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La legitimidad de la CPI “corre peligro” en su 20 aniversario, según AI

Análisis

Lucía Carbayo
Lucía Carbayo
Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

En la conmemoración del 20 aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI), Amnistía Internacional advierte de que la legitimidad de la Corte “corre peligro” y teme que sus decisiones respondan a los intereses de los Estados. Por este motivo, la organización solicita que la Corte investigue sin distinción todos los crímenes de guerra cometidos.

Amnistía Internacional denuncia que el enfoque de justicia de la Corte Penal Internacional (CPI) es cada vez más “selectivo”. Las últimas decisiones y prácticas de la CPI ponen de manifiesto “la existencia de dobles raseros y la aceptación de la influencia de Estados poderosos”.

Ejemplo de ello fue la decisión tomada por la Fiscalía en 2020 para no investigar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak. Esta medida fue implementada, a pesar de que se hubiera concluido que los crímenes se habían perpetrado.

Amnistía Internacional también subraya la iniciativa de la Fiscalía del año 2021 para rebajar la prioridad de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y las fuerzas nacionales afganas en Afganistán. El fiscal Karim Khan alegó que la medida había sido implementada por cuestiones de “viabilidad y restricciones presupuestarias”.

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La organización internacional contrasta la inacción de la Fiscalía en los casos mencionados, con su voluntad para abrir la “mayor investigación en Ucrania”. Sobre esta última, la organización destaca que la Corte había solicitado a los Estados miembros ayuda económica “voluntaria”, “gran parte de la cual fue asignada por ellos específicamente para este fin”.

Con relación a las “excusas presupuestarias de la Corte”, que alegó la CPI para no iniciar una investigación en Afganistán, Nigeria y en otras situaciones, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado lo siguiente:

“Hace 20 años comenzaba su andadura la CPI, tras la decisión histórica de crear un tribunal penal internacional permanente con jurisdicción, respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Para las víctimas y supervivientes a quienes se les había negado justicia, la CPI supuso un atisbo de esperanza de que se haría rendir cuentas a los perpetradores”.

“Sin embargo, en los últimos años la Corte parece haber perdido el rumbo, y las recientes decisiones de la Fiscalía hacen temer que esté yendo hacia un sistema jerárquico de justicia internacional. La investigación en Ucrania es urgente y vital, de eso no cabe duda, pero muestra que las excusas presupuestarias de la CPI para no actuar respecto a Afganistán, Nigeria y otros países ya no se sostienen”.

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“La respuesta a la situación en Ucrania ha demostrado de lo que la CPI es capaz. Ahora pedimos a la Fiscalía y los Estados Parte que se aseguren de que todas las investigaciones reciben el mismo tratamiento, para que todas las víctimas de crímenes internacionales tengan acceso equitativo a la justicia.”

Los Estados Parte podrían priorizar sus intereses

Amnistía Internacional destaca que “la comunidad internacional ha mostrado un apoyo sin precedentes a la CPI desde la invasión rusa de Ucrania”. Para la organización, esta iniciativa es imprevista, pues son los mismos Gobiernos que se habían opuesto a las investigaciones de la Corte que implicaban a sus ciudadanos o aliados políticos, los que en la actualidad han promovido la investigación de la Fiscalía por los crímenes cometidos en Ucrania.

Más allá del planteamiento expuesto, Amnistía Internacional subraya que recientemente la CPI ha comenzado a aceptar financiación voluntaria y personal “en comisión de servicio asignados específicamente para la situación de Ucrania”.

Según la organización, si la financiación voluntaria no se aplica con una “excepcional precaución y suficiente transparencia”, los Estados Parte podrían priorizar sus intereses frente a los de la justicia. De este modo, podría darse el caso de que los Estados apoyaran solamente las investigaciones de las que obtuvieran beneficio. Amnistía Internacional advierte de que esto agrava el riesgo de llevar a cabo una justicia selectiva y deja a la Corte vulnerable a la manipulación de los Estados poderosos.

Amnistía Internacional se cuestiona también el “silencio” de la Corte y sus autoridades en el conflicto de Palestina y en otras investigaciones. “Este silencio puede haber debilitado el efecto disuasorio de la Corte y ha propiciado los ataques políticos sobre su trabajo, además de ataques a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Para la credibilidad de la Corte es fundamental que sus mensajes no parezcan politizados”, asegura la organización.

De hecho, la inacción de la Fiscalía en estos casos sorprende, “frente a la publicidad que han dado las autoridades de la Corte a la situación de Ucrania”. Amnistía Internacional subraya la importancia de que las decisiones de la Corte no parezcan politizadas, pues si esto sucede, la CPI “perdería credibilidad”. A pesar de ello, la organización confía en que la Corte puede desempeñar “una función imprescindible para hacer realidad los derechos universales”.

En líneas generales, la organización insiste en que la CPI debe asegurarse de que “la financiación se asigna de forma no discriminatoria y en interés de la justicia”. También de que “todas las víctimas de crímenes internacionales tienen acceso equitativo a los derechos a interponer recursos y obtener reparaciones”. En particular, “la Fiscalía debería volver a dar prioridad a sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto de Afganistán”.

También insta a la Fiscalía a solicitar una autorización judicial para que se reabran las investigaciones en Nigeria. Por último, y motivada por el reciente aumento de fondos de la CPI, la organización insta a que se vuelvan a iniciar las investigaciones paralizadas por la falta de presupuesto.

“Los Estados Partes de la CPI deben garantizar la plena financiación de todas las investigaciones y actividades de la Corte, no utilizar sus recursos y su cooperación como herramienta para influir sobre qué situaciones y Estados se investigan. Paralelamente, todos los Estados que no lo hayan hecho, incluida Ucrania, deben ratificar el Estatuto de Roma de la Corte”, expone el documento.

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Agnès Cllamard asegura que “en su 20 aniversario, seguimos creyendo que la CPI puede desempeñar una función imprescindible para hacer realidad los derechos universales a interponer recursos y obtener reparaciones”

“Para cumplir esta función, la Fiscalía debe seguir con todas las investigaciones sin distinción, lo cual implica investigar a todos los autores de atrocidades, sin temores ni privilegios y sin importar la potencia política o económica de ciertos actores.”

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Lucía Carbayo

Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

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