La violencia sexual es un fenómeno complejo que requiere un análisis profundo desde múltiples perspectivas. En España, el incremento de la diversidad cultural derivada de la migración plantea nuevos retos, y es necesario entender cómo ciertos factores culturales y demográficos pueden influir en la comisión de estos delitos. En este artículo, Ángela Martínez, alumna del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada analiza cómo la cosificación de la mujer (entendida como la reducción del cuerpo femenino a un objeto) puede estar presente en ciertas comunidades y contribuir a la vulnerabilidad y victimización de mujeres y niñas.
Para 2023, España recibió 748.000 inmigrantes, un 3,3 % más que el año anterior, consolidándose como un motor demográfico clave. La edad media de estos recién llegados es de 30,4 años, significativamente más joven que la media nacional de 44 años (INE, 2024).
Las principales nacionalidades son Colombia, Marruecos, Venezuela, Honduras y Perú, concentradas en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Estos grupos provienen de contextos culturales diversos, donde persisten arraigadas estructuras patriarcales y visiones tradicionales sobre género, consentimiento y sexualidad.
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Estas diferencias influyen tanto en la percepción social como en la respuesta legal frente a la violencia sexual, afectando la vulnerabilidad de las víctimas y la manifestación del fenómeno en España. Por ello, considero que es imprescindible un abordaje criminológico que integre la diversidad cultural para diseñar respuestas más sensibles y efectivas hacia la población migrante.
Entre las prácticas culturales que inciden directamente en la violencia sexual este presente trabajo pone especial énfasis en la mutilación genital femenina (MGF), una forma extrema de violencia de género. Aunque no es generalizada en España, su gravedad obliga a una respuesta penal y social específica.
La MGF comprende cuatro tipos, que van desde la resección parcial hasta la extirpación total de los genitales externos femeninos. Es reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos (OMS). En España, alrededor de 15.562 niñas están en riesgo, principalmente en comunidades migrantes ubicadas en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia (Fundación Wassu-UAB, 2023).
El Código Penal español sanciona la MGF9 incluso si se realiza fuera del territorio nacional y la considera motivo para protección internacional. Estudios promovidos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recomiendan un abordaje multidisciplinar. Este debe incluir formación especializada para profesionales de salud, servicios sociales y seguridad. También proponen campañas de sensibilización culturalmente adaptadas.
Además, subrayan la necesidad de ofrecer atención integral médica y psicológica. Señalan la importancia de la coordinación institucional para establecer protocolos específicos. Finalmente, destacan la cooperación internacional como clave para abordar las causas originarias del problema.
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Un caso emblemático es la Sentencia Penal No 26/2011 de la Audiencia Provincial de Teruel. En ella se condenó a dos progenitores de origen gambiano por practicar MGF a su hija en España. El tribunal destacó que esta práctica constituye un delito tipificado en el artículo 149.2 del Código Penal. Además, subrayó que la pertenencia cultural no exime de responsabilidad criminal. Este marco evidencia la urgencia de respuestas legales, sociales y culturales coordinadas para proteger a las víctimas y erradicar la MGF en España.
Violencia sexual en España desde un enfoque criminológico
El perfil predominante del agresor sexual en este periodo corresponde mayoritariamente a varones, representando entre el 96 % y el 97 % de los casos. La franja de edad con mayor incidencia se sitúa entre los 41 y 50 años, concentrando aproximadamente entre un 18 % y un 22 % del total anual. En cuanto a la nacionalidad, se observa una tendencia decreciente en la participación de individuos españoles. Este grupo pasó del 73,9 % en 2019 al 68,7 % en 2023.
Por el contrario, el porcentaje de personas extranjeras originarias de América y África ha aumentado significativamente. En el caso de América, subió del 7,8 % al 11,6 %, y en África, del 8,5 % al 10,6 %. Este crecimiento sostenido del perfil extranjero, especialmente de ciertos países, requiere atención específica. No obstante, es imprescindible interpretar estos datos con cautela, considerando factores estructurales como la situación administrativa, el acceso a derechos y las condiciones socioeconómicas. También deben tenerse en cuenta posibles sesgos derivados del perfilado étnico o barreras legales en la defensa.
Entre los factores criminógenos destacan elementos personales como la edad y el género, así como factores sociales, económicos y culturales propios de la población extranjera. Existe además una interacción compleja entre estos elementos. El modus operandi muestra patrones vinculados a la vulnerabilidad de las víctimas, principalmente menores de 16 años. Este grupo presenta un aumento constante en las denuncias, pasando de 529 casos en 2019 a 839 en 2023. Estos datos evidencian un problema persistente de gravedad que exige una intervención específica.
Factores de riesgo y protección
Los factores de riesgo identificados incluyen la edad avanzada del perpetrador dentro del rango medio de vida y la pertenencia a grupos socioeconómicos vulnerables.
También influye la falta de integración social en ciertos colectivos inmigrantes. Por otra parte, se identifican factores protectores potenciales como las intervenciones educativas tempranas y la presencia de redes comunitarias de apoyo. Asimismo, resultan clave las políticas de inclusión intercultural que mitiguen la marginalidad y el aislamiento. La ausencia de estos elementos incrementa la probabilidad de conductas delictivas.
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Violencia sexual en el contexto y dinámica del delito
El contexto social y económico en el que se desarrollan estos delitos es complejo. Está marcado por la coexistencia de problemas estructurales como la desigualdad, la discriminación y las barreras administrativas para los inmigrantes. En mi opinión, el análisis del estudio se encuentra limitado por las carencias de las estadísticas estatales. Estas no contemplan variables clave como las circunstancias sociales, estructurales, religiosas o familiares de las personas condenadas. Esta falta de contexto impide una comprensión más profunda y matizada de los factores que inciden en la comisión de los delitos.
A nivel psicológico, se observa que la motivación de los agresores parece relacionada con dinámicas de poder y control. Existe un patrón constante de victimización hacia menores, especialmente en entornos donde la detección es débil o inexistente. La pandemia de COVID-19 afectó el número total de denuncias. Sin embargo, no logró frenar el incremento sostenido de abusos a menores. Esto resalta la necesidad de adaptarse a nuevas realidades sociales y tecnológicas en las estrategias de prevención.
Conclusiones y recomendaciones básicas
En conclusión, el fenómeno de los delitos sexuales se mantiene en niveles elevados, con riesgos crecientes en segmentos específicos: varones de mediana edad, menores de 16 años como víctimas, y grupos extranjeros en aumento. Se recomienda diseñar campañas de prevención culturalmente adaptadas, en colaboración con consulados y asociaciones de inmigrantes. Es fundamental asegurar la accesibilidad de los mensajes en idiomas y canales adecuados.
Además, es urgente implementar planes de detección temprana, especialmente en el ámbito educativo. También se debe reforzar las Unidades de Protección a la Infancia con profesionales especializados y fomentar la formación continua de los agentes sociales implicados. Finalmente, la promoción de políticas interculturales y educativas integrales será clave para revertir estas tendencias. Esto debe hacerse con una visión criminológica integrada, contextualizada y con perspectiva de futuro.
Violencia sexual e implicaciones para la prevención y propuestas
Este apartado se estructura en dos partes. En la primera, se analiza de forma sintética la importancia del enfoque transcultural en la implementación de estrategias de intervención. En la segunda, se proponen brevemente varias teorías criminológicas como «claves» a tener en cuenta en el diseño de programas integrales. Para diseñar programas de prevención, reinserción y educación, considero fundamental incorporar una perspectiva cultural que reconozca la diversidad social actual.
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Sin embargo, debe gestionarse la tensión entre el relativismo cultural (que promueve la no injerencia en prácticas propias de cada cultura) y los derechos humanos universales. Estos últimos exigen intervenir ante cualquier violación de derechos, aunque sea culturalmente aceptada. Esta dualidad requiere un enfoque equilibrado que respete la diversidad sin legitimar conductas que vulneren la dignidad y la seguridad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la obra Diversidad cultural y teoría jurídica del delito, de Javier Fernández Redondo, presentada en la Universidad de Jaén, defiende la necesidad de repensar el derecho penal a la luz de las sociedades multiculturales contemporáneas. A partir del análisis de los llamados «delitos culturalmente motivados», evidencia la tensión entre el respeto a la diversidad cultural y la obligación estatal de garantizar los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley.
En este marco, la investigación transcultural aporta un enfoque científico clave. Analiza cómo las distintas culturas influyen en el comportamiento humano y facilita la comprensión de los conflictos y preocupaciones globales derivados de la diversidad cultural. Este conocimiento es vital para adaptar estrategias preventivas y formativas a contextos multiculturales complejos.
A su vez, estimo necesario incorporar, al igual que el enfoque cultural, diversas teorías criminológicas como elementos estratégicos en el desarrollo de programas. En consecuencia, y en línea con el análisis criminológico expuesto en el apartado anterior, presento a continuación una síntesis de las teorías más relevantes.
Teoría del Aprendizaje Social (Akers, Bandura)
- La altísima presencia de varones como agresores sexuales (96–97 %).
- La persistencia de estereotipos masculinos tradicionales y dinámicas de poder.
Desde esta teoría, la conducta delictiva se adquiere mediante procesos de observación, imitación y refuerzo en contextos de socialización primaria y secundaria.
Expresa la necesidad de campañas preventivas que incidan en la educación afectivo-sexual desde la infancia y en la deconstrucción crítica de los modelos de masculinidad hegemónica.
Teoría del Control Social (Hirschi)
- Alta implicación del grupo de edad 41–50 años.
- Posibles debilidades en vínculos estructurales: familia, empleo, comunidad.
Según Hirschi, el apego a normas sociales se sustenta en cuatro vínculos clave: apego, compromiso, involucramiento y creencia. Cuando estos lazos se debilitan (por desempleo, aislamiento, rupturas familiares o falta de integración comunitaria) se reduce el control interno que inhibe la conducta delictiva.
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Expresa la necesidad de intervenciones focalizadas en el acompañamiento emocional, la reinserción sociolaboral y el fortalecimiento de redes comunitarias en este perfil
Teoría crítica
- Incremento de delitos cometidos por personas extranjeras (especialmente de América y África).
- Necesidad de una prevención culturalmente sensible sin caer en discursos estigmatizantes.
La criminología crítica analiza cómo las estructuras de poder y desigualdad social influyen en la definición de delito y en la criminalización de determinados grupos. La criminología cultural, por su parte, interpreta el delito como una práctica cargada de significados simbólicos dentro de contextos culturales específicos.
Justifica que las estrategias preventivas dirigidas a personas migrantes deben construirse desde la interculturalidad, incorporando mediación comunitaria, lectura contextualizada de los hechos y una firme oposición a los discursos securitarios que asocian migración con criminalidad.
Criminología feminista
- Enfoque estructural del machismo como raíz de la violencia sexual.
- Necesidad de políticas públicas con perspectiva de género en educación, justicia y servicios sociales.
La criminología feminista no se limita a incorporar a las mujeres en el análisis delictivo. También cuestiona el sistema patriarcal que estructura las relaciones sociales y las dinámicas institucionales. Expresa la urgencia de implementar políticas de prevención y reparación con enfoque de género. Estas deben incluir formación obligatoria en perspectiva feminista para profesionales, educación coeducativa desde edades tempranas y una coordinación real entre los sistemas judicial, educativo y de servicios sociales.
Así pues, considero que la formación intercultural para profesionales es esencial. Les permite intervenir con sensibilidad y eficacia, evitando tanto la imposición cultural como la permisividad frente a abusos. Además, las políticas públicas deben ser integrales, combinando inclusión social, protección de derechos y colaboración con comunidades diversas. Solo así se pueden asegurar programas sostenibles y efectivos en la prevención de delitos sexuales.
Conclusiones
La violencia sexual en España entre 2019 y 2023 presenta una realidad compleja que requiere respuestas integrales y adaptadas. Aunque la mayoría de agresores son varones españoles, se observa un aumento en casos vinculados a personas de contextos migratorios con culturas patriarcales más marcadas. Este factor cultural, junto con aspectos socioeconómicos, influye en el perfil delictivo.
Si bien ha sido citado en ocasiones por la defensa, la acusación o incluso los tribunales, considero que el factor cultural no debería influir como atenuante ni como agravante penal. Su valor debería centrarse en su aplicación para la generación de conocimiento e investigación. Este enfoque permitiría orientar programas de prevención, atención a víctimas y reinserción social de forma más efectiva.
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Para prevenir y atender eficazmente, es esencial implementar estrategias que respeten la diversidad cultural sin estigmatizar, promoviendo activamente la igualdad de género y el respeto al consentimiento. La colaboración con comunidades migrantes y la formación especializada de profesionales de los ámbitos sanitario, judicial y social son elementos clave.
Además, fortalecer la detección temprana (especialmente en menores) mediante protocolos específicos y recursos adecuados es prioritario. La educación intercultural y la integración social resultan fundamentales para reducir la reincidencia y proteger a las víctimas.
En definitiva, se requieren políticas públicas inclusivas, con un enfoque criminológico riguroso y preventivo, que respondan a la multiculturalidad actual de España.
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