Las imágenes de Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, tras la salida del ejército ruso dieron la vuelta al mundo. En este artículo te contamos qué tipos crímenes de guerra se pueden estar cometiendo en Ucrania según las organizaciones de derechos humanos y te damos las claves para entender las “leyes de la guerra”.
“No queremos someternos a la Federación Rusia y estamos siendo destruidos y exterminados”, declaró esta misma semana el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, a una cadena estadounidense.
Las imágenes de lo ocurrido en Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, tras la retirada de las tropas rusas entre el 30 y 31 de marzo fueron portada de los medios de comunicación a nivel internacional. Cuando los soldados ucranianos entraron en la zona se encontraron una “matanza”. Según Moscú, y a pesar de las imágenes y los testimonios de la población local, los muertos forman parte de una “recreación” y ningún habitante sufrió acciones violentas.
El propio Zelenski, la Unión Europea, las Naciones Unidas y diferentes organizaciones de derechos humanos y corresponsales en terreno llevan prácticamente desde que comenzó la invasión denunciando crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. Denuncias que son siempre negadas por el Kremlin.
Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Bucha sean investigados. “Los informes de Bucha ponen de manifiesto un patrón general de crímenes de guerra que incluye ejecuciones extrajudiciales y tortura en otras zonas ocupadas de Ucrania. Pensamos que la violencia ejercida por soldados rusos contra civiles en Bucha no es excepcional. Estos hechos deberían investigarse como crímenes de guerra”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha recopilado indicios sobre muertes de civiles en Ucrania causadas por ataques indiscriminados en Járkov y la provincia de Sumy, ha documentado un ataque aéreo que mató a civiles que hacían cola para obtener alimentos en Chernígov y ha reunido testimonios de civiles sometidos a asedio en Járkov, Izium y Mariúpol.
“Mientras Rusia continúa su guerra contra Ucrania, Amnistía Internacional sigue documentando violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La agresión de Rusia contra Ucrania es en sí un crimen con arreglo al derecho humanitario”, aseguran desde la organización de derechos humanos.
Por su parte, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que las fuerzas militares rusas han cometido violaciones de las leyes de guerra contra civiles en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Chernihiv, Járkov y Kiev. Entre ellos se incluye un caso de violación reiterada; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres y el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra la población civil entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022.
Según la organización de derechos humanos, las fuerzas militares también estuvieron implicadas en el saqueo de bienes civiles, incluidos alimentos, ropa y leña y las personas que han cometido estos abusos son responsables de crímenes de guerra.
“Los casos que hemos documentado suponen una crueldad y una violencia indescriptibles y deliberadas contra la población civil ucraniana”, afirmó Hugh Williamson, director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La violación, el asesinato y otros actos violentos contra las personas bajo custodia de las fuerzas rusas deben ser investigados como crímenes de guerra”, dijo Williamson.
HRW recuerda que todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949, el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. “Las fuerzas armadas beligerantes que tienen el control efectivo de una zona están sujetas al derecho internacional de la ocupación y esto también se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, que es aplicable en todo momento”, aseguran.
Además, las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia (también están prohibidos el pillaje y el saqueo).
“Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que ayude o instigue a cometerlos, es responsable de crímenes de guerra. Los comandantes de las fuerzas que sabían o tenían razones para saber de esos crímenes, pero no intentaron detenerlos o castigar a quienes los cometieron son penalmente responsables de los crímenes de guerra como cuestión de responsabilidad de mando”, advierten.
“Rusia tiene la obligación jurídica internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, señaló Williamson. “Los comandantes deben reconocer que el hecho de no tomar medidas contra los asesinatos y las violaciones puede hacerlos personalmente responsables de crímenes de guerra como cuestión de responsabilidad de mando”, dijo el director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
Qué son las “leyes de la guerra” y preguntas frecuentes
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las “leyes de la guerra” o el derecho internacional humanitario (tal como se lo conoce formalmente) son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. El DIH está formado por tratados (los principales son los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales) y el derecho internacional consuetudinario.
“El principal objetivo del derecho internacional humanitario (DIH) es preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además que sea posible volver a convivir cuando acabe la guerra. Para ello, el DIH regula cómo se libran las guerras basándose en dos premisas: debilitar al enemigo y limitar el sufrimiento”, aseguran desde la organización.
En este punto es preciso aclarar que las normas de la guerra son universales y que los Convenios de Ginebra (que forman la base del DIH) han sido ratificados por los 196 Estados. “Son muy pocos los tratados internacionales que tienen este nivel de apoyo. Todos los beligerantes deben respetar el DIH, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados no estatales”, explican desde CICR.
Además si las normas de la guerra no se respetan hay consecuencias y tanto los Estados como los tribunales internacionales se encargan de documentar e investigar los crímenes de guerra. Las personas que cometan crímenes de guerra podrán ser enjuiciadas.
Aquí reflejamos la explicación, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, de algunas de las preguntas más frecuentes sobre las leyes de la guerra:
¿Cuándo se aplica el DIH?
El DIH se aplica solo en situaciones de conflicto armado. Salvo algunas obligaciones que deben implementarse en tiempo de paz (por ejemplo, adopción de legislación, enseñanza y formación en DIH), este derecho no se aplica fuera de conflictos armados.
El DIH ofrece dos sistemas de protección: una para los conflictos armados internacionales (CAI) y otra para los conflictos armados no internacionales (CANI). Los CAI son conflictos armados entre dos o más Estados. Los CANI son enfrentamientos de fuerzas armadas gubernamentales contra uno o más grupos armados no estatales, o entre estos grupos. Las normas aplicables dependen de si la situación es un conflicto armado internacional o no internacional.
Algunas normas del DIH siguen confiriendo protección a las víctimas de conflictos armados aún cuando estos han finalizado (por ejemplo, a las personas detenidas o desaparecidas).
¿Qué sucede si un Estado o un individuo violan el DIH?
Un aspecto fundamental de la limitación de los efectos de los conflictos armados es el cumplimiento de las normas. El DIH establece que las partes en conflicto deben prevenir y reprimir las violaciones graves del DIH, y suprimir toda otra violación. Un Estado que ha cometido violaciones del DIH debe reparar por completo la pérdida o la lesión causada. A su vez, los individuos que han cometido crímenes de guerra deben ser buscados, investigados y enjuiciados.
Los Estados pueden hacer cumplir las normas a través de sus sistemas jurídicos nacionales, canales diplomáticos o mecanismos internacionales de solución de controversias. Los crímenes de guerra pueden ser investigados o enjuiciados por cualquier Estado o, en determinadas circunstancias, por un tribunal internacional.
La Organización de las Naciones Unidas también puede adoptar medidas para hacer respetar el DIH. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad puede obligar a los Estados a cumplir sus obligaciones o establecer un tribunal para que investigue las infracciones.
¿Qué es un crimen de guerra?
Las violaciones graves del DIH se conocen como crímenes de guerra. Los Estados deben investigar los crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Los Estados también tienen derecho a investigar a otras personas por crímenes de guerra en sus tribunales nacionales, independientemente de la nacionalidad del acusado o del lugar donde las violaciones fueron cometidas (jurisdicción universal).
El DIH responsabiliza a las personas a título individual por los crímenes de guerra que hayan cometido u ordenado cometer. Al respecto, el DIH es complementado por el derecho penal internacional, que establece diferentes modos de responsabilidad penal individual.
Algunos crímenes de guerra son aplicables en todos los conflictos armados, mientras que otros son específicos de los conflictos armados internacionales. En los conflictos armados internacionales, algunos crímenes de guerra también se conocen como infracciones graves, que crean obligaciones adicionales para los Estados.
Por ejemplo, los siguientes actos constituirían crímenes de guerra en todos los conflictos armados: ataques deliberados contra personas civiles que no están participando directamente en las hostilidades; pillaje; toma de rehenes; ataques contra bienes religiosos o culturales, siempre que no sean objetivos militares; tortura y otras formas de tratos inhumanos; reclutamiento de niños y niñas; violación y otras formas de violencia sexual.
¿Las personas civiles que toman las armas pierden su protección contra los ataques directos, según el DIH?
Según el CICR, depende. El DIH define como “persona civil” a toda persona que no sea miembro de las fuerzas armadas estatales, ni miembro de un grupo armado organizado con una función de combate continua, ni un participante en un levantamiento en masa.
Las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Las partes en un conflicto armado deben tomar todas las medidas posibles para determinar si una persona es una persona civil y, si así fuera, si está participando directamente en las hostilidades. En caso de duda, se debe presumir que la persona es una persona civil y está protegida contra los ataques directos.
A fin de proteger a las personas civiles, los combatientes, y toda persona que participe directamente en las hostilidades, deben distinguirse de los civiles en todas las operaciones militares llevando una insignia identificable y portando las armas abiertamente.
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¿El DIH impone límites a las operaciones psicológicas y de información?
Las operaciones psicológicas y de información forman parte de los conflictos armados desde hace largo tiempo. Sin embargo, dado el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la escala, la velocidad y el alcance de las operaciones psicológicas han aumentado significativamente.
El DIH prohíbe ciertos tipos de operaciones psicológicas o de información durante los conflictos armados, como las amenazas de violencia cuyo principal objetivo sea sembrar el terror entre la población civil; usar la propaganda para lograr el alistamiento voluntario de personas protegidas en territorios ocupados; o, más en general; incitar a la comisión de violaciones del DIH. Las operaciones de información también deben cumplir el requisito de respetar y proteger a categorías específicas de personas, como el personal médico y el personal de ayuda humanitaria.
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¿Qué sucede con las transferencias de armas a partes en un conflicto armado?
La disponibilidad generalizada de armas y municiones y las escasas regulaciones o controles sobre las transferencias de armas tienen un costo humano grave. Facilitan la comisión de violaciones del DIH, impiden la prestación de asistencia humanitaria, contribuyen a la prolongación de los conflictos armados y a altos niveles de inseguridad y violencia incluso después de finalizados los conflictos armados.
Los Estados deben abstenerse de transferir armas, si existe un riesgo manifiesto de que se emplearían para infringir el DIH. Los Estados que suministran armas a una parte en un conflicto armado deben hacer todo lo que razonablemente esté a su alance para asegurarse de que el receptor de las armas respete el DIH, por ejemplo, mediante la adopción de medidas de mitigación de riesgos, la suspensión o el condicionamiento de la entrega de armas o la cancelación de futuras transferencias.
Además, los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas deben evaluar, antes de autorizar una exportación, si es probable que el receptor de las armas, municiones o piezas y componentes de estas las utilice para cometer o para facilitar la comisión de una violación grave del DIH o del derecho de los derechos humanos. Si existe un riesgo elevado de que ello suceda, la exportación no debe autorizarse. Conforme al DIH, un Estado no es parte en un conflicto armado por el mero hecho de suministrar armas o equipamiento militar a un beligerante.
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¿La guerra cibernética está sujeta a normas?
Sí. Durante los conflictos armados, las operaciones cibernéticas están sujetas a las normas y los principios del DIH establecidos; no están en una “zona gris” ni en un “vacío jurídico”.
Lo que preocupa al CICR es que las operaciones militares cibernéticas, que forman parte de los conflictos armados actuales, pueden alterar el funcionamiento de infraestructura crítica, así como de la respuesta de emergencia y humanitaria y de otros servicios vitales para la población civil.
El DIH impone límites a las ciberoperaciones durante los conflictos armados de la misma manera que impone límites al empleo de cualquier otra arma, método o medio de guerra en un conflicto armado, ya sean nuevos o tradicionales. En particular, la infraestructura civil está protegida de los ciberataques gracias a las normas y los principios vigentes del DIH, en particular, los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque. Además, durante los conflictos armados, está prohibido el empleo de herramientas cibernéticas que propagan daños y los ocasionan de manera indiscriminada.
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¿De qué forma el DIH protege a las mujeres?
En los conflictos armados, las mujeres pueden ser víctimas, combatientes, testigos y actores de influencia. Gozan de las protecciones generales conferidas a las personas civiles o a los combatientes, según cual sea su estatuto. El DIH prohíbe la discriminación por motivos de sexo o género.
Las mujeres también quedan a expuestas a riesgos debido a las restricciones que se les imponen y sufren desproporcionadamente los efectos de algunos tipos de violencia, como la violencia sexual. El DIH aborda esos riesgos, en especial mediante la prohibición de la violación, la prostitución forzada o cualquier otra forma de atentado al pudor de todas las personas. Una infracción de estas prohibiciones puede constituir un crimen de guerra.
Además, el DIH establece que se debe dar un trato específico a las prisioneras de guerra y a las internadas civiles, así como a las embarazadas, Se debe respetar su protección específica, así como su salud y sus necesidades de asistencia. Por ejemplo, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de diferentes edades y orígenes pueden tener necesidades médicas diferentes y estar expuestos a diferentes riesgos que les impiden recibir la misma atención. Es importante tener en cuenta las perspectivas de las mujeres y de los hombres de diferentes edades y orígenes.
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