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Francia anuncia un ajuste de 44.000 millones para frenar el déficit

El primer ministro activa un plan de austeridad récord que incluye recortes de gasto, nuevos impuestos y un objetivo de déficit del 4,6% del PIB en 2026.

El primer ministro francés, François Bayrou, presentó el 15 de julio de 2025 ante la Asamblea Nacional un plan de ajuste de 44.000 millones de euros con el que París pretende reducir el déficit al 4,6% del PIB en 2026 y contener una deuda que crece «5 000 euros cada segundo». El dirigente afirmó que «este es nuestro momento de la verdad» y advirtió de que el servicio de la deuda podría alcanzar los 100.000 millones anuales en 2029 si no se actúa.

Las medidas se aplicarán desde 2026 y combinará recortes de gasto y nuevos ingresos. Habrá congelación de pensiones y prestaciones, un «año en blanco» para el presupuesto de todos los ministerios (salvo Defensa), la eliminación de dos días festivos (Lunes de Pascua y 8 de mayo) para elevar la productividad, se recortará el gasto social y sanitario y no habrá crecimiento salarial para trabajadores públicos. Además, se reducirá la plantilla estatal: «No se reemplazará a uno de cada tres funcionarios que se jubilen», explicó Bayrou.

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En el capítulo fiscal, se creará una «contribución de solidaridad» dirigida a las rentas más altas y se reforzará la lucha contra el fraude. Respecto a esta última medida, el primer ministro sostuvo que «el esfuerzo debe recaer en todas las categorías de franceses», aunque insistió en que las capas con mayores ingresos aportarán más.

El Gobierno prevé asimismo ahorros de 5.000 millones en sanidad mediante controles sobre recetas y bajas laborales. De igual modo, se fusionarán agencias públicas y se venderán activos inmobiliarios estatales considerados improductivos, lo que aportará recursos adicionales y, según el Ejecutivo, mejorará la eficiencia administrativa. Entre otras medidas destacadas, se simplificarán procesos burocráticos para dinamizar la economía, en 2026 y los posteriores años no se podrá gastar más que en 2025 (salvo defensa) y no se actualizarán baremos impositivos ni de ayudas públicas en función de la inflación.

Críticas y apoyos a la medida

Bayrou defendió la dureza del plan evocando la crisis griega y recordó que Francia lleva medio siglo sin cuadrar sus cuentas. «Nunca debemos olvidar el ejemplo de Grecia», subrayó, alertando sobre el riesgo de perder credibilidad ante los mercados si el país sigue financiando gasto corriente con deuda.

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La oposición criticó la medida. Los diputados socialistas denunciaron «un castigo a pensionistas y empleados públicos», mientras que partidos de izquierda acusaron al Gobierno de «austeridad ideológica». Desde la derecha, Les Républicains reclamaron más rebajas de impuestos para estimular la actividad, aunque reconocieron la «gravedad» de la situación financiera.

El proyecto se someterá a votación en octubre junto con el presupuesto de 2026. Bayrou apeló al consenso parlamentario al concluir su discurso: «La deuda no tiene color político. Es un peligro común que exige responsabilidad compartida».

Rusia otorga la ciudadanía a un estadounidense que dio información clave en la invasión a Ucrania

Putin premia con la ciudadanía a Daniel Martindale, un presunto espía norteamericano y exprofesor de inglés estadounidense evacuado del Donbás, por su ayuda en la toma de Kurajovo.

Las autoridades prorrusas de Donetsk informaron que el presidente Vladímir Putin firmó un decreto que otorga la ciudadanía rusa a Daniel Martindale, estadounidense acusado de espiar a las fuerzas ucranianas en beneficio de Moscú. El gobernador Denis Pushilin precisó que el nuevo ciudadano recibió «un pasaporte ruso» durante una ceremonia en Moscú.

Pushilin defendió la medida con palabras enfáticas: «Ha demostrado con su lealtad y acciones que es uno de nosotros». Además, afirmó en Telegram que «Martindale demostró un sincero compromiso con nuestros valores y, en las condiciones más difíciles, hizo todo lo que estuvo en su mano y más para ayudar a nuestro país, nuestro pueblo y nuestros soldados».

Según el gobernador, el estadounidense pasó más de dos años en territorio controlado por Ucrania, transmitió información a los servicios especiales rusos, contribuyó a la captura del municipio de Kurajovo y «puso en peligro su vida». «Fue gracias a su información que fuimos capaces de prepararnos y llevar a cabo la operación en Kurajovo», subrayó Pushilin, quien describió su extracción como «una operación de evacuación compleja» debido a que su vida «estaba en peligro».

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En recompensa, el dirigente le impuso la Orden de la República, la máxima distinción de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y remató con un mensaje de bienvenida: «Bienvenido a casa, Rusia». Martindale, por su parte, declaró a Interfax que ahora «no hay peligro» para él y que «no tendrá que abandonar Rusia». Incluso señaló que sus padres desean instalarse en el país.

Ya en octubre de 2024, las fuerzas prorrusas habían comunicado la evacuación de un estadounidense del Donbás controlado por Kiev y sostuvieron que facilitaba datos a Moscú. Más tarde revelaron que se trataba de Martindale, de 33 años, residente previo en Estados Unidos.

The Wall Street Journal describe que es hijo de misioneros norteamericanos que se trasladaron a China. Posteriormente, vivió en Vladivostok, aprendió ruso y enseñó inglés, pero fue deportado por infringir la normativa laboral. Después se mudó a Polonia y, poco antes de la invasión rusa de febrero de 2022, viajó a Ucrania.

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Amnistía Internacional denuncia desapariciones forzadas en Venezuela

Un informe de la ONG confirma que 11 de las 15 víctimas documentadas siguen desaparecidas, incluidos ciudadanos extranjeros.

Amnistía Internacional denunció que las autoridades venezolanas «han cometido, y siguen cometiendo» desapariciones forzadas como herramienta de represión, según un informe que examina 15 casos documentados desde julio de 2024. Del total, once víctimas continúan desaparecidas y entre ellas figuran ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La organización subraya que, al cierre del documento, otras 46 personas «podrían estar desaparecidas forzadamente», cifra aportada por Foro Penal, grupo afín a la oposición.

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Dentro de los expedientes españoles destacan Andrés Martínez y José María Basoa, arrestados en septiembre de 2024 bajo la acusación de pertenecer al servicio de inteligencia español y a una supuesta red de «mercenarios» cuyo objetivo sería atentar contra el Gobierno de Caracas. «Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI», indica el informe, que puntualiza que siguen sin paradero conocido.

Detenciones arbitrarias y con motivaciones políticas

Asimismo, Amnistía concluye que la mayoría de las detenciones carece de base legal y, por tanto, son «arbitrarias». De igual manera, explica que «prácticamente todos» los expedientes tienen motivación política por la participación en protestas o por trabajar en medios críticos con el Ejecutivo. En consecuencia, la organización califica el patrón como parte de una política estatal de silenciar la disidencia.

La secretaria general, Agnès Callamard, advierte de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional» cometidos «como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela». De ahí su llamamiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que «considere incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación».

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Finalmente, Amnistía exige acciones inmediatas: «Las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras». La organización también recuerda que las familias tienen derecho a conocer la suerte y paradero de los desaparecidos y además reclama la liberación inmediata de «todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos».

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¿Qué países de Europa tienen el servicio militar obligatorio?

Descubre los países europeos que tienen implantada la conscripción ante el avance de la amenaza rusa tras la guerra en Ucrania.

El servicio militar obligatorio es el reclutamiento forzoso de ciudadanos en edad de prestar servicio para integrarlos durante un periodo limitado en las fuerzas armadas de su país. Tradicionalmente, se utiliza para asegurar un mínimo de soldados entrenados que garanticen la defensa nacional cuando los voluntarios no bastan o resultan demasiado costosos. La duración y las condiciones varían según la legislación de cada Estado, pero comparten tres rasgos: registro administrativo de los jóvenes, instrucción básica y paso a la reserva al finalizar el periodo activo. Dependiendo de cada región, puede estar dirigido a toda la población o solo a un porcentaje. Además, hay estados que lo limitan solo a hombres, y otros que amplían también a mujeres.

Desde la invasión rusa de Crimea (2014) y, sobre todo, la guerra a gran escala contra Ucrania (2022), varios gobiernos europeos han reactivado o ampliado la «mili» o conscripción para reforzar sus ejércitos. Suecia la restableció en 2017, Lituania y Letonia en 2015 y 2024 respectivamente, Dinamarca la extendió recientemente a las mujeres, mientras que Alemania y Francia debaten su reimplantación total o parcial. En total, una decena de países de la UE (Austria, Estonia, Finlandia, Grecia, Chipre, Dinamarca, Suecia, Lituania, Letonia y Croacia) ya cuentan con algún modelo de reclutamiento obligatorio, al que se suman varios más de fuera del bloque. El motivo central es disuasivo ante una Rusia percibida como más agresiva, donde Europa busca elevar sus efectivos, crear grandes reservas entrenadas y lanzar un mensaje de preparación militar colectiva.

Servicio militar obligatorio solo para hombres

  • Austria
  • Bielorrusia
  • Chipre
  • Estonia
  • Finlandia
  • Grecia
  • Letonia
  • Lituania
  • Moldavia
  • Rusia
  • Suiza
  • Turquía
  • Ucrania

Conscripción obligatoria para hombres y mujeres

  • Dinamarca
  • Noruega
  • Suecia

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Reimaginar las finanzas para la salud global: del modelo bancable al enfoque misional

La salud ya no puede tratarse como un gasto secundario, sino como una inversión estratégica con impacto directo en la cohesión social, la estabilidad política y el desarrollo sostenible. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Rosalía Fernández analiza cómo la FfD4 de Sevilla marcó un punto de inflexión al proponer una transformación profunda de la arquitectura financiera global, orientada a garantizar la salud como un bien público global y un derecho fundamental.

Ante una era de crisis sistémicas (sanitaria, climática, geopolítica, alimentaria, energética y democrática), la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla en 2025, lanzó una alerta ineludible: el modelo financiero actual está agotado. Junto con la COP30 y la cumbre del G20, la FfD4 no fue solo un foro técnico, sino el reflejo de un momento político de inflexión que abrió una ventana de oportunidad para repensar el contrato financiero global desde la equidad y el interés común.

La conjunción de estas crisis ha puesto en evidencia los límites del paradigma actual, marcado por la polarización, la desconfianza institucional y las desigualdades estructurales, y ha evidenciado la urgencia de redefinir las reglas del juego para abordar las causas de la exclusión.

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La economista Mariana Mazzucato, figura clave del evento, abogó por abandonar el paradigma centrado en proyectos «bancables» (rentables a corto plazo para el capital privado) y adoptar un enfoque mision-oriented, una estrategia basada en grandes misiones públicas que orientan la innovación y el financiamiento hacia retos sociales compartidos.

Este modelo prioriza el valor de lo público, el derecho a la salud y el rol activo del Estado como motores de cambio estructural.

Resumen ejecutivo

La arquitectura financiera actual, dominada por lógicas de rentabilidad y mitigación de riesgos, es insuficiente para abordar los retos de la salud global. Instrumentos como el blended finance priorizan la atracción de capital privado, relegando sectores esenciales como la salud pública y el fortalecimiento institucional. Este artículo defiende un modelo de finanzas misionales que alinee recursos públicos y privados en torno a objetivos estratégicos, fortalezca las capacidades estatales y garantice el derecho a la salud.

Ejemplos como CEPI, Fiocruz y HERA ilustran el potencial de este enfoque, mientras que iniciativas como COVAX muestran los límites de las lógicas de mercado. Se proponen reformas concretas, desde la reorientación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) hasta la creación de fondos soberanos de innovación, con un enfoque en equidad, diversidad y las prioridades del Sur Global. Sin embargo, existe el riesgo de que esta narrativa misional sea cooptada si no va acompañada de cambios reales en la gobernanza global y la participación ciudadana.

La arquitectura financiera actual: una aproximación limitada

El sistema de financiación para el desarrollo, basado en instrumentos como el blended finance, los bonos de impacto social y las garantías para inversión privada, prioriza la rentabilidad financiera a corto plazo. Popularizado por la narrativa de «billones a trillones», este enfoque asume que el desarrollo está limitado por una brecha financiera que el capital privado puede cerrar. Sin embargo, presenta limitaciones críticas:

  • Movilización insuficiente: El blended finance, que utiliza recursos públicos para atraer capital privado, ha movilizado cantidades modestas, concentradas en sectores y regiones de bajo riesgo, excluyendo áreas como la salud pública o el fortalecimiento institucional.
  • Desbalance de riesgos: Socializa los riesgos (asumidos por el sector público) mientras privatiza las ganancias, perpetuando desigualdades.
  • Ausencia de misiones: Se centra en cerrar brechas financieras, ignorando la necesidad de pipelines de inversión orientados a misiones públicas y subutilizando la riqueza pública existente.

La salud es tratada como un riesgo a mitigar, en lugar de un derecho humano a garantizar. Cuando se implementa sin una visión misional clara ni criterios de equidad, el blended finance puede terminar subsidiando la rentabilidad privada en sectores clave como la salud sin garantizar sostenibilidad, equidad ni gobernanza democrática sobre los bienes producidos.

De lo bancable a lo misional: una transformación necesaria en la salud

El enfoque mision-oriented, propuesto por Mariana Mazzucato, reorienta las finanzas hacia objetivos públicos claros, ambiciosos y medibles, como erradicar la tuberculosis, garantizar el acceso universal a la salud mental o prepararse para pandemias. Este modelo implica:

  • Liderazgo estatal: Los Estados deben definir prioridades, asumir riesgos y alinear actores (públicos, privados, sociedad civil) en torno a misiones estratégicas.
  • Ecosistemas de transformación: En lugar de financiar proyectos aislados, se articulan sistemas completos de innovación que generan valor público a largo plazo.
  • Mercados moldeados: En contraposición al market-fixing (corrección de fallos de mercado), el enfoque misional promueve el market-shaping (creación de mercados alineados con el interés público).

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No basta con movilizar más recursos; es imprescindible transformar la lógica que rige su uso, priorizando retornos colectivos en forma de resiliencia, equidad y bienestar.

Salud como bien público global: implicaciones normativas

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud. La salud global debe reconocerse como un bien público global, financiado mediante mecanismos colectivos y solidarios, como:

  • Fondos globales misionales: Financiación predecible para objetivos sanitarios estratégicos.
  • Impuestos internacionales: Por ejemplo, sobre transacciones financieras para financiar salud.
  • Condonación de deuda: Reorientar recursos liberados hacia sistemas sanitarios.

La salud no es un gasto, sino una inversión estratégica con efectos multiplicadores en el crecimiento, la cohesión social y la estabilidad política.

Lecciones de la pandemia y la arquitectura sanitaria multilateral

La pandemia de COVID-19 expuso las debilidades de una arquitectura sanitaria basada en la propiedad intelectual restrictiva y la competencia desigual por vacunas. Iniciativas como COVAX fallaron al operar bajo lógicas de mercado y filantropía, logrando una cobertura limitada frente a las necesidades globales.

En contraste, ejemplos como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), que financia vacunas con acceso garantizado, el modelo de producción pública de medicamentos de Fiocruz en Brasil, y el programa europeo HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority), que garantiza acceso equitativo a tecnologías sanitarias críticas, demuestran que es posible articular financiación con lógica misional orientada al interés público. El nuevo tratado internacional sobre pandemias, en negociación en la OMS, ofrece una oportunidad para integrar mecanismos de financiación mision-oriented que promuevan:

  • Ciencia abierta: Acceso universal a conocimiento y tecnologías sanitarias.
  • Bienes comunes: Producción y distribución equitativa de insumos médicos.
  • Capacidades locales: Fortalecimiento de sistemas sanitarios nacionales.

Instrumentación del enfoque misional en salud

Para operativizar el enfoque misional, se proponen las siguientes medidas:

  1. Reforma de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD): Priorizar resultados en salud poblacional sobre retornos financieros.
  2. Fondos soberanos de innovación en salud: Crear fondos públicos con gobernanza multiactor (Estados, científicos, sociedad civil).
  3. Indicadores de retorno público: Evaluar el impacto social y sanitario de las inversiones, más allá de los retornos financieros.
  4. Acuerdos regionales: Promover inversiones en salud con lógica misional en regiones como la Unión Africana o Mercosur.
  5. Fortalecimiento institucional: Proveer financiación estructural (no solo por proyectos) a sistemas de salud pública nacionales.
  6. Reformas tributarias internacionales: Abordar la evasión fiscal para ampliar el espacio fiscal de los países para invertir en salud.

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Feminismo, ecología y enfoque del Sur Global

La economía feminista critica cómo las lógicas financieras tradicionales invisibilizan el cuidado, la reproducción social y la salud comunitaria. Una financiación misional debe incorporar criterios de equidad, diversidad y transversalidad. Las voces del Sur Global exigen una gobernanza financiera democrática, transparente y alineada con prioridades nacionales, evitando dependencias y deudas insostenibles.

Sin embargo, existe el riesgo de que la narrativa misional sea cooptada por filantropías o think tanks que vacíen su contenido transformador, reduciéndola a meras etiquetas si no se acompaña de cambios reales en gobernanza, rendición de cuentas y priorización del interés público sobre el lucro privado.

Rol estratégico de España

Como anfitriona de la FfD4, España puede liderar esta transición mediante:

  • Coalición internacional: Promover una alianza por las finanzas misionales en salud, con actores como la OMS, UNDP y UNCTAD.
  • Cláusulas de valor público: Incluir condiciones de impacto social en contratos y banca de desarrollo.
  • Observatorios de rendición de cuentas: Crear mecanismos para monitorear inversiones en salud.
  • Participación ciudadana: Involucrar a la sociedad civil en el diseño y seguimiento de misiones sanitarias.
  • Inversión en sistemas públicos: Priorizar el fortalecimiento de capacidades estatales y sistemas de salud públicos.

El camino a seguir para una arquitectura financiera centrada en la salud

Transformar la arquitectura financiera internacional es un desafío de largo aliento que requiere audacia política, colaboración transnacional y una ciudadanía activa y vigilante. Gobiernos, Bancos Multilaterales de Desarrollo, sociedad civil, academia y movimientos sociales del Sur Global deben confluir en una agenda común que sitúe la salud y el bienestar en el centro del contrato social y económico global.

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La FfD4 de Sevilla puede ser recordada como un punto de partida, siempre que sus postulados se traduzcan en compromisos vinculantes y acciones sostenidas. La salud, como bien público global, no puede seguir siendo rehén del cortoplacismo financiero.

Conclusión

Reorientar la arquitectura financiera internacional desde un enfoque bancable hacia uno mision-oriented es una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud en un mundo interdependiente. No basta con movilizar más recursos; es necesario transformar su lógica de uso: de financiar proyectos aislados a construir futuros colectivos sostenibles.

La FfD4 de Sevilla 2025 marcó el inicio de esta transformación, pero su éxito dependerá de cambios reales en la gobernanza global, mecanismos de rendición de cuentas y la participación efectiva de la ciudadanía y los países del Sur Global. Como afirmó Mariana Mazzucato: «No se trata solo de gastar más, sino de gastar de forma diferente. Para crear mercados que sirvan al interés público, no al revés

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La Comisión Europea pide a las plataformas digitales restricciones para menores

Entre las medidas se encuentra que los perfiles sean privados por defecto y el veto a que se descargue su contenido.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea ha pedido a las plataformas digitales a reforzar la seguridad infantil. Entre las medidas, exige que las cuentas de menores sean privadas por defecto. También solicitan el veto a la descarga o la captura de pantalla del contenido que publiquen. Esta medida se trata de la propuesta central del paquete de recomendaciones con el que Bruselas pretende elevar «un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores» en Internet, recordando que la Ley de Servicios Digitales ya impone obligaciones vinculantes.

En la presentación, la ministra danesa de Asuntos Digitales, Caroline Stage, comparó la laxitud online con la venta física de alcohol: «Es difícil imaginar un mundo en el que los chavales puedan entrar en una tienda a comprar alcohol (…) con un simple «sí, tengo más de 18 años». Eso es lo que ocurre en Internet desde hace muchos años», lamentó junto a la vicepresidenta ejecutiva, Henna Virkkunen. Por ello, la Comisión considera inaceptable esa brecha de verificación y quiere cerrarla de forma voluntaria y cuanto antes.

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Entre las medidas sugeridas figura la desactivación de funciones que fomentan el uso compulsivo, como las «secuencias» o los «recibos de lectura» presentes en redes como TikTok y Snapchat. También propone limitar el diseño adictivo, el ciberacoso y la exposición al contenido peligroso, retirando los incentivos que atrapan la atención juvenil y reduciendo el impacto del «contacto con extraños» que puedan aprovechar la vulnerabilidad de los usuarios más pequeños.

Para minimizar riesgos, Bruselas pide que el perfil infantil sea invisible a desconocidos y que las plataformas impidan descargar o fotografiar las publicaciones de esos menores, barrera destinada a proteger su imagen y frenar el acoso. Además, reclama que los algoritmos den prioridad absoluta al «feedback» aportado por los propios chicos. Es decir, que ningún contenido que ellos reporten debería volver a recomendarse.

Aunque las directrices no son obligatorias, la Comisión recalca que la Ley de Servicios Digitales sí lo es y que exige «medidas adecuadas y proporcionadas». Además, Virkkunen subrayó que las recomendaciones son «prácticas y no exhaustivas» y que marcan «claramente nuestras expectativas de cumplimiento», de modo que servirán como estándar cuando las autoridades comprueben la actuación de plataformas grandes y pequeñas.

Proyecto piloto de verificación de edad

Finalmente, el Ejecutivo comunitario lanzó un proyecto piloto de verificación de edad en el que colaboran España, Dinamarca, Grecia, Francia e Italia. La herramienta permitirá demostrar que un usuario supera los 18 años para acceder a contenidos restringidos sin ceder más datos personales. «Nadie podrá rastrear, ver o reconstruir su historial», garantizó Bruselas. Esta experiencia allana el camino hacia el futuro monedero digital europeo previsto para finales de 2026.

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Qué es el confucianismo y por qué sigue moldeando la cultura asiática

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En este artículo te explicamos qué es el confucianismo, en qué se basa su filosofía y por qué sigue siendo clave para entender muchas de las costumbres sociales en Asia hoy en día.

En el siglo VI a. C., China atravesaba una etapa inestable: las guerras entre estados habían roto el equilibrio, los vínculos familiares se erosionaban y el poder central perdía su autoridad.

En ese contexto, un hombre llamado Kong Fuzi (nombre que pasó al latín como Confucio) se dedicó a pensar cómo debía organizarse la sociedad. Su respuesta no fue levantar templos ni prometer salvación en otro mundo. Lo que propuso fue un código de conducta anclado en la virtud, el respeto mutuo y la responsabilidad individual.

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Más de dos milenios después, esa forma de entender la vida sigue viva en buena parte de Asia. No es un legado que impusiera un dogma, sino una forma de convivir que se fue tejiendo en lo cotidiano: en la familia, en las aulas, en la política. China, Japón, Corea o Vietnam han hecho suyos esos principios, adaptándolos con el tiempo.

¿Qué es el confucianismo?

Más que una religión, el confucianismo es una filosofía moral y política. Un sistema de pensamiento que busca alcanzar la armonía social a través del perfeccionamiento personal. No promete recompensas en el más allá ni se centra en lo divino. Parte de una idea sencilla: el ser humano, si se educa correctamente, tiende al bien. Pero necesita guía, estructura, ejemplo.

Confucio formuló cinco virtudes clave: humanidad (ren), rectitud (yi), ritual y cortesía (li), sabiduría (zhi) y fidelidad (xin). Todo gira en torno a ellas. Desde el hijo que respeta a su padre hasta el emperador que gobierna con justicia. Si cada uno cumple su rol con dignidad, la sociedad fluye sin necesidad de coerción ni castigos. Esa es la gran apuesta del confucianismo, que el orden nace de la virtud, no del miedo.

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Uno de sus pilares fundamentales es la piedad filial, una devoción profunda hacia los padres y antepasados. Define la estructura familiar y moldea el comportamiento desde la infancia. El respeto se aprende en casa, se transmite y se proyecta hacia los demás. Esta visión jerárquica, pero armónica, configura desde la base cómo debe construirse una comunidad.

El impacto del confucianismo en la cultura asiática

La influencia del confucianismo en Asia es tan profunda que, muchas veces, ni siquiera se percibe como algo externo. Está integrado en la forma de entender el mundo. Durante siglos, fue la base del sistema educativo y burocrático en China. Ser funcionario no era solo cuestión de contactos o dinero: había que superar durísimas pruebas centradas en los textos clásicos confucianos. El conocimiento era poder, pero también deber.

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En Corea, sus valores moldearon las relaciones sociales, marcando la etiqueta, el trato a los mayores y la importancia de la jerarquía. En Japón, aunque convivió con el sintoísmo y el budismo, dejó su impronta en la organización del gobierno y en la ética del samurái. Incluso en Vietnam, bajo dominación china durante siglos, se adoptaron y reinterpretaron sus principios.

No obstante, también ha sido objeto de crítica. Su insistencia en el orden y la obediencia reforzó durante siglos estructuras patriarcales y limitó el ascenso social de algunos grupos. En el siglo XX, fue rechazado por movimientos revolucionarios que lo veían como un obstáculo para el cambio. A pesar de eso, sus raíces nunca desaparecieron del todo.

Hoy, muchos lo reivindican como un puente entre tradición y modernidad. Porque más allá de la jerarquía o los rituales, el confucianismo plantea la idea de que el buen gobierno empieza por uno mismo.


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¿Qué fue el Putsch de Múnich?

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En este artículo te contamos qué fue el Putsch de Múnich, cuáles eran sus objetivos y por qué una cervecería se convirtió en el escenario de un intento de golpe de Estado.

En 1923, Alemania estaba en una situación preocupante. Mientras Europa intentaba recomponerse de la Primera Guerra Mundial, los alemanes se ahogaban en una crisis económica sin precedentes.

La inflación era tan grande que el dinero valía muy poco. En cuestión de horas, los precios podían duplicarse. En Múnich, había veteranos de guerra sin oficio y hombres uniformados por todas partes. Un escenario desfavorable que se respiraba en el ambiente.

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Aquel año, además, las tropas francesas ocuparon la región del Ruhr como castigo por los impagos del Tratado de Versalles. El nacionalismo, que ya venía creciendo como respuesta al desastre, aumentó con fuerza entre la población. Ahí el partido NSDAP encontró su primer escenario de impacto y no fue precisamente un parlamento, sino en una cervecería.

¿Qué fue el Putsch de Múnich?

El 8 de noviembre de 1923, Adolf Hitler, acompañado de una comitiva armada del Partido Nazi y varios cabecillas como Göring o Hess, irrumpió en la cervecería Bürgerbräukeller, en Múnich. Allí se celebraba un acto político liderado por Gustav von Kahr, uno de los hombres fuertes del Gobierno bávaro. Hitler disparó al techo, subió a una silla y proclamó el inicio de la «revolución nacional». Exigió que se formase un nuevo gobierno y declaró el fin de la República de Weimar.

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Lo que siguió fue una cadena de improvisaciones. Hitler y los suyos tomaron como rehenes a varios altos cargos regionales, mientras otros grupos intentaban tomar edificios estratégicos de la ciudad. No lo consiguieron. Las autoridades todavía controlaban las líneas de comunicación, y pronto dieron la orden de empezar el golpe.

A la mañana siguiente, los nazis intentaron marchar hacia el centro de la ciudad. Querían repetir la hazaña de Mussolini en Roma. Pero al llegar a Odeonsplatz, la policía bávara les salió al paso.

En el enfrentamiento murieron 14 nazis y cuatro agentes. Hitler huyó, fue arrestado días después y condenado a cinco años de prisión. Cumplió apenas nueve meses. El golpe fracasó, pero su eco duraría mucho más.

Los objetivos del Putsch de Múnich

Hitler no improvisó aquel alzamiento. Lo tenía claro: Baviera sería su base de poder. Desde ahí pensaba lanzar un movimiento nacional que derribara al Gobierno central y le permitiera tomar Berlín. Su modelo era Benito Mussolini, que un año antes había llegado al poder en Italia tras una marcha similar.

Los nazis querían instaurar una dictadura con él al frente. Planeaban eliminar a los enemigos internos (comunistas, socialdemócratas y, por supuesto, los «criminales de noviembre» que firmaron el armisticio). También aspiraban a rehacer Alemania bajo los ideales nacionalsocialistas: una nación fuerte, unificada y libre del Tratado de Versalles.

¿Por qué el Putsch de Múnich se dio en una cervecería?

Resulta curioso que un intento de derrocar un Estado comenzara en una taberna. Pero en la Alemania de entreguerras, las cervecerías eran mucho más que bares. Eran puntos de encuentro, centros de debate político, foros improvisados donde se fraguaban alianzas y conspiraciones. En Múnich, además, estaban llenas de exmilitares, agitadores y nostálgicos del viejo imperio.

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La Bürgerbräukeller no era una cualquiera. Allí se reunía la élite política de Baviera. Escogerla fue un golpe de efecto. Hitler sabía que si lograba dominar el acto que se celebraba esa noche, tendría a todos los actores clave del poder regional de su lado.

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Duro golpe a la ‘Ndrangheta: decenas de detenidos por tráfico de drogas y violencia

Carabinieri, Guardia Civil y Europol arrestan a 28 mafiosos de la ‘Ndrangheta y socios albaneses que movieron 1.019 kg de cocaína y 1.497 kg de hachís entre Roma y puertos españoles y holandeses.

Veintiocho individuos de nacionalidad italiana y albanesa y presuntos integrantes de las mafias italiana y albanesa fueron arrestados el 8 de julio de 2025 en Italia, España y Albania. La operación, dirigida por los Carabinieri con el apoyo de Europol y la Guardia Civil española, se centró en las asociaciones de la ‘Ndrangheta y culminó con la detención de un supuesto cabecilla calabrés que habría montado la red de cocaína en el barrio romano de San Basilio.

Ese hombre, junto con sus tres hijos, colaboraba estrechamente con un grupo criminal albanés encargado de la logística. «Las conexiones internacionales de las organizaciones criminales albanesas son evidentes y se manifiestan en diversos niveles. Esta última operación ha puesto de relieve una vez más las estrechas relaciones que mantienen con las mafias italianas, concretamente con la ‘Ndrangheta calabresa, cuya presencia se ha extendido a ciudades como Roma», subrayan José Luis Gil y Nerea Sanmartín, analistas criminales especializados en delincuencia organizada y profesores del Curso de Experto en Delincuencia Organizada de los Balcanes Occidentales de LISA Institute.

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Los investigadores atribuyen a los albaneses la extracción de cargamentos en puertos españoles y holandeses y su transporte posterior a Italia, además de la distribución de drogas en otros barrios de la capital. «Dicha asociación entre albaneses y calabreses, además de actuar como facilitadores y brokers en el tráfico de cocaína desde Latinoamérica (utilizando puertos como los de España y Holanda), han empezado a introducirse en el tráfico de hachís desde el norte de África hacia puertos europeos, lo que confirma la existencia de vínculos criminales con narcotraficantes magrebíes», añaden los mismos analistas.

Las pesquisas apuntan a que la cocaína, comprada en América del Sur y enviada en contenedores a varios puertos europeos, viajaba desde Gioia Tauro en Calabria hasta Roma gracias a intermediarios calabreses. Se calcula que la organización movió al menos 1.019 kg de cocaína y 1.497 kg de hachís en ochenta operaciones, según confirma Europol en su nota de prensa.

Tortura para infundir miedo

La violencia era parte del negocio. La fiscalía sospecha que cuatro italianos secuestraron y torturaron a un traficante, grabaron la agresión con un móvil y difundieron el vídeo para intimidar a sus propios colaboradores. «Una de las características más destacadas de estas organizaciones criminales es el empleo habitual de la violencia indiscriminada, incluyendo las torturas, como modus operandi, para llevar a cabo sus actividades ilícitas», advierten Gil y Sanmartín. Además, el grupo utilizaba mensajería cifrada en dispositivos suministrados por un proveedor albanés, también detenido, con el fin de eludir a las autoridades y coordinar envíos y pagos.

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Un experto de Europol se desplazó el día de la operación a Italia con una oficina móvil para cotejar datos en tiempo real. Previamente, la agencia había facilitado el intercambio de información entre la Dirección Distrital Antimafia de Roma, el R.O.S. Carabinieri, la Guardia Civil-CRAIN y la Policía Estatal de Albania, lo que permitió cinco detenciones previas en España. «La cooperación entre estas organizaciones criminales y su expansión hacia nuevos mercados y rutas de tráfico de drogas suponen un desafío para las autoridades y, por ello, requieren de una respuesta coordinada y efectiva para combatir estas amenazas», concluyen los especialistas.