Las condenas a pena de muerte en el mundo han sufrido un aumento del 20% en 2021 respecto al 2020, el año de la pandemia. Entre los países que más emiten este tipo de sentencias encontramos a China, Irán y Arabia Saudí, que las utilizan como medio de represión.
Esta semana Amnistía Internacional ha emitido un informe con los datos sobre las ejecuciones en 2021. La organización registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un aumento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020.
La “buena” noticia es que, más allá del alto número de personas que han sufrido la pena de muerte el año pasado, esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en la última década.
La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. Entre los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo en 2021 se encuentran los siguientes: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.
A pesar de denunciarse desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos que no existen datos “reales” del uso de la pena de muerte, China se posiciona como el mayor ejecutor mundial. La cifra de ejecuciones es Secreto de Estado, sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que hay miles de personas que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en el país.
En el mismo caso se encuentran Corea del Norte y Vietnam, cuyo secretismo y falta de acceso a la información impidieron evaluar las tendencias e incluirlas en el total global.
Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Japón también reanudaron las ejecuciones el año pasado; sin embargo, otros países como India, Qatar y Taiwán no registraron la actividad, al contrario que el año anterior.
Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Otro caso destacable es Arabia Saudí, donde aumentaron las ejecuciones registradas un 140%, al pasar de 27 a 65 casos.
A pesar de que las cifras han aumentado respecto al año anterior, 2020 constituyó la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional. El 2021 se ha presentado como el segundo año consecutivo más bajo en número de ejecutados registrado por la organización. En 2019, 2020 y 2021, Amnistía Internacional constató 657, 483 y 579 ejecuciones, respectivamente.
Estos registros presentan a finales de 2021 que más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países se habría abolido en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. Solo en 55 países aún se conservaba la pena de muerte.
Amnistía Internacional registró la imposición de 2.052 condenas a muerte en 56 países, lo que constituía un incremento del 39% respecto a las al menos 1.477 impuestas en 54 países en 2020; no obstante, al concluir 2021 se tenía constancia de que al menos 28.670 personas habían sido condenadas a muerte. Nueve países concentraban el 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia, Sri Lanka.
Según AI, al menos cuatro personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años en Irán y Yemen. Amnistía Internacional cree que otras personas de esta categoría permanecían condenadas a muerte en Maldivas y Myanmar. También informan de que al menos el 4% de estas personas eran mujeres, 24 de las 579 personas registradas en: Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos e Irán.
Desde Amnistía Internacional se alerta de que al menos 134 de las ejecuciones fueron por supuestos delitos de drogas en China e Irán, un incremento del 346% respecto al año anterior; además de que se impusieron condenas a muerte en procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos en países como Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, Somalia y Yemen.
Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.
Las claves de la pena de muerte, por continentes
En América, todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo por parte de Estados Unidos, siendo el decimotercer año consecutivo en el que en el resto de países no se registraron incidencias. Sí que se impusieron 25 nuevas condenas de muerte en tres países: Estados Unidos de América, Guyana y Trinidad y Tobago.
La organización tiene constancia de que, desde 1988, en 2021 se ha obtenido la cifra más baja en Estados Unidos ya que la Administración Biden estableció una moratoria temporal de las ejecuciones federales. Además, otro estado más se sumó a la lista de abolicionistas de la pena de muerte: Virginia ha sido el número 23 del país, siendo el primero de la región del sur.
En Asia y Oceanía se registraron ejecuciones en cinco países, Bangladesh, China, Corea del Norte, Japón y Vietnam, también la cifra más baja en más de dos décadas del continente. Sin embargo, se impusieron al menos 819 nuevas condenas a muerte en 16 países, un incremento del 58% respecto a 2020 (517), en gran parte debido a los aumentos en Bangladesh, India, Myanmar, Pakistán y Vietnam.
Después de dos años en Japón se ahorcó a tres personas. Por segundo año consecutivo, Pakistán no reportó ninguna ejecución y también prohibió el uso de la pena de muerte en personas con discapacidades psicosociales; por su parte, Tailandia ha seguido exculpando las condenas de muerte.
Filipinas también ha amenazado con volver a retomar esta práctica; sin embargo, algunos senadores se han opuesto rotundamente a cualquier iniciativa al respecto. En Singapur, por ejemplo, no se registró ninguna ejecución en 2021 después de dos años, pero este año se ha reanudado la práctica.
El gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022.
Los casos en Europa y Asia Central se reducen a una ejecución y una pena de muerte en Bielorrusia, que sigue siendo el único país que las lleva a cabo. Kazajistán firmó una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, y Armenia se unió a un tratado internacional sobre la materia. En el caso de Rusia y Tayikistán, las ejecuciones se mantienen suspendidas.
Oriente Medio y Norte de África se constataron 520 ejecuciones en 7 países —Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Siria y Yemen—, un incremento del 19% respecto a 2020.
Según AI, Irak redujo a más de la mitad las ejecuciones y Siria se convirtió en el quinto mayor ejecutor. Hubo al menos 834 nuevas sentencias a muerte en 17 países, lo que suponía un aumento del 32%, con fuertes incrementos en Egipto, Irak y Líbano. Esta cifra no refleja las numerosas penas de muerte que se cree que se impusieron en Irán.
A pesar de que en Egipto, la cifra de ejecuciones ha descendido considerablemente, se condenaron a muerte al menos a 356 personas el pasado año, un aumento del 34%, cifra más alta de condenas que ha registrado 2021 en el mundo según la organización.
En África Subsahariana, El número de ejecuciones, registradas en 3 países, se duplicó con creces hasta llegar a 33, como consecuencia de los aumentos en Somalia y Sudán del Sur. El otro país que llevó a cabo ejecuciones fue Botsuana.
Al menos 373 nuevas penas de muerte fueron registradas en 19 países, un aumento del 22%, debido a los incrementos en Mauritania y República Democrática del Congo, y a pesar de un importante descenso en Zambia.
Hay países que se han planteado el empleo de estas condenas en los últimos años, el Parlamento de Sierra Leona aprobó por unanimidad una ley en la que se establecía la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, mientras que en Ghana y República Centroafricana se iniciaron procesos legislativos para abolir la pena de muerte, que aún siguen en proceso.
¿Hacia una tendencia de abolición de la pena de muerte global?
A pesar de que los datos sean alarmantes, desde la organización aseguran que se ha hallado una tendencia positiva general que ayudará a la abolición mundial de esta práctica, ya que es el segundo año consecutivo con datos más bajos desde los primeros registros de Amnistía Internacional.
Sin embargo también apuntan a que la causa de este descenso se debe a las medidas tomadas tras la pandemia, donde las restricciones retrasaron considerablemente los procesos judiciales; es por ello que este año, al levantarse muchas de las normas, aumentaron los casos en comparación con el año anterior.
La Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha mostrado su preocupación respecto a los nuevos datos obtenidos. “En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”.
Callamard se dirigió a la minoría de países que aún siguen manteniendo esta práctica, avisándoles de la posibilidad real que muestran los datos para abolir los homicidios autorizados por el estado. “Está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él, continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”, declaró.
China, Irán y Arabia Saudí, los regímenes que más aplican la pena de muerte
En el Derecho Internacional no se prohíbe la pena de muerte; sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) restringe su uso a circunstancias excepcionales, limitándolos a los delitos más graves y solo tras un juicio justo. También se prohíbe la condena a menores y la ejecución de mujeres embarazadas.
La pena de muerte en China
La cifra de China sobre el número de ejecuciones y condenas no queda establecida, ya que son Secreto de Estado, sin embargo, se considera que es el país que supera con creces la media internacional, contando con miles de ejecutados anuales.
“Se necesita una pena severa para mantener el control” se considera desde el país, donde la represión es unas de las armas del gobierno para mantener el orden. En la legislación del país se excluye solo a menores y embarazadas al igual que en el Derecho Internacional, y se incluyen delitos tales como secuestros de aviones, fabricación y transporte de armas, contrabando, falsificación de moneda, violación, trata de niños y mujeres o incluso robo con fuerza y muchos más.
Sin embargo, la arbitrariedad del sistema, cuestiona la aplicación de las penas, ya que el robo con fuerza limita a robo grave, pero la gravedad no queda delimitada. No obstante, se considera que actualmente los delitos más habituales condenados a muerte (sin excluir que se condenen de otro tipo), son el asesinato agravado y el tráfico masivo de drogas.
Además se denuncia la denigración del condenado, cuyas fotos son publicadas con todos sus datos, incluso en un momento llegó a haber un programa televisivo denominado “entrevistas antes de la ejecución”.
Un ejemplo de utilizacion de la condena como herramienta de control la hallamos en 2014, cuando las autoridades chinas arrestaron a Robert Schellenberg, ciudadano canadiense, por participación en actividades internacionales organizadas de tráfico de drogas. El Tribunal chino consideró que las pruebas eran fiables y suficientes, por lo que la condena “era justa”.
Sin embargo, la condena fue modificada, previamente solo se había condenado al acusado con 15 años de cárcel, pero el arresto en Canadá de una ejecutiva china de Huawei, hizo que apenas un mes más tarde se cambiara la sentencia.
El gobierno canadiense acusó a Pekín de utilizar una “diplomacia de rehenes”, con el objetivo de presionar a través de la ejecución de ciudadanos americanos para conseguir que libere a su empresaria, acusada por Estados Unidos de engañar al Banco HSBC Holdings Plc para que violara las sanciones estadounidenses contra Irán.
La condena de muerte y ejecución de los acusados en los países más represivos es utilizada como un arma más de los gobiernos para mantenerse en el poder y mantener a la gente bajo sus normas, asegurándose de que se cumplen rigurosamente, ya que nadie quiere ver las consecuencias de desobedecer las órdenes que emite el estado.
La pena de muerte en Irán
De las ejecuciones registradas en Oriente Medio, el 60% del total fueron llevadas a cabo por Irán, al que se le ha sumado en torno al aumento de esta práctica Arabia Saudí y Yemen.
Irán ha registrado el mayor número de ejecuciones registradas desde 2017, debido en gran parte al aumento de las condenas derivadas de delitos de drogas. Además, alerta el uso de esta práctica contra minorías étnicas, según Amnistía Internacional con cargos imprecisos como la “enemistad con Dios”, ya que al menos el 19% de las ejecuciones eran contra miembros de la minoría baluchi. Según la ley iraní, la sodomía, la violación, el adulterio, el robo a mano armada y el asesinato se encuentran entre los delitos que pueden conducir a la pena de muerte.
También se registran casos de aplicación de la pena de muerte en contra de la libertad de expresión, religiosa y sexual. En febrero de 2022 se ejecutaron a dos hombres homosexuales condenados por sodomía tras seis años en el corredor de la muerte. Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi fueron ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh.
Además, las condenas hacia menores de edad siguen vigentes en el país, en 2014, un joven fue condenado siendo menor de edad, acusado de matar a su novia; y a finales de 2021 fue ejecutado a pesar de retractarse en su confesión, alegando que fue sacado forzosamente bajo tortura. Además de violar el Derecho Internacional, ya que forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera que el juicio no cumplía las condiciones mínimas de justicia que pide la comunidad de países.
La pena de muerte en Arabia Saudí
En Arabia Saudí, 9 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con el terrorismo, que en la mayoría de casos también implicaban homicidio, violencia o conspiración para cometer estos delitos.
El 12 de marzo, el reino wahabí ejecutó a 81 personas por delitos de “terrorismo”, cifra que supera al total del año anterior. El Ministerio de Interior anunció que se llevaron a cabo “las condenas a pena capital contra individuos condenadas por terrorismo y crímenes capitales”
En cuanto a los juicios, los saudíes declararon que a los acusados se les concedió el derecho a un abogado y se les garantizó todos sus derechos bajo las leyes saudíes durante el proceso judicial, sin embargo esta afirmación ha sido cuestionada por muchas organizaciones, ya que normalmente no se ajustan a las garantías mínimas que establecen los estándares internacionales.
También se ha criticado los motivos de las condenas, ya que muchos de ellos han sido denominados “terroristas” por Arabia Saudí, cuando en realidad son disidentes políticos. Este fue el caso de Mustafa al Darwish, joven saudí de la minoría chií que fue declarado culpable de cargos relacionados con su presunta participación en protestas violentas contra el gobierno, fue ejecutado en junio de 2021.
El adolescente tenía 17 años cuando fue acusado de fomentar un levantamiento armado contra la cúpula del reino saudí. Entre las acusaciones hacia al Darwish se encontraban “intento de perturbar la seguridad con disturbios” y “sembrar la discordia”. Fue detenido junto a dos amigos, y puestos en libertad el mismo día, les confiscaron el teléfono móvil y hallaron una foto que “les ofendía”, según su familia. Las autoridades obtuvieron su confesión tras someterle a tortura, lo que le obligó a confesar ante los cargos de los que le acusaban para que parasen.
Esta decisión fue en contra del Derecho Internacional e incluso leyes nacionales, ya que no se permite la condena de muerte por delitos cometidos bajo la menoría de edad, sin embargo, las autoridades llevaron a cabo la sentencia, y en junio de 2021 se ejecutó a Mustafa al Darwish por ser acusado de cometer un delito siendo menor en 2015.
No hay que olvidar que la falta de transparencia de los regímenes altera el número real de casos que ocurren anualmente en los países, a pesar de tener cifras de los que ejercen la pena de muerte, estas son siempre orientativas, y siempre se considera que son más de las que quieren mostrar los gobiernos.
La COVID-19 supuso un parón en la ejecución de reos, debido a la lentitud de procesos judiciales y las consecuencias de la pandemia en general, y es por ello que en 2020 se registró la cifra más baja de asesinatos del estado. Aunque en 2021 aumentara de nuevo el número de ejecutados, se observa una clara tendencia de decrecimiento en la aplicación de la pena de muerte, ya sea solo de forma práctica o incluso plasmando la abolición en las leyes de los países que se suman a eliminar el castigo.
