Un análisis sobre el papel que ejercen las multinacionales chinas respecto a los derechos humanos en el continente africano de Ángel Gil, Research Intern en la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE).
Hace unos años, un periodista investigador reveló una noticia procedente de Kenia que recibió una considerable atención mediática. Se trataba del último de una larga lista de casos de abuso de derechos humanos perpetrados por empresas multinacionales chinas en el continente africano.
En la primicia, se destapaba que la compañía China Road & Bridge Corporation había impartido una política de segregación deliberada, en la que los supervisores del país asiático discriminaban repetidamente a trabajadores locales contratados para el proyecto de construcción de un nuevo ferrocarril. Se alegó que personas de nacionalidad china desempeñaban labores que deberían haberse reservado para el personal keniata, altamente cualificado.
Este trato discriminatorio también se reflejaba en las condiciones laborales de los africanos, los cuales eran sometidos a jornadas laborales extremadamente prolongadas, amenazas, acoso y una nómina basada en la raza. Finalmente, el reportaje desvelaba que a los trabajadores de ambos países ni tan solo se les permitía juntarse en el comedor, baños, acomodación o transporte.
Sucesos como este solamente constituyen la punta del iceberg. Según el último informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en el periodo de 2013 a 2020 se han encontrado 679 denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad de compañías chinas en el extranjero. De estas, el 26,7% tuvieron lugar en África, convirtiéndola en la segunda región de mayor riesgo después de la zona del Pacífico asiático (39,6%).
Las relaciones sino-africanas a lo largo de los años
Durante las últimas cuatro décadas, la República Popular China ha gozado de un desarrollo económico sin precedentes que ha catapultado al país hasta posicionarlo como la segunda mayor economía del mundo según datos del Banco Mundial. Este crecimiento exponencial fue impulsado por las reformas del 19781, las cuales introdujeron el modelo de exportación e inversión que a día de hoy sigue caracterizando al gigante asiático.
A finales del siglo XX, a medida que China iba creciendo, fue aumentando paralelamente su consumo de energía, necesaria para sostener el ritmo de producción que el país estaba desarrollando. Al no contar con suficientes recursos naturales dentro de su territorio, en 1999 el gobierno Chino ideó la estrategia “going out” (salir al extranjero), en la que se alentaba a las empresas multinacionales a abrirse a nuevos mercados. Esto inmediatamente propulsó la actividad de estas compañías en el extranjero, que encontraron en África una oportunidad de inversión única.
Fue entonces cuando las relaciones sino-africanas se “desataron”. Por un lado, China tenía capital de sobra y anhelaba recursos naturales para mantener su crecimiento y avanzar en sus intereses tanto económicos como políticos. Por otro lado, los países africanos, muchos de los cuales estaban dominados por regímenes autoritarios, poseían esos recursos naturales y buscaban un socio que invirtiera en ellos sin hacer muchas preguntas. Solo era cuestión de tiempo que empezarán a hacer negocios juntos.
De ese modo, impulsado también por los numerosos proyectos de conectividad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, África se acabó convirtiendo en una de las fuentes de energía principales de la RPC, mientras que esta pasó a ser la inversora principal de la industria energética y proyectos de transporte e infraestructura del continente africano.
A día de hoy, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (eia), después de Oriente Medio, África es el segundo mayor importador de crudo a China, a la que entrega 1,4 millón de barriles de petróleo diarios (22%). Asimismo, el país asiático se ha convertido en el destino del 15% al 16% de las exportaciones y la fuente del 14 al 21% de las importaciones de los países sub-saharianos. Además, la RPC es uno de los principales emisores de inversión extranjera directa de estos países, a los que a menudo financia con préstamos y crédito.
El debate sobre si esta relación es realmente beneficiosa para ambas partes sigue todavía abierto. Mientras que existe un amplio consenso en que China es la que “mejor” satisface sus intereses, no queda claro si la ayuda de esta superpotencia mundial está realmente favoreciendo el desarrollo de los países de África. Gran parte de las opiniones que discrepan sobre este último punto están condicionadas por un tema de suma importancia (sobretodo) para la sociedad occidental: los derechos humanos, o más bien, la ausencia de ellos.
Clase de violaciones de Derechos Humanos de empresas chinas en África
Las maneras empleadas normalmente por multinacionales chinas para incidir en los derechos humanos de los ciudadanos residentes en los países donde estas operan se podrían catalogar de infinidad de formas. Sin embargo, en pro de la simplificación, solamente nos centraremos en dos grupos principales: violaciones directas e indirectas.
Las violaciones directas de derechos humanos son aquellas que son infligidas directamente por las multinacionales chinas. Estas las podemos encontrar en el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, previamente mencionado en la introducción.
Según los datos expuestos en este documento, los abusos perpetrados por estas empresas en África se relacionan principalmente con los sectores de la minería y metalurgia, energía, construcción, finanzas y banca, energías renovables, agricultura, alimentación y ganadería. Asimismo, los países donde estos frecuentan más son Kenia, Zimbabue, la República Democrática del Congo. De estas, la gran mayoría son atribuibles a las malas condiciones laborales a las que se exponen los trabajadores locales.
En los últimos años, han sido numerosos los casos de este tipo de violaciones que han salido a la luz. Un ejemplo particularmente impactante es el de la compañía China Non-Ferrous Metals Corporation (CNMC) en Zambia. Esta era propietaria de una mina de cobre en la ciudad de Chambishi, que en 2005 explotó debido a medidas de seguridad precarias, acabando con la vida de 51 personas.
Al año siguiente, la empresa prohibió la unión de sus trabajadores y empezó a pagar a sus empleados menos de 67$ la hora, el salario mínimo del país. Descontentos por el trato que se les estaba dando, varias personas salieron a protestar y seis de ellas acabaron recibiendo un disparo de un supervisor chino. (French 2004).
Aunque la empresa terminó creando 20.000 nuevos puestos de empleo entre los ciudadanos de Zambia (Belk 2011), lo hizo a despensas de unas condiciones laborales nefastas que ignoraban los derechos de los trabajadores y una falta de medidas de seguridad que ponía en peligro sus vidas diariamente.
Otro caso a destacar es el de la muerte de un trabajador nigeriano de Dura Pack en abril de 2013. Este recibió una descarga eléctrica mortal provocada por un entorno laboral peligroso donde carecían de herramientas de seguridad (Vanguard Newspaper Online 2013). También son remarcables el desacato de las leyes de salario mínimo y seguridad social por parte de empresas chinas en Namibia y Sudáfrica (Jauch and Sakaria 2009); además de la constante omisión de protocolos medioambientales en la ejecución de proyectos a lo largo y ancho del continente africano (Freschi 2010).
Por otro lado, las violaciones indirectas se podrían definir como aquellas relacionadas con las operaciones de una entidad en la zona, sin ser esta las responsable directa de las transgresiones. En este aspecto, uno de los ejemplos más comunes es la financiación de conflictos. Aquí destaca el caso de Sudán, un país donde los abusos de derechos humanos estaban a la orden del día.
A principios de los noventa, los países de occidente tuvieron que abandonar sus operaciones en este estado debido a las implicaciones que pudiera tener esta en la financiación de la segregación que estaba ocurriendo entre los ciudadanos de etnia árabe y aquellos de raza negra de la región de Darfur.
Sin embargo, China permaneció en el territorio, monopolizando el sector petrolífero y ayudando con su actividad económica, además de con la venta de armas, a hacer posible la limpieza étnica que llevó a cabo el gobierno de Omar Al-Bashir en 2003. Se estima que entre 1996 y 2003, el presidente sudanés adquirió cerca de 100 millones de euros en aeronaves y armas pequeñas (Brautigam 2009).
La perspectiva china
Para justificar su conducta en el extranjero, una gran parte de las multinacionales procedentes de la RPC se escudan en la interpretación de los derechos humanos que tiene su gobierno, la cual difiere significadamente de la visión compartida por los países occidentales.
Cabe destacar que en más de una ocasión China ha expresado cierto grado de compromiso con los derechos humanos en términos de derecho internacional. Por una parte, el gigante asiático puede verse afectado por la doctrina del “ius cogens”, reconocida mundialmente por contener una serie de derechos absolutos e irrevocables.
Por otra parte, la RPC formó parte del comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), documentos que contienen los llamados “derechos fundamentales”, definidos como “aquellos indispensables para la existencia de la dignidad humana y, por lo tanto, en necesidad de protección absoluta” (Baehr 1999). Sin embargo, China solo ha ratificado este último, teniendo siempre en mente sus intereses económicos.
Teniendo en cuenta estas obligaciones y a pesar de no siempre respetarlas, durante los últimos años la RPC ha mantenido un discurso muy concreto sobre lo que entienden como derechos humanos. En él, priorizan ciertos derechos catalogados como “de segunda generación” (derecho a la alimentación, vivienda y desarrollo económico…) a otros de primera (libertad de expresión, derecho al voto…). Esta visión también la han trasladado a otras partes del mundo, donde China dice que prioriza sacar a la población del umbral de la pobreza, al igual que ya hizo con sus ciudadanos años atrás.
Siguiendo esta línea de pensamiento, al entablar relaciones con países de África, China siempre ha mantenido una política de “no intervención”. Esto significa que en generalmente las empresas chinas no han querido cambiar las leyes de los países donde operan, sino que han respetado la soberanía de estas naciones y actuado bajo las regulaciones domésticas, aunque no tengan consideración por los derechos humanos.
Esta visión diverge totalmente de la de Occidente, que se basa en intentar influir en el desarrollo de una África democrática, respetuosa por los derechos humanos y por el estado de derecho, mediante la demanda de una serie de condiciones a cambio de su ayuda económica. De esta manera, el gigante asiático ha conseguido separar los negocios de los derechos humanos y ocupar los huecos que dejaban las empresas occidentales al rechazar operar en territorios donde los derechos humanos se ven transgredidos.
Cuál es la perspectiva local del papel de las empresas chinas
Por su parte, los distintos países de África se han mostrado a favor del enfoque que le da China a su relación con ellos y a los derechos humanos (Shinn 2006). Es más, muchos han apoyado a la potencia mundial cuando han cargado contra ella en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Esto se debe a que la política de “no intervención” de la PRC ha permitido a muchos gobiernos, especialmente a las dictaduras, encontrar una vía de escape de la ayuda condicionada que ofrece Occidente. Gracias a China y a sus empresas, ahora estos estados no tienen la necesidad de hacer cambios políticos ni sociales y mucho menos de implementar leyes para la protección de derechos humanos más ambiciosas.
A cambio, las multinacionales se aprovechan de la escasa regulación para maximizar sus intereses comerciales, aunque eso implique abusar más de las personas de lo que ya se hace en los propios estados.
Acciones legales potenciales
Legalmente hablando, los “remedios” que se le pueden dar a estos abusos no son muy esperanzadores. Como generalmente las violaciones de derechos humanos reportadas están vinculadas únicamente a empresas, el derecho internacional público no puede actuar como hace con los estados.
Por otra parte, el derecho privado internacional a día de hoy no ofrece ningún mecanismo que regule cómo las compañías deberían comportarse en relación a lo derechos humanos. Lo máximo que se ha conseguido en esta área ha sido una propuesta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact) alentando a las corporaciones a no invertir en estados represivos.
Ante este panorama, la solución más plausible sería condenar a estas multinacionales en base a las leyes domésticas, pues los tribunales de estos países sí tendrían jurisdicción sobre las actividades de estas empresas. No obstante, el problema de esto es que, por una parte, en muchos de estos países no se ha desarrollado una regulación sólida en el tema de los derechos humanos y que, por otra parte, los estados que sí cuentan con leyes de este estilo suelen presentar dificultades con la aplicación de estas.
Esto último es lo que sucede con el caso de Kenia que hemos visto en la introducción. Este país en concreto ha sido reconocido en varias ocasiones por comprometerse medianamente con los derechos humanos y contar con leyes específicas que abogan por su protección. Sin embargo, en muchas ocasiones no la ley no se ha aplicado o el estado no ha hecho nada para frenar posibles infractores. Por lo tanto, la gran mayoría de empresas chinas han salido impunes a pesar de quebrantar repetidamente la ley.
No todo está perdido
El futuro de los derechos humanos en África no es muy alentador. Con un marco jurídico tan débil tanto nacional como internacionalmente, será difícil acabar con las prácticas discriminatorias llevadas a cabo por las multinacionales chinas. Las empresas son totalmente conscientes de ello y por eso continuarán tomándose la libertad de aprovechar el sistema que se rige en estos países para maximizar sus beneficios económicos, dejando totalmente de lado a las personas que utilizan para ello.
Sin embargo, no está todo perdido. Todavía queda un amplio margen para actuar. Tan solo publicando informes como el que hemos presentado del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ya se consigue dar a conocer mundialmente lo que está pasando en estos países, lo cual provoca que estas empresas se sientan observadas y vigilen sus comportamientos.
Pero también se puede ir más allá. Los estados de alrededor del mundo, sobretodo los principales socios comerciales de China, pueden presionar a estas compañías siguiendo la tendencia de la Unión Europea de no comerciar con empresas que no sean respetuosas con los derechos humanos. Las opciones son infinitas.
Mientras siga habiendo gente al tanto de lo que está pasando en África, las personas que sufren de violaciones de derechos humanos no estarán solas. Nuestro deber es seguir dándoles voz.
Este artículo ha sido publicado previamente en la página oficial de la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE).
