Nueva York también plantea preguntas incómodas sobre su soberanía, jurisdicción internacional, y los límites del poder estadounidense. Mientras que los tribunales federales estadounidenses preparan su acusación y las pruebas contra el expresidente, el mundo observa qué sucede cuando el derecho penal estadounidense cruza fronteras internacionales para juzgar a un mandatario caído.

El resultado de este juicio reescribirá tanto el legado personal de Nicolás Maduro, la historia política y legal de Venezuela y, en un sentido más amplio, las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en la era de Trump 2.0.

¿Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro?

Hija de un mártir socialista, educada en Europa y sancionada por Occidente: así es la abogada que ahora negocia la transición de Venezuela con la Casa Blanca.

La captura de Nicolás Maduro en una operación relámpago ejecutada por las fuerzas especiales estadounidenses ha sacudido los cimientos geopolíticos de América Latina, catapultando al poder a una figura que, hasta hace poco, operaba como el engranaje más eficiente y temido del chavismo: Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Su juramentación como presidenta interina de Venezuela supone un cambio de mando y la culminación de una vida marcada por la tragedia familiar, la militancia radical y una astucia política que le permitió sobrevivir a todas las purgas internas para convertirse en la «Dama de Hierro» de la Revolución Bolivariana.

La sombra del padre: una herencia de sangre y fuego

Para entender a Delcy Rodríguez, hay que viajar a la Caracas de los años 70. Nacida el 18 de mayo de 1969, su infancia no estuvo marcada por los juegos, sino por la persecución política. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista y un icónico líder de la izquierda marxista venezolana.

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La tragedia golpeó a la familia en 1976, cuando Delcy tenía apenas siete años. Su padre murió a los 34 años de edad bajo custodia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las torturas sufridas por su padre marcaron a fuego el comportamiento de Delcy y de su hermano, Jorge Rodríguez (actual figura clave del régimen).

Este evento traumático se convirtió en el motor ideológico de los hermanos Rodríguez. Crecieron con una sed de reivindicación que más tarde se traduciría en una lealtad inquebrantable al proyecto de Hugo Chávez, a quien vieron como el vengador de las injusticias sufridas por su padre. Delcy no es una burócrata accidental. Es una revolucionaria de cuna que ve la política como un campo de batalla existencial.

Formación de élite: la paradoja europea

A pesar de su retórica antiimperialista, la formación académica de la nueva presidenta es cosmopolita y occidental. Egresó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993, donde ya destacaba como dirigente estudiantil. Sin embargo, su intelecto la llevó a cruzar el Atlántico.

Rodríguez vivió varios años en Europa, una etapa que sus críticos señalan como una contradicción y sus aliados como una preparación estratégica. Se especializó en Derecho Laboral en la Universidad de París X Nanterre (Francia) y cursó una maestría en Teoría Política y Social en el Birkbeck College de la Universidad de Londres.

Durante estos años, Delcy absorbió la cultura y los mecanismos legales del viejo continente, herramientas que años más tarde utilizaría paradójicamente para blindar legalmente al chavismo contra las sanciones internacionales y para navegar los tribunales europeos.

El ascenso: de la sombra a la presidencia

Su entrada al gobierno bolivariano fue técnica pero firme. En 2003, se unió a la Coordinación General de la Vicepresidencia y en 2006 tuvo su primer cargo de alto perfil como Ministra del Despacho de la Presidencia bajo Hugo Chávez. Sin embargo, su verdadero despegue político ocurrió tras la muerte de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro.

En 2013, fue nombrada Ministra de Comunicación e Información, donde perfeccionó la narrativa de guerra económica y el control mediático. No obstante, fue en diciembre de 2014, al ser designada canciller de la República (Ministra de Relaciones Exteriores), cuando el mundo conoció su estilo combativo y desafiante.

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Como Canciller, Rodríguez se convirtió en el escudo diplomático de Maduro. Sus enfrentamientos en la Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente con el secretario general Luis Almagro, son históricos. Defendió al gobierno de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos con una vehemencia que le ganó la confianza absoluta del círculo íntimo militar y cubano. Asimismo, fue la artífice de la salida de Venezuela de la OEA y la promotora de una diplomacia de trincheras, aislando al país de los foros tradicionales mientras tejía alianzas con Rusia, China, Irán y Turquía.

La arquitecta del poder

En 2017, en medio de las protestas más sangrientas contra Maduro, Delcy dejó la cancillería para presidir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este órgano plenipotenciario fue la herramienta maestra del régimen para anular a la Asamblea Nacional (entonces de mayoría opositora) y gobernar por decreto. Desde esa tribuna, Rodríguez redactó leyes, destituyó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y consolidó el marco jurídico que permitió al madurismo atornillarse en el poder.

Su recompensa llegó en junio de 2018, cuando fue nombrada Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Desde entonces, Delcy Rodríguez ha sido, en la práctica, la primera ministra del país. Mientras Maduro se ocupaba de la política de masas, ella gestionaba el Estado. Bajo su gestión, se implementó una pragmática (y silenciosa) liberalización económica, permitiendo la dolarización de facto y la «Ley Antibloqueo», diseñada para eludir las sanciones y atraer capitales oscuros o de riesgo.

El cerco internacional: sanciones y el «Delcygate»

El ascenso de Rodríguez tuvo el coste personal elevado de sufrir el aislamiento internacional. Su nombre figura en las listas negras de las principales potencias democráticas debido a su papel en el socavamiento de la democracia y la represión sistemática.

  • Estados Unidos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la sancionó en septiembre de 2018, congelando sus activos y prohibiendo a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ella.
  • Unión Europea: en junio de 2018, la UE le impuso prohibición de entrada a territorio comunitario y congelación de bienes, citando su responsabilidad en violaciones de derechos humanos.
  • Otros países: Canadá, Suiza y los países miembros del TIAR también han aplicado medidas restrictivas en su contra.

Estas sanciones provocaron uno de los escándalos diplomáticos más sonados en España: el «Delcygate». En enero de 2020, Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid, violando las sanciones europeas. Allí se reunió secretamente con el entonces ministro español José Luis Ábalos, imputado y en prisión provisional por presunta corrupción. Este incidente casi tumba al gobierno de Pedro Sánchez y demostró la capacidad de Delcy para moverse en las sombras de la diplomacia paralela.

La presidencia inesperada

El destino de Delcy Rodríguez cambió radicalmente en la madrugada del 3 de enero de 2026. La Operación Libertad, ejecutada por las fuerzas de élite estadounidenses, provocó la detención de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Ante el vacío de poder y con la estructura militar paralizada por la incertidumbre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siguiendo el hilo constitucional (y la presión fáctica de los hechos), juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

La situación es inédita. Rodríguez, históricamente la defensora más acérrima del «antiimperialismo», asume la presidencia bajo la estricta vigilancia de la administración Trump en Washington, que ha declarado una tutela temporal sobre Venezuela para garantizar la transición.

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En sus primeras horas como mandataria, la retórica de Rodríguez ha dado un giro de 180 grados. De los gritos de guerra contra el «imperio», ha pasado a invitar a Estados Unidos a una «agenda de cooperación» y desarrollo energético compartido. Con esta actuación, Delcy está jugando su última y más arriesgada carta de presentarse como la figura de estabilidad necesaria, la única capaz de controlar a los colectivos y militares chavistas, para entregar una transición ordenada (o sobrevivir en el nuevo orden).

El futuro de la «Dama de Hierro»

Delcy Rodríguez asume el poder en una Venezuela fracturada, con la promesa de elecciones libres flotando en el aire y la sombra de la justicia internacional sobre su propia cabeza. ¿Será la encargada de desmantelar el sistema que ayudó a construir, o intentará, como su mentor, ganar tiempo en un juego de ajedrez imposible contra la Casa Blanca?

Lo único seguro es que la hija del mártir de la Liga Socialista, la abogada afrancesada y la canciller de fuego, ha alcanzado la cima del poder, aunque bajo el control de Washington. La historia dirá si su presidencia será el epílogo del chavismo o el capítulo más extraño de su supervivencia.

¿Quién es Nicolás Maduro? El presidente de Venezuela capturado por Estados Unidos

En este artículo, Roberto Mansilla Blanco, alumno de Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, examina la trayectoria, las políticas y la influencia de Maduro.

Nombre: Nicolás Maduro Moros

Alias: «El hijo de Chávez», de cariz propagandístico.

Cargo actual: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Tiempo en el cargo: Dos mandatos (2013-2018 y 2018-2024) este último sin el reconocimiento oficial por parte de 60 países. Con anterioridad fue Presidente Interino (diciembre de 2012 a abril de 2013) tras la renuncia por problemas de salud y posterior fallecimiento (5 de marzo de 2013) del expresidente Hugo Chávez Frías.

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Organización: Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPP-SB), plataforma que reúne a 13 partidos y movimientos políticos de izquierda y chavistas. Desde 2014, Maduro es también presidente y candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962.

Lugar: Caracas (Venezuela)

Edad: 61 años

Nacionalidad: Venezolana

Formación: Educación pública en Liceo Urbaneja Achepohl y Liceo José Ávalos (Caracas) No tiene educación superior.

Trayectoria de Nicolás Maduro:

  • Activista estudiantil del grupo izquierdista Ruptura. Ingresó en la Liga Socialista de Venezuela (1977-1994). Entre 1986 y 1987 estuvo en La Habana (Cuba) en la Escuela de Formación Política. Fue fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA).
  • En 1992, Maduro se convirtió en uno de los activistas por la liberación del entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, encarcelado por el intento de golpe de Estado de febrero de 1992. En 1995, fue fundador y coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Ya dentro del chavismo, Maduro ingresó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (1994-1997); Movimiento V República, MVR (1997-2007); y Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV (desde 2007). También es miembro del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, GPPSB (desde 2011).

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  • Fue diputado en el antiguo Congreso Nacional (MVR, 1999), de la Asamblea Nacional Constituyente (1999) y de la Asamblea Nacional (2000), salida del proceso constituyente. En 2005, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, el poder legislativo. Entre 2006 y 2012, fue Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. En octubre de 2012, fue elegido Vicepresidente del Poder Popular.
  • A nivel internacional, también fue presidente pro tempore del Movimiento de los No Alineados (MNOAL, 2016-2019); presidente pro tempore de MERCOSUR (2013-2014); y presidente pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR, 2016-2017).
  • Causas judiciales: En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones estudiantiles de 2017. En abril de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires ordenó igualmente investigar las responsabilidades del gobierno de Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela.

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Publicaciones de Nicolás Maduro:

Desde 2013 ha realizado unas 13 publicaciones, la mayor parte de ellas discursos oficiales de carácter divulgativo, entre los que destacan:

  • Nicolás Maduro y el Socialismo Bolivariano
  • Chavismo, amor y patria
  • El pueblo se juramenta, ¡Todos somos Chávez!
  • Cuba: 55 años de dignidad e independencia
  • ¡Más nunca colonia de nadie!

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Rusia en 2026: redefiniendo equilibrios en medio de tensiones

En 2026, las tensiones entre Rusia, Europa y la OTAN alcanzan niveles críticos. El conflicto en Ucrania sigue marcando la agenda geopolítica global. En este artículo, Roberto Pozas Lázaro, alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute analiza las amenazas veladas, la diplomacia incierta y los cuatro posibles escenarios que enfrenta Moscú.

Con la vista puesta en el conflicto en Ucrania, 2026 se presenta para Rusia bajo un clima de permanente tensión con la Unión Europea y la OTAN. Según las declaraciones oficiales, ambas partes no descartan escenarios de confrontación armada a corto y mediano plazo.

Mientras se negocia la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible alto al fuego en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymir Zelenski presentó a Washington una nueva iniciativa de 20 puntos. Esta contempla, entre otras disposiciones, la desmilitarización de tropas ucranianas en el Donbás.

El nuevo escenario obliga al Kremlin a atender nuevos equilibrios geopolíticos con Estados Unidos y China, condicionados por la reapertura del diálogo entre Washington y Moscú, y por la solidez de la estrecha alianza estratégica sino-rusa.

Al mismo tiempo, Beijing sigue de cerca los entresijos que surgen en este nuevo equilibrio entre Moscú y Washington. Permanece a la espera de conocer hasta dónde puede llegar esta entente entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Más allá del posible desenlace de la guerra en Ucrania, la UE y la OTAN elevan constantemente el tono sobre lo que han denominado «la amenaza rusa». A mediados de noviembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, general Fabien Mandon, instó a los alcaldes franceses a «preparar a la población» ante la posibilidad de futuros conflictos. Señaló que Francia debe estar lista para «detener a Moscú» y asumir «sacrificios nacionales».

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Un tratamiento similar realizó el presidente Emmanuel Macron al defender la instauración del servicio militar voluntario, ante la «inminente guerra contra Rusia». No obstante, Macron no descarta la posibilidad de negociar con Putin una salida diplomática a la guerra ruso-ucraniana.

En Berlín, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que la Alianza «será el próximo objetivo de Rusia» y que los aliados «deben prepararse para un conflicto.Rusia trajo de vuelta la guerra a Europa. La amenaza está a nuestras puertas».

En Londres, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa británico, Richard Knighton, alertó sobre el agravamiento de la denominada «amenaza rusa», exigiendo una respuesta integral más allá del plano militar.  

Tras intervenir en un foro organizado en Moscú por el banco VTB el pasado 2 de diciembre, y antes de reunirse en el Kremlin con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para discutir el plan de paz en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin fue enfático al responder sobre las expectativas de rearme europeo y la posibilidad de un conflicto.

Dijo: «Ellos mismos (por Europa) se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra. Rusia no quiere la guerra con Europa, pero estamos preparados por si empieza hoy mismo».

El pasado 17 de diciembre, durante un acto de condecoración militar, Putin tomó el pulso de la reunión que se realizaba en Berlín entre la UE y Ucrania. En ese encuentro se discutía el acuerdo entre Washington y Moscú. Putin afirmó que, si Kiev y sus aliados abandonan la mesa de negociación, tomará por la fuerza militar los territorios ucranianos que reclama.

Ante este contexto, Rusia afronta cuatro principales escenarios para este 2026:

  1. Tensiones en aumento con Europa y la OTAN, cuyos focos podrían acentuarse en torno a países miembros como Polonia y las repúblicas bálticas.
  2. Adaptación a una “economía de guerra” que implica igualmente una reconfiguración del poder político a favor del complejo militar-industrial y de los servicios de inteligencia. 
  3. Reequilibrios geopolíticos con EEUU y China que pondrán a prueba la consolidación del eje euroasiático sino-ruso ante el nuevo “deshielo” entre Moscú y Washington.
  4. El fortalecimiento de la idea rusa de «país-civilización», ampliando estrategias ideológicas vinculadas al patriotismo y herramientas de soft power ligadas a la preservación de valores tradicionales y conservadores.

Rusia, Europa y la OTAN: ¿es inevitable la guerra?

El clima de tensión con tintes prebélicos parece condicionar el estado de las relaciones ruso-europeas así como con la OTAN. Países miembros de la OTAN y de la UE como Polonia y las repúblicas bálticas (Lituania, Estonia y Letonia) estarían en el centro de estas tensiones. Desde Bruselas se argumenta que estos países podrían convertirse en posibles objetivos bélicos por parte de Moscú entre los próximos cinco o diez años.

Durante una cumbre de la OTAN celebrada en Helsinki, países miembros como Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumania firmaron una declaración conjunta. En ella situaron la defensa del flanco oriental europeo como una “urgencia estratégica”. También señalaron a Rusia como “el mayor peligro para la estabilidad y la seguridad del espacio euroatlántico”, tanto en el presente como a mediano y largo plazo. Europa acelera mecanismos para retomar el servicio militar obligatorio.

Mientras Rusia niega persistentemente esta posibilidad, la OTAN y la UE también señalan a Bielorrusia, estrecho aliado ruso, como una posible «cabeza de operaciones» del Kremlin. El reciente asesinato en Moscú del teniente general Fanil Sarvarov, que se suma a otros abatidos en territorio ruso desde 2024, refuerza esa percepción. A ello se suman los ataques con drones atribuidos a Ucrania, que sugieren una ampliación de las operaciones militares hacia territorio ruso.

Esto refuerza la radicalización de las expectativas rusas por la seguridad nacional en un contexto de creciente enfrentamiento con la OTAN.

Por su parte, EEUU adopta una actitud expectante. El presidente Donald Trump mantiene su estrategia de obligar a los países europeos miembros de la OTAN a cumplir con el techo del 5% de gasto del PIB en defensa. A diferencia de la administración de Joseph Biden, Trump pretende degradar el apoyo económico y militar estadounidense a Ucrania.

Además del costo económico, Washington observa el conflicto ruso-ucraniano en términos de disparidad de fuerzas, con notoria ventaja para Rusia. Ante esta realidad, Trump prefiere la opción de negociar directamente con Putin para buscar una salida al conflicto, diluyendo así la importancia de Ucrania, la UE y la OTAN como actores igualmente decisivos.

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La eventual desconexión estadounidense de sus compromisos con la OTAN obligaría a Europa a asumir sus capacidades de defensa en un contexto de «guerra encubierta» con Rusia ante la intensificación de las operaciones híbridas contra cables submarinos, redes eléctricas, ataques de drones y de oleoductos. 

De allí que en el seno de la Alianza Atlántica se emite la noción de una «OTAN 2027» sin el preponderante peso de Washington. La cumbre de la OTAN de 2026 prevista para principios de julio en Ankara presagia la definición de un nuevo rumbo estratégico dentro de la Alianza Atlántica ante la posibilidad de desconexión gradual de la ayuda estadounidense, cuya pretensión estratégica está más concentrada en Asia y el Indo-Pacífico. 

En este nuevo contexto, países como Alemania, Gran Bretaña, Polonia y Francia podrían asumir un nuevo rol político y militar en el seno de la OTAN pero también dentro de la UE. Diversas informaciones aseguran sobre presuntos planes de la OTAN y de la UE para eventualmente conformar ejércitos de voluntarios, integrados tanto por europeos como ucranianos de la diáspora, para combatir en el frente bélico contra Rusia. 

Estos informes aseguran que Alemania se convertiría en una especie de centro logístico de la defensa europea, encargándose de coordinar el transporte ferroviario, carreteras y apoyo civil-militar. Recientemente, la Bundeswehr, el Ejército alemán, realizó maniobras urbanas en Berlín para probar la preparación logística y militar.

No obstante, algunos informes revelan debilidades en infraestructura y coordinación civil-militar, lo que genera dudas sobre la capacidad defensiva contra rivales de alto nivel como Rusia y China.

Moscú ha rechazado categóricamente estos movimientos advirtiendo que serían vistos como una escalada grave que podría desencadenar una respuesta militar directa. A través de declaraciones oficiales, el Kremlin ha reiterado su rechazo absoluto a cualquier despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania o en zonas fronterizas.

Las expectativas en torno a la eventual desconexión del «paraguas» defensivo estadounidense implican para Europa una apuesta de carácter existencial en la que predominan riesgos de seguridad como la intensificación de la guerra híbrida con Rusia y una pax rusa en Ucrania.

Con su compromiso de apoyo a Ucrania, por otro lado cada vez más oneroso para las arcas europeas, Bruselas intenta avanzar hacia la autonomía estratégica en materia defensiva con respecto a EEUU y la OTAN, aunque con escasa asertividad. El presupuesto de la OTAN es de US$ 2,9 billones este 2025, el 70% proveniente de Washington.

A mediados de diciembre, los fabricantes de drones ucranianos y alemanes constituyeron una empresa de defensa conjunta, Quantum Frontline Industries, como parte de la nueva iniciativa Build with Ukraine (“Construir con Ucrania”), allanando el camino para la primera producción industrial de drones ucranianos en Europa. 

No obstante, la UE no ha logrado alcanzar un consenso político interno en lo relativo a la utilización de los activos rusos decomisados en el exterior para financiar el esfuerzo bélico ucraniano. Rusia ha insistido en la ilegitimidad de esta operación

Con reticencias por parte de algunos países miembros, Bruselas redujo estas expectativas aprobando a mediados de diciembre un préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros. El acuerdo incluye una importante excepción política: Hungría, Eslovaquia y la República Checa no asumirán ninguna obligación financiera derivada del préstamo. Según fuentes rusas citando medios estadounidenses, Washington incluso llegó a presionar a la UE para usar esos activos rusos con fines pacíficos en Ucrania.

Putin ha declarado oficialmente que Rusia no se opone al ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Sin embargo, ha definido sus «líneas rojas» respecto a una eventual incorporación de Kiev a la OTAN y a una mayor expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas. Esto incluiría el uso de un territorio extenso como Ucrania, lo que aumentaría las capacidades operativas de la OTAN.

Se observan aquí tres escenarios que muy probablemente determinarán la evolución de las relaciones ruso-occidentales a partir de este 2026:

Intensificación del clima de confrontación con posible escalada militar entre la UE y la OTAN contra Rusia 

Es un escenario bastante probable que puede implicar una guerra directa entre Rusia y la OTAN, ya sea de carácter convencional o incluso nuclear/táctico de corto alcance. Esto podría ocurrir en escenarios específicos como Moldavia-Transnistria, Polonia, Rumanía o la región del Báltico. Putin mantiene inalterables sus objetivos iniciales en Ucrania, mientras Europa preserva su «línea dura» contra Rusia.

Úrsula von der Leyen sigue como presidenta de la Comisión Europea hasta 2029, y la ex primera ministra estonia Kaja Kallas es ahora responsable de Política Exterior de la UE. El eventual inicio de negociaciones de admisión en la UE para Ucrania y Moldavia, así como para los Balcanes Occidentales —donde Moscú también tiene intereses geopolíticos— pondrá a prueba el pulso entre Rusia y Occidente.

Reacomodo en las relaciones ruso-occidentales

Se trata de un escenario de escasa probabilidad, al menos a corto plazo, incluso si se alcanza un cese de hostilidades en Ucrania. Su factibilidad depende de factores circunstanciales y especulativos. A pesar de las políticas de la UE para reducir la dependencia energética de Rusia hacia 2026, este escenario podría agravarse en un contexto de crisis económica.

Otro factor relevante sería un cambio de liderazgos políticos en las próximas elecciones europeas, lo que podría implicar un «reseteo» en las relaciones con Rusia. Este giro podría apoyarse en un eventual acuerdo entre Ucrania y Rusia para cesar las hostilidades. También influiría la sensación de desgaste y frustración en Europa ante los objetivos militares en Ucrania y la falta de impacto de las sanciones. Esto podría llevar a abandonar los compromisos con Kiev y abrir una «nueva era» de distensión con Moscú.

Una estado latente de «guerra fría» 

Escenario más previsible. Aquí entraría en juego la disuasión nuclear como posible atenuante a la hora de dilatar un eventual conflicto directo entre Rusia, la OTAN y la UE. La guerra en Ucrania corre así el riesgo de «cronificarse» como un conflicto «congelado», sin solución definitiva, muy similar al contexto existente en la península coreana desde el armisticio de 1953. Con todo, se prevé una continuidad en las operaciones de “guerra híbrida” entre Rusia y la OTAN.

La «economía de guerra» diseña una nueva elite de poder

Con las tensiones abiertas con Europa, Rusia profundiza con determinación una etapa de aceleramiento de la «economía de guerra». Según fuentes oficiales, para 2026 Moscú planea destinar en defensa unos 13 billones de rublos (cerca de US$130-157 mil millones) aproximadamente el30-38% del gasto estatal total, aunque se proyecta una ligera reducción con respecto al récord alcanzado en 2025. 

El gasto militar alcanzaría aproximadamente el 7,7% del PIB ruso, principalmente destinado para la financiación del conflicto en Ucrania y el refuerzo militar. Tras aprobar un paquete presupuestario para este 2026, asumiendo un contexto de realidades condicionadas por el gasto militar, el Kremlin justifica el aumento del IVA (del 20% al 22%) para financiar este esfuerzo bélico. 

Para mediados de 2025, Rusia tenía alistados entre 620.000 y 700.000 soldados en Ucrania, una cifra récord desde el inicio del conflicto. Además, el ejército ruso se ha fortalecido en número de efectivos y armamento.

A principios de 2025 contaba con 500.000 soldados en el frente ucraniano, entre personal regular, movilizados y voluntarios. También desplegaba entre 1.500 y 2.000 carros de combate operativos, aunque muchos de ellos son modelos antiguos debido a las pérdidas acumuladas.

La ventaja militar rusa en el frente ucraniano viene determinada por su predominio en cuanto a efectivos, munición de artillería, drones y misiles balísticos, aspectos en los que ha destacado el apoyo de aliados como Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Moscú ha aplicado con determinación una estrategia militar de desgaste para desangrar el esfuerzo bélico ucraniano, amparado por su ventaja en cuanto a recursos humanos. Toda vez en Ucrania escasean los efectivos, viéndose las autoridades militares en la obligación de acelerar campañas de reclutamiento forzoso en las calles.

Bajo un efectivo esquema que le permite sortear las sanciones occidentales manteniendo inalterable el apoyo de aliados como China e India, entre otros, Moscú ha adaptado su economía al esfuerzo de guerra pero limitando los sacrificios que exigía a una población que comienza a acostumbrarse a esta nueva realidad. La preponderancia del gasto militar se sostiene con niveles de crecimiento del PIB e inflación contenida en menos del 10%.

Rusia muestra su capacidad para atender las necesidades de su población y abastecer simultáneamente de personal y material a sus fuerzas armadas, pero priorizando el esfuerzo bélico en Ucrania y la necesidad de preservar la seguridad nacional ante las amenazas externas (OTAN)

Con este panorama, el Kremlin no ha mostrado síntomas de impaciencia a la hora de negociar un final de conflicto en Ucrania, consciente de que su superioridad militar le permite mantener la iniciativa en el campo político y diplomático con el objetivo de instaurar una pax rusa bajo sus condiciones. 

Por otro lado, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha provocado la grieta que Putin y las elites rusas esperaban en cuanto al apoyo estadounidense a Ucrania, toda vez el entusiasmo pro-ucraniano ha empezado a desvanecerse en las sociedades europeas, a pesar de los reiterados llamamientos de apoyo por parte de varios de sus líderes políticos.

Fiel al esquema de la«teoría del caos» conceptualizada por think tanks de influencia en el Kremlin como el Club Valdai, Moscú cree que Europa debe mantenerse bajo presión constante, incluso si se firma un alto el fuego en Ucrania. 

La «economía de guerra» ha creado una nueva geometría de poder en el Kremlin con influencia en el círculo estrecho de Putin. Destacan aquí asesores como Yuri Ushakov y Kirill Dmitriev, los generales del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y los servicios secretos y de inteligencia. 

El gobierno dirigido por el primer ministro Mijaíl Mishustin, el ministro de Defensa, desde 2024 bajo el mando de un civil, el economista Andréi Beloúsov, y el Banco Central, con su presidenta Elvira Nabiúllina (considerada como «la mejor general de Putin» por su habilidad para manejar las finanzas en tiempos de guerra y sanciones exteriores) se han visto reducidos a servir a las necesidades del ejército y del complejo militar-industrial.

La influencia del ejército ha crecido en esta nueva geometría de poder en Rusia debido a su control en la distribución de lucrativos contratos militares y su influencia en el ámbito empresarial, especialmente a la hora de evitar un reclutamiento militar que implique que sus empleados sean enviados al frente. 

En este sentido, la «economía de guerra» determina un pacto tácito entre el Kremlin, las elites, el complejo militar industrial, las empresas y el estamento burocrático para evitar un reclutamiento masivo, principalmente en las grandes ciudades rusas, que eventualmente genere temor y malestar entre los ciudadanos. Esta realidad determina porqué el ejército y los servicios de inteligencia son muy conscientes a la hora de observar riesgos de pérdida de peso político si la guerra termina

Rusia, EEUU y China: ¿tan lejos y tan cerca?

El regreso de Trump a la Casa Blanca supone para Rusia una reorientación de expectativas geopolíticas que abarcan el conflicto ucraniano, las crecientes tensiones con Europa y la consistencia de la alianza sino-rusa.

Para Trump, la apuesta por el deshielo con Putin retrotrae una estrategia anteriormente ensayada durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021): intentar quebrar el eje euroasiático entre Beijing y Moscú fortalecido desde el comienzo de las hostilidades en Ucrania. El objetivo de Washington es, cuando menos, neutralizar una alianza estratégica capacitada para contrarrestar el dominio hegemónico estadounidense.

Beijing observa con mucha atención este escenario de posible entente ruso-estadounidense donde un aliado económico, geopolítico y militar como Rusia podría desequilibrar esta relación vía mayor entendimiento con Washington, con capacidad para reformular la arquitectura geoeconómica y geopolítica global.

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Esto deja a Putin ante una disyuntiva estratégica a la hora de mantener los equilibrios geopolíticos con EEUU y China. En sus diversas reuniones con su homólogo chino Xi Jinping, Putin ha sido enfático en que la alianza estratégica sino-rusa es inquebrantable, incluso ampliando esta perspectiva como un factor de equilibrio en un sistema internacional determinado por la conflictividad y la incertidumbre. Un ejemplo que ilustra esta sintonía sino-rusa es la decisión de Moscú de eliminar los visados para ciudadanos chinos a partir de septiembre de 2026.

El comercio bilateral entre China y Rusia mantiene su nivel de consistencia aunque también se observan disparidades. Para octubre de 2025, China exportó US$8,51MM e importó US$11MM desde Rusia, resultando un balance comercial negativo para Beijing de $2,49MM.

Si bien esta relación muestra aspectos estratégicos para ambos países, es igualmente notoria la asimetría: China es dependiente de materias primas como el petróleo y gas natural ruso, cuyos precios son más baratos ante la pérdida de mercados por las sanciones occidentales. Toda vez, Rusia depende de la tecnología, las inversiones y el esquema financiero chino que precisamente le ha resultado vital para sortear esas sanciones occidentales.

No obstante, el deshielo con Trump implica ganancias geopolíticas para Putin, en especial por su capacidad para erosionar internamente a la OTAN y certificar el distanciamiento transatlántico con Europa. El Kremlin ha recibido con beneplácito la Nueva Estrategia de Seguridad de EEUU que contempla una etapa de «mayor cooperación estratégica» con Rusia en vez de calificar a este país de «amenaza», tal y como argumentan la OTAN y la UE.

Para Trump, atraer a Putin a su redil significa una reorientación de sus prioridades estratégicas tomando en cuenta el distanciamiento «atlantista». EEUU está reduciendo su presencia militar en Europa, que se estima será de 100.000 a 60.000 para 2026.

El objetivo estratégico estadounidense se está enfocando en la región del Indo-Pacífico, con interés principalmente en la contención de China, tal y como refleja la publicación en noviembre pasado de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, en la que Asia y la región del Indo-Pacífico tienen preponderancia en términos económicos y militares como las “regiones clave en materia de confrontación económica y geopolítica”.

Bajo la denominada «Perspectiva hacia Oriente» impulsada por el anteriormente mencionado Club Valdai, Rusia también juega sus cartas con determinación en Eurasia, consciente de que esta región se encamina a concentrar la atención geopolítica del siglo XXI.

En este apartado también entran en juego lo que el Kremlin denomina como la «diplomacia tecnológica», una estrategia que le permite tener influencia cultural en el espacio euroasiático.

La reciente visita de Putin a la India, la primera desde 2021, determina la estrategia multilateral del Kremlin por fortalecer y ampliar las relaciones conaliados estratégicos, en este caso una potencia emergente asiática como India, que le permita amortiguar los efectos de las sanciones occidentales toda vez acelera nuevos socios para su industria militar. Putin abre así la compuerta de una posible entente con India cuyos beneficios le permitirán a Moscú balancear sus relaciones con EEUU y China.

En el plano euroasiático, desde el punto de vista geopolítico y militar, Moscú intenta fortalecer esquemas de integración euroasiático (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, BRI, UEE) mientras profundiza nuevos esquemas defensivos conjuntos y socios militares (Corea del Norte, Irán y Bielorrusia, en este último caso con el despliegue de armas nucleares tácticas rusas desde 2023) y económicos (Mongolia)

Recientemente, Putin estuvo en una cumbre en Turkmenistán con motivo del 30º aniversario de la declaración de neutralidad permanente de ese país centroasiático y ex soviético. Allí también estuvieron presentes los mandatarios de Turquía, Irán, Irak, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Myanmar y Santo Tomé y Príncipe, aspecto que le otorgó a este encuentro un carácter netamente multilateral.

Ante elavance del patriotismo y del nacionalismo rusos, este aperturista giro euroasiático explica la necesidad del Kremlin de manejar con destreza cualquier riesgo de tensiones interétnicas dentro de la Federación rusa, especialmente en lo relativo a la presencia de poblaciones de origen tártaro, caucásico y centroasiático. Salvo casos excepcionales (Georgia, Armenia), Moscú busca generar relaciones equitativas y esquemas de cooperación bilateral con sus vecinos centroasiáticos y caucásicos.

Por otro lado, los intereses occidentales también entran en juego en este espacio euroasiático exsoviético, especialmente en el Cáucaso, al fomentar quiebras en las esferas de influencia rusas. Esta es una realidad muy bien conocida por Putin en años anteriores. Cobra relevancia el interés geoeconómico entre Rusia, Occidente, Irán, Turquía e incluso China e India por controlar o influir en las rutas de distribución energética desde el Mar Caspio.

Armenia ha manifestado su salida de la OTSC, la denominada «OTAN rusa», para acelerar sus mecanismos de acercamiento a Occidente vía admisión a la UE. Moscú ha logrado recuperar su influencia en la estratégica Georgia, otro foco de permanentes tensiones ruso-occidentales. 

Por su parte, Azerbaiyán asciende con peso geopolítico emergente, particularmente por sus riquezas energéticas y su victoria militar contra Armenia (2023) por el control del enclave de Nagorno Karabaj. Bakú, que ha tenido relaciones intermitentes de cercanía y roces con Moscú, mantiene una agenda geopolítica propia que le permite manejar equilibrios entre Occidente, Rusia, China y aliados históricos como Turquía, en este último caso bajo una perspectiva «panturca». Este contexto también pone a prueba las relaciones ruso-turcas, a menudo intermitentes en cuanto a períodos de acercamiento y de fricción.

América Latina y África

Las tensiones entre EEUU y Venezuela anuncian un escenario donde Moscú tiene intereses estratégicos: apostar por mantener en pie a sus aliados geopolíticos dentro de la esfera de influencia hemisférica de Washington, devolviendo así la moneda sobre los intereses occidentales en las esferas de influencia rusa en el espacio euroasiático. 

La crisis entre Washington y Caracas es igualmente un reflejo de cómo el eje sino-ruso mantiene su consistencia: ambos gobiernos han respaldado sin titubear la soberanía venezolana, una posición que fortalece el poder de su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, así como sus respectivos intereses geoeconómicos. 

En el contexto latinoamericano, el Kremlin tiene aliados estratégicos en Venezuela, Cuba y Nicaragua así como socios económicos relevantes en actores globales emergentes como son los casos de Brasil y México. Por otro lado, los recientes cambios de gobierno hacia la derecha en Argentina, Bolivia, Chile y Panamá han condicionado la capacidad de influencia de Moscú. 

Rusia amplía su presencia hemisférica a través de mecanismos económicos, de influencia política y militar (Venezuela) y desde la perspectiva mediática (medios estatales RT y Sputnik), con contenidos en español y portugués, que le permitan modificar a su favor la narrativa existente, tradicionalmente vinculada a medios afines a las políticas estadounidenses.

Por otro lado, la presencia empresarial rusa en América Latina se concentra en los sectores de energía, extracción de recursos naturales y fertilizantes. Participan compañías líderes del sector petrolero y gasífero como Rosneft, Gazprom y Lukoil; de energía nuclear como Rosatom; y del ámbito petroquímico como PhosAgro, EuroChem y Acron. También destaca la contratista de infraestructuras y defensa Rostec.

Paralelamente, Rusia mantiene una presencia significativa en los centros financieros offshore del Caribe, donde varias de las 125 mayores empresas rusas registran sus matrices. Sin embargo, alrededor del 80 % de estas empresas están bajo algún régimen de sanciones por parte de Estados Unidos y Europa. Esto representa un evidente factor de vulnerabilidad para Moscú.

En África, Moscú acelera su presencia económica, geopolítica y militar en la región del Sahel, especialmente en Malí, Burkina Faso y Níger. También fortalece vínculos con otros países como Egipto, Libia, Guinea Ecuatorial y Sudán. Este contexto representa una especie de «retorno» de Moscú al continente africano. Se trata de un espacio geopolítico e ideológico estratégico en tiempos de la URSS, que hoy recupera importancia con la crisis ruso-occidental por Ucrania.

El nivel de relación se ha fortalecido con la creación del Foro de Asociación Rusia-África, que celebro su segunda conferencia los días 19 y 20 de diciembre en Egipto. En ese foro resaltó igualmente el compromiso adoptado entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y Rusia para fortalecer la cooperación en materia política, electoral y de lucha contra el terrorismo.

Las sanciones occidentales contra Rusia iniciadas ya en 2014 han fortalecido el nivel de relación de Moscú con sus socios africanos. En este sentido, Rusia observa con atención el apoyo de África, particularmente por sus 54 votos en la Asamblea General de la ONU, que le han permitido legitimar los intereses rusos tras la invasión militar a Ucrania. El desarrollo de vínculos políticos, económicos y militares con África le permite a Rusia alcanzar mercados alternativos vitales para amortiguar las sanciones occidentales.

El patriotismo ruso y la idea de «país-civilización»

Rusia aborda un fortalecimiento del patriotismo y del nacionalismo en diversos ámbitos culturales, sociales y educativos, una estrategia que acelera las expectativas de «des-occidentalización» y de recuperación de la identidad nacional rusa y los valores tradicionales

En este apartado, Rusia comienza a jugar la carta cultural enclave civilizatoria destinada a contrarrestar el auge de tendencias progresistas y liberales desde Occidente, así como de otras “corrientes exteriores” consideradas por el Kremlin como «perniciosas», especialmente por su capacidad de influencia en la juventud rusa.

Para ello, el Kremlin acelera herramientas de soft power destinadas a atraer ciudadanos principalmente occidentales que podrían sentirse descontentos con los cambios sociales y culturales existentes en sus respectivos países, en especial ante la degradación de los valores tradicionales y el auge de políticas catalogadas eufemísticamente como «progresismo woke». 

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Buscando captar simpatías en el exterior, principalmente en Europa y EEUU, el Kremlin ensaya iniciativas inéditas como la facilitación de permisos de residencias (la «Visa de Valores Compartidos», coloquialmente denominado «visado anti-Woke») con un claro perfil ideológico dirigido a aquellas personas alarmadas por el aumento del «progresismo liberal»en los países occidentales y la degradación de los valores tradicionales, en especial lo que se considera como la familia en versión tradicional. 

Trazando un cierto paralelismo sobre lo que fue la URSS en términos ideológicos para el socialismo, la Rusia de 2026 insiste en erigirse como un bastión «conservador», donde religión, sociedad y poder político pueden coexistir en términos de civilización propia.

Bajo una hábil maquinaria propagandística, la narrativa patriótica oficial refuerza los resortes del nacionalismo dentro de la sociedad rusa, fortalecido por la inserción de poblaciones «hermanas» ruso parlantes del Donbás y otras regiones del Este ucraniano ahora integrados en la Federación de Rusia. La glorificación de los veteranos de guerra, especialmente los que luchan en el frente ucraniano, es otra herramienta mediática clave para potenciar esta narrativa patriótica.

Argumentando una especie de «panrusismo» ya ensayado en regiones anteriormente bajo la soberanía ucraniana (Donbás, Jersón, Zaporiyie, Melitopol), Moscú podría interpretar que otras poblaciones ruso parlantes, existentes en países bálticos miembros de la UE y de la OTAN como son los casos de Letonia y Estonia así como Estados de facto como Transnistria, cuya soberanía es reclamada por Moldavia, y la región autónoma moldava de Gagauzia, se encuentran en una situación de discriminación étnica, cultural y lingüística que le obligue a salir en su defensa, incluso por medios militares. 

La atracción de poblaciones ruso parlantes dentro de un espacio geográfico post-soviético considerado por Moscú como su esfera de influencia natural, refuerza otro aspecto clave: la necesidad de aumentar la demografía ante la caída de las tasas de natalidad en Rusia. En julio de 2024, el portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, catalogó de «catastrófica» la tasa de natalidad en Rusia, la cual ha alcanzado mínimos históricos, rondando los 8.6 nacimientos por cada 1,000 personas y una tasa de fecundidad total de aproximadamente 1.4 hijos por mujer. 

En la actualidad, Rusia tiene 144 millones de habitantes. Las estimaciones oficiales indican que para 2030 la población rusa será de 143,2 millones, su nivel más bajo desde 2012. Para 2046 se espera que se sitúe en 138,7 millones de personas. 

Frenar el declive demográfico se ha convertido en una política pública imprescindible y vital para el Kremlin. Es por ello que los presupuestos oficiales de la Federación de Rusia incorporan un paquete de prestaciones sociales (familias, infancia, vivienda) que cumplen una función central de legitimidad política interna.

Entre ellas se incluyen los pagos a familias con dos o más hijos, la extensión del capital de maternidad hasta 2030 (ajustado a la inflación), subsidios regionales, subvenciones salariales, así como apoyo a proyectos estatales de infraestructura y vivienda. En particular, se asignan sumas considerables a la modernización de los servicios públicos y a proyectos nacionales de desarrollo tecnológico. 

En este sentido, el gasto social no sólo un instrumento de redistribución sino un atenuante de eventual descontento político dentro de la sociedad. Si el nivel de vida se deteriora en exceso, el malestar interno podría erosionar la legitimidad política. Por ello, aunque haya prioridades militares innegociables, Moscú no puede recortar bruscamente las ayudas familiares, subsidios regionales y programas de vivienda, sin arriesgarse a un descontento menos controlable.

Por otro lado, crecen los medios de información e instituciones públicas rusas que sostienen que el país debe proponer al mundo un proyecto civilizatorio basado en sus propios valores e identidad nacional.

De lo contrario, advierten que Rusia correría el riesgo de enfrentar una crisis existencial, quedando en una posición subordinada e incapaz de influir por sí misma en la agenda global. Esta pérdida de influencia afectaría directamente su estatus como potencia mundial.

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La intervención de Trump en Venezuela acelera la liberación del Dragón Chino en Taiwán

La caída del régimen de Nicolás Maduro bajo la Administración Trump y la evolución del conflicto en Ucrania no son episodios aislados, sino señales de un cambio más profundo en el orden internacional. Ambos casos apuntan a la normalización del hecho consumado como mecanismo de reordenación geopolítica, debilitando principios clave del derecho internacional. Desde la inteligencia estratégica, estos precedentes no pasan desapercibidos para potencias como China, que evalúan cómo la tolerancia al uso de la fuerza puede alterar los cálculos de disuasión y estabilidad global.

La eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela bajo una Administración Trump —y la consiguiente caída del régimen de Nicolás Maduro— no puede ser analizada como un episodio aislado de política hemisférica ni como una anomalía coyuntural. Su alcance es más profundo: afecta directamente a los fundamentos normativos, estratégicos y doctrinales del orden internacional contemporáneo.

En combinación con la evolución del conflicto en Ucrania —donde se asume, de facto, la posibilidad de cesiones territoriales tras una invasión armada ilegítima—, se consolida una dinámica especialmente preocupante: la progresiva normalización del hecho consumado como mecanismo aceptable de reordenación del sistema internacional.

Desde una perspectiva de inteligencia estratégica, este fenómeno no pasa inadvertido en Pekín.

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Derecho internacional y uso de la fuerza: entre la norma y la práctica

El orden internacional surgido tras 1945 se articula, en términos jurídicos, en torno a tres principios estructurales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas:

  1. La soberanía de los Estados.
  2. La integridad territorial.
  3. La prohibición del uso de la fuerza como instrumento político (artículo 2.4).

Las excepciones a este principio son limitadas y bien conocidas: la legítima defensa individual o colectiva, la autorización explícita del Consejo de Seguridad y, de forma mucho más controvertida, las intervenciones humanitarias vinculadas al principio de Responsibility to Protect, desarrollado a partir de los informes de la International Comission on Intervention and State Sovereignty (2001) y aceptado de manera desigual por la comunidad internacional.

Sin embargo, la práctica internacional ha demostrado reiteradamente que la legalidad formal no siempre coincide con la aceptabilidad política. Cuando un régimen carece de legitimidad democrática, se sostiene mediante la represión sistemática y genera inestabilidad regional, la condena jurídica tiende a diluirse frente a consideraciones estratégicas y de resultado.

Venezuela, en la percepción de buena parte de Occidente, encaja plenamente en esta categoría de régimen no legítimo. Y esta caracterización no es irrelevante: en derecho internacional, la aplicación selectiva de los principios erosiona su fuerza normativa.

La Ventana de Overton estratégica y la tolerancia al uso de la fuerza

Desde la teoría de las relaciones internacionales, la llamada Ventana de Overton permite analizar cómo determinadas opciones —antes impensables— pasan a ser debatibles y, posteriormente, aceptables para la mayoría. En el ámbito de la seguridad internacional, esta ventana se ha ido desplazando de forma gradual en relación con el uso de la fuerza por parte de grandes potencias.

Una intervención militar estadounidense en Venezuela, aunque formalmente cuestionada o incluso condenada, ensancha esa ventana si el resultado final fuera percibido como funcional: cambio político, reducción de una amenaza regional y ausencia de escalada mayor.

La experiencia histórica lo confirma. En casos como Kosovo (1999) o incluso Irak en determinadas fases posteriores, la comunidad internacional tendió a desplazarse desde la condena inicial hacia una aceptación pragmática de los hechos consumados. Este desplazamiento no elimina la ilegalidad original, pero reconfigura los incentivos estratégicos.

En términos sistémicos, el mensaje implícito es claro: si el resultado es aceptable, el método acaba siendo tolerado.

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Ucrania y la erosión del principio de integridad territorial

El conflicto en Ucrania introduce un precedente aún más delicado. Si una invasión militar a gran escala culmina en una negociación que consolida —aunque sea parcialmente— ganancias territoriales rusas, se estaría enviando una señal inequívoca al sistema internacional:

El uso de la fuerza puede modificar fronteras si el coste es asumible y el tiempo juega a favor del agresor.

Desde el punto de vista del derecho internacional público, esto supone una erosión directa del principio de integridad territorial y del uti possidetis. Desde la perspectiva geopolítica y doctrinal, constituye una lección operativa para otros actores revisionistas.

Las potencias no aprenden de los discursos, sino de los precedentes, ya que sirven de marco de referencia conceptual de legitimidad estratégica.

China y Taiwán: un cálculo estratégico racional

Pekín no analiza la cuestión de Taiwán desde parámetros morales ni emocionales, sino desde una lógica estrictamente racional y estratégica, coherente con la tradición realista y con su propia doctrina militar.

Las variables clave que China evalúa son conocidas:

  • ¿Puede una intervención justificarse bajo un marco narrativo excepcional (reunificación, estabilidad o amenaza externa)?
  • ¿Puede derivar en una negociación política que consolide hechos sobre el terreno?
  • ¿Es el coste económico, tecnológico y diplomático asumible a medio y largo plazo?

Si los precedentes recientes —Venezuela y Ucrania— apuntan a que la comunidad internacional acaba adaptándose al resultado, la percepción del riesgo estratégico disminuye, aunque el coste inicial sea elevado.

No se trata de analogías jurídicas. Taiwán no es Venezuela ni Ucrania. Se trata de analogías de comportamiento internacional, que son las que realmente influyen en la doctrina de disuasión china.

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Doctrina militar, disuasión y normalización de la excepción

Desde la perspectiva doctrinal, estamos ante un fenómeno clásico identificado tanto por el realismo estructural como por la teoría de la disuasión: la normalización progresiva de la excepción.

Cuando el uso de la fuerza deja de ser un tabú absoluto y se convierte en una opción contingente —dependiente del actor, del contexto y del resultado—, el umbral de empleo se reduce. En ese escenario, la disuasión ya no descansa únicamente en capacidades militares, sino en la credibilidad normativa del sistema. Y esa credibilidad está siendo erosionada.

Como advirtió Hedley Bull, cuando las normas dejan de ser universales, el orden internacional deriva hacia una sociedad anárquica gestionada por el poder, no por el derecho.

Cuál es el orden internacional resultante del uso de la fuerza actual

La cuestión estratégica no es si el régimen de Maduro genera o no empatía internacional. Tampoco si Ucrania “debe” o no ceder territorio. Esas son discusiones morales.

La pregunta relevante es otra: ¿Qué tipo de sistema internacional emerge cuando el hecho consumado vuelve a ser aceptable?

Cuando los principios de soberanía e integridad territorial se aplican de forma selectiva, dejan de ser normas y pasan a ser opciones. Y en geopolítica, las opciones se utilizan en pro de los objetivos estratégicos de una forma racional y oportunista.

No existe una cadena causal automática que conduzca a una invasión china de Taiwán. Pero sí una erosión acumulativa del marco que la disuade. Y esa erosión es, en sí misma, un riesgo estratégico de primer orden.

Por ello, la pregunta que deberíamos plantearnos ya no es si este precedente será utilizado, sino quién lo hará primero y en qué teatro estratégico.

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Ventana de Overton: qué es, cómo funciona y por qué explica los cambios políticos y geopolíticos actuales

La Ventana de Overton se ha convertido en una herramienta imprescindible para comprender los cambios políticos y geopolíticos del mundo actual. Ideas que antes eran impensables como las intervenciones militares, la alteración de fronteras o el uso abierto de la fuerza, hoy se debaten con creciente normalidad. En un entorno marcado por guerras, competencia entre grandes potencias y crisis sistémicas, este concepto permite analizar cómo se desplazan los límites de lo aceptable y anticipar transformaciones profundas en el orden internacional antes de que se consoliden como nuevos precedentes.

La Ventana de Overton es un concepto clave para entender por qué ideas que antes parecían inaceptables terminan convirtiéndose en políticas públicas, decisiones estratégicas o incluso acciones militares normalizadas. Aunque el concepto nació en el ámbito del análisis de políticas públicas, hoy es una herramienta esencial para analizar política internacional, geopolítica, seguridad y conflictos armados.

En un contexto global marcado por guerras, intervenciones y tensiones entre grandes potencias, comprender la Ventana de Overton permite anticipar cambios de paradigma antes de que se consoliden.

Definición: ¿Qué es la Ventana de Overton?

La Ventana de Overton es un modelo teórico desarrollado por Joseph P. Overton, analista del Mackinac Center for Public Policy, que describe el rango de ideas que una sociedad considera políticamente aceptables en un momento determinado.

Según Overton, los responsables políticos no suelen impulsar ideas fuera de esa ventana, porque hacerlo supondría un alto coste electoral, social o reputacional. En cambio, las ideas se desplazan progresivamente hasta entrar en la zona de lo aceptable, momento en el que pueden convertirse en políticas oficiales.

Desde una perspectiva académica, la Ventana de Overton es un modelo descriptivo sobre cómo cambian las normas sociales y políticas en respuesta a crisis, shocks externos o transformaciones estructurales.

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Cómo funciona la Ventana de Overton: las fases del cambio

La literatura especializada suele identificar varias fases o etapas en el desplazamiento de la Ventana de Overton:

  1. Impensable: la idea es tabú o socialmente inaceptable.
  2. Radical: se discute en círculos marginales o académicos.
  3. Aceptable: comienza a aparecer en debates públicos.
  4. Razonable: se presenta como una opción lógica o necesaria.
  5. Popular: obtiene respaldo social o mediático.
  6. Política pública: se implementa de forma oficial.

En política internacional, estas fases pueden acelerarse drásticamente debido a guerras, atentados, crisis económicas o conflictos geopolíticos.

La Ventana de Overton en política y relaciones internacionales

En el ámbito internacional, la Ventana de Overton no actúa sobre leyes internas, sino sobre normas, comportamientos y precedentes aceptables entre Estados. Esto incluye cuestiones sensibles como:

  • El uso de la fuerza militar
  • Las intervenciones en Estados soberanos
  • Las sanciones económicas masivas
  • La cesión de territorios tras conflictos armados

Cuando una acción se repite o produce resultados “funcionales”, la comunidad internacional tiende a normalizarla, aunque contradiga principios jurídicos previos.

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Ejemplos de la Ventana de Overton en geopolítica y conflictos bélicos

Ejemplo nº1. Intervenciones militares sin mandato de la ONU: del tabú jurídico al precedente funcional

Durante gran parte de la posguerra fría, una intervención militar sin autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU era considerada una vulneración grave del orden jurídico internacional. 

El caso de Kosovo (1999) marcó un punto de inflexión relevante. La intervención de la OTAN, jurídicamente cuestionable al carecer de mandato, fue progresivamente aceptada bajo argumentos humanitarios, especialmente la prevención de crímenes masivos contra la población civil. 

Aunque no se modificó formalmente el marco legal, el resultado político-operativo —el fin de la violencia sistemática y la estabilización relativa del territorio— desplazó la Ventana de Overton en materia de uso de la fuerza. A partir de entonces, se consolidó una lógica peligrosa: la legitimidad política y moral percibida comenzó a competir directamente con la legalidad estricta, abriendo la puerta a intervenciones “excepcionales” justificadas por el resultado más que por el procedimiento.

Ejemplo nº2. Ucrania y la modificación de fronteras por la fuerza: la normalización del hecho consumado

Antes de 2014, la alteración de fronteras en Europa mediante el uso de la fuerza era considerada prácticamente impensable, no solo por razones jurídicas, sino por el consenso político surgido tras la Segunda Guerra Mundial y reafirmado en el Acta Final de Helsinki. 

La anexión de Crimea por parte de Rusia y la posterior invasión a gran escala de Ucrania en 2022 supusieron una ruptura frontal de ese consenso. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga, el debate internacional ha evolucionado hacia la posibilidad de negociaciones que incluyan cesiones territoriales como vía de estabilización, algo que habría sido inaceptable en fases iniciales. 

La Ventana de Overton no ha legalizado la conquista territorial, pero sí ha desplazado el debate desde la condena absoluta hacia el pragmatismo estratégico, enviando una señal inquietante: el uso de la fuerza puede producir cambios duraderos si el agresor resiste el coste inicial y gestiona el tiempo a su favor.

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Ejemplo nº3. Taiwán y el cálculo estratégico de China: cuando el riesgo deja de ser disuasivo

Durante décadas, una invasión china de Taiwán fue considerada una opción extrema, con costes económicos, tecnológicos y militares tan elevados que actuaban como disuasión efectiva. 

No obstante, la acumulación de precedentes internacionales ha alterado progresivamente ese cálculo. Hoy, sin que haya desaparecido el riesgo, la posibilidad de una acción militar sobre Taiwán se analiza abiertamente en términos de escenarios, fases, costes asumibles y gestión posterior del conflicto. Este cambio no implica una decisión inminente, pero sí refleja un desplazamiento significativo de la Ventana de Overton global sobre el uso de la fuerza entre grandes potencias. 

Desde la perspectiva china, lo relevante no es la legalidad formal del acto —que siempre sería contestada—, sino la probabilidad de que el sistema internacional termine adaptándose al nuevo statu quo, como ha ocurrido en otros teatros. Cuando esa percepción se consolida, la disuasión normativa pierde peso frente al cálculo estratégico racional.

Ejemplo nº4. Venezuela y la intervención externa orientada a recursos estratégicos

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela realizada el 3 de enero de 2026 por la Administración Trump, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y el despliegue de empresas estadounidenses en el control y la extracción de recursos petrolíferos, introduce un nuevo vector en el desplazamiento de la Ventana de Overton. 

A diferencia de intervenciones justificadas explícitamente por razones humanitarias o de seguridad colectiva, este caso combina un cambio de régimen con la gestión directa de activos estratégicos sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Aunque jurídicamente controvertida, la reacción internacional inicial apunta a una rápida transición desde la condena formal hacia el pragmatismo político, especialmente si la operación deriva en estabilidad interna y continuidad del suministro energético. 

Este episodio refuerza la idea de que, cuando una intervención produce resultados considerados funcionales por los actores dominantes del sistema, la legalidad pasa a un segundo plano frente a la eficacia estratégica, consolidando precedentes con profundas implicaciones sistémicas.

Ventana de Overton y derecho internacional: una tensión estructural

Desde el derecho internacional público, la Ventana de Overton plantea un problema central: las normas dependen de su aplicación coherente. Cuando se aplican de forma selectiva, pierden fuerza normativa.

Autores como Hedley Bull o Martti Koskenniemi han señalado que el orden internacional se sostiene tanto en el derecho como en la percepción de legitimidad. Cuando esta percepción se erosiona, el sistema se aproxima a una lógica de poder y precedentes, más que de normas universales.

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¿La Ventana de Overton se manipula?

Una confusión frecuente es pensar que la Ventana de Overton siempre se desplaza de forma intencional y deliberada por los líderes políticos. En realidad, en política internacional suele moverse como resultado de crisis, guerras y decisiones acumulativas, no necesariamente de planes coordinados.

Los Estados no siempre buscan desplazar la ventana, pero aprenden rápidamente de los precedentes. En geopolítica, lo que funciona una vez, tiende a repetirse.

Por qué la Ventana de Overton es clave para entender el mundo actual

Comprender la Ventana de Overton permite:

  • Anticipar cambios políticos y estratégicos
  • Entender por qué lo impensable se vuelve inevitable
  • Analizar riesgos sistémicos más allá de un solo conflicto
  • Interpretar correctamente la evolución del orden internacional

En un entorno global inestable, quien no entiende cómo se desplaza la ventana, llega siempre tarde al análisis.

Conclusión: cuando lo impensable deja de serlo

La Ventana de Overton no justifica decisiones políticas ni militares, pero explica cómo cambian los límites de lo aceptable, tanto para los líderes políticos, como para la sociedad en su conjunto. En geopolítica, esos cambios tienen consecuencias profundas y sistémicas.

Cuando el uso de la fuerza, la intervención externa o la alteración de fronteras dejan de ser tabú y pasan a ser opciones debatibles, el sistema internacional entra en una fase de inestabilidad estructural.

Y la historia demuestra que, una vez que lo impensable se vuelve pensable, es más probable que acabe ocurriendo.

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