Europa sufre una de las crisis de refugiados más relevantes de toda su historia y para afrontarla ha apostado por la solidaridad, la acogida y la cooperación intergubernamental. Sin embargo, esta respuesta pone en evidencia las anteriores soluciones propuestas para desafiar la llegada masiva de refugiados que huían de países fuera del marco europeo.
La invasión rusa de Ucrania ha producido una de las mayores crisis migratorias de las que Europa ha sido testigo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la cifra de refugiados ucranianos que huyen del conflicto cruzando las fronteras del país asciende hasta más de 4 millones de personas, siendo, los principales países europeos receptores de los refugiados Polonia, Rumanía, Hungría, Moldavia y Eslovaquia.
Por su parte, la respuesta que hemos visto de la Unión Europea a la actual crisis humanitaria se estructura en tres acciones principales. En primer lugar, la asignación de fondos europeos reservados para el apoyo a países fronterizos que reciben a las personas que huyen del conflicto. Por otro lado, una nueva línea de acción para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a gestionar la llegada de los refugiados.
Por último, la concesión de la protección temporal para los exiliados de la guerra en Ucrania. Para ello, el Consejo Europeo aprobó el 4 de marzo de 2022 por primera vez en la historia la activación de la Directiva de protección temporal, tras la previa propuesta de activación por parte de la Comisión Europea. Esta Directiva fue aprobada en 2001 por el Consejo durante el influjo de personas procedentes de Bosnia que escapaban del conflicto de los Balcanes. Su activación otorga protección internacional inmediata a las personas que hayan salido de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022.
En su aplicación se incluyen tanto a nacionales del país -y familiares- como a personas de terceros países residentes legalmente o apátridas; aunque la normativa establece que estos últimos sólo recibirán protección si ya gozaban con anterioridad de protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022.
Además, la Directiva reconoce, entre otros derechos, la autorización de residencia en el país de acogida con una duración inicial de un año prorrogable hasta tres, un permiso temporal de trabajo sujeto a las normas aplicables de la profesión, el acceso a la ayuda social, asistencia médica y formación educativa -este último derecho queda reservado a los menores de 18 años-. Esta medida también incluye la concesión de libertad de movimiento para las personas beneficiarias en los países de la Unión Europea durante noventa días, en un periodo de ciento ochenta días a partir de la expedición de un permiso de residencia en el país de acogida.
Medidas aplicadas a crisis migratorias anteriores
No debemos olvidar que esta no es la primera crisis migratoria sucedida en Europa. En 2014, el conflicto sirio había originado más de 3,5 millones de personas refugiadas, de las que la Unión Europea se comprometía a reasentar el 0,17%. Y, para afrontar el influjo masivo de personas provenientes de Siria, Europa diseñó tres líneas principales de acción muy distintas a las que hemos visto en esta ocasión.
Por un lado, la implantación en el año 2015 de un sistema de reubicación temporal para 160.000 solicitantes de asilo asentados en Grecia e Italia entre los Estados miembros de la Unión Europea. Además, se estableció una intervención temporal por las agencias europeas para ayudar a las autoridades nacionales en la orientación a los solicitantes de asilo sobre el proceso de solicitud. Llegando incluso a la deportación de inmigrantes irregulares a Turquía.
De hecho, las directivas relativas a las condiciones de acogida integradas en el marco normativo de ese mismo año, establecían que el procedimiento de asilo no podía tener una duración superior a 6 meses, aunque podía ampliarse hasta 21 meses en casos concretos. También ordenaba que las personas solicitantes de protección internacional debían tener acceso a empleo después de un periodo máximo de nueve meses desde la prestación de la solicitud de asilo, pero no antes de su concesión. Por otro lado, decretaba la obligatoriedad de realizar una evaluación individual para identificar las necesidades específicas de acogida de las personas vulnerables, como condición para que la protección internacional fuera otorgada.
Además, a partir del año 2015 se implementaron una serie de normas europeas que autorizaban la detención durante largos periodos de tiempo de los refugiados recién llegados a los países receptores. De hecho, Donald Tusk, anterior presidente del Consejo Europeo, argumentó que los refugiados recién llegados debían de ser detenidos en un periodo de hasta dieciocho meses mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas.
Estas son medidas que se alejan de los derechos concedidos gracias a la activación de la Directiva actual de protección internacional, la cual otorga a los beneficiarios protección internacional de forma inmediata, sin la necesidad de realizar previamente la solicitud de asilo ni de que se efectúe un previo análisis de las circunstancias y necesidades individuales.
Pese a que en 2015 hubo motivos para aplicar la nueva Directiva, el Consejo Europeo no aprobó su activación debido a la falta de consenso entre los Estados miembros. De hecho, ese mismo año, países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía -principales receptores de refugiados ucranianos en la actualidad- se opusieron a la entrada de las personas que escapaba del conflicto sirio y a su reubicación por motivos étnicos y culturales entre otros.
En líneas generales, se puede afirmar que la respuesta europea a la crisis humanitaria ucraniana se ha caracterizado especialmente por la amplia voluntad y solidaridad política de los líderes europeos para la acogida de refugiados -hasta ahora nunca vista- así como por el llamamiento global a la apertura de fronteras y a la colaboración entre los países de la comunidad. Sin embargo, como hemos podido ver, esta respuesta de la Unión Europea contrasta con anteriores soluciones propuestas por la misma para frenar otras crisis humanitarias.
