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De los mapas del colegio a la lucha antiterrorista: cómo el análisis geoespacial ayuda a prevenir la radicalización

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Los mapas no solo muestran calles y fronteras: también revelan patrones invisibles de nuestra vida social. Aplicados con inteligencia, pueden anticipar entornos donde florecen riesgos y oportunidades. En este artículo, Carlos Mira-Perceval presenta un modelo geoespacial para mirar el territorio y prevenir, no para criminalizar.

Creo que no hay ningún secreto en decir que los mapas son parte de nuestra vida cotidiana. Están en Google Maps, en apps de rutas y en los mapas mentales que usamos para pensar. Lo han sido desde hace milenios. Basta recordar que el mapa más antiguo conservado proviene de la antigua Sumer. Todo apunta a que serán aún más importantes en el futuro. En realidad, vivimos  rodeados de mapas, y más aún: vivimos a  través de ellos. 

La clave de un buen mapa (y aquí cito a Javier Recuenco, consultor en estrategia compleja) es que nos proporciona un «framework mental» para leer la realidad, tanto externa como interna. Lo interesante (y perdóneme el lector si uso el adjetivo en un tema tan serio) es que ese marco mental se puede aplicar a casi cualquier fenómeno humano.

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Un mapa no es solo una  representación, es una forma de mirar. Y  desde ese «dónde», podemos empezar a  entender muchos porqués. 

Pongo un ejemplo sencillo: todo el mundo conoce en su ciudad una zona de bares, otra de tiendas y otra de fiesta. También hay una zona por la que es mejor no ir por la noche, y otra en la que es precisamente mejor estar por la noche. Esos lugares reflejan patrones sociales y psicológicos que se dibujan sobre el territorio. Dan sentido, entre otras cosas, a expresiones como «Dios los cría y ellos se juntan».

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Pues bien, es justo esa lógica la que nos  permite trasladar esta manera de mirar a un  ámbito mucho más complejo: el de los  procesos de radicalización. Concretamente,  en este artículo, al fenómeno del extremismo yihadista. Porque, aunque nos cueste  pensarlo así, la radicalización también tiene  geografía: ocurre en lugares concretos, con características concretas, que se repiten con más frecuencia de la que pensamos. Y sí, a  menudo hay un patrón espacial que permite  anticipar ciertos entornos de riesgo

Este trabajo parte de una pregunta incómoda  pero necesaria: ¿podemos usar herramientas  cartográficas (y en particular el análisis  geoespacial a nivel de sección censal) para identificar zonas donde podrían estar operando, no células activas, sino los caldos  de cultivo previos a una captación? Aquí no se  trata de criminalizar barrios ni religiones. Se  trata de prevenir, de entender, y sobre  todo de mirar mejor.

Mapas para identificar y entender los entornos de riesgo

Si aceptamos que ciertos entornos pueden  facilitar procesos de radicalización, la  siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo  identificarlos? ¿Qué datos permiten  localizarlos y analizarlos?

En este caso, me he propuesto responder con un modelo sencillo pero ilustrativo. Usaré únicamente datos públicos y accesibles, como los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los geoportales oficiales de la ciudad de Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque es una de las capitales europeas con mayor calidad y resolución en datos geoespaciales. Esto permite trabajar a nivel de sección censal sin perder precisión ni caer en generalizaciones injustas.

El modelo parte de una idea básica pero potente: los procesos de radicalización necesitan entornos físicos donde ocurrir. Aunque la captación online es una realidad, la radicalización operativa requiere contacto humano, presencia y comunidad. Y cuando  hablamos de entornos vulnerables, donde el  dinero escasea, los lugares de encuentro  suelen ser dos: las casas o los parques.

Con esta lógica, construí un modelo que comienza por detectar zonas socialmente deprimidas.

Para ello, apliqué una suma ponderada de trece variables sociales. Entre ellas están el nivel de renta, la tasa de desempleo (especialmente juvenil), el tamaño medio del hogar, la edad media y el nivel educativo. También el acceso a servicios básicos como la salud, el índice de juventud, la presencia de familias monoparentales, el número de delitos registrados y la densidad de población.

Incluí además la nacionalidad de los residentes, el porcentaje de población extranjera y el grado de vulnerabilidad urbana. El resultado es un índice que señala secciones censales especialmente frágiles, donde los discursos radicales encuentran más fácilmente terreno fértil.

A este primer análisis se le añaden otras  capas relevantes. La cercanía a lugares de  culto islámico (mezquitas o centros culturales) no se introduce como un factor  de riesgo por sí mismo, sino como un  indicador del tejido comunitario donde  pueden operar, tanto para bien como para  mal, distintas narrativas religiosas.

En paralelo, incorporé la presencia de parques urbanos. Pero no cualquier parque: solo aquellos que cuentan con bancos y fuentes de agua potable. Es decir, espacios que permiten una permanencia prolongada sin coste económico. Esto puede parecer anecdótico, pero es clave si hablamos de jóvenes sin recursos y con tiempo libre. También lo es si carecen de alternativas accesibles de ocio o apoyo institucional.

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Por último, se incorpora la variable de  movilidad. Un joven promedio en Madrid se  mueve en metro. Por eso, los parques que  reúnen las condiciones anteriores y están  cerca de estaciones de metro aumentan su  relevancia dentro del modelo.

A través de una superposición de capas y una suma ponderada de todos estos factores, se genera una primera cartografía del riesgo. Es una aproximación cada vez más afinada de los entornos urbanos que podrían albergar procesos de captación o radicalización.

La inmigración magrebí representa en Madrid  aproximadamente un 3 % del total, pero se  concentra en zonas muy concretas: Tetuán, Usera, Lavapiés y Villaverde. Esta  concentración no es por sí sola un indicador de riesgo, pero sí plantea preguntas legítimas: ¿coinciden estas zonas con los patrones  descritos anteriormente? ¿qué recursos comunitarios existen en esas zonas?, ¿cuál es la presencia institucional? y ¿cuáles son las narrativas que están en juego?

Mapas que transforman riesgos en oportunidades de comunidad

Un parque no es solo un parque. Un banco no  es solo un banco. Una fuente no es solo una  fuente. Cuando se cruzan con pobreza,  abandono institucional y aislamiento, esos objetos cotidianos se transforman en  escenarios posibles de influencia, encuentro  y, a veces, cooptación. 

La fuerza de este modelo no reside únicamente en su capacidad para mostrar zonas en riesgo, sino en cómo esas deducciones (aparentemente sutiles) se  pueden traducir en herramientas operativas para quienes trabajan en prevención,  seguridad o urbanismo. Si podemos leer el  mapa con otros ojos, también podemos  actuar sobre él con otras manos. 

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Así, una capa de parques con mobiliario urbano en zonas vulnerables no es solo una imagen bonita. Puede convertirse en una guía para priorizar actividades comunitarias, vigilancia de proximidad o incluso intervenciones educativas de calle. Un índice de conectividad entre zonas deprimidas y puntos de congregación religiosa puede servir para detectar corredores urbanos donde conviene reforzar la presencia institucional antes de que otros lo hagan.

Un modelo de alertas tempranas basado en capas actualizables (con datos de exclusión social, movilidad o accesibilidad) podría permitir detectar puntos calientes antes de que sean visibles para las estadísticas.

Esta forma de pensar no criminaliza: contextualiza. No generaliza: prioriza. Y sobre todo, invita a leer el espacio no como fondo neutro, sino como actor implicado en los  procesos sociales más profundos, incluidos  los más peligrosos. 

Porque al final, si todo ocurre en algún lugar,  el mapa sigue siendo uno de los instrumentos más poderosos para decidir dónde mirar,  cómo actuar y con qué urgencia hacerlo. 

En tiempos donde la amenaza se disuelve entre lo digital, lo urbano y lo cotidiano, mapear bien no es cartografiar al enemigo: es  reconocer los vacíos que otros pueden llenar  antes que nosotros. Es detectar las ausencias  institucionales que se convierten en  presencias extremistas. Es ver en un banco no  un mueble urbano, sino un punto de conexión humana que puede jugar a favor… o en contra. 

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La geointeligencia, bien aplicada, no sirve  para señalar culpables, sino para adelantarse  a los contextos que hacen posible lo  impensable. No puede (ni debe) sustituir al  trabajo social, educativo o policial. Pero sí  puede ofrecer la base para que ese trabajo  llegue donde hace más falta, cuando todavía  hay tiempo. 

Porque si hay algo que este modelo  demuestra es que no hay radicalización sin  lugar, y que cada lugar cuenta una historia. El  reto está en aprender a leerla antes de que  otros la escriban por nosotros. 

Y quizá ahí resida la verdadera promesa de  esta forma de mirar el mundo: que lo que hoy  vemos como un mapa de riesgo pueda  convertirse, con inteligencia y voluntad  política, en un mapa de cuidados, comunidad  y prevención. Porque los mismos espacios  que hoy observamos con preocupación  pueden ser, si se interviene a tiempo, los lugares donde se construye algo muy distinto:  pertenencia, dignidad y paz

Todo empieza por saber dónde mirar. Pero lo  que cambia el mundo es lo que  decidimos hacer después.

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Criminología Ambiental: Un nuevo enfoque para la prevención y lucha contra los incendios y delitos ambientales

El aumento de incendios forestales y delitos ambientales en España y América Latina exige enfoques innovadores. La criminología ambiental, apoyada en tecnologías como la geointeligencia (GEOINT) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ofrece herramientas clave para investigar causas, identificar patrones y prevenir futuros desastres. Este enfoque integral combina análisis forense, gestión activa del territorio y coordinación interinstitucional para afrontar un desafío que crece por el cambio climático, la expansión urbana y la degradación de los ecosistemas.

La creciente complejidad de los incendios forestales y otros desastres naturales en España y América Latina es consecuencia de la interacción de múltiples factores: cambio climático, acumulación de combustible vegetal, expansión de la interfaz urbano-forestal (IUF) y alteraciones en el uso del territorio. Este escenario exige un enfoque integral que combine tecnologías avanzadas de análisis geoespacial (como la geointeligencia (GEOINT) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)), con medidas de gestión territorial sostenibles, entre las que destacan la ganadería extensiva, la selvicultura preventiva y las quemas prescritas. La criminología ambiental proporciona el marco metodológico para investigar las causas, identificar patrones delictivos y diseñar estrategias de prevención basadas en la evidencia.

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Datos oficiales y tendencias

En España, según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en 2024 se registraron 17 grandes incendios forestales (también llamados “GIF”, aquellos con más de 500 hectáreas quemadas) que afectaron a 17.376 hectáreas, equivalentes al 35,7% de las 48.550 hectáreas quemadas en total. Para 2025, hasta el 3 de agosto, se contabilizaron 14 GIF y entre 33.360 y 39.155 hectáreas quemadas, según el corte temporal de cada fuente, lo que supone un incremento de entre el 5,1% y el 9% respecto a 2024 en igual periodo.

En el plano internacional, la Amazonía perdió más de 2,8 millones de hectáreas de bosque primario por incendios en 2024, con Perú batiendo su récord de 47.500 hectáreas afectadas. En Chile, los incendios incluyeron eventos urbanos y rurales de gran magnitud, con numerosas víctimas y daños materiales, aunque sin desglose detallado entre categorías. En México, 2025 presentó un 44% más de incendios que 2024, sin datos de superficie, lo que dificulta dimensionar el impacto real.

Fuente: Ayuntamiento de Puente Genil del Servicio de Protección Civil.

Criminología forestal y marco normativo

La criminología forestal es una especialidad de la criminología ambiental que aplica análisis forense y herramientas de modelización para determinar causas (intencionadas, negligentes, accidentales o naturales) y motivaciones (económicas, recreativas, vandalismo, conflictos, entre otras). Este trabajo implica delimitar con precisión el punto de inicio, analizar vestigios físicos, integrar datos meteorológicos y topográficos en SIG para modelar la propagación, y aplicar de forma estricta la cadena de custodia.

En España, el Código Penal (arts. 352–356) establece penas específicas para incendios forestales, con agravantes en casos de riesgo para la vida o afección a espacios protegidos. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil (RD 893/2013) y el Plan Estatal para Emergencias por Incendios Forestales definen los protocolos de coordinación interadministrativa y los niveles operativos.

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Tecnología aplicada a la gestión y prevención

El uso de GEOINT y SIG ha transformado el control ambiental y la respuesta ante emergencias. Estas herramientas integran datos satelitales, de drones y sensores terrestres, lo que permite:

  • Detección temprana y monitoreo en tiempo real.
  • Modelización del riesgo según condiciones meteorológicas y topográficas.
  • Priorización de recursos y optimización de despliegues.
  • Investigación post-incendio con análisis de perímetros e isocronas.

La interoperabilidad de estas plataformas entre instituciones mejora la coordinación y reduce tiempos de respuesta.

Prevención desde la gestión activa del territorio

La prevención no depende únicamente de la tecnología. La ganadería extensiva constituye un factor protector clave, ya que el pastoreo controlado reduce la continuidad y altura de combustibles finos, generando cortafuegos vivos y manteniendo paisajes en mosaico. Estas discontinuidades vegetales limitan la propagación del fuego y facilitan las labores de extinción.

Otras medidas esenciales incluyen la selvicultura preventiva, el uso de mosaicos agroforestales, las quemas prescritas bajo condiciones controladas y la ordenación de la interfaz urbano-forestal (IUF) con criterios de autoprotección y seguridad.

Coordinación operativa interinstitucional

La cooperación entre SEPRONA, UME, bomberos, Protección Civil, cuerpos autonómicos y homólogos internacionales es vital. Esto implica patrullas focalizadas en periodos de riesgo extremo, simulacros conjuntos, protocolos unificados y sistemas de gestión de información interoperables.

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La formación tecnológica como pilar estratégico

Para garantizar un control ambiental efectivo y la capacidad de prevenir, identificar e investigar incendios y desastres naturales, todos los agentes vinculados y autoridades competentes deben disponer de formación sólida en GEOINT y SIG. El dominio de estas herramientas amplía la capacidad de vigilancia, mejora la precisión de las investigaciones y permite aplicar las normativas con mayor eficacia. La formación continua, adaptada a los avances tecnológicos, debe considerarse un componente obligatorio en la preparación de cuerpos de seguridad, gestores ambientales y personal de respuesta a emergencias.


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España aprueba su hoja de ruta contra el crimen organizado: una estrategia de cinco años para anticipar, reaccionar y consolidar

El Consejo de Seguridad Nacional da luz verde a la Estrategia 2025, que refuerza puertos y aeropuertos, combate la corrupción, prioriza la recuperación de activos y alinea la respuesta con la UE y la ONU.

El Gobierno de España ha publicado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, un documento marco aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional que actualiza y reemplaza la estrategia 2019-2023, con una visión integral, tecnológica e internacional para frenar redes criminales, proteger a colectivos vulnerables y blindar la economía legal.

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Qué es la Estrategia 2025

  • Es el marco político-estratégico del Estado para prevenir, detectar, perseguir y mitigar el crimen organizado y la delincuencia grave en España, con vigencia inicial de cinco años y evaluación anual. Su misión es garantizar la seguridad de personas y bienes, dentro y fuera del país y en el ciberespacio, bajo una acción coordinada nacional e internacional. Su visión busca reforzar la libertad, la seguridad y la justicia frente a las amenazas desestabilizadoras y en constante evolución.
  • Se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y con las grandes referencias internacionales: Convención de Palermo (UNTOC), Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el Convenio de Budapest, la estrategia UNODC 2021-2025, los estándares del GAFI y la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 y su Hoja de Ruta antidrogas de 2023, así como con las plataformas operativas europeas como EMPACT.
  • Nace de un mandato del Consejo de Seguridad Nacional de 19 de marzo de 2024 para revisar la estrategia previa, adaptándola a nuevas formas criminales, tecnologías y prioridades europeas e internacionales, y se publica por Orden PJC/846/2025, de 29 de julio.

Qué establece: arquitectura, prioridades y ejes de acción

  • Tres dominios de acción. La Estrategia articula 13 ejes y 50 líneas de acción en torno a Anticipar (atacar causas y riesgos, fortalecer cooperación exterior, análisis y prevención), Reaccionar (detección temprana, investigación, desarticulación y recuperación de activos) y Consolidar (seguir el impacto, proteger testigos, armonizar normas y optimizar la gestión de bienes decomisados).
  • En Anticipar, fija refuerzos en: cooperación con países de origen y refugio criminal; resiliencia de puertos, aeropuertos y cadenas logísticas; detección de infiltración en estructuras públicas y privadas; lucha contra conexiones con terrorismo, cibercriminalidad y desinformación; protección a víctimas y colectivos vulnerables; y salvaguarda de intereses financieros frente a blanqueo y fraude mediante mayor cooperación público-privada y europea.
  • En Reaccionar, impulsa: adaptación normativa y de planes ante nuevas amenazas; refuerzo de detección y neutralización de la corrupción; especialización judicial; investigaciones financieras y patrimoniales; una estrategia nacional de recuperación de activos; uso intensivo de herramientas tecnológicas e IA; y agilización del intercambio y acceso a información entre instituciones y con socios internacionales.
  • En Consolidar, prioriza: trazabilidad completa de los casos hasta su neutralización; protección de testigos, peritos, colaboradores y arrepentidos; armonización normativa en la UE; comunicación pública proactiva; seguimiento y monitorización de finanzas criminales; transposición de la nueva directiva europea de recuperación y decomiso; y una gestión eficiente de activos para reinvertir en la lucha y resarcir a la sociedad.
  • Gobernanza. Se crea y consolida el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, presidido por la Secretaría de Estado de Seguridad, como órgano de coordinación del Sistema de Seguridad Nacional en esta materia, responsable de verificar el cumplimiento, revisar contenidos y apoyar la gestión de crisis vinculadas a estas amenazas.

Contexto: por qué ahora

  • España, por posición geográfica, tamaño portuario y aéreo, y vínculos con América Latina, Norte de África y Europa, es nodo logístico tanto del comercio lícito como de tráficos ilícitos, especialmente cocaína y cannabis. El país registra redes multinacionales que combinan el narcotráfico con otras actividades (policriminalidad), infiltración logística y uso intensivo de corrupción y violencia. A la vez, mantiene niveles de violencia contenidos gracias a planes específicos como el del Campo de Gibraltar, vigente desde 2018.
  • La Estrategia recoge tendencias globales: alianzas entre redes, auge del «crime as a service», convergencia con terrorismo (financiación, armas y logística), expansión del cibercrimen, uso de criptoactivos y dark web, drones y mensajería cifrada, y un salto en IA aplicada a fraudes, blanqueo, ciberataques y desinformación, además del impacto del crimen ambiental y la presión migratoria explotada por redes.

Principales conclusiones y focos de la Estrategia

  • El gran frente es el narcotráfico en puertos y aeropuertos. Se refuerzan recursos, análisis de riesgos y cooperación público-privada en nodos logísticos, con una estrategia alineada con la Alianza Europea de Puertos y medidas para interceptar la entrada de cocaína y otros estupefacientes, también vía paquetería aérea y contenedores.
  • La corrupción es un multiplicador delictivo. Se potenciará su detección y neutralización en sectores públicos y privados, y se protegerá al funcionariado investigador frente a maniobras intimidatorias o de lawfare.
  • El dinero es el talón de Aquiles. La Estrategia prioriza investigaciones financieras y patrimoniales, limitaciones al efectivo, cooperación con el GAFI y la UE, y el desarrollo de una estrategia nacional de recuperación de activos, con seguimiento, decomiso y gestión eficiente para que reviertan en la lucha y la reparación social.
  • Tecnología e IA, palancas críticas. Se impulsa la interoperabilidad de sistemas, la formación especializada, el uso de IA para análisis prospectivo y la detección de riesgos, y las capacidades reforzadas en ciberseguridad y cibercrimen, con el foco puesto en el ransomware, el fraude, la pornografía infantil y los servicios criminales en la red.
  • Protección de vulnerables y menores. Más prevención ante la captación juvenil por redes (incluida la digital), la atención integral a víctimas, el refuerzo contra la trata y la explotación con una futura ley integral, mejoras en lucha contra la violencia de género con VioGén-2, y prioridad frente al abuso sexual infantil online.
  • Migración y redes transnacionales. Cooperación con países de origen y tránsito, sinergias con EUROPOL y FRONTEX, y aplicación del Pacto de Migración y Asilo, integrando el control fronterizo, la persecución de redes y la política humanitaria para las víctimas ante la instrumentalización de flujos por actores estatales o no estatales.
  • Armas y explosivos: cierre de brechas. Se refuerza el control de piezas, kits, impresión 3D y armas convertidas, y se aplica la Ley 25/2022 sobre precursores de explosivos, en sintonía con la normativa europea, para prevenir usos maliciosos y terrorismo.
  • Crimen ambiental en ascenso. Se aumenta la respuesta contra el tráfico ilegal de residuos, las especies protegidas, la caza y pesca ilegales y los efectos ambientales del cultivo de drogas, promoviendo redes de Inteligencia ambiental y cooperación entre agencias.
  • Coordinación e internacionalización como norma. Se intensifica el liderazgo de España en EMPACT y foros UE-CELAC, GRECO y mecanismos ONU, además del intercambio de inteligencia y buenas prácticas, con atención a la financiación del terrorismo y la actualización en 2025 del PENCFIT ante nuevas tecnologías de pago y criptos.
  • Evaluación y mejora continua. Vigencia de cinco años con informes anuales de evaluación, revisión anticipada si la amenaza evoluciona y adaptación permanente de instrumentos de prevención, preparación y respuesta.

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Estados Unidos designa a la Brigada Majeed como terrorista

Washington amplía su lista de organizaciones terroristas con grupos separatistas del suroeste de Pakistán. El Departamento de Estado tipifica como delito cualquier apoyo a las facciones armadas baluchas. La inclusión busca limitar la financiación y operaciones de ambos grupos.

Estados Unidos ha incorporado este lunes al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y a la Brigada Majeed, grupos separatistas activos en el suroeste de Pakistán, a su lista oficial de organizaciones terroristas extranjeras. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien precisó que la Brigada Majeed, considerada el escuadrón suicida del BLA, también queda incluida como «Terrorista Global Especialmente Designado» (SDGT). Esta clasificación implica que cualquier tipo de apoyo o contribución a sus miembros será considerado un delito.

La decisión estadounidense se produce pocos días después de que las autoridades de Pakistán solicitaran formalmente a Washington la inclusión de la Brigada Majeed en la lista de SDGT, una categoría en la que el BLA ya figura desde 2019. Según el Departamento de Estado, desde esa fecha el grupo se ha adjudicado múltiples atentados, varios perpetrados por la propia Brigada Majeed. Uno de los episodios más destacados ocurrió en marzo de 2025, cuando el tren Jaffar Express, que cubría la ruta entre Quetta y Peshawar, fue secuestrado. El ataque dejó alrededor de treinta muertos y más de 300 pasajeros tomados como rehenes.

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«La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump con la lucha contra el terrorismo», destacó la institución. Asimismo, subrayó que «las designaciones de terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra esta lacra y constituyen una forma eficaz de reducir el apoyo a las actividades terroristas». Con este paso, las autoridades estadounidenses buscan reforzar las herramientas legales contra la financiación, el reclutamiento y la capacidad operativa de estos grupos armados que actúan en la región fronteriza entre Pakistán e Irán.

La Brigada Majeed es el escuadrón suicida del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), una organización insurgente separatista activa en la provincia paquistaní de Baluchistán, y está señalada por causar ataques letales, incluidos atentados contra objetivos de seguridad y vinculados a intereses chinos en la región. Esta célula se creó en 2018, emplea tácticas de atentados suicidas y ha reivindicado acciones de alto impacto en los últimos años.

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Somalilandia y Taiwán: cooperación entre dos naciones no reconocidas

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La reciente alianza entre Taiwán y Somalilandia ha despertado un creciente interés en los círculos diplomáticos. Su alcance podría influir en la geopolítica del Cuerno de África. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Andrés Fuentealba analiza la importancia de este acuerdo. También se contextualizará el largo historial de cooperación entre Somalilandia y Taiwán. Esta asociación representa un hito en la diplomacia entre entidades no reconocidas y podría servir como modelo para futuras colaboraciones similares.

El 24 de julio de 2025, Somalilandia y Taiwán sellaron un histórico acuerdo de seguridad marítima que va más allá de un simple tratado bilateral. Este pacto representa la culminación de una alianza estratégica sin precedentes entre dos entidades que, oficialmente, carecen de reconocimiento internacional.

A pesar de la considerable presión china y un entorno internacional complejo, Taiwán y Somalilandia han logrado forjar una alianza relevante. Esta unión tiene importantes consecuencias regionales.

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Su impacto reverbera en la compleja rivalidad entre China y Taiwán. Por extensión, influye en los intereses estratégicos de Washington. Así, se configura un nuevo capítulo en la disputa por la influencia en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Estatus internacional de Somalilandia y Taiwán

Para comprender la importancia de la relación entre Somalilandia y Taiwán es fundamental conocer su situación internacional. Ambas son entidades que, aunque carecen de reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional, cuentan con gobiernos e instituciones propias. Operan de manera autónoma y estable desde hace décadas.

Taiwan: aislamiento Diplomático Progresivo

Taiwán mantiene relaciones diplomáticas oficiales con apenas 12 países, principalmente pequeñas naciones insulares del Pacífico y Centroamérica, además del Vaticano.

Esta cifra supone una reducción drástica en comparación con los años setenta. En esa época, Taiwán ocupaba un asiento en las Naciones Unidas como representante legítimo de China.

En 1971 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2758, que otorgó ese reconocimiento a la República Popular China.

Este cambio marcó el inicio de un proceso global. La mayoría de los países comenzó a reconocer a Pekín, lo que redujo significativamente la cantidad de estados con relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

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Desde 2016, la pérdida de reconocimiento diplomático de Taiwán se ha intensificado. Durante este periodo, diez países decidieron cambiar su reconocimiento oficial de Taipéi a Beijing.

China ha reforzado esta estrategia mediante una combinación de presión diplomática y económica conocida como «diplomacia del dólar». En este enfoque, ofrece ayuda financiera, inversiones y beneficios comerciales a los países que retiran su reconocimiento a Taiwán. También busca que establezcan lazos formales con Pekín.

No obstante, Taiwán ha logrado mantenerse activo en el panorama internacional. Establece relaciones no oficiales con numerosos países y opera oficinas de representación en importantes capitales, como Ottawa, Tokio, Londres y Canberra.

Su vínculo más significativo es con Estados Unidos, que, aunque reconoce oficialmente a Pekín desde 1979, le proporciona apoyo militar y mantiene robustos lazos comerciales.

Cabe destacar que por mandato legal, Estados Unidos debe facilitar a Taiwán los medios requeridos para su defensa. La entrada en vigor en 2022 de la Ley de Política de Taiwán, fortaleció aún más la cooperación bilateral en seguridad y diplomacia, evidenciando el compromiso estadounidense en un contexto de tensiones con China.

Somalilandia: búsqueda de Reconocimiento tras tres décadas

Somalilandia declaró su independencia de Somalia en 1991, pero ningún gobierno extranjero reconoce su soberanía. A diferencia de Taiwan, Somalilandia carece completamente de reconocimiento diplomático oficial.

La región ha celebrado elecciones democráticas pacíficas desde 2003, con observadores internacionales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Europea. Las elecciones de 2024 fueron una de las pocas en África donde la oposición ganó pacíficamente, demostrando la solidez de sus instituciones democráticas.

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Somalilandia mantiene oficinas de representación en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega, Suecia, Arabia Saudita y Turquía. Su estrategia diplomática se centra en demostrar estabilidad gubernamental y democrática en contraste con la fragilidad del Gobierno Federal Somalí.

Con el contexto internacional de ambas entidades aclarado, es momento de detallar el historial de cooperación entre ellas.

El historial de una cooperación inédita

La relación entre Taiwán y Somalilandia no comenzó en 2025. Representa la culminación de más de una década de acercamientos graduales que se iniciaron en 2009. Ambas entidades iniciaron sus primeros contactos a través de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO).

Durante este período inicial, los intercambios se centraron en áreas como salud, educación y seguridad marítima. Así se establecieron canales de comunicación informales que sentaron las bases para la futura cooperación formal.

El momento decisivo llegó el 26 de febrero de 2020. Ese día, el Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, y su homólogo somalí, Yasin Hagi Mohamoud Faraton, firmaron el «Protocolo Bilateral» en Taipéi. Este acuerdo estableció formalmente el marco para el intercambio de oficinas representativas entre ambas capitales.

La Oficina Representativa de Taiwán en Somalilandia se inauguró oficialmente el 17 de agosto de 2020 en Hargeisa. Más tarde, el 9 de septiembre del mismo año, se abrió la Oficina Representativa de Somalilandia en Taiwán.

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Desde aquel reconocimiento, ambas entidades han profundizado su colaboración en distintas áreas:

Transformación del Sistema Sanitario: El proyecto más importante en materia de salud es el Centro Médico de Taiwán en Hargeisa. Con una inversión de 22 millones de dólares, representa la mayor infraestructura sanitaria construida en Somalilandia. Este hospital fue construido en 2024 y ha modernizado la gestión hospitalaria a un nivel sin precedentes en el país.

Innovación Tecnológica: Entre 2024 y 2027, Taiwán y Somalilandia avanzan en la Fase II de su Cooperación en Tecnologías de la Información (TI). El enfoque está en fortalecer la infraestructura de gobierno electrónico y la ciberseguridad, incluida la construcción de un Centro de Datos con un Centro de Ciberseguridad integrado.

La Fase I (2021-2023) logró avances como la creación de la primera Zona de Innovación de Somalilandia (ZIS). Este proyecto capacitó a más de 1.200 personas en 56 cursos de TI. También impulsó un ecosistema tecnológico especializado en startups locales, posicionando al país en la senda de la transformación digital.

Modernización Electoral y Transparencia Democrática: La contribución taiwanesa de 4 millones de dólares al sistema electoral somalí permitió adquirir 2.500 dispositivos de reconocimiento biométrico de iris. Esto convirtió a Somalilandia en el primer estado de África en implementar esta tecnología en elecciones nacionales, desde 2018. Este avance reforzó significativamente la transparencia y confiabilidad del proceso democrático.

Desarrollo Agrícola y Formación de Capital Humano: La cooperación agrícola se ha materializado mediante el establecimiento de granjas demostrativas con sistemas de riego por goteo. Esta tecnología es crucial para optimizar la producción en las zonas áridas del país.

Paralelamente, Taiwán otorga anualmente becas universitarias completas a estudiantes somalíes, creando una nueva generación de profesionales especializados que están impulsando la modernización del sector agrícola.

Estos proyectos representan la fuerte cooperación que aspira a redefinir el desarrollo de Somalilandia. Sin embargo, el sector con mayor potencial transformador, y donde ambas entidades están concentrando sus esfuerzos más innovadores, es la economía azul. Un área donde la experiencia tecnológica taiwanesa y los vastos recursos marítimos somalíes convergen para crear oportunidades sin precedentes.

Cooperación marítima y el potencial de la economía azul

El acuerdo de cooperación de la Guardia Costera, firmado el 24 de julio de 2025, representa la evolución natural de esta asociación estratégica. Ahora se expande hacia la seguridad marítima, aprovechando el enorme potencial desaprovechado de la economía azul en Somalilandia.

Este acuerdo de seguridad, promueve entrenamientos conjuntos, ejercicios navales y transferencia de tecnologías para fortalecer la vigilancia y seguridad marítima del país. El objetivo es potenciar la captura sostenible y modernizar el sector pesquero, contribuyendo así al desarrollo económico y a la consolidación de su soberanía sobre su espacio marítimo.

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La economía azul constituye uno de los sectores más atractivos, pero menos explotados en Somalilandia. Según documenta la analista Deqa Aden, contribuye con el 0,3% del PIB del país. Cabe destacar también, que Somalilandia cuenta con 850 kilómetros de costa que tiene acceso al estrecho de Bab al-Mandab, por donde transita aproximadamente el 12% del comercio mundial.

El potencial marino es extraordinario: existen más de 600 especies presentes en aguas somalíes, de las cuales 400 podrían explotarse comercialmente. Sin embargo, menos del 10% se explotan actualmente debido a la falta de infraestructura, investigación científica limitada y ausencia de plantas de procesamiento.

La precariedad institucional limita tanto la protección de aguas territoriales como el desarrollo formal del sector pesquero. Gran parte de la pesca se realiza de forma informal, perpetuando la baja productividad. Según el Banco Mundial, las empresas informales en países en desarrollo son, en promedio, cuatro veces menos productivas que las del sector formal, lo que refleja una mala gobernanza generalizada.

Además, la presencia de embarcaciones extranjeras que faenan ilegalmente en esas aguas representa un desafío significativo para la soberanía marítima de Somalilandia. Diversos informes y análisis documentan que embarcaciones de Yemen, Irán, Somalia y otros países, operan de forma ilegal en estas zonas, explotando sin control los recursos marinos.

En este contexto, la cooperación con Taiwán representa una oportunidad clave para combatir la pesca ilegal y la piratería, problemas que afectan la soberanía y calidad de los recursos marinos de la región.

Consecuencias geopolíticas 

El fortalecimiento de la cooperación entre Taiwán y Somalilandia genera beneficios internos para ambas partes.

Para Somalilandia, el acuerdo significa mucho más que apoyo técnico; se traduce en un canal de legitimidad internacional, mientras visibiliza su aspiración de constituirse como Estado funcional y comprometido con la gobernanza y la estabilidad regional. El respaldo de Taiwán, además, tiene un efecto demostrativo: envía la señal de que las alianzas pueden forjarse incluso en contextos de aislamiento internacional..

Para Taiwán, la alianza estratégica con Somalilandia es parte de una diplomacia de sobrevivencia y proyección. Situada en el Cuerno de África, a la entrada del estrecho de Bab al-Mandab, Taipéi obtiene una posición clave.

Ese paso marítimo es un cuello de botella por donde transita aproximadamente el 12 % del comercio marítimo global. Gracias a esta ubicación, Taiwán accede directamente a un corredor fundamental para la economía y la seguridad internacional.

En términos diplomáticos, el pacto refuerza el mensaje de que Taiwán puede construir redes de socios confiables sin depender del reconocimiento oficial. También muestra sus credenciales como contribuyente activo a la seguridad marítima y al desarrollo sostenible en África.

Esta alianza suscita diversas respuestas en Washington y Pekín que perciben consecuencias dispares acorde a sus intereses y estrategias globales.

Presión China al fortalecimiento de la colaboración Somalilandia-Taiwán 

La firma del acuerdo de seguridad marítima entre Taiwán y Somalilandia provocó una respuesta inmediata y categórica de Beijing, reflejando las tensiones más profundas en la competencia geopolítica sino-taiwanesa.  El lunes 28 de julio, China condenó públicamente la cooperación bilateral, calificándola de violación del derecho internacional.

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El comunicado oficial chino denunció que ambas entidades «conspiran para lograr reconocimiento político», advirtiendo que dicha cooperación «socava la soberanía de China e ignora el consenso internacional sobre el principio de una sola China.»

Esta respuesta forma parte de una campaña persistente que Beijing inició tras el establecimiento de relaciones formales entre Taiwán y Somalilandia en 2020.

Entre 2020 y 2021, China intentó disuadir a Somalilandia mediante ofertas de desarrollo integral, incluyendo inversiones en infraestructuras y programas técnicos, condicionadas a que rompiera lazos con Taiwán. Ante la negativa, Beijing pasó a una fase de coerción económica entre 2021 y 2023, con la retirada abrupta de empresas chinas en sectores clave, buscando mostrar los costos de desafiar su política de soberanía.

La crisis más significativa ocurrió en abril de 2025, cuando el Gobierno Federal de Somalia, evidenció su molestia al acercamiento entre Somalilandia y Taiwán, prohibiendo la entrada o tránsito de ciudadanos con pasaportes taiwaneses en su territorio. Esta medida, citaba la adhesión al «principio de una sola China» y la Resolución 2758 de la ONU.

Estados Unidos respondió con rapidez a la prohibición somalí, con legisladores advirtiendo sobre posibles represalias como la revocación del Estatus de Protección Temporal para somalíes en EE.UU. y la suspensión de visas, apoyándose en la «Ley de Política de Taiwán» que establece la obligación estadounidense de apoyar a Taiwán frente a amenazas. Gracias a esta presión, la prohibición fue levantada en junio de 2025, evidenciando la influencia de Washington en la defensa de la alianza Taiwan-Somalilandia.

Intereses de Washington en la alianza Somalilandia-Taiwán

Para Estados Unidos, la alianza entre Taiwán y Somalilandia va más allá de simplemente limitar la influencia china en la región, pues es importante destacar que desde 2017, China opera su primera base militar extranjera en Yibuti, a apenas unos 300 kilómetros de Somalilandia.

Esta base, con capacidad para entre 1,000 y 2,000 efectivos y amplias instalaciones subterráneas, es un centro estratégico para la presencia militar china en el Cuerno de África.

Esta cercanía convierte a la cooperación Taiwán-Somalilandia en un punto clave de equilibrio, permitiendo a Washington mantener influencia directa en un área donde Pekín posee presencia militar permanente.

Además, Estados Unidos valora en Somalilandia un modelo de gobernanza democrática estable y transparente, reforzado por elecciones pacíficas desde 2003 certificadas por observadores internacionales. El compromiso de Taiwán con los valores democráticos alinea ideológicamente a ambos con Washington, que justifica así su apoyo a estas entidades con capacidad real de gobernanza.

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Un elemento decisivo es la disposición de Somalilandia para ofrecer facilidades a Estados Unidos para instalar una base militar en el Mar Rojo, a cambio de reconocimiento internacional.

Una base estadounidense en el estrecho de Bab al-Mandab cumpliría objetivos múltiples: contrarrestar directamente la presencia militar china en Yibuti, proyectar poder naval en una de las rutas comerciales más críticas del mundo, y establecer proximidad operativa con Medio Oriente.

La cercanía geográfica permitiría a Washington ampliar su capacidad de ofensivas frente a los hutíes en Yemen, superando las limitaciones logísticas que han dificultado operaciones efectivas contra este grupo en el pasado. Esta instalación fortalecería asimismo los intereses de aliados estratégicos como Israel, ampliando su influencia y capacidad de acción en la zona.

En definitiva, esta configuración reordenaría el equilibrio militar y geopolítico en uno de los corredores marítimos más vitales del comercio mundial.

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Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Washington

La Casa Blanca impulsa medidas «históricas» para restablecer el orden y frenar el crimen en la capital estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el 11 de agosto el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. y anunció la federalización de la Policía de la capital con el propósito de «restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas». Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario hizo hincapié en la gravedad de la situación al declarar que «hoy es el Día de la Liberación en D.C y vamos a recuperar nuestra capital». Por ello, presentó esta iniciativa como una «medida histórica» cuyo objetivo principal es «rescatar a la capital» del crimen.

Para concretar esta estrategia, Trump invocó la Ley de Autonomía de 1973. Dicha ley le permite asumir el control de la Policía en circunstancias de «condiciones especiales consideradas de emergencia». Bajo este contexto, el presidente designó al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisionado federal interino del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington D. C. Este movimiento refuerza la intención del gobierno federal de intervenir directamente en la seguridad de la ciudad.

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El presidente no ahorró críticas hacia la situación actual de la capital y responsabilizó al Partido Demócrata del aumento de la criminalidad. Trump caracterizó a Washington como «un santuario para los criminales» y advirtió sobre la presencia de «bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar». Estas declaraciones alarmistas del mandatario buscan subrayar la urgencia de la intervención federal.

En cuanto a las acciones que se emprenderán, Trump afirmó que las fuerzas de seguridad llevarán a cabo «operaciones dirigidas contra a pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales». Además, añadió que traerán a los militares «si es necesario», dejando claro que no descarta nuevas medidas excepcionales. Además, propuso modificar la ley sobre fianzas para evitar que «alguien que asesina» sea liberado «sin fianza en efectivo antes de que acabe el día», y sugirió que reemplazará a los jueces cuyas decisiones, según él, favorezcan la impunidad de los delincuentes.

Finalmente, el dirigente estadounidense anunció un conjunto de iniciativas orientadas a «embellecer» la ciudad. Entre ellas, destacó la repavimentación de calles y la reparación de baches, así como la promesa de «eliminar» las tiendas de campaña de personas sin hogar instaladas en los parques públicos. Estas medidas, según el mandatario, buscan mejorar la seguridad y también la imagen urbana de la capital del país.

La alcaldesa de Washington critica la medida

La alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, calificó como «inquietante» y «sin precedentes» la decisión del presidente Donald Trump de federalizar la policía local y desplegar la Guardia Nacional en la capital, con el argumento de restablecer el orden y la seguridad. Aunque reconoció que la medida no le sorprendía del todo debido a la retórica previa del mandatario, Bowser aprovechó para reiterar su petición de que el Distrito de Columbia obtenga la condición plena de estado, denunciando que actualmente su acceso a la democracia es limitado y frágil. También afirmó que el ayuntamiento cooperará con las autoridades federales, pero pidió que este respaldo incluya no solo acciones policiales, sino también iniciativas sociales.

En su mensaje a los ciudadanos, Bowser aseguró que su administración continuará trabajando para que los habitantes se sientan orgullosos, manteniendo el equilibrio presupuestario, ofreciendo los servicios públicos necesarios y garantizando el inicio del curso escolar. «Puedo decir a los residentes de D.C. (Distrito de Columbia) que seguiremos gestionando nuestro Gobierno de una manera que les haga sentir orgullosos. Equilibraremos nuestros presupuestos. Desplegaremos nuestros servicios. Nuestros hijos comenzarán las clases el 25 de agosto», explicó.

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Congreso LISA 2025: el futuro del talento en Seguridad, Inteligencia y Defensa

El próximo 18 de septiembre de 2025, LISA Institute celebrará en Madrid el Congreso LISA 2025, un evento presencial que reunirá a las máximas autoridades, profesores, mentores y alumnos de la institución, junto a destacados expertos del sector Seguridad, Inteligencia y Defensa. El objetivo: compartir experiencias, conocimientos, tendencias del mercado laboral y premiar la excelencia formativa.

Con el lema «El futuro del talento en Seguridad, Inteligencia y Defensa«, el Congreso será una oportunidad única para generar comunidad entre alumnos, profesores y representantes institucionales. Además de mesas redondas temáticas, la jornada incluirá actividades de networking, desayuno, comida tipo cóctel y la entrega de premios a los mejores expedientes académicos, docentes y organizaciones del sector.

El evento se celebró el 18 de septiembre de 2025 de 9:00 a 18:15 h (hora Madrid) en el salón de actos Tomás Alvira de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (Calle Príncipe de Vergara, 248, 28016 Madrid). Aquí tienes un resumen de lo que fue el Congreso LISA 2025:

Instituciones y expertos participantes

Los ponentes del Congreso proceden de instituciones de referencia en el ámbito nacional e internacional:

  • Profesionales de empresas estratégicas, universidades y organismos multilaterales
  • Cuerpo Nacional de Policía
  • Centro Universitario de la Guardia Civil
  • Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar – Fuerzas Armadas
  • Dirección de Personal, Academia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) (por confirmar)

Agenda temática: talento, inteligencia, ciberseguridad y geopolítica estratégica

El Congreso LISA Institute 2025 contará con una programación intensiva que combina contenido de alto nivel, networking institucional y reconocimiento al talento emergente en el ámbito de la Seguridad, la Inteligencia y la Defensa. A lo largo de la jornada, se celebrarán seis mesas redondas temáticas, moderadas por los directores académicos de LISA Institute y protagonizadas por expertos de referencia nacional e internacional.

🧠 Mesa 1 | Talento y capacidades institucionales en Seguridad, Inteligencia y Defensa

Horario: 10:00-11:30H

Modera: Daniel Villegas, director general de LISA Institute

Representantes de instituciones clave debatirán sobre el desarrollo de talento desde una perspectiva organizacional, educativa y estratégica.

Instituciones participantes:

  • División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía
  • Centro Universitario de la Guardia Civil
  • Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM, Fuerzas Armadas)
  • Dirección de Personal, Academia del Centro Nacional de Inteligencia (por confirmar)

🔍 Mesa 2 | Inteligencia: obtención, análisis y apoyo a la toma de decisiones

Horario: 12:00 – 13:00H

Modera: Marc Vendrell, director académico de Inteligencia

La mesa abordará cómo la inteligencia estratégica contribuye a mejorar la toma de decisiones en entornos públicos y privados.

Ponentes destacados:

  • Joaquín González – Jefe del Departamento de Inteligencia en FCC
  • Javier Rodríguez – Director de Contrainteligencia en Infraestructura Crítica (IBEX35), ex Guardia Civil
  • Eugenia Hernández – Directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia (UAM) y del Observatorio de Vida Militar en el Congreso de los Diputados

🛡️ Mesa 3 | Ciberseguridad: una oportunidad para técnicos y no técnicos

Horario: 13:00-14:00H

Modera: David Vázquez, director académico de Criminología y Ciberseguridad

Expertos de las Fuerzas Armadas, la ciberindustria y las FCSE compartirán visiones complementarias sobre la ciberseguridad como sector en expansión.

Ponentes:

  • Capitán de Fragata Enrique Pérez de Tena – Jefe de RRII y Cooperación, Mando Conjunto del Ciberespacio
  • Manu Guerra – Unidad Central de Ciberdelincuencia, Policía Nacional
  • Marc Rivero – Lead Cybersecurity Researcher, Kaspersky
  • Dr. Miguel Ángel Abad – Comandante del Estado Mayor, Guardia Civil

🌍 Mesa 4 | Internacional y Geopolítica: comprender el plano global

Horario: 15.30-16.10H

Modera: Dr. Ricardo Gómez. director académico de RR.II. y Geopolítica

Se analizarán las nuevas exigencias del contexto internacional y los perfiles necesarios en diplomacia pública, cooperación y análisis geopolítico.

Ponentes:

  • Dr. Ángel Gómez de Ágreda – Coronel (r), Ejército del Aire
  • Diego Uriel – Spanish Business Liaison, Bancos Multilaterales de Desarrollo en África
  • Alejandro Remesal – Subdirector Adjunto en el Ministerio de Ciencia e Innovación

🕵️ Mesa 5 | Seguridad y Criminología: prevención y análisis desde lo público y lo privado

Horario: 16.10-16.50H

Modera: Daniel Villegas, director general de LISA Institute

Reflexión sobre los modelos de intervención, investigación e innovación en seguridad ciudadana y corporativa.

Ponentes:

  • Zaida Medina – Investigadora criminal, Sección de Trata de Seres Humanos, Guardia Civil
  • Iciar Iriondo – Fundadora y Directora de DACRIM
  • Salvador Gamero – Fundador de Cibergia, investigador privado especializado en ciberseguridad y análisis operativo

🔭 Mesa 6 | Estrategia y Prospectiva: asesorar con visión anticipatoria

Horario: 16.50-17:30H

Modera: Jordi Serra, director de Estrategia y Prospectiva

Última mesa dedicada a cómo aplicar herramientas prospectivas y de inteligencia estratégica para la toma de decisiones de alto nivel.

Ponentes:

  • Hugo Zunzarren – Consultor en Inteligencia Estratégica
  • Dr. Ángel Gómez de Ágreda – Coronel (r), Ejército del Aire
  • José Antonio Mathes – Jefe de Área en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado)

Premios y reconocimientos

Durante el cierre del Congreso se realizará la entrega de premios a:

  • Profesores mejor valorados por el alumnado
  • Alumnos con los mejores expedientes de máster
  • Organizaciones referentes en el sector Seguridad, Inteligencia y Defensa

¿Cómo participar?

La asistencia al Congreso es 100 % gratuita, pero las plazas son limitadas a 230 personas. Para asistir es necesario inscribirse antes del 18 de agosto mediante el formulario de lista de espera disponible en la web oficial del Congreso:

👉 Inscribirse al Congreso LISA Institute 2025

Las plazas se asignarán por orden de prioridad a:

  1. Profesores, mentores y alumnos de másteres y bootcamps
  2. Alumnos de otros programas formativos de LISA Institute
  3. Otros profesionales y personas interesadas

Formación relacionada

Para quienes deseen ampliar su formación más allá del evento, LISA Institute recomienda:

Informe sobre el perfilado criminal en casos de abuso sexual a menores: análisis del caso de Álvaro Iglesias Gómez, alias «NanySex»

Los delitos sexuales cometidos contra menores representan una de las formas más graves de criminalidad, ya que supone un daño directo e irreparable en las víctimas. En este Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster Profesional en Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute la alumna, Alba Marin Redondo expone las características de Álvaro Iglesias Gómez, alias «NanySex» a través de la perfilación criminal e indicadores de riesgo asociados a la reincidencia en agresores sexuales de menores

El Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster Profesional en Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute consiste en la elaboración de un Informe Profesional de Análisis Criminal, en forma y contenido, que aplique los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas durante el máster. Este trabajo simula un entorno profesional real y tiene como objetivo que el estudiante demuestre su capacidad analítica y crítica, así como su habilidad para investigar y comunicar resultados de manera rigurosa.

A mitad del Máster, el alumno deberá proponer:

  1. Una temática para el TFM, relacionada con alguna de las asignaturas cursadas y que aporte valor concreto a una empresa, institución o contexto profesional real. El tema debe formularse como una pregunta o hipótesis que guíe la investigación.
  2. Un destinatario específico (ficticio o real) del informe, con el fin de que el trabajo se oriente a resolver necesidades concretas de dicho receptor.

Durante el desarrollo del TFM, el estudiante deberá aplicar metodologías aprendidas en el Máster, incluyendo la obtención de información de fuentes abiertas (OSINT) y el uso de técnicas de análisis profesional. Contará con el apoyo y la orientación de una mentora-tutora experta en la temática o sector seleccionado.

El proceso incluye:

  • Propuesta de la temática a la tutora-mentora para su validación.
  • Desarrollo del informe en fases: definición del problema, planificación, obtención y análisis de información, y redacción del informe final.
  • Entrega de dos documentos: la memoria del informe (máximo 5 páginas) y el informe de análisis criminal (máximo 3 páginas), ambos redactados de forma clara, objetiva y profesional.
  • La evaluación se llevará a cabo en base a criterios de rigor metodológico, calidad del contenido, estructura del informe y exposición oral ante un tribunal. Este tribunal simulará el papel del destinatario para garantizar el realismo del ejercicio y potenciar el aprendizaje.

Esta metodología docente inmersiva, simulando entornos profesionales reales, permite al alumno desarrollar habilidades clave y obtener un aprendizaje único que le servirá a nivel profesional.

Desde LISA News, para contribuir al conocimiento colectivo y para impulsar la carrera profesional de los alumnos de LISA Institute, difundimos de forma limitada algunos de los TFM, destacando los resultados y conclusiones a los que han llegado en sus Informes de Análisis Internacional.

Si quieres saber más sobre cómo se redacta un Informe Profesional de Análisis Criminal o como se lleva a cabo el Análisis Criminal, te recomendamos visualizar las más de 50 Masterclass organizadas cada año por LISA Institute, en el contexto del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute.

Si quieres formarte en Análisis Criminal a nivel profesional puedes realizar el Curso de Experto en Perfilación Criminal o directamente el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada (9 meses).


Título: Informe sobre el perfilado criminal en casos de abuso sexual a menores: análisis del caso de Álvaro Iglesias Gómez, alias «NanySex»

Alumno: Alba Marín Redondo

Tutora: Iciar Iriondo

Fecha de entrega: Julio 2025

Itinerario: Seguridad Pública


🌐 Informe Profesional de Análisis Criminal 🌐

Los delitos sexuales cometidos contra menores representan una de las formas más graves de criminalidad, ya que supone un daño directo e irreparable en las víctimas, y que entre sus características destacan: su complejidad a la hora de ser investigado y su gran carga emocional y social. En este contexto, el perfilado criminal se ha asentado como una herramienta cuyo valor es alto e imprescindible para aquellas unidades policiales encargadas de investigar y prevenir este tipo de delitos. En delitos sexuales contra menores, es común que la víctima suele presentar limitaciones para contar lo sucedido o identificar al agresor, por lo que esta técnica cobra una relevancia aún mayor. 

El perfil criminal de agresores sexuales de menores

A raíz del análisis de la personalidad y actitud conductual de este tipo de agresores, a través de fuentes contrastadas y casos que presentan similitudes entre sí, se pueden extraer las siguientes características del perfil criminal de agresores sexuales de menores: 

  • Hombre, mayor de edad, entre 30 y 55 años. 
  • Casado, con hijos. Empleo estable y nivel socioeducativo medio/alto. Lo que denota que se encuentra bien insertado en su comunidad. 
  • Demuestran una actitud calmada, que para el ojo público, no genera sospechas al no manifestar comportamientos inusuales o fuera de la normalidad. 
  • A pesar de que suelen actuar con cautela, la excitación que les provoca el abuso puede llevar a este tipo de agresores a cometer errores que acaban delatándolos. 
  • Más del 80% de los abusos se cometen dentro del círculo de confianza del menor. Por lo que, el agresor forma parte de la familia o es una persona cercana que tiene acceso a la víctima (vecino, cuidador, profesor..). El porcentaje restante, actúa en entornos digitales o espacio públicos recurrentes de los menores. 
  • Las víctimas suelen ser niños/as menores de 12 años. 
  • No suelen presentar preferencias por el sexo de la víctima ya que se mueven por su vulnerabilidad y posible control que pueden ejercer sobre ella. 
  • En el caso de que el agresor sea una mujer, la víctima será un menor varón. 
  • Cuanto mayor es el agresor, menor es la edad de la víctima. 
  • Conforme el abuso se haga más constante en el tiempo, en algunos casos, el agresor puede que actúe fuera de su círculo movido por la confianza. 
  • El agresor suele participar en actividades de ayuda o que requieren participación con niños/as.
  • Suelen actuar en solitario. Aunque los casos de abuso infantil en grupo han aumentado del 2,10% al 10,9%. 
  • No cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, hay casos en los que los agresores han sido detenedios anteriormente por: grooming, sexting, posesión de pornografía infantil y agresión sexual. 
  • No suelen presentar adicción a las drogas ni trastornos de la personalidad, antisociales…
  • Un alto porcentaje de estos agresores comenta haber sido abusados sexualmente durante su infancia y, en algunas ocasiones, la elección de su víctima va acorde con la edad que tenía el agresor cuando fue agredido por primera vez. 
  • Utilizan más el engaño y la manipulación que la intimidación. 
  • No suelen recurrir a la violencia para ganarse la confianza de su víctima. 
  • No actúan según la oportunidad sino que en el 73% de los casos tienden a planear el delito.
  • Justifican sus acciones, culpan a la víctima del abuso para no actuar en consecuencia de sus actos.
  • Manifiestan: falta de empatía, tendencia a ejercer el control sobre los demás y baja autoestima.
  • Presentan déficits en sus relaciones interpersonales, conyugales, lo que aumenta su necesidad de sentir placer y les provoca falta de control y dificultades en el manejo de sus emociones por lo que recurren al abuso ante dichos fracasos personales en sus relaciones con adultos.
  • Suelen desarrollar otras parafilias como el voyeurismo o el exhibicionismo según el DSM-5.   

Este tipo de agresores siguen, en su mayoría, el siguiente modus operandi: 

  1. Primera fase: preparación. Intentan mantener una actitud calmada que expresa control y normalidad. Suelen hacer regalos, halagar aspectos físicos y personales de la víctima, mostrar interés en sus hobbies, para así, influenciar en el niño/a y conseguir su lealtad para que tras el abuso, la víctima mantenga el secreto. Suelen tratar el abuso como algo especial entre la víctima y el agresor y hacer ver que no es algo malo sino que dicho niño/a ha sido elegido de manera específica debido a sus cualidades. Se muestran atentos ante las necesidades que pueda mostrar la víctima con el objetivo de ganarse su confianza. 
  2. Segunda fase: aislamiento de la víctima. Intenta generar momentos en los que la víctima pueda quedarse a solas con el agresor y poder cometer el abuso. Sin que nadie cercano sospeche. Puede utilizar siestas durante comidas familiares, eventos especiales como navidad, cocinar un plato específico… 
  3. Tercera fase: coacción. Utiliza amenazas para fortalecer el secreto. 
  4. Cuarta fase: repetición. Una vez se han completado las 3 primeras fases y nadie ha detectado el abuso, el agresor procede a iniciar el círculo de nuevo con la misma víctima.

Indicadores de riesgo asociados a la reincidencia en agresores sexuales de menores

Algunas investigaciones, tales como la realizada por el profesor Redondo o el psicólogo Urra, basadas en el estudio de Hanson sobre la reincidencia de los agresores sexuales de menores y la valoración mediante el protocolo SVR-20, concluyen que más del 40% de las personas acusadas de este delito reinciden durante su estancia en prisión como reclusos durante sus permisos. El periódo de mayor riesgo de reincidencia son los primeros 5 años tras ser puestos en libertad, por lo que es fundamental agrupar todos los factores que promueven e incentivan conductas reincidentes ya que, el riesgo depende de los elementos e indicadores que posee cada individuo. Los indicadores de riesgo, tanto estáticos como dinámicos, son: 

  1. Justificación y negación persistente de la conducta delictiva. 
  2. Nula participación en programas de reinserción o tratamientos destinados a la rehabilitación.
  3. Ausencia de sentimientos de culpa. 
  4. Consumo problemático de sustancias. Los agresores pueden utilizar el consumo como justificación de sus actos. 
  5. Presentar más de una parafilia a la vez. Dificultan la adherencia al tratamiento propuesto.
  6. Aumento progresivo en la gravedad de los delitos cometidos
  7. Edad con la que se comete la agresión (cuanto más joven sea el agresor en el momento de los hechos, mayor será el riesgo). 
  8. El primer delito por el cual el agresor es condenado suele llevarse a cabo antes de los 25 años.
  9. Utilización de la violencia en las conductas delictivas sobre las víctimas. 
  10. Frecuencia de los delitos cometidos (cuanto menor tiempo haya pasado entre las diversas agresiones, mayor riesgo). 
  11. Presencia de múltiples víctimas
  12. Haber sufrido agresiones sexuales durante la infancia
  13. Carencia de una red social de apoyo. Provoca una complicación en la reintegración del agresor en la sociedad. 

Debido a la relevancia que implica la detección de este tipo de agresores sexuales durante las diversas fases del proceso, antes, durante y después de la realización del delito, se ha elaborado un protocolo como herramienta complementaria a este informe.

Dicho protocolo facilita una propuesta de indicadores de riesgo con el objetivo de analizar e identificar las características asociadas a este tipo de agresores. Esta propuesta se ha realizado a su vez, con el propósito de apoyar la investigación presentada en este informe y ofrecer una vía/recurso de prevención que facilite la detección temprana de posibles agresores sexuales de menores reincidentes.

Análisis del caso Álvaro Iglesias Gómez, alias “NanySex” 

Álvaro Iglesias Gómez tenía 22 años cuando fue detenido en mayo de 2005 tras haber sido descubierto un vídeo procedente de una página web de compraventa e intercambio de pornografía infantil. En dicha página, él actuaba como distribuidor de vídeos, los cuales mostraban cómo abusaba de sus víctimas de no más de 36 meses de edad. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 58 años de prisión por 5 delitos de abusos sexuales a menores y 6 delitos de corrupción de menores entre 2002 y 2004 en Collado Villalba (Madrid) y Lo Pagán (Murcia).

En total fueron 5 víctimas las que se estimaron en el juicio y por las cuales NanySex fue condenado. En 2008, el Tribunal Supremo redujo la condena de Álvaro Iglesias Gómez a 44 años y medio de prisión debido a una aplicación errónea de la sentencia. En 2020, NanySex disfrutó de un permiso de libertad durante el tercer grado, pero dicho beneficio fue revocado al igual que su puesta en libertad al ser sorprendido nuevamente consumiendo pornografía infantil, lo que puso de manifiesto una reincidencia en su conducta delictiva. Finalmente, en mayo de 2025, 20 años después de su entrada en prisión, fue puesto en libertad tras haber cumplido el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena. 

El análisis del perfil criminal de Álvaro Iglesias Gómez se ha elaborado mediante diversos tipos de fuentes, entre las que se incluyen, entrevistas realizadas a agentes policiales que formaron parte de la unidad que se encargó de su detección, así como libros escritos por profesionales de la criminología que han querido abordar este caso y han analizado las características del agresor antes, durante y después de la comisión del delito. A su vez, se han consultado noticias tanto del momento en el que ocurrieron los hechos como actuales.

Este perfil tiene un objetivo comparativo ya que, pretende contrastar la información que se ha expuesto en los apartados anteriores, con el propósito de reforzar la teoría mediante un caso práctico, y poder poner en evidencia las similitudes que se encuentran en los patrones de conducta de ambos perfiles. 

Perfil de Álvaro Iglesias Gómez

  • Hombre de 22 años, sin antecedentes penales. Regentaba un cibercafé, el cúal parecía tener éxito.
  • Sus vecinos le describen como una persona callada, prudente y responsable. Lucía un aspecto aseado y normal. Fumador compulsivo. 
  • Dominaba conocimientos tecnológicos avanzados debido a su trabajo en el cibercafé y sus años como distribuidor de pornografía infantil en la FreeNet
  • Conocía a todas sus víctimas
  • Manifestó haber sido abusado durante su infancia por un periodista que le introdujo en el mundo de la pornografía infantil. 
  • Comenzó realizando tocamientos indebidos a menores y progresivamente fue escalando hasta agredir sexualmente a sus víctimas. Grababa los abusos y los subía a la red para poder venderlos o intercambiarlos por otros vídeos de menores siendo agredidos. 
  • A través de su perfil en una página de pornografía infantil instaba a los demás usuarios a abusar de menores. 
  • En ocasiones, realizaba los abusos con la ayuda de dos personas más. 
  • Le diagnosticaron pedofilia fija-invariable. Presentar atracción sexual por víctimas menores de 5 años. Aunque manifestó que únicamente sentía deseo por menores de 36 meses. 
  • Mantiene sus facultades intelectuales intactas. Diferencia entre el bien y el mal. Su principal motivación residía en el ejercicio de poder que imponía sobre sus víctimas.
  • Mostraba una marcada falta de empatía, actitudes arrogantes y un tono indiferente a la hora de relatar los hechos del delito cometido, incluso aquellos más grotescos. Ausencia de remordimiento.

Modus operandi

Accedía a las víctimas a través de su entorno cercano, como su negocio, amigos y compañeros de piso. Se promocionaba a través de internet o mediante panfletos, en los que se presentaba como cuidador de niños/as barato. Se ganaba la confianza de las familias ofreciendo sus servicios como si fueran favores, apelando a su personalidad generosa. Una vez conseguía que las familias, mediante engaños y manipulaciones, accedieran a contratar sus servicios o dejarle cuidar de sus hijos/as de manera gratuita en el café, procuraba quedarse a solas con la víctima y comenzaba con los abusos para posteriormente subirlos a la red. No utilizaba intimidación ni violencia con la víctima para seguir perpetuando el crimen debido a que, estas contaban con tan solo 1 año de edad, por lo que no podían defenderse o hablar de lo ocurrido. 

Resultados

A partir de la integración de ambos perfiles previamente analizados en este informe, se extrae como conclusión que tanto el perfil del agresor sexual de menores en general como el de Álvaro Iglesias Gómez, coinciden en las siguientes características: 

  • Ser apreciado por su comunidad. Contar con un nivel social y educativo medio logrado mediante su empleo. Persona con recursos. 
  • Conocer previamente a las víctimas. Acceder a ellas a través de su entorno cercano.
  • Aparentar normalidad frente a la sociedad a pesar de los delitos cometidos a puerta cerrada.
  • Víctimas menores de 12 años, en el caso de NanySex con una diferencia de edad de casi 20 años entre el agresor y la víctima. Sin preferencia por el sexo de la víctima. 
  • No contar con antecedentes penales a pesar de que NanySex contaba con un perfil dentro de una red de pornografía infantil. Desarrollar parafilias relacionadas con la pederastia. 
  • Haber sufrido abuso durante la infancia, aunque NanySex no eligió a sus víctimas según la edad que tenía cuando abusaron de él. 
  • Deficit en sus relaciones interpersonales ya que Álvaro Iglesias Gómez no ha tenido relaciones sexuales con nadie mayor de 36 meses. 
  • Ausencia de culpabilidad. Mostrar control sobre sus víctimas. Sentir satisfacción con el delito cometido y relatarlo de manera que se demuestra falta de empatía. Negación de sus acciones como método de justificación, NanySex comenzó relatando los hechos haciendo creer que lo que se veía en los vídeos era una simulación de abuso y no una agresión. Posteriormente admitió las agresiones. 
  • Premeditación del delito. Utilizar el engaño y la manipulación como herramientas para llevar a cabo el delito y perpetuarlo. Uso del mismo Modus Operandi. 

El Riesgo de reincidencia de Álvaro Iglesias Gómez se ha evaluado conforme a la propuesta de indicadores de riesgo que se ha desarrollado específicamente como instrumento complementario para este informe. Tras analizar el caso, se ha obtenido un resultado de 8 marcadores de riesgo positivos, por lo que sitúa el nivel de reincidencia en una categoría alta. Este resultado se ha visto reforzado por el hecho que ocurrió durante un permiso de libertad en tercer grado en el que el individuo reincidió en la conducta delictiva tras consumir pornografía infantil. A la luz de los resultados hallados, se recomienda que se le imponga a Álvaro Iglesias Gómez un seguimiento estricto con el objetivo de prevenir nuevos abusos o conductas delictivas.

Conclusiones: importancia del perfilado criminal

Los agresores sexuales de menores son individuos heterogéneos, ya que, si bien se puede establecer un perfil general que engloba las características comunes de este tipo de agresores, cada individuo consta de particularidades que le pueden llevar a alejarse del patrón que se ha establecido. Sin embargo, este tipo de agresores suelen compartir rasgos de personalidad, objetivos, motivaciones y modus operandi que les conducen a cometer los delitos de maneras muy similares.

Estas similitudes, permiten identificar un perfilado común que va a reunir una serie de características personales y conductuales que van a ser fundamentales para prevenir nuevos casos de abuso, y poder ejercer un control aún más riguroso sobre aquellos agresores que ya han reincidido. El hecho de que puedan existir divergencias entre los perfiles, como se puede observar en el caso de la edad y estado civil de NanySex en comparación con el perfilado general, no significa que se invalide el valor del perfil criminológico.

Todo lo contrario, estas diferencias subrayan la necesidad de seguir actualizando los perfiles y utilizarlos como una herramienta dinámica que se encuentra en constante evolución y debe seguir nutriéndose del análisis de nuevos casos para conseguir afinar su precisión y utilidad dentro de las investigaciones de delitos sexuales contra menores y, a su vez, mejorar la evaluación del riesgo del agresor y poder facilitar mayor eficacia en las intervenciones. 

La utilidad del perfilado criminal radica en que permite que los cuerpos de seguridad puedan anticiparse a futuras actuaciones del agresor, tanto durante la fase de investigación del caso como en todos los procesos que engloban la reinserción social. Al ser capaces de analizar su modus operandi, preferencias hacia las víctimas, entorno, antecedentes y rasgos de la personalidad, los agentes pueden predecir los comportamientos probables de este tipo de agresores y actuar en consecuencia. El perfilado criminal permite reducir el número de sospechosos ya que orienta la investigación hacia el autor más probable y mejora, a su vez, la eficacia a la hora de realizar los interrogatorios al disponer de información sobre el comportamiento del agresor que se está investigando.

Casos como el de NanySex, demuestran la relevancia de crear perfiles criminales detallados ya que, este tipo de casos refuerzan la necesidad de realizar una detección temprana, permitiendo de esta manera ir un paso por delante en la investigación al contar con antecedentes comparables y ejercer un mayor control policial, así como mejorar la coordinación existente con otras unidades y servicios especializados durante la investigación. 

A su vez, sin el apoyo del perfilado sería más complicado detectar los indicadores de riesgo de agresores sexuales reincidentes, que son fundamentales para evaluar y hacer seguimiento de aquellos individuos que ya han sido condenados. En definitiva, el perfilado criminal es un instrumento esencial tanto en la fase preventiva del caso como en la operativa del trabajo policial. 

Recomendaciones

  1. Aumentar el desarrollo de unidades especializadas en investigación digital y ciberinteligencia dentro de las fuerzas policiales en casos de agresión sexual a menores, con el fin de identificar con mayor eficacia redes de pornografía infantil, detectar posblies perfiles de agresores en potencia y analizar los patrones de conducta digital asociados a este tipo de delitos. A su vez, se promoverá la colaboración con diferentes plataformas tecnológicas que ayuden a obtener datos relevantes del sospechoso con el objetivo de prevenir nuevos casos de abuso sexual, grooming, sexting con menores y la distribución de pornografía infantil. 
  2. Con el objetivo de reducir el riesgo de errores en la identificación del autor del delito durante la investigación, se deberá implementar un curso de perfilación criminal que irá dirigido a agentes pertenecientes a unidades especializadas en agresiones sexuales de menores. Esta formación deberá incluir: técnicas de interrogatorio adaptadas al comportamiento conductual que caracteriza a este tipo de agresores, analizar profundamente el perfil psicológico y criminológico de este tipo de agresores, utilización de la propuesta de indicadores de riesgo de reincidencia como instrumento para favorecer la prevención y el seguimiento de agresores que ya han sido condenados; y facilitar a los agentes mecanismos de detección temprana. 
  3. Por otro lado, es importante que el perfilado criminal se integre dentro de un enfoque multidisciplinar ya que la prevención y tratamiento de este tipo de agresores requiere la participación de profesionales de distintos ámbitos como pueden ser psicólogos o trabajadores sociales que ayudarán a dar mayor veracidad al perfilado y abordarán los casos de manera integral. Coordinación con servicios sociales, sanitarios y educativos con el objetivo de realizar una mejor prevención y derivación de los agresores. 
  4. Incrementar la vigilancia post penitenciaria de agresores sexuales de menores que han cometido el delito durante la adolescencia, con el fin de realizar tratamientos de rehabilitación temprana, favorecer su reinserción y evaluar las ventajas de una intervención precoz para prevenir la progresión de conductas delictivas. 
  5. Favorecer mecanismos de comunicación adecuados para con las víctimas y sus familias, que impidan que la víctima vuelva a ser vulnerada, a través del desarrollo de habilidades de reconocimiento de riesgo al facilitar datos sobre el perfil potencial de este tipo de agresores, aplicar protocolos específicos a la hora de realizar la declaración del menor o sus familiares, facilitar accesos a programas de apoyo y protección tanto a la víctima como a su familia y reducir el estigma asociado a las víctimas a través de campañas de sensibilización. 

🌐 Memoria del Informe 🌐

Para una mayor comprensión de este Trabajo Final de Máster (TFM) realizado en el contexto del Máster Profesional en Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, a continuación puedes consultar la memoria del Informe, en la que se muestran todas las fases realizadas: Fase de Dirección y Planificación, Fase de Obtención, Fase de Tratamiento de la Información, Fase de Análisis, Fase de Difusión y Fase de Retroalimentación.

Accede al TFM completo aquí:

Muere Miguel Uribe Turbay tras dos meses en UCI por el atentado del 7 de junio en Bogotá

La alcaldía de Bogotá confirmó el deceso del senador y precandidato presidencial. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos y el caso reaviva la alerta por la violencia política en Colombia.

El senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, más de dos meses después de haber sido baleado durante un mitin en el occidente de Bogotá, informó su esposa, María Claudia Tarazona, a través de redes sociales. El político permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe desde el 7 de junio, cuando recibió impactos de bala en la cabeza y la pierna durante un acto en el barrio Modelia, y fue sometido a múltiples cirugías antes de que su estado se agravara por una nueva hemorragia cerebral días anteriores a su deceso.

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La noticia del fallecimiento fue confirmada en la madrugada por su familia y por la alcaldía de Bogotá, que detallaron que el legislador no logró sobreponerse a las complicaciones neurológicas derivadas del ataque sufrido en campaña. «La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay», señaló en redes sociales. En los últimos días, la clínica había advertido que su condición había revertido a crítica por un episodio de sangrado en el sistema nervioso central que obligó a procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

Por su parte, autoridades colombianas detuvieron a varios sospechosos en las semanas posteriores al atentado, entre ellos un menor señalado como presunto autor material, mientras la investigación continúa para esclarecer la autoría intelectual y el móvil del ataque. La Alcaldía Mayor de Bogotá y figuras políticas lamentaron su muerte y llamaron a la unidad frente a la violencia política que vuelve a golpear al país.

Qué se sabe del atentado y la atención médica

El ataque ocurrió el sábado 7 de junio durante un acto proselitista en el parque El Golfito, en Modelia, Fontibón, donde Uribe Turbay fue alcanzado por dos disparos que le impactaron la cabeza y uno en una pierna, provocando heridas de extrema gravedad. Tras una atención inicial en Engativá, fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde neurocirujanos y especialistas vasculares lo intervinieron de emergencia y lo mantuvieron en UCI con pronóstico reservado.

Durante el mes de julio, partes médicos sugerían una respuesta clínica favorable y una incipiente fase de despertar, pero entre el sábado y el domingo previos a su muerte presentó una nueva hemorragia cerebral que obligó a cirugías urgentes y a reiniciar la sedación profunda, revirtiendo su estado nuevamente a crítico. Su fallecimiento se confirmó en la madrugada del lunes, tras más de dos meses de cuidado intensivo sin lograr estabilizar el cuadro neurológico.

Reacciones oficiales y contexto político

La muerte de Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y figura emergente de la derecha que había lanzado su aspiración presidencial para 2026, generó preocupaciones por la seguridad en la actividad política del país. La Alcaldía de Bogotá manifestó su pesar públicamente, mientras líderes llamaron a honrar su legado y a rechazar la violencia, en medio de una investigación que ya ha dejado varias detenciones y líneas sobre un posible sicariato con participación de un menor de edad.

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El caso reaviva los recuerdos de periodos pasados de violencia política en Colombia y se produce en una etapa temprana del ciclo electoral, aumentando la presión sobre las autoridades para fortalecer los esquemas de protección y acelerar los avances judiciales que permitan identificar responsables y motivaciones.

La geopolítica de la mafia rusa: de gánsteres a trajeados

En las últimas tres décadas, la mafia rusa ha pasado de callejones oscuros a despachos de lujo, fusionando crimen, negocios y poder político. Hoy, sus redes actúan como brazos invisibles del Kremlin: lavan dinero, financian guerras y ejecutan operaciones encubiertas a escala global. Este híbrido entre Estado y crimen organizado redefine la geopolítica, borrando las fronteras entre legalidad e ilegalidad y proyectando la influencia rusa mucho más allá de sus fronteras.

Durante los últimos 30 años, el teatro del crimen organizado ruso ha experimentado una transformación profunda. Los tiempos de los vory v zakone (ladrones en ley) que imponían su avtoritet (autoridad) a través de códigos de lealtad y agresividad callejera han dado paso a una sutil red de actores criminales que operan desde las altas esferas del poder global. Tal evolución representa la caracterización de la globalización con implicaciones que trascienden las fronteras rusas.

De la perestroika a las oficinas corporativas

La transición de la mafia rusa hacia el ámbito empresarial legítimo no fue accidental. Durante el colapso de la Unión Soviética, los grupos criminales aprovecharon el vacío institucional para posicionarse como intermediarios en la privatización de activos estatales. De esta forma, lo que se inició como “protección” (extorsión) en la esfera privada, evolucionó hacia el clientelismo, la influencia político-económica, y el control de sectores estratégicos relacionados con la industria y los recursos naturales en la esfera pública.

Así, los antaño gánsteres con chaquetas de cuero negras y pistolas Makarov, ya no son los matones de los años 90. Actualmente, se trata de individuos que han legitimado sus negocios mediante la adquisición de empresas legales, contratos con el Estado y la configuración de redes de influencia desde Moscú hasta Europa del Este y los Balcanes, Berlín, Londres, Barcelona, Nueva York; hasta Dubái, Israel, Chipre y Latinoamérica.

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Un híbrido: cuando el Estado y el crimen organizado se casan

Las redes criminales rusas actuales contienen la herencia de alianzas con ex-agentes del KGB, políticos corruptos y empresarios emergentes, dando vida al silovik-empresarial. Este matrimonio entre el submundo criminal y las élites políticas genera un modelo de hibridación único, donde la bratva (hermandad) abandonó las navajas por estructuras corporativas offshore y paraísos fiscales, la violencia no dirija por asesinatos selectivos y el poder residual por inversiones capitalistas globales.

La Solntsevskaya Bratva (el sindicato criminal más lucrativo del mundo por encima de la Yakuza y el Cártel de Sinaloa), ejemplifica tal transformación: sus líderes ya no son fugitivos buscados, sino magnates que aparecen en galas benéficas mientras transfieren billones de rublos en fondos desviados.

Aunque la verdadera innovación se encuentra en su rol geopolítico. En la actualidad, estas redes operan como extensiones del Estado ruso: evaden sanciones mediante contrabando, financian guerras proxy, y posibilitan ciberataques contra instituciones occidentales. La línea entre el crimen organizado y la política exterior de Moscú se ha difuminado hasta volverse una zona gris, convirtiendo la mafia rusa en un actor estratégico global que combina la legitimación de sus acciones con los recursos de una superpotencia.

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La instrumentalización del crimen organizado

El uso de los grupos criminales rusos por parte del Estado ruso los ha convertido en activos de inteligencia no oficiales, funcionando como proxies del FSB o el GRU en operaciones encubiertas que incluyen ciberataques, desinformación, tráfico de armas y apoyo logístico. Por ejemplo, células criminales vinculadas a Rusia han participado en campañas de desestabilización en Europa del Este, el Cáucaso y África, así como en ataques a infraestructuras críticas de países de la OTAN, al tiempo que lavan dinero mediante criptomonedas, empresas fachada y comercio ilícito de recursos como oro, diamantes y petróleo.

En territorios ocupados como el Donbás o Crimea, tales redes tejen economías alternativas, controlan la logística del contrabando y aseguran lealtades locales, diluyendo las líneas entre Estado, crimen y geopolítica en un conflicto híbrido que redefine las reglas del conflicto internacional. Este modelo se consolidó entre los años 2000 y 2010, cuando la mafia rusa (bajo Vladimir Putin), se legitimó convirtiéndose en oligarcas.

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Los 4 sindicatos rusos más importantes y sus operaciones

Solntsevskaya Bratva

  • Territorio: Moscú, España, Emiratos Árabes Unidos (especialmente Dubái).
  • Operaciones clave: Lavado de dinero a gran escala, inversiones en energía y uso intensivo de criptomonedas para transferencias ilícitas.
  • Vinculación estatal: Conexiones directas con el FSB. Actúa como extensión financiera de ciertas redes de inteligencia, facilitando operaciones encubiertas y el movimiento de capitales del Estado ruso.

Tambovskaya

  • Territorio: San Petersburgo, Alemania (especialmente Hamburgo).
  • Operaciones clave: Tráfico de armas y narcotráfico. Control parcial de puertos y corredores logísticos en el Báltico.
  • Vinculación estatal: Fuerte alianza con los oligarcas cercanos a Vladimir Putin, muchos de los cuales tienen origen en San Petersburgo. Intermediario informal en operaciones económicas grises del entorno presidencial.

Izmailovskaya

  • Territorio: Balcanes, América Latina (Venezuela, México y Brasil).
  • Operaciones clave: Trata de personas, tráfico de drogas, fraudes financieros transnacionales y blanqueo a través de negocios de fachada en hostelería y construcción.
  • Vinculación estatal: Ha colaborado con el Grupo Wagner en operaciones logísticas y de reclutamiento. Sus rutas también son utilizadas para tráfico de armas y personas en zonas donde Wagner tiene presencia.

Malysevskaya

  • Territorio: Ucrania, Polonia (zonas fronterizas).
  • Operaciones clave: Contrabando de petróleo, metales y grano robado de territorios ocupados en Ucrania. Saqueo de recursos agrícolas.
  • Vinculación estatal: Opera bajo cobertura de operaciones del Kremlin, especialmente en zonas de guerra, donde facilita ingresos paralelos y logística encubierta. Ha sido clave en el saqueo de bienes ucranianos tras la invasión de 2022.

Estos clanes mafiosos no solo colaboran con el Estado, sino que también han protagonizado disputas estratégicas por el control de mercados, rutas y negocios provocando sangrientas guerras de bandas entre la Solntsevskaya y la Tambovskaya. Sin embargo, con el fortalecimiento del régimen putinista, tales enfrentamientos comenzaron a ser intolerables para el Kremlin.

Por ello, el Estado ha impuesto límites para una competencia regulada entre los sindicatos, evitando que sus conflictos escalen y afecten la estabilidad político-económica del país. Actualmente, tales grupos han aprendido a coexistir bajo un equilibrio: respetando zonas de influencia y compartiendo beneficios. Además, el Kremlin actúa como árbitro de resolución de disputas internas, garantizando que ninguna facción crezca demasiado y amenace la estructura estatal.

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El nuevo vacío criminal

La evolución del crimen organizado ruso ha posibilitado su integración en estructuras estatales. Sin embargo, este reacomodo ha formulado un vacío en los espacios tradicionales del crimen global, ocupado de forma prematura por mafias serbias (dominan rutas de tráfico en los Balcanes y actúan como proveedores logísticos de armas y drogas para múltiples redes), sindicatos albaneses (que controlan gran parte del tráfico de cocaína en Europa), bandas carcelarias rusas y los clubes de motociclistas forajidos (como los Lobos Nocturnos).

En este nuevo tablero, la mafia rusa ha establecido alianzas internacionales con organizaciones como la ‘Ndrangheta o la Camorra, compartiendo inteligencia en lavado de dinero, manipulación financiera y evasión de sanciones; y en las regiones inestables colaborando con Estados paria como Venezuela (lavado de oro), Siria y el Sahel (tráfico de petróleo por el grupo Wagner) y Sudán (minería ilegal). Cibermafias como Evil Corp y grupos de hackers vinculados al GRU (Fancy Bear) trabajan juntos en desestabilización política, mientras las mafias proxies dependientes del poder ruso direccionan flujos migratorios hacia Europa como táctica de presión geopolítica (como en la frontera ruso-finlandesa o la bielorrusa-polaca).

Así, el Kremlin integra las bratvas como un sharp power criminal en zonas donde no puede operar abiertamente. De esta forma, mientras la mafia rusa refuerza sus redes corporativas y geopolíticas, los nuevos gánsteres se disputan las calles y los márgenes residuales.

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El futuro

El futuro de la geopolítica de la mafia rusa se perfila como una mutación criminal en la que convergen tecnología, capital financiero y guerra híbrida (lejos de la imagen clásica del crimen organizado). En un entorno interconectado, la bratva corporativa se posiciona como herramienta estatal con cierta independencia capaz de aprovechar las técnicas del siglo XXI (IA, criptomonedas, el anonimato, la descentralización) para expandir su terreno operativo.

Asimismo, la creciente informalización laboral, la fragmentación del tejido social y la digitalización de la economía abren nuevas oportunidades para el reclutamiento de mano de obra criminal y la infiltración en sectores antes inaccesibles.

En este contexto, el crimen organizado ruso no solo ha consolidado su rol como proxy del Kremlin, sino que puede convertirse en una red empresarial transnacional con autonomía suficiente para influir en mercados y sistemas políticos. La pregunta ya no es si la mafia rusa se verá capacitada para adaptarse al futuro, sino cuánto del mismo será moldeado por sus operaciones.

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