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Kosovo y Libia: las razones por las que la OTAN ya no interviene

Análisis

Lucía Carbayo
Lucía Carbayo
Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

A raíz de las polémicas operaciones de la OTAN principalmente en Libia y Kosovo, que te explicamos en este artículo, la Alianza comenzó a abandonar su política intervencionista. Después de Libia no se ha vuelto a implementar el uso de la fuerza en otro Estado soberano, como también hemos podido comprobar en la guerra de Ucrania.

Las intervenciones de la OTAN en Kosovo en 1999 y en Libia en 2011 suscitaron gran controversia entre la comunidad internacional. En un principio se justificaron como una intervención humanitaria (en el caso de Kosovo) y una actuación bajo el principio de la responsabilidad de proteger (en el caso de Libia) que finalmente derivó en bombardeos y ataques contra la población civil.

En Kosovo, la misión de la OTAN sucedió al margen de la norma internacional y en Libia acabó con un Estado fallido que después estuvo inmerso en una guerra civil diez años más. Cabe señalar que, en la actualidad, todavía se cuestionan la voluntad de la organización y la legitimidad de los medios utilizados en las contiendas.

El fracaso de las intervenciones en Kosovo y en Libia provocaron que los Estados miembros valoraran el propósito de las operaciones, así como las posibles consecuencias que pudieran motivar las mismas. Según los expertos, principalmente por estos motivos la OTAN es a día de hoy más cautelosa al tomar la decisión de implementar el uso de la fuerza en un Estado soberano.

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El origen del conflicto en Libia

En el año 2011 las fuerzas internacionales intervinieron en Libia consagrándose este acontecimiento como el primer caso de aplicación de la norma de la responsabilidad de proteger. Sin embargo, la intervención militar ocasionó gran controversia.

Fue en febrero de 2011 cuando comenzaba el conflicto libio a raíz de las protestas de la “Primavera Árabe”; un levantamiento popular de las clases más desfavorecidas que, en el caso, de Libia se levantaban contra la dictadura de Muamar al Gadafi. Los motivos principales que alimentaron las protestas y que motivaron que la población exigiera reformas políticas y económicas fueron la falta de derechos fundamentales, la corrupción y el autoritarismo.

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Además, la dictadura de Gadafi (que duró 42 años) se sustentaba en las alianzas forjadas con casi un centenera de tribus del oeste del país dejando al resto de las tribus subordinadas al poder del dictador. El descontento de estas últimas también fue clave en las protestas libias de 2011.

Concretamente el 17 de febrero de ese año, estalló la rebelión en la ciudad de Bengasi, situada al noreste de Libia, extendiese después a otras ciudades como Brahimi, Lesch y Salih. El gobierno de Gadafi respondió a las protestas mediante la represión violenta, atentando contra los derechos civiles y la seguridad de la población civil. Cabe señalar que a mediados del mes de febrero, las delegaciones libias en las Naciones Unidas, la Liga Árabe y los embajadores destinados en capitales como Parías, Pekín o Washington se desentendieron del régimen de Gadafi.

Paulatinamente, los grupos sublevados llegaron a tomar el control de algunas ciudades (Brega, Been Yauad, Zauiya) e instituciones públicas. Los manifestantes crearon el Ejército de Liberación Nacional Libio y el Consejo Nacional de Transición (CNT) y las protestas derivaron en un enfrentamiento armado.

De esta forma el CNT se declaró como gobierno provisional y gran parte del ejército, altos funcionarios y representantes diplomáticos se unieron a la oposición. El día 21 de febrero, los manifestantes en Trípoli incendiaron tres edificios gubernamentales a lo que la aviación real leal al régimen respondió con bombardeos, que terminaron ocasionando la muerte de 233 civiles. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de guerra civil en Libia.

Medidas previas a la intervención de la OTAN en Libia

Fue también entonces cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y el Ex Secretario General, Ban Ki-moon, instaron a Libia a que respetara sus obligaciones de proteger a la población civil con medidas preventivas. Sin embargo, Gadafi ignoró las peticiones de la ONU.

De esta forma, el 26 de febrero de ese mismo año, el Consejo de Seguridad aprobó la adopción de medidas coercitivas, mediante la resolución S/RES/1970 (2011), alegando que en Libia se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad. El Consejo impuso sanciones y remitió a Gadafi a la Corte Penal Internacional.

El 4 de marzo, el Centro Global y la Coalición Internacional para el R2P publicaron una carta abierta al Consejo de Seguridad, demostrando que la Resolución de 1970 no había logrado que los ataques revirtieran. Además, en el documento, ambas organizaciones solicitaban la adopción de medidas adicionales.

Tras el asalto a Bengasi, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución S/RES/1973 (2011) el 17 de marzo de 2011, con la abstención de China, Rusia, Brasil, Alemania e India. El documento autorizaba el uso de “todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles”. El propósito de la intervención militar estaba limitado a la protección humanitaria y esta restricción pretendía evitar que las fuerzas internacionales intervinieran en la guerra civil para provocar un “cambio de régimen”.

La OTAN no se ocupó de Libia hasta el 25 de febrero de 2011. El ex Secretario General de la OTAN, Anders F. Rasmussen, declaró que la organización no tenía intención de intervenir en Libia porque el conflicto no representaba una “amenaza directa” para la seguridad euroatlántica; sin embargo, al día siguiente Rasmussen cambió de opinión. Tras la aprobación de la resolución 1970 se valoró la posibilidad de que la OTAN participara en la intervención mediante la creación de una zona de exclusión.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido comenzaron a sopesar las consecuencias de la implicación en el conflicto. Tras el asalto de Bengasi, Francia y Reino Unido decidieron intervenir mediante el uso de la fuerza de forma unilateral y presionaron a Estados Unidos para que se unieran a ellos en la consecución de una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que respaldara la intervención.

De este modo, los líderes de los tres países solicitaron el establecimiento de una zona de exclusión aérea al Consejo de Seguridad. Finalmente, el 7 de marzo, la OTAN estableció una zona de exclusión aérea en Libia. Tres días después, los tres países promotores de la operación, solicitaron al Consejo que se extendieran las medidas.

La aprobación de la resolución 1973 en Libia

Con la aprobación de la resolución 1973, Estados Unidos, Francia y Reino Unido tuvieron que modificar la propuesta y admitir que la intervención se limitaría a la protección humanitaria y se evitaría la ocupación del terreno. La resolución del Consejo incluía un alto al fuego, la búsqueda de una solución política, una zona de exclusión aérea y la protección de los civiles frente a los ataques o amenazas. Esto complicaba la ejecución de la operación, pues sin la ocupación militar del terreno era difícil que la misión fuera exitosa.

El 19 de marzo comenzaron las operaciones de la OTAN en las que participaron 14 de los 28 miembros, incluidos EE.UU, el Reino Unido, Francia, Noruega, Dinamarca, Italia, Bélgica, Paises Bajos, Polonia, Turquía y España. Los miembros que la integraban emplearon medidas más coercitivas, que no fueron en consonancia con los medios previstos en el acuerdo. Así lo denunciaron los representantes de la Liga Árabe, la Unión Africana y algunos miembros del Consejo de Seguridad, como China e India. A finales de agosto se producía la caída de Trípoli a manos de la oposición.

Fue el 31 de octubre cuando las tropas de la OTAN se retiraron de Libia asegurando que la misión fue un “éxito” estando Gadafi fuera del panorama. El 20 de octubre el dictador había intentado escapar en un convoy junto a varios representes de su gobierno pero la OTAN acabó destruyendo los vehículos (tiempo después la organización negaría que su objetivo fuera el dictador). Aunque Gadafi sobrevivió al ataque un comandante del CNT terminó disparándole. Tras el anuncio de la muerte de Gadafi, se anunció la liberación del país por los miembros del CNT y se determinó el supuesto fin del conflicto.

La polémica detrás la intervención de la OTAN en Libia

Cabe señalar que la intervención de la OTAN dió lugar a gran controversia ya que según denuncian algunos expertos, el fin no fue el de “salvar vidas” y se produjo una situación humanitaria catastrófica y una turbulencia política que continúa latente el país a día de hoy. Según los datos proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), en lugar de revertir una catástrofe humanitaria, los bombardeos de la OTAN terminaron produciendo la muerte de apróximadamente 50 civiles hasta octubre de 2011.

Además, las resoluciones solicitaban un embargo de todas las armas destinadas a Libia, pero la OTAN no impidió que llegara armamento a los rebeldes libios del CNT, ni que continuara el flujo de armas y suministros. De hecho, Francia opinaba que este acto no “contradecía el espíritu de la resolución”. La realidad es que este hecho alentó a la población opositora a tomar las armas y proseguir con el conflicto.

Varios Estados miembros, y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Africana, el fiscal de la Corte Penal Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciaron que la OTAN sobrepasó los límites concedidos por Naciones Unidas, con el objetivo de llevar a cabo un “cambio de régimen”. Cabe señalar que los bombardeos de junio produjeron a muerte de varios civiles en Trípoli, en manos de la organización.

El embajador de la India ante la ONU, Hardeep Singh Puri, describió a la OTAN como el “brazo armado” del Consejo de Seguridad y argumentó que el objetivo en Libia había pasado casualmente de proteger a los civiles en Bengasi a derrocar el régimen de Trípoli. En contraposición, el resto de Estados opinaban que la actuación de la organización estaba respaldada por la cláusula de la Resolución de 1973, que permitía adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil.

Simon Adams, Director Ejecutivo del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, argumenta en su informe, Libia y la responsabilidad de proteger: Resultados y Perspectivas, que la intervención militar internacional en Libia “salvó vidas”. El 26 de febrero, cuando se aprobó la Resolución 1970, ya estaba claro que Gadafi estaba dispuesto a utilizar cualquier medio disponible para aplastar un levantamiento que se estaba desarrollando rápidamente contra cuatro décadas de dictadura excéntrica.

El heredero aparente de Gadafi, su hijo Saif al-Islam, apareció en la televisión libia advirtiendo de los “ríos de sangre” que correrían si la rebelión no se detenía. Invocando un lenguaje que recordaba el genocidio de 1994 en Ruanda, el propio Gadafi describió a los manifestantes como “ratas” y “cucarachas” enloquecidas por las drogas. Prometió “limpiar Libia casa por casa”. En la actualidad, la creciente anarquía en el país y las continuas disputas entre las milicias armadas, mantienen abierto el debate sobre la eficacia de la intervención extranjera en Libia.

El caso de la intervención de la OTAN en Kosovo

El conflicto de Kosovo se remonta finales de los años 80 cuando las autoridades yugoslavas recurrieron al uso de la fuerza para paliar los intentos independistas de los albaneses que residían en el territorio. En 1989, Slobodan Milosevic, presidente de la República Federal de Yugoslavia, terminó con el estatuto de autonomía del que gozaba Kosovo dentro de la República Federal de Yugoslovia -que en el momento estaba compuesta por las Repúblicas de Serbia y Montenegro-.

Como respuesta, en 1991, la mayoría albanesa de Kosovo declaró su independencia y las fuerzas militares de Belgrado -antigua capital de Yugoslavia- respondieron con el uso indiscriminado de la fuerza. La represión yugoslava causó númerosas víctimas, principalemente albanokosovares. Ante esta situación, gran parte del independentismo albanokosovar optó por la violencia y, de esta forma, se creó el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y el enfrentamiento derivó en la guerra de Kosovo en 1998.

En 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó dos resoluciones, la resolución 1160 y la resolución 1199, en el marco del Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, por las que reconocía su apoyo a la concesión de una autonomía adminsitrativa a Kosovo, y exigía la reanudación de las negociaciones y la retirada de las fuerzas militares yugoslavas en el territorio.

Ante la negativa de Yugoslavia de aplicar las disposiciones de ambos documentos, y las nuevas masacres de civiles perpetradas por los serbios en Racak en enero de 1999, la OTAN intervino en el conflicto en el mes de marzo del mismo año. La intervención de la OTAN, conocida como Operación Fuerza Aliada, fue la primera que se realizaba en un Estado soberano. Sin embargo, se llevó acabo sin haber obtenido previamente la autorización del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

Djamchid Momtaz, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán, aseguraba en su artículo La “intervención humanitaria de la OTAN” en Kosovo y la prohibición de recurrir a la fuerza lo siguiente:

“En la medida en que viola la norma de no recurrir a la fuerza, consagrada por la Carta de las Naciones Unidas, la intervención de la OTAN es contraria tanto a la letra como al espíritu de ésta, y no se justifica por más que se interpreten extensivamente algunas de sus disposiciones. No obstante, como estaba destinada a poner término a una catástrofe humanitaria y como no fue condenada por el Consejo de Seguridad ni por los Estados (salvo algunas excepciones), es válido preguntarse si tal intervención no se ajusta a una norma consuetudinaria establecida o en gestación”.

“Así, la intervención armada de los Estados miembros de la OTAN al margen del sistema de las Naciones Unidas y sin autorización explícita del Consejo de Seguridad es contraria a la Carta, pese a la nobleza de la causa que la ha suscitado”.

La OTAN fue acusada de haber cometido crímenes de guerra y violaciones de la Carta de Naciones Unidas por diversos académicos y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional. Las denuncias cuestionaban la motivación de la operación, pues los ataques habían sobrepasado los objetivos militares y estratégicos y habían sido dirigidos contra objetivos civiles. La OTAN atacó las infraestructuras del gobierno de Slobodan Milosevic, presidente de la República Federal de Yugolsavia, como ferrocarriles, centros de abstecimiento o medios de comunicación, provocando la muerte de civiles.

Las cifras totales de las víctimas varían. Según Human Rights Watch, el número de muertos en manos de la OTAN, alcanza los 500. Por su parte, el gobierno serbio denuncia que el número de víctimas asciende hasta los 2.500. A grandes rasgos, la intervención de la organización euroátlantica produjo más de 13.000 muertos y cerca de 900.000 refugiados.

Jack Goldsmith, especialista en derecho internacional de la Facultad de Derecho de Chicago, expresó su opinión sobre esta temática en The New York Times. El académico sostenía que quienes criticaban los bombardeos de la OTAN “tienen argumentos legales bastante sólidos.

Si sólo se lee la letra del derecho internacional, no prevé expresamente una excepción para una intervención humanitaria. Pero mucha gente cree que esa excepción existe como una cuestión de costumbre y práctica”. Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, condenó el ataque, sosteniendo que se habían producido violaciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Cabe señalar que a pesar de las acusaciones, Carla del Ponte, fiscal principal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY), aseguró en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no había encontrado ningún indicio en su investigación, para acusar a los dirigentes de la OTAN por la comisión de crímenes de guerra en Kosovo. Finalmente, en junio de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución S/RES/1244(1999), por la que autorizaba la intervención militar extranjera en Kosovo. Nueve años después el país proclamó su independencia.

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Lucía Carbayo

Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

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