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Sri Lanka: ¿un posible «tsunami» de inestabilidad en Asia?

Sri Lanka no es la única nación asiática que experimenta la inflación, la pobreza y la indignación de la ciudadanía en la región: países como Myanmar, Filipinas o Pakistán, también están sumidos en una situación convulsa. ¿Podrían derivar las crisis en estos países en la misma situación que Sri Lanka?

El pasado domingo una multitud de manifestantes asaltaron el palacio presidencial situado en Colombo (capital de Sri Lanka), en protesta por la crisis económica y política que se extiende en el país, atribuida a la gestión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa huyó escoltado del edificio el día de la intrusión y anunció su dimisión, al igual que el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien actualmente ha sido nombrado presidente interino.

Actualmente, la población de la isla se ha congregado en Colombo, para exigir a Rajapaksa que asuma su responsabilidad por la escasez de medicinas, alimentos y combustible. Antes de sumergirse en la crisis, Sri Lanka era un país emergente, nutrido principalmente del turismo. Sin embargo, su economía se fue debilitando tras varios acontecimientos como el del tsunami de 2004, que dejó graves consecuencias, los atentados de 2019 contra cinco hoteles de lujo y tres templos cristianos, y por último la pandemia, que ha acabado con el turismo.

El último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés) de 2022 destacaba que alrededor de 3 de cada 10 hogares (6,26 millones de personas) padecen inseguridad alimentaria.

La inflación de los alimentos es muy alta, con un 57,4% en junio de 2022 y el aumento de los precios de los alimentos ha disminuido la capacidad de la población para comprar alimentos suficientes. La inflación general en junio es del 54,6%, la más alta desde 1954 y los sectores de la seguridad alimentaria, la agricultura, los medios de subsistencia y la salud son los más afectados.

En la actualidad, Sri Lanka tiene una deuda externa de más de 51 millones de dólares. Todo ello ha derivado en que millones de personas vivan en situación de extrema pobreza. De hecho, Naciones Unidas destacó en su último informe Necesidades y Prioridades Humanitarias. Crisis de Seguridad en Sri Lanka, que Sri Lanka corre el riesgo de caer en una emergencia humanitaria. Sin embargo, no es el único país de la región que se encuentra en riesgo de padecer una crisis política.

Epidemias y disturbios sociales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) demostró, en el estudio sobre las repercusiones sociales de la pandemia, que existía relación entre las epidemias y los disturbios sociales. Las razones indicadas por la publicación son que las epidemias agravan los fallos de la sociedad, como la Seguridad, la confianza en las instituciones o la corrupción.

La investigación explica que «durante e inmediatamente después de una pandemia, las cicatrices sociales en forma de disturbios pueden no aparecer rápidamente. En algunos casos, los regímenes en funciones también pueden aprovechar una emergencia para consolidar el poder y reprimir la disidencia. La experiencia de COVID-19 es coherente con este patrón histórico, hasta ahora.» La experiencia de COVID-19 es coherente con este patrón histórico, hasta ahora. Las mayores protestas están relacionadas con cuestiones que podrían verse exacerbadas, pero no causadas directamente por la COVID-19.

Sin embargo, también indica que el riesgo de que aparezcan disturbios sociales y manifestaciones en contra del gobierno aumenta a largo plazo, en los dos años siguientes a una epidemia. «Las amenazas pueden ser mayores cuando la crisis agrava los problemas preexistentes, como la falta de confianza en las instituciones, la mala gobernanza, la pobreza o la desigualdad», cita el documento.

En el caso del los países del sudeste asiático, cabe destacar que desde finales de la década de los 2000, los gobiernos populistas y autoritarios llegaron a países como Filipinas o Myanmar. La pandemia aceleró aún más este retroceso. Freedom House (FH), otorgó, en su informe de 2021 sobre la libertad en el mundo, puntuación más baja a Myanmar y Filipinas, en comparación con el informe de 2020.

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Según el estudio, las consecuencias de la pandemia pueden provocar «los mayores cambios políticos en el sudeste asiático desde la década de 1990, pues la gestión de la situación ha perjudicado a la legitimidad de los líderes».

Los casos de Myanmar, Filipinas y Pakistán

La propagación del COVID-19 y las consecuencias económicos de la guerra de Ucrania han desesperado a la población de países como, Myanmar, Filipinas y Pakistán, donde la indignación de la población ya iba en aumento por la desigualdad. En parte, como resultado, las protestas han estallado con más frecuencia. En los últimos meses, se han producido grandes protestas contra el gobierno en Myanmar.

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En Filipinas, a principios de 2022, según los datos proporcionados por Naciones Unidas, un total de 8 millones de personas estaban afectadas en 11 regiones. Debido al aumento de los casos de COVID-19, la pandemia sigue amenazando la salud y la seguridad públicas.

Las mujeres y las niñas siguen sufriendo un impacto desproporcionado de las consecuencias debido al limitado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, al mayor riesgo de violencia de género y a las interrupciones en los servicios de protección. Por otro lado, los niños corren el riesgo de quedarse atrás debido al cierre de las escuelas (6.200 aulas están dañadas en todo el país) y al aumento de la inseguridad alimentaria que provoca malnutrición.

Según el último informe de situación de la OCAH de Myanmar, «la población de Myanmar se enfrenta a una crisis política, socioeconómica, de derechos humanos y humanitaria sin precedentes, con un aumento drástico de las necesidades desde la toma del poder por parte de los militares y una grave COVID-19 tercera ola en 2021».

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Además, la expansión del conflicto armado está provocando un aumento de los desplazamientos. La toma del poder por parte de los militares y el Movimiento de Desobediencia Civil (MCD) han tenido un fuerte impacto en la economía. Actualmente, el acceso de la población a los servicios esenciales está cada vez más restringido.

El estudio prevé que «la agitación económica y política de 2021 ha sumido a casi la mitad de la población en la pobreza de cara a 2022, anulando los impresionantes avances logrados desde 2005». A todo ello hay que añadir la creciente inseguridad alimentaria, como causa de la inflación. Los precios de los productos básicos para el hogar en algunos estados y regiones han aumentado considerablemente, haciendo que algunos alimentos sean cada vez más inasequibles.

Se estima que 14 de los 15 estados y regiones de Myanmar se encuentran ahora dentro del umbral crítico de desnutrición aguda. La actual crisis política, socioeconómica y de protección en el país está agravando las necesidades humanitarias. Por lo tanto, se espera que la situación política y de Seguridad continúe inestable. También se prevé un aumento y una prolongación de los desplazamientos.

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Finalmente, la agencia Bloomberg predice en su estudio Historic Cascade of Defaults Is Coming for Emerging Markets, sobre los posibles casos de impagos que Pakistán es uno de los países en mayor riesgo de suspensión de pagos.

El informe destaca que Pakistán ha reanudado recientemente las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la esperanza de recibir un préstamo de 6.000 millones de dólares, que quedó suspendido tras el derrocamiento del gobierno del primer ministro Imran Khan en abril. En la actualidad debe pagar una deuda de 41.000 millones de en un plazo de 12 meses.

Al igual que ha sucedido en Sri Lanka, los la ciudadanía ha salido a protestar por los cortes de electricidad que las autoridades han impuesto para ahorrar combustible y que han llegado a alcanzar incluso las 14 horas. Según el informe de Bloomberg, «aunque el ministro de Finanzas dijo que el país ha evitado el impago, su deuda se negocia en niveles de dificultad».

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Claves sobre el Estado Derecho en la Unión Europea en 2022

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La Comisión Europea ha publicado hoy el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. En él se incluyen por primera vez recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro y observaciones sobre el uso de programas espía, como Pegasus, en la UE.

La Comisión ha publicado hoy 13 de julio el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea en 2022. Este informe se publica en el contexto de la guerra de Ucrania mostrando, según la Comisión, aún más «la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho» en la Unión.

Además, en él se incluyen por primera vez desde su publicación recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro y observaciones sobre la necesidad de introducir «controles y equilibrios nacionales» para evitar vulneración de derechos por el uso de programas espías como Pegasus.

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El informe incluye una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y está compuesto por 27 capítulos, uno por cada Estado miembro desde julio de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto alentar a los Estados miembros a llevar adelante las reformas en curso o previstas y ayudarles a identificar dónde se necesitan mejoras.

Al igual que en ediciones anteriores, este informe examina los avances en cuatro áreas clave para el estado de derecho: los sistemas de justicia, el marco anticorrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones institucionales relacionadas con los pesos y contrapesos.

El informe muestra que las reformas del estado de derecho han seguido llevándose a cabo en muchos Estados miembros para abordar los desafíos identificados en las dos ediciones anteriores. Al mismo tiempo, sigue habiendo preocupaciones sistémicas en algunos Estados miembros.

Principales conclusiones y recomendaciones

Reformas de la justicia

Las reformas de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año. Muchos Estados miembros han emprendido importantes reformas para fortalecer la independencia judicial, como reformas relacionadas con la composición y los poderes de los consejos para el poder judicial, la mejora de los procedimientos de nombramiento judicial o el fortalecimiento de la autonomía de los servicios de fiscalía. Los Estados miembros también introdujeron medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, como una mayor digitalización de los sistemas de justicia y la facilitación del acceso a la justicia.

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Al mismo tiempo, persisten las preocupaciones estructurales en algunos Estados miembros en lo que respecta a la independencia judicial. En algunos Estados miembros hay desafíos con respecto a los nombramientos en tribunales superiores y para los puestos de presidente de los tribunales. En otros, existen preocupaciones con respecto a la independencia/autonomía de las fiscalías y los procedimientos disciplinarios se utilizan para restringir la independencia judicial.

Para abordar estas cuestiones, las recomendaciones de la Comisión fomentan, por ejemplo, una mayor participación del poder judicial en los procedimientos de nombramiento, una mayor autonomía de los fiscales y que los Estados miembros proporcionen recursos adecuados para los sistemas de justicia.

Marcos anticorrupción

La UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Desde julio de 2021, muchos Estados miembros han adoptado nuevas o revisado las estrategias anticorrupción existentes, o están revisandolas. Varios Estados miembros han alineado los marcos existentes con las normas internacionales de lucha contra la corrupción y la legislación de la UE.

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La mayoría de los Estados miembros cuentan con una amplia legislación que proporciona al sistema de justicia penal las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción. Muchos Estados miembros han tomado medidas para aumentar la capacidad de las autoridades fiscales responsables de la lucha contra la corrupción a través de medidas como recursos adicionales o formación adicional.

Sin embargo, la corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos de la UE. El Eurobarómetro de 2022 sobre la corrupción muestra, por ejemplo, que el 68 % de ellos cree que la corrupción está muy extendida en su país. En algunos Estados miembros, las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de corrupción son largos y todavía faltan sentencias, especialmente en casos de alto nivel.

Los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de activos e intereses en todos los Estados miembros, pero estas varían en alcance, transparencia y accesibilidad de la información divulgada, así como en el nivel y la eficacia de la verificación y el cumplimiento.

En lo que respecta a los marcos de lucha contra la corrupción, la Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de los marcos preventivos, por ejemplo, sobre las normas de cabildeo y conflictos de intereses, y sobre garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción.

Libertad de los medios de comunicación y pluralismo

Tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los hechos e informar a los ciudadanos. Varios Estados miembros han adoptado, intensificado o están considerando medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas, basándose en las recientes iniciativas de la Comisión.

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Desde el último informe, varios Estados miembros se han esforzado por mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sigue habiendo preocupaciones con respecto a la falta de transparencia en la distribución de la publicidad estatal, el conflicto de intereses y los obstáculos relacionados con el acceso a los documentos públicos; estas son algunas de las cuestiones importantes destacadas en el informe que requieren atención.

Por primera vez, el informe también examina los medios de comunicación de servicio público, reconociendo su papel especial para la sociedad y la democracia. Se necesitan salvaguardias para garantizar que se proteja la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea adecuada y no se utilice para ejercer presión política sobre esos medios, como se describe en las normas europeas.

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Las tendencias terroristas en la UE, según Europol

El Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo de la Unión Europea 2022 (TE-SAT) proporciona el panorama de Inteligencia más completo y actualizado sobre el terrorismo en la Unión Europea.

La publicación se basa en los datos cuantitativos facilitados a Europol por los diferentes Estados miembros de la UE sobre atentados terroristas, detenciones y resoluciones judiciales dictadas por delitos de terrorismo. También incluye información y análisis cualitativos proporcionados por los Estados con el propósito de enriquecer las conclusiones del informe.

Según la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, las conclusiones del informe confirman que el terrorismo sigue siendo un peligro «real y presente» para la Unión Europea. «Aunque nuestro trabajo conjunto para desbaratar y prevenir atentados parece estar teniendo un efecto positivo, los actores solitarios asociados al extremismo violento yihadista y de derechas siguen siendo una preocupación para los Estados miembros de la UE y para Europol», dijo.

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«En una época de cambios geopolíticos, la UE necesita continuar más que nunca con sus medidas antiterroristas. Europol seguirá colaborando estrechamente con sus socios para hacer frente a los retos que se avecina», aseguró.

¿Cuáles son los principales resultados del informe?

En primer lugar, el estudio indica que en 2021 se registraron en la Unión Europea un total de 15 atentados terroristas, teniendo en cuenta los que fueron consumados, frustrados y fallidos. De esta cifra, cuatro fueron consumados, de los cuales tres de ellos se califican como «yihadistas» y el restante como de «izquierdas».

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Fuente: Europol

Por otro lado, el informe aclara que las autoridades policiales de la UE detuvieron a 388 sospechosos por delitos relacionados con el terrorismo en 2021. De ellos, más de dos tercios (260 sospechosos) se relacionan con los delitos de terrorismo yihadista en Austria, Francia y España. Además, en 2021, las autoridades judiciales condenaron a 423 individuos por delitos de terrorismo.

Según el informe de Europol, los actores terroristas «solitarios» siguen siendo los principales autores de ataques terroristas y extremistas violentos en Europa. Sin embargo, los «complots» de ataque que involucraron a varios actores también se vieron interrumpidos en 2021. Las personas que llevan a cabo ataques por sí solas se han asociado principalmente con el terrorismo yihadista y el terrorismo de derecha y el extremismo violento.

Con relación al armamento utilizado en los atentados consumados, Europol constata que en 2021 se utilizó armamento relativamente fácil de conseguir y que no requiere grandes conocimientos para su montaje o utilización. En el caso concreto de los atentados perpetrados en la Unión Europea en 2021, los individuos portaban armas blancas, vehículos (en los atentados por embestida) y dispositivos incendiarios improvisados.

Además, este 2021 la propaganda terrorista difundida en línea en la UE ha seguido reflejando temas relacionados con la COVID-19. El aumento del tiempo que se pasa en línea debido a las restricciones de COVID-19, entre otras razones, constituye un factor de riesgo en el posible camino de las personas vulnerables hacia el extremismo.

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El extremismo violento anti-COVID-19 y antigubernamental, que no está afiliado a las actividades extremistas y terroristas violentas tradicionales, surgieron en algunos Estados miembros y países no pertenecientes a la UE. Tales formas de extremismo violento se materializaron en amenazas abiertas, mensajes de odio difundidos en línea y, en algunos casos, el uso de la violencia.

Los acontecimientos geopolíticos en regiones clave fuera de la UE influyen en las narrativas terroristas y en la propaganda difundida en los Estados miembros. La actual amenaza terrorista para los Estados miembros no parece haberse visto directamente afectada por la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán.

Sin embargo, aumentó la atención mundial a las insurgencias por motivos religiosos y, por lo tanto, proporcionó a los yihadistas afiliados tanto a Al Qaeda como al autoproclamado grupo terrorista ISIS oportunidades para promover sus propias narrativas.

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El TE-SAT desarrolla en profundidad los siguientes tipos de terrorismo: terrorismo yihadista, terrorismo de derecha, terrorismo de izquierda y anarquista, terrorismo etnonacionalista y separatista y otros tipos de terrorismo.

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La crisis alimentaria está afectando de manera «desproporcionada» a los países en conflicto

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El Comité Internacional De la Cruz Roja (CICR) alerta que cientos de millones de personas corren riesgo de sufrir hambre a niveles críticos en los próximos meses. La «vertiginosa» subida de los precios internacionales tiene un impacto desproporcionado en los más vulnerables, en particular, a las personas que viven en zonas afectadas por conflictos armados.

Según CICR, el conflicto en Ucrania ha contribuido a un aumento pronunciado en los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos, situación que «exprime el bolsillo de los hogares» y «obliga a muchas familias a tomar decisiones imposibles todos los días». Pese a los reiterados llamamientos por parte de los actores humanitarios, aún no se cuenta con una solución a gran escala a fin de aliviar la presión que genera el conflicto en Ucrania para las poblaciones con una alta dependencia de cereales exportados de ese país y de Rusia.

«Estamos frente a una situación urgente y de rápido deterioro en el plano de la seguridad alimentaria mundial, sobre en todo en algunas zonas de África y Oriente Medio. Los conflictos armados, la inestabilidad política, los choques climáticos y los impactos secundarios de la pandemia de COVID-19 han debilitado las capacidades de sobrellevar perturbaciones y recuperarse de ellas. Los efectos colaterales del conflicto armado en Ucrania han empeorado una situación de por sí crítica», señaló Robert Mardini, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Estas consecuencias se padecen con más intensidad en lugares que ya atraviesan crisis humanitarias y están devastados tras décadas de guerra o inestabilidad, entre ellos, países en los cuales el CICR mantiene algunas de sus operaciones de mayor escala, como Siria, Yemen, Malí, Etiopía, Somalia y Afganistán.

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Desde CICR alertan que los precios de los cereales en África se han disparado tras la estrepitosa caída de las exportaciones desde Ucrania, circunstancia que profundiza los efectos de los conflictos armados y del cambio climático. En conjunto, Rusia y Ucrania representan el 25% de la producción mundial de trigo y cereales; en África, un 85% de la provisión de trigo es importada. Somalia, por ejemplo, obtiene más del 90% de su trigo de Rusia y Ucrania.

La vertiginosa subida de los precios internacionales tiene un impacto desproporcionado en los más vulnerables, en particular, agricultores de subsistencia y personas que viven en zonas afectadas por conflictos armados, donde la protección social es débil. Estas mismas comunidades han tenido que afrontar la muerte de millones de cabezas de ganado este año como consecuencia de la sequía. En Yemen, tras años de guerra civil, más del 50% de la población –16 millones de personas, como mínimo– se halla en una situación de inseguridad alimentaria aguda.

Si bien la inseguridad alimentaria representa una gran complejidad, es posible adoptar medidas significativas para hacerle frente. El CICR hace un llamado a la acción en torno de tres ejes:

  • Primero, en conflictos armados, las partes tienen la responsabilidad principal de garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil bajo su control. Deben proteger los cultivos, el ganado, las estructuras hídricas y las instalaciones de salud indispensables para la supervivencia de la población. Ello implica, entre otras cosas, facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria.
  • Segundo, el financiamiento para atender la crisis alimentaria debe ampliarse de inmediato para poder salvar vidas. No obstante, la acción más a largo plazo destinada a gestionar riesgos y fortalecer la resiliencia también es esencial a fin de prepararse para la próxima crisis. Debemos procurar que la asistencia llegue a las personas afectadas por conflictos armados y que apoye prácticas agrícolas y pastoriles que contemplen factores climáticos.
  • Tercero, satisfacer la amplia gama de necesidades en el corto, mediano y largo plazo requiere movilizar las capacidades de todos los actores, incluidas organizaciones humanitarias y de desarrollo, instituciones financieras y autoridades locales y regionales.

Otros datos que preocupan sobre la crisis alimentaria que preocupan al CICR:

  • Se calcula que unos 346 millones de personas en África están en una situación de inseguridad alimentaria grave, según la FAO. Es una cifra abrumadora, que revela que la cuarta parte de la población del continente no tiene lo suficiente para comer.
  • Unos 10 millones de personas en Sudán y 7 millones de personas en Sudán del Sur están en una situación de elevada inseguridad alimentaria.
  • Incluso antes de que escalara el conflicto armado en Ucrania, el 90 % de la población siria ya vivía en la pobreza, dos tercios dependían de la asistencia humanitaria y el 55 % sufría de inseguridad alimentaria.
  • En el Sahel, se vive una de las peores sequías que se ha registrado en décadas. En Níger y Mauritania, se ha producido 40 % menos de alimentos que el promedio de los últimos cinco años.
  • En Afganistán, el precio de la harina de trigo subió 47 % en un año, mientras que el aceite de cocina aumentó el 37 %. El fertilizante DAP aumentó 91 % y el diésel, 93 %. Afganistán obtiene el grueso de sus importaciones de trigo de su vecino Kazajistán, que ha impuesto restricciones a las exportaciones a raíz del conflicto en Ucrania.
  • El Programa Mundial de Alimentos calcula que habrá 47 millones de personas más con inseguridad alimentaria en 2022, con lo cual la cifra mundial se elevaría a 811 millones de personas.

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Se aprueba el Informe anual de Estrategia Nacional de Ciberseguridad en España

Esta semana se ha reunido el Consejo Nacional de Ciberseguridad de España. En el encuentro se ha aprobado el Informe anual de evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Este 11 de julio de 2022, el Consejo Nacional de Ciberseguridad ha reunido a los vocales de dicho órgano colegiado, la mayoría en formato presencial en la sede del Departamento de Seguridad (DSN), y el resto a través de videoconferencia segura.

Este Consejo está presidido por Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, mientras que la vicepresidencia recae en el director del DSN de la Presidencia del Gobierno, Miguel Ángel Ballesteros Martín.

En esta reunión, el Consejo ha aprobado el Informe anual de evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que ha sido elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional en su condición de Secretaría Técnica y Órgano de Trabajo Permanente del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo Nacional de Ciberseguridad, con la participación de los órganos y organismos competentes en la materia.  

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En este informe se recogen las actuaciones llevadas a término en el periodo de enero de 2021 a junio de 2022, así como una evaluación del grado de ejecución y cumplimiento de las medidas para alcanzar los objetivos de dicha Estrategia.

Además, se han abordado otros asuntos, como las actuaciones del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad, constituido en el seno del Comité de Situación tras la invasión rusa de Ucrania, así como el estado actual de la Directiva NIS 2, que está pendiente de los últimos trámites antes de su aprobación —previsiblemente en los últimos meses de 2022— y su posterior transposición al ordenamiento jurídico nacional. 

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Asimismo, se han presentado las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la resiliencia en Ciberseguridad a nivel nacional, como la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes y el Centro de Operaciones de Seguridad de la AGE.

Por otro lado, se ha analizado el estado actual de los Trabajos del Foro Nacional de Ciberseguridad y su futura publicación, así como la situación de los trabajos del grupo liderado por España de cooperación público-privada, que se enmarca en la iniciativa contra el ransonware de Estados Unidos.

También se abordó el ejercicio CyberEurope que —organizado por la Agencia Europea para la Ciberseguridad (ENISA)— se realizó los días 8 y 9 de junio, contó con una amplia participación española y estuvo vinculado —como escenario principal— al sector sanitario.

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Por último, el Consejo acordó la constitución de un Grupo de Trabajo para abordar los asuntos ciber durante la próxima Presidencia española del Consejo de la UE, que se desarrollará en el segundo semestre del 2023.

El Consejo Nacional de Ciberseguridad es un órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, en el marco de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este Consejo se creó por Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional del 5 de diciembre de 2013, y su principal objetivo es reforzar las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de Ciberseguridad, así como entre los sectores públicos y privados, y facilitará la toma de decisiones del propio Consejo mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Entre sus principales cometidos, el Consejo Nacional de Ciberseguridad apoya la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Nacional en su ámbito competencial mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, además de contribuir a la elaboración de propuestas normativas en el ámbito de la ciberseguridad para su consideración por el Consejo de Seguridad Nacional.

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Por otro lado, realiza la valoración de los riesgos y amenazas, analiza los posibles escenarios de crisis y su evolución, elabora y mantiene actualizados los planes de respuesta y formula directrices para la realización de ejercicios de gestión de crisis en el ámbito de la ciberseguridad, todo ello en coordinación con los órganos y autoridades directamente competentes.

Asimismo, contribuye a la disponibilidad de los recursos existentes y realizar los estudios y análisis sobre los medios y capacidades de las distintas Administraciones Públicas y Agencias implicadas con la finalidad de catalogar las medidas de respuesta eficaz en consonancia con los medios disponibles y las misiones a realizar, todo ello en coordinación con los órganos y autoridades directamente competentes y de acuerdo con las competencias de las diferentes Administraciones Públicas implicadas en el ámbito de la ciberseguridad.

Las amenazas en el ciberespacio en la ESN21

Por último, el Consejo Nacional de Ciberseguridad se encarga de verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional e informar al Consejo de Seguridad Nacional, al tiempo que presta apoyo al Consejo de Seguridad Nacional en su función de verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional en lo relacionado con la ciberseguridad.

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de España.

A este respecto, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2021 destaca—dentro del mapa de los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional— la vulnerabilidad del ciberespacio, «donde se distinguen dos tipologías generales de amenazas en el ciberespacio.

Por un lado, los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y elementos tecnológicos. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación del terrorismo o el fomento de la radicalización».

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Para evitar las consecuencias de estas amenazas, la ESN 21 —en su capítulo 4 Un Planeamiento Estratégico Integrado — refiere que es necesario «garantizar el uso seguro y fiable del  ciberespacio, para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el progreso socio económico. Para ello es importante incrementar las capacidades (tecnológicas, humanas y económicas) de la ciberseguridad nacional dirigidas a la prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa».

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Estados Unidos anuncia una nueva Estrategia en el Pacífico para contrarrestar a China

Estados Unidos ha anunciado una nueva estrategia para priorizar las relaciones exteriores con los países del Pacífico con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en la región.

«En un momento en el que vemos a malos actores que buscan socavar el orden basado en reglas, debemos mantenernos unidos», ha asegurado al vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en el Foro de las Islas del Pacífico.

Aunque no se ha referido en ningún momento directamente a China, esta edición de la reunión de líderes del Foro de las Islas del Pacífico (PIF), que concluye este jueves, recupera un interés geopolítico debido a la firma del pasado de abril del pacto de seguridad entre China y las Islas Salomón (y los intentos del gigante asiático de llegar a un acuerdo similar conjunto con otras diez naciones de la zona).

Además, se recuerda cómo en el Concepto Estratégico de Madrid y durante la Cumbre de la OTAN celebrada a finales del junio pasado se señaló al Indo-pacífico como una región de interés estratégico para la OTAN y se invitó por primera vez a la Cumbre a Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur como socios prioritarios de la Alianza.

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Stoltenberg también anunció durante la Cumbre que la OTAN intensificará la cooperación con los socios del Indo-pacífico en materias relacionadas con la Ciberdefensa, las nuevas tecnologías, la seguridad marítima, el cambio climático y la lucha contra la desinformación. “Los desafíos globales exigen soluciones globales”, destacó. 

También el Indo-pacífico se ha señalado como área geográfica prioritaria para la Unión Europea según anunció la República Checa al asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

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En un comunicado, la Casa Blanca ha detallado cómo la Administración Biden fortalecerá su cooperación con las islas del Pacífico. «Reconocemos que, en los últimos años, es posible que las islas del Pacífico no hayan recibido la atención y el apoyo diplomáticos que usted merece. Así que hoy estoy aquí para decirte directamente: vamos a cambiar eso», aseguró Harris antes de profundizar en el nuevo compromiso de Estados Unidos con la región.

Para empezar, los Estados Unidos pondrá en marcha el proceso para establecer dos nuevas embajadas en la región: una en Tonga y otra en Kiribati. También han anunciado que nombrarán al primer Enviado de los Estados Unidos al Foro de las Islas del Pacífico y que devolverán a los voluntarios del Cuerpo de Paz a la región. También desde USAID está tomando medidas para ampliar su huella para incluir el restablecimiento de una misión regional en Suva, Fiyi.

La vicepresidenta estadounidense también anunció que se triplicará la financiación de los Estados Unidos para el desarrollo económico y la resiliencia oceánica de las islas del Pacífico.

«Solicitaremos al Congreso de los Estados Unidos un aumento de 21 millones de dólares al año a 60 millones de dólares al año durante los próximos 10 años. Sesenta millones de dólares al año durante los próximos 10 años», dijo.

El objetivo de estos fondos serían la resiliencia climática; invertir en planificación y conservación marina; y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y mejorar la seguridad marítima.

Con respecto a la crisis climática, por ejemplo, Harris destacó que está en la «primera línea» de una «crisis existencial» para todo el planeta debido a cómo las emisiones del mundo tienen un impacto enorme en la región.

«La evidencia, por supuesto, es que el nivel del mar está subiendo. Los arrecifes de coral que protegen sus islas y fomentan la pesca se están blanqueando. Y el calentamiento del océano se está acelerando. Es por eso que, a medida que trabajamos con el mundo para reducir las emisiones, continuaremos asociándonos con usted para crear resiliencia, apoyar la adaptación, movilizar financiación para el clima y garantizar la sostenibilidad de la pesca y los recursos marinos», declaró.

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Una de las grandes «polémicas» del Foro de las Islas del Pacífico ha sido la decisión de Kiribati de retirarse del encuentro. Algunos expertos se preguntan el papel que juega China en esta decisión.

Según la periodista Hilary Whiteman asegura en CNN, para China y Estados Unidos toda la región del Pacífico ofrece «seguridad y oportunidades». Pero la ubicación de Kiribati ofrece algo especial: un potencial puerto militar, como lo ha hecho en el pasado.

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¿Qué piensan los europeos sobre la desinformación en la UE?

Según un reciente Eurobarómetro más de una cuarta parte de los encuestados consideran que han estado expuestos a desinformación o bulos «a menudo» o «muy a menudo». Este Eurobarómetro analiza en profundidad los hábitos relacionados con los medios de comunicación, la confianza en los diferentes formatos informativos y las actitudes ante el riesgo de desinformación.

Según un Eurobarómetro publicado este 12 de julio, más de una cuarta parte de los encuestados (28%) consideran que han estado expuestos a desinformación o bulos «a menudo» o «muy a menudo» a lo largo de los últimos siete días.

La mayoría de los encuestados se sienten seguros de poder reconocer la desinformación: el 12% se siente «muy seguro» y el 52% «algo seguro». En todos los Estados miembros, al menos una ligera mayoría de los encuestados se siente seguro de poder reconocer la desinformación y las noticias falsas. En Finlandia, Malta e Irlanda, aproximadamente ocho de cada diez encuestados expresan su confianza en su capacidad para distinguir entre noticias reales y noticias falsas.

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La confianza a la hora de diferenciar entre noticias reales y noticias falsas disminuye con la edad y aumenta con el nivel educativo. También hay diferencias entre grupos sociodemográficos.

Siete de cada diez hombres encuestados se sienten seguros de poder reconocer la desinformación y las noticias falsas; entre las mujeres encuestadas, menos de seis de cada diez se sienten seguras (un 9% de respuestas «muy seguras» y un 49% «algo seguras»).

Como ya hemos mencionado, la confianza para distinguir entre noticias reales y falsas disminuye con la edad y aumenta con el nivel de estudios. Entre los encuestados que aún están estudiando, el 16% responde sentirse «muy seguro» y el 55% «algo seguro» para reconocer la desinformación y las noticias falsas. Del mismo modo, entre los jóvenes de 15 a 24 años, el 68% se siente seguro de poder reconocer la desinformación, frente al 59% de los mayores de 55 años.

El 10% de los encuestados cree que, en los últimos siete días, ha estado expuesto «muy a menudo» a la desinformación y a las noticias falsas; el 18% responde que esto ha ocurrido «a menudo» en los últimos siete días y el 33% responde que esto ha ocurrido «a veces». En el otro extremo, el 8% responde que no ha estado expuesto a la desinformación en los últimos siete días. El 13% «no sabe» con qué frecuencia estuvo expuesto a la desinformación o a las noticias falsas.

Los encuestados de Bulgaria son, en general, los más propensos a responder que han estado expuestos a la desinformación y a las noticias falsas con frecuencia en los últimos siete días (29% de respuestas «muy a menudo» y 26% «a menudo»), mientras que los encuestados de los Países Bajos son los menos propensos a decirlo (3% de respuestas «muy a menudo» y 9% «a menudo»).

Fuente: Eurobarómetro.

¿Qué medios de comunicación tienen mayores índices de confianza entre los europeos?

Los ciudadanos confían más en los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y prensa), incluidas sus versiones electrónicas, que en las plataformas de noticias en internet y los canales de las redes sociales. Independientemente de si se trata del formato tradicional o la versión electrónica, el 49 % de los encuestados confía en que las televisiones y las radios públicas ofrezcan información veraz. La prensa escrita ocupa el segundo puesto de la clasificación con un 39 %.

Las emisoras de radio y los canales de televisión privados alcanzan un índice de confianza del 27 %. Polonia es el único Estado miembro donde las cadenas de televisión y radio privadas encabezan la clasificación. Hungría es, por su parte, el país de la UE en el que los ciudadanos confían en primer lugar en las personas, los grupos o los amigos que siguen en las redes sociales como fuente de información.

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La importancia de la confianza también queda patente en las respuestas de los encuestados a la pregunta de qué les incita a abrir un artículo de noticias en internet. Mientras que el 54 % cita como motivo que el titular encaje con sus intereses, el 37 % destaca como importante su confianza en el medio informativo que publica la noticia.

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Snapchat contrata al director de los Servicios Secretos de Estados Unidos

Después de 30 años de servicio en los Servicios Secretos de Estados Unidos, James M. Murray, es fichado por Snap para trabajar como Director de Seguridad.

El director de los Servicios Secretos de Estados Unidos, James M. Murray, se incorporará a Snap, la empresa de redes sociales conocida por su aplicación de mensajería instantánea, Snapchat, como Director de Seguridad. Desde Snap han confirmado esta semana este nuevo puesto y le han dado la bienvenida a través de redes sociales. 

El Servicio Secreto de Estados Unidos también han publicado un comunicado anunciando su jubilación después de 32 años de servicio, 27 de los cuales en el Servicio Secreto. 

Según el comunicado de los Servicios Secretos de Estados Unidos, como Director del Servicio Secreto Murray contribuyó “significativamente” a la “continúa profesionalización y crecimiento” de la agencia y ayudó a navegar por los desafíos únicos presentados por la pandemia de COVID-19 ejecutando su misión de proporcionar protección a los líderes electos de alto nivel e investigar delitos dirigidos a la infraestructura financiera. 

Desde la primavera de 2019 Murray guió con éxito a la agencia a través de ocho eventos especiales relacionados con la Seguridad Nacional y casi 20.000 operaciones de protección internacional y nacional. Durante este tiempo la agencia asegura también haber recuperado aproximadamente 4.200 millones de dólares en pérdidas por fraude y haber evitado un estimado de 8.100 millones de dólares en pérdidas a manos de empresas criminales. 

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En una declaración conjunta, el presidente Biden y la primera dama, Jill Biden, expresaron también su agradecimiento al ex director de los Servicios Secretos de Estados Unidos. «Estamos increíblemente agradecidos por su servicio a nuestro país y a nuestra familia», dijeron.

El Servicio Secreto de Estados Unidos trabaja para proteger la seguridad de los presidentes, sus familias y otros oficiales estadounidenses al más alto nivel. También tienen un papel destacado en prevenir y actuar durante situaciones de relevancia. El director del servicio Secreto es nombrado por el presidente sin requerir una confirmación del Senado. Murray había sido nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019. 

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha vuelto a ser estas últimas semanas después de que surgieran más detallas sobre las acciones de Donald Trump el pasado 6 de enero de 2021. Según The New York Times, el nuevo fichaje de Snap estuvo con Trump durante ese día y, en un testimonio ante el Comité de la Cámara de Representantes (que está actualmente investigando lo ocurrido), una ex ayudante de La Casa Blanca declaró que Trump intentó sujetar el volante del vehículo presidencial ese día en contra de las advertencias realizadas por su agente principal del Servicio Secreto después de que este le dijera que no podía ir al Capitolio. 

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Murray, nativo de Point Pleasant (Nueva Jersey) comenzó su servicio federal en 1990 como investigador en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se desempeñaba como oficial en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.

En 1995, se unió al Servicio Secreto de los Estados Unidos como agente especial en la Oficina de Campo de Nueva York, donde investigó delitos financieros habilitados para la cibernética y sirvió como enlace de la agencia con la Fuerza de Tarea Conjunta de Terrorismo FBI-NYPD.

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Sus asignaciones profesionales posteriores incluyen asistente del agente especial a cargo de la División Presidencial de Protección; agente residente a cargo de Atlantic City, Oficina Residente de Nueva Jersey; agente especial a cargo de James J. Centro de Formación Rowley; y agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Washington.

De 2016 a 2018, se desempeñó como subdirector adjunto de Operaciones de Protección, donde coordinó los esfuerzos de la agencia para las campañas presidenciales antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 y la transición presidencial.

En abril de 2018, Murray se convirtió en el subdirector de la Oficina de Operaciones de Protección y fue responsable de la planificación, coordinación y administración de la misión de protección global de la agencia. El 8 de abril de 2019, fue nombrado 26o director del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

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Masterclass | La geopolítica de la energía | con EOM

La geopolítica de la energía: la electricidad

Masterclass gratuita organizada por LISA Institute

👥 LISA Institute y EOM

✍️ Si no quieres perderte nuestras próximas Masterclass, puedes inscribirte a la newsletter de LISA Institute aquí.

 

Quién participa

  • Eduardo Saldaña (@Eduardosaldania). Co-director y Analista en EOM. Grado en Relaciones Internacionales (URJC). Máster en Estudios Africanos (UAM). Ponente, conferenciante y colaborador en multitud de medios de comunicación. Profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.
  • Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director general de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).

Qué aprenderás en esta Masterclass

En la Masterclass «La geopolítica de la energía: la electricidad» se abordarán los problemas y retos energéticos actuales y cómo la electricidad se está posicionando como el mejor sustituto a los hidrocarburos. Esta situación ha abierto una carrera por dominar su producción y su distribución, desde la sustitución de los motores de combustión por motores eléctricos a las formas de conseguirla (nuclear, renovables… etc.). Todo ello orientado a reducir el peso del petróleo, el carbón y el gas. La apuesta de países como China por las renovables se orienta, precisamente, a convertirse en un electroestado: una potencia productora de energía que suministre a sus países vecinos.

  1. Problemas y retos energéticos actuales.
  2. La electricidad se posiciona como sustituto a los hidrocarburos.
  3. La importancia de la energía en la Geopolítica.
  4. La carrera por su producción y distribución.
  5. Petróleo, carbón, gas y su impacto en la política internacional.
  6. China y la transición a las renovables.

Si te perdiste la Masterclass… puedes volver a verla aquí:

Además…

Eduardo Saldaña es Profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, siendo esta una de las Masterclass relacionadas con el mismo. Si estás interesad@ en la próxima edición de este Máster que empezará en unos meses, ya puedes reservar tu plaza aquí

La Masterclass «La geopolítica de la energía: la electricidad» forma parte de la serie de webinars en directo que LISA Institute y LISA News organizarán este 2022 en el contexto del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.

Si quieres formarte y certificarte con un 15% de descuento por haberte inscrito a esta Masterclass, aquí te facilitamos el código temporal mediante el que inscribirte: LISANEWS200722.

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De Westfalia a Ucrania: entendiendo los últimos 400 años de guerra

La guerra es una amenaza tradicional que ha evolucionado a lo largo de la historia de acuerdo al nivel de desarrollo económico y tecnológico. En la actualidad han cambiado los actores, las tácticas y los escenarios. Repasamos la trayectoria de uno de los fenómenos más antiguos de la historia.

“La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios.”

– KARL VON CLAUSEWITZ 

La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Esta era la forma en la que el historiador y precursor teórico de la ciencia militar moderna, Karl Von Clausewitz, concebía el fenómeno a principios del siglo XIX. Sin embargo, al concepto de guerra se le han atribuido múltiples y diversas definiciones que se van ajustando a la realidad a lo largo de la historia. 

Según el Diccionario Webster, la guerra es definida como «el estado de conflicto hostil, armado, generalmente abierto y declarado entre Estados o naciones». Por otra parte, atendiendo a la definición que nos proporciona el teórico de las relaciones internacionales Hedley Bull, la guerra sería «la violencia organizada entre unidades políticas». Para el politólogo Quincy Wright, la guerra es un «conflicto entre grupos políticos, en particular Estados soberanos, desarrollado mediante fuerzas armadas de considerable magnitud y por un periodo de tiempo considerable». 

Todas estas definiciones, aunque distintas, suponen acepciones válidas para referirnos a la amenaza tradicional por excelencia. Sin embargo, se puede observar como la guerra no se trata de un fenómeno estático, ausente de cambios a lo largo del tiempo. 

La evolución del concepto de la guerra

Las guerras han evolucionado de acuerdo con el nivel de desarrollo económico y tecnológico en cada etapa de la historia y poco tienen que ver las herramientas que se observan en las guerras actuales con los medios empleados en las guerras tradicionales. 

El autor estadounidense William S. Lind, en su ensayo «Entendiendo la guerra de cuarta generación», distinguía 4 períodos clave donde considera que existen cambios cualitativos suficientes en la forma de librar las guerras, que permiten establecer diferenciaciones marcadas. Estos períodos abarcan desde 1648 con la Paz de Westfalia y la consolidación del modelo político de Estado, hasta una aproximación sobre cómo serán en la actualidad. 

Lind sitúa el punto de partida de esta clasificación en 1648, alegando que desde la Paz de Westfalia hasta 1860, las guerras están caracterizadas por una jerarquía fuertemente establecida y por elementos claramente diferenciadores entre los militares y la población civil, con la intención de reforzar la cultura del orden que representaba esta forma de librar las guerras de la primera generación. En esta primera etapa encontramos que las formaciones eran lineales y el enfrentamiento entre masas de hombres era la esencia de esta fase cuya máxima expresión suponen las guerras napoleónicas. 

La segunda generación a la que se hace referencia viene de la mano de la Revolución Industrial, con el aumento de la potencia de las armas de fuego a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El máximo exponente y mejor ejemplo de esta etapa sería la Primera Guerra Mundial, donde se hace evidente que, debido a la potencia de las armas como fusiles o ametralladoras, el enfrentamiento no puede ser tan abierto como el de los ejércitos tradicionales.

Esta segunda etapa está caracterizada por la creación masiva de trincheras y basada en capacidad industrial y de transportes. Se trata de una forma de guerra de desgaste, con armamento muy potente, en la que, no obstante, seguirá primando la obediencia sobre la iniciativa en el campo de batalla. 

La tercera generación, según el autor, se entiende con la guerra relámpago que lleva a cabo el ejército alemán contra las tropas británicas y francesas durante la Segunda Guerra Mundial. La introducción de mejoras tecnológicas como la radio o los vehículos de motor permite una amplia coordinación de fuerzas, que se trata de aprovechar buscando la rapidez y el factor sorpresa para atacar las vulnerabilidades del contrario. 

En esta clase de operaciones se buscaba atacar la retaguardia y colapsar al enemigo, rompiendo su formación y sus defensas, más que su destrucción en una batalla lineal. Por ejemplo, atacando su sistema de comunicaciones para aislar sus fuerzas e incapacitar su posibilidad de reorganización.

Los cambios tecnológicos suponen una ventaja determinante y, por primera vez, priman los objetivos sobre las órdenes, es decir, no será tan importante obedecer el plan inicial y la estrategia prevista, como lograr los objetivos fijados, sean cuales sean los medios. En otras palabras, se acaba con el orden que imperaba en el campo de batalla.

Entendiendo la guerra de cuarta generación

En las consideradas guerras de cuarta generación, Lind se aventura a establecer cuáles van a ser las transformaciones que marquen las guerras en el siglo XXI, tomando como punto de referencia los atentados del 11-S en 2001 y las guerras de Afganistán (2001) e Irak (2003). Para el autor, es a partir de ese momento cuando tendrá lugar el cambio más drástico desde que comenzó esta clasificación: el Estado perderá el monopolio de la guerra como se conocía. 

A partir de este punto, se observará como el enfrentamiento convencional entre Estados va a perder popularidad frente a prácticas no convencionales y asimétricas, así como la proliferación de grupos insurgentes no estatales, como grupos terroristas o guerrillas militares. En esta nueva generación, el éxito ya no se va a encontrar exclusivamente en el campo de batalla tradicional. Las esferas donde se libran las guerras se van a ampliar hasta trasladarse al conjunto total de la sociedad, tratando de influir en la población civil y usando a la misma como punto vulnerable de las sociedades occidentales. 

La etapa en la que nos encontramos se caracterizará también por la difuminación de los límites entre la guerra y la paz como se conocían y porque la distinción entre militares y no militares se vuelve muy tenue. Por último, debido a los avances tecnológicos, a través de los medios de comunicación va a ser mucho más fácil, ya sea para los actores estatales o no estatales, lograr la misión de erosionar y penetrar en la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que la propaganda cobrará un poder estratégico.

En este punto, una observación interesante aportada por Lind y en contraposición de la famosa cita de Clausewitz, es que los nuevos actores no estatales involucrados en la guerra pasarán a hacerla por razones de carácter diverso, y no únicamente entendiéndola como «la política por otros medios», lo que de nuevo confirma de nuevo la naturaleza cambiante de los conflictos. 

Aunque la aproximación del autor se puede considerar bastante cercana a como en la actualidad se han transformado los conflictos, por supuesto la «cuarta generación» descrita por Lind en 2005, si bien es cierto que ha sido de utilidad para aportar un pequeño repaso histórico con el objetivo de entender la evolución de las guerras y el complejo escenario que nos presentan hoy en día, no es la única aproximación teórica que ha surgido desde el fin de la Guerra Fría, con el fin de definir las denominadas «nuevas guerras» del siglo XXI. 

En los últimos años, favorecidas por la complejidad que presentan los conflictos actuales, han surgido multitud de expresiones para bautizar este nuevo periodo de transformaciones en las formas de librar la guerra. En diferentes intentos de denominación por parte de los expertos han surgido términos como: conflictos compuestos, por Thomas Huber; sin restricciones e ilimitados, por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui; complejo-irregulares, de Frank Hoffman; o no lineales, concepto impulsado por Sean Lawson. 

Todos ellos son acepciones que, aunque con matices, destacan la gran importancia del empleo de los medios no convencionales en las guerras actuales. Y, de hecho, aunque algunos teóricos son reacios a incluir una expresión más al espectro teórico, debido a que el panorama terminológico actual puede llegar a ser confuso, un concepto muy estudiado en el marco de los estudios de Relaciones Internacionales y dotado de gran popularidad entre los expertos hoy en día es el de la Guerra Híbrida.

La importancia de la Guerra Híbrida en la cuarta generación

El punto de partida de este término es el año 2005, con la publicación del artículo «La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido» en la revista estadounidense Proceedings, redactado por el teniente coronel, y teórico consagrado de las guerras híbridas, Frank Hoffman, y por el general, James Mattis.

En 2007, Hoffman a partir de la guerra del Líbano en el verano de 2006, sigue desarrollando el concepto de guerra híbrida, haciendo hincapié y tomando como ejemplo la capacidad de los agentes no estatales actuales para estudiar y deconstruir las vulnerabilidades de los ejércitos convencionales, tomando como referencia la guerrilla de Hezbolláh en la guerra contra Israel. A raíz de este ensayo, el término se extiende entre la comunidad de defensa anglosajona, convirtiéndose en uno de los pilares que hoy en día articulan los debates académicos y militares sobre la transformación de los conflictos. 

En su definición de conflictos híbridos, Hoffman decía que éstos «incorporan una amplia gama de diferentes modos de guerra, incluyendo capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas como: violencia, coacción indiscriminada y desórdenes delictivos».

En definitiva, la tendencia presentada en los conflictos de los últimos años por parte de: diferentes actores, como grupos guerrilleros, contratistas militares privados o terroristas; medios, como sistemas de armas sofisticados o armamento fácilmente asequible para actores no estatales; tácticas, como insurgencia, crímenes transnacionales u operaciones de información; y nuevos escenarios, desde el campo de batalla convencional, hasta las áreas de población civil en zona de conflicto, pasando por la influencia en la comunidad internacional, son los factores que diferencian las guerras híbridas de los conflictos representativos de la época moderna y contemporánea.

¿Son las amenazas híbridas la guerra de la actualidad?

Las amenazas híbridas son las acciones coordinadas y sincronizadas que atacan deliberadamente vulnerabilidades sistémicas de los Estados y sus instituciones, a través de una amplia gama de medios y en distintos ámbitos, ya sean políticos, económicos, militares, sociales, informativos, infraestructuras o legales, precisando el uso del ciberespacio como la herramienta más idónea en la actualidad para alcanzar dichos propósitos. 

Estas amenazas pueden ser llevadas a cabo tanto por Estados como por grupos no estatales indistintamente, y engloban, tanto formas de enfrentamiento violentas, como no violentas. Sin embargo, según el Consejo de Europa, el término guerra híbrida solo debería tener lugar si, dentro de dichas amenazas, existe también confrontación armada, sea o no encubierta, haciendo gala de la frase «toda guerra implica violencia, pero no todas las formas de violencia son guerra». De lo contrario, sería más correcto utilizar los términos amenaza o conflicto híbrido. 

El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo considera que las amenazas híbridas engloban diversas situaciones a lo largo del planeta, poniendo como ejemplo desde las acciones terroristas por parte de grupos como Boko Haram o Al-Qaeda, hasta acciones de grupos delictivos armados —como los cárteles de la droga en México— pasando por acciones restrictivas al uso del espacio y actos económicos hostiles como el bloqueo de exportaciones japonesas por parte de China en 2010; sin olvidar las operaciones militares encubiertas, como el despliegue de los little green men por parte de Rusia en la República de Crimea.

El Consejo de Europa también destaca que este tipo de tácticas híbridas además se caracterizan por una «asimetría legal», dado que los actores que emplean estas prácticas, por norma general, niegan su responsabilidad en las operaciones híbridas y tratan de escapar de las consecuencias legales de sus acciones, actuando a través de los límites legales, aprovechándose de que no existe una legislación reguladora de las amenazas híbridas como tal y generando confusión y ambigüedad para encubrir sus acciones.

La desinformación como herramienta de guerra

Cualquier elemento resulta válido para convertirse en un arma con la que poder influir, desorientar o coaccionar a otros Estados y, en la actualidad, el uso —o mal uso— de la información no iba a ser una excepción. 

Si bien es cierto que prácticas tales como la manipulación política o el engaño no son algo novedoso en los conflictos, la llegada de Internet y el uso del ciberespacio sí que suponen un elemento diferenciador y revolucionario en el empleo de ofensivas irregulares. 

Todo ello viene de la mano de la digitalización de la sociedad, la llegada y uso masivo de las redes sociales y la aparición de nuevos difusores de información, en los que tanto la velocidad como el alcance de la misma se disparan sin precedentes. Por un lado, a través del espacio cibernético se han llevado a cabo operaciones de influencia y ciberataques mediante los que se ha pretendido manipular procesos electorales o influir en asuntos internos de Estados y por otro ha sido el caldo de cultivo de la «guerra de la información». 

Es en este contexto es donde va a florecer el concepto de «desinformación», es decir, la posibilidad por parte de cualquier actor internacional de difundir deliberadamente información falsa, manipulada o sesgada con propósitos hostiles. Esta práctica supone un reto muy difícil de abordar, especialmente para las democracias liberales desde el momento en el que tratar de combatir la difusión de información falsa, puede suponer poner en riesgo y erosionar la libertad de expresión y de información, valores que fundamentan dicho sistema político predominante en la actualidad.

Las campañas masivas de desinformación y propaganda diseñadas para controlar la narrativa son un elemento clave de una campaña híbrida. Éstas van dirigidas a poblaciones enteras o a minorías nacionales concretas y se llevan a cabo con el objetivo de conseguir influencia política, incluso dominio sobre un país o territorio en apoyo de una estrategia
general.

En el caso de Rusia, los instrumentos principales a través de los cuales se llevan a cabo estas prácticas son medios de comunicación convencionales; como la agencia estatal de
noticias Sputnik, cadenas de televisión rusas con un alcance más internacional; como es el caso de RT, ataques cibernéticos diversos y los llamados Internet trolls, que son personas o bots que se encargan de difundir noticias falsas u ofensivas a través de las redes sociales.

Algunas de las características más comunes que se pueden observar en estas campañas desinformativas son: la dificultad de averiguar la exactitud de los hechos que tratan, la falta de equilibrio en la presentación de la información, resaltando las debilidades del oponente por encima de la veracidad de los hechos y la ausencia de credibilidad de fuentes elegidas.

Cabe destacar que este tipo de campañas son más exitosas si se sitúan en regiones que ya presentan alguna inestabilidad o vulnerabilidad que aprovechar, como ocurría en el caso de la Federación Rusa en Crimea en 2014, cuya población —de mayoría rusófona— ya estaba predispuesta a aceptar la perspectiva rusa de los hechos.

Otros factores que contribuyen a que las narrativas desinformativas rusas tengan éxito pueden ser los vínculos económicos, el grado de influencia del Kremlin entre los actores locales o la proximidad geográfica y cultural.

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