La Guardia Revolucionaria confirma ataques contra petroleros en el estrecho y advierte que «ni una gota de petróleo» llegará a Estados Unidos.
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes que atacará todo barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz, alegando que el tránsito está cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La advertencia llega después de que varios buques informaran el sábado de haber recibido transmisiones de la Armada iraní que declaraban el paso prohibido. Sin embargo, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) aclaró que no existe ningún veto oficial, ya que las transmisiones de radio no constituyen un mecanismo legal para ello.
El general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, explicó que «nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona». Asimismo, amplió el alcance de las amenazas más allá del estrecho. «Los oleoductos también están al alcance» de Teherán, afirmó, advirtiendo que Estados Unidos debe saber que «ni una gota de petróleo» les llegará, según recogió la agencia Tasnim.
Ataques contra petroleros
Durante el fin de semana, varios buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles mientras transitaban por el estrecho, entre ellos el petrolero Skylight, que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por exportación de petróleo iraní. Además, la Guardia Revolucionaria confirmó este lunes un ataque contra el petrolero Athe Nova, con bandera de Honduras e identificado como supuestamente vinculado a Estados Unidos. No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había asegurado el domingo que su país no había emprendido ninguna operación para cerrar el estrecho ni tenía previsto impedirlo.
Para que el cierre sea oficial y jurídicamente válido, debe anunciarlo el propio Gobierno de Irán, ya que es el Estado competente. Entretanto, todos los buques mantienen el derecho a tránsito continuo e ininterrumpido en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El estrecho de Ormuz es una arteria clave del comercio marítimo mundial, lo que convierte esta escalada en una amenaza directa al suministro energético global.
88 países, 7 Chakras y un acuerdo histórico: así quiere el mundo gobernar la IA.
La Cumbre de Impacto de la IA 2026, oficialmente India IA Impact Summit 2026, se celebró del 16 al 20 de febrero en Nueva Delhi. Esta cumbre, la cuarta cumbre global de la IA celebrada a nivel internacional y la primera organizada en el Sur Global, se enmarca en el esfuerzo colectivo de la comunidad internacional por entender el alcance de la Inteligencia Artificial.
En efecto, la cuarta cumbre de la IA recoge el testigo de las tres primeras cumbres celebradas en Londres, en Seúl y en París respectivamente que se celebran anualmente desde 2023. Estas tres primeras cumbres tuvieron por objeto establecer un espacio de debate y discusión sobre la seguridad y los riesgos que supone la IA, la política de la IA y la cooperación industrial, así como la acción regulatoria y los estándares.
¿Cuál ha sido el resultado de la cuarta cumbre de la IA?
El resultado de esta cuarta cumbre, que ha abogado por una «IA segura, fiable y sólida» ha sido la firma por más de 88 países que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y China de la «Declaración de Delhi», el mayor acuerdo diplomático jamás alcanzado sobre la IA. En efecto, si bien la Declaración de Delhi ha tenido que modular algunos de sus postulados para incluir a más Estados, Estados Unidos y China, cuyo antagonismo geopolítico se ha recrudecido recientemente, han firmado la declaración. Esto representa un respiro geopolítico y un halo de esperanza en cuanto al multilateralismo.
A pesar que este comunicado no incluye ninguna cláusula obligatoria, la declaración recoge una serie de valores y objetivos destinados a modelar el uso de la IA para que sea ética, eficiente en energía, inclusiva y segura. La declaración se articula en siete «Chakras» o pilares estratégicos que vertebran los objetivos a conseguir. Los «Chakras» son los siguientes: desarrollo del capital humano, acceso amplio para el empoderamiento social, una IA confiable y energéticamente eficiente, una IA aplicada a la ciencia, la democratización de los recursos de la IA, crecimiento y bienes sociales y una cooperación internacional respetando la soberanía de cada Estado.
Además de la declaración política se anunciaron dos compromisos voluntarios clave con un enfoque más técnico y operativo. Por una parte, comprender el uso real de la IA, lo que supone generar evidencia científica sobre el impacto de la IA en la transformación del mercado laboral, las habilidades y la productividad. Por otra parte, establecer una evaluación multilingüe y contextual que garantice que los sistemas de IA funcionen bien en diferentes contextos culturales y lingüísticos, fortaleciendo las capacidades técnicas globales y evitando que la IA esté dominada por idiomas mayoritarios.
¿Qué impacto geopolítico tienen estas cumbres y qué impacto tiene en el futuro de la IA?
La continuidad de estas cumbres celebradas desde 2023 con periodicidad anual refleja dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de tratar la IA desde un punto de vista multilateral y la obligatoriedad de celebrar cumbres anuales como consecuencia del rápido desarrollo de este nuevo instrumento cuyo desarrollo no conoce límites.
Por lo tanto y a pesar de la fractura del orden internacional y del multilateralismo, el desconocimiento sobre el alcance y los límites de la IA obligan a la comunidad internacional a cooperar. La IA, cuyas repercusiones para la humanidad podrían tener impactos positivos y negativos, ha forzado al mundo a establecer un nuevo instrumento de cooperación en la materia: las cumbres anuales sobre esta materia.
Que la Cumbre de Impacto de la IA 2026 haya tenido lugar en India empodera a este país cuya voz constituye una punta de lanza en el Sur Global. La India se posiciona como la primera potencia demográfica mundial, con una edad media joven y con un creciente número de ingenieros y programadores dentro del país y expatriados. Por lo tanto, su futuro está íntimamente unido con el futuro de la IA. En este sentido, el primer ministro indio Narendra Modi ha enfatizado que la Declaración de Nueva Delhi tiene como buque insignia que la IA esté centrada en la dignidad humana, con un impacto tangible en la vida cotidiana y orientada a mitigar riesgos.
La clave de bóveda de la Cumbre ha sido la democratización de la tecnología, desplegándola a escala mundial y haciéndola accesible a todos. Por lo tanto, el posicionamiento de la India en la geopolítica de la IA como garante del uso democrático de ésta se alinea con el eje vertebrador del país que se autoproclama como la democracia más grande del mundo. Si bien la India sale reforzada de esta Cumbre como socio fiable y que coopera en facilitar la gobernanza global de los retos comunes, queda por ver qué modelo de uso de la IA se impone en el continente asiático y más ampliamente , en el Sur Global. China ha participado en la Cumbre y ha sido uno de los firmantes de la declaración, sin embargo, su modelo de uso de la IA dista mucho del propuesto por la India que invita a democratizar el uso de esta nueva tecnología.
En definitiva, la continuidad y periodicidad de las cumbres sobre la IA reflejan que las decisiones actuales moldearán el orden futuro. La IA es por lo tanto un asunto geopolítico. Los Estados, y la comunidad internacional en su conjunto se están viendo obligados a cooperar para establecer un equilibrio entre innovación, regulación y soberanía. Dado que la IA es un instrumento en continuo e imparable desarrollo, está por ver si los Estados siguen adoptando enfoques conjuntos o, si por el contrario, comienzan a imperar ciertos modelos de adopción y regulación de la IA sobre otros.
Pensar en un país que cambia de nombre puede sonar a algo excepcional, casi anecdótico. Sin embargo, ocurre más de lo que muchos imaginan. Cuando un Gobierno toma esa decisión, suele hacerlo por motivos políticos, diplomáticos o identitarios muy claros. En este artículo repasamos algunos de los casos más conocidos y qué llevó a cada país a dar ese paso.
Uno de los casos más recientes se produjo en 2022, cuando el Gobierno de Turquía pidió a la ONU que dejara de utilizar «Turkey» y adoptara «Türkiye» como denominación oficial en el ámbito internacional.
Ankara quería reforzar su identidad nacional y evitar la asociación en inglés con el ave del mismo nombre. Naciones Unidas aceptó la solicitud y actualizó sus registros y tratados.
En 2018, Suazilandia pasó a llamarse Esuatini. El rey Mswati III lo anunció durante el 50º aniversario de la independencia y explicó que recuperaba el nombre en suajili. Con ese gesto, el país dejaba atrás la denominación asociada al dominio británico.
En 2019, Macedonia aceptó el nombre de Macedonia del Norte tras firmar un acuerdo con Grecia. Atenas bloqueaba su entrada en la OTAN y en la Unión Europea por la disputa sobre el término «Macedonia». Con la nueva denominación, el país ingresó en la Alianza Atlántica en 2020 y rebajó una tensión diplomática que llevaba años abierta.
En 1997, Zaire volvió a llamarse República Democrática del Congo después de la caída de Mobutu Sese Seko. El nuevo poder quiso cerrar la etapa del dictador, que había rebautizado el Estado dentro de su política de autenticidad africana.
En 1972, Ceilán adoptó el nombre de Sri Lanka al aprobar una nueva Constitución. El Ejecutivo eliminó la etiqueta colonial británica y fijó una denominación vinculada a su identidad histórica.
Ciudades que han cambiado de nombre
Las ciudades también han cambiado de nombre por motivos políticos o simbólicos.
En 1930, el Gobierno turco estableció oficialmente el nombre de Estambul en lugar de Constantinopla, dentro del proyecto de la nueva república surgida tras el Imperio otomano.
En 1976, las autoridades vietnamitas rebautizaron Saigón como Ho Chi Minh, un año después del final de la guerra. El nuevo nombre homenajeaba al líder revolucionario y marcaba la reunificación bajo el mismo poder político.
India revisó desde los años noventa varios nombres heredados del periodo británico. Bombay pasó a llamarse Mumbaien 1995; Madras se convirtió en Chennai en 1996; Calcuta adoptó el nombre de Kolkata en 2001. Los gobiernos regionales defendieron que los nuevos nombres respetaban la pronunciación en lenguas locales y eliminaban la herencia colonial.
Kazajistán ofrece un ejemplo reciente de cambio y rectificación. Astaná se rebautizó como Nur-Sultán en 2019 en honor al expresidente Nursultán Nazarbáyev. En 2022, el Parlamento restauró el nombre original tras una ola de protestas.
Por qué los países deciden cambiar el nombre
Detrás de cada cambio hay una decisión política concreta. Algunos gobiernos buscan romper con un pasado colonial, como hicieron Sri Lanka o Esuatini. Otros intentan resolver conflictos diplomáticos, como Macedonia del Norte frente a Grecia. También existen motivos lingüísticos y de imagen exterior.
En 2020, el Gobierno de los Países Bajos solicitó que las instituciones internacionales dejaran de usar «Holanda«, que sólo corresponde a dos provincias, y emplearan el nombre completo del Estado. El objetivo consistía en evitar confusiones y proyectar una imagen más precisa del país.
Qué implica cambiar el nombre de un país o una ciudad
Cambiar un nombre oficial no consiste en sustituir una palabra en un mapa. El Ejecutivo debe comunicar la decisión a la ONU y a todos los organismos internacionales en los que participa. Los tratados y acuerdos requieren actualización.
El impacto económico resulta evidente. El Estado tiene que emitir nuevos pasaportes y documentos de identidad, adaptar billetes y monedas y renovar señalización en aeropuertos, carreteras y edificios públicos.
Las empresas también ajustan etiquetas, contratos y campañas de promoción. Las bases de datos internacionales y los sistemas digitales necesitan actualización para evitar errores.
Según estimaciones basadas en casos recientes, la factura varía según el tamaño y la proyección internacional del Estado. Esuatini, antes Suazilandia, destinó alrededor de seis millones de dólares en 2018 para actualizar documentación y estructura administrativa.
En India, analistas calcularon en 2023 que un eventual cambio oficial a «Bharat» podría superar los 1.700 millones de dólares por la adaptación de pasaportes, moneda, mapas y señalización. Incluso a escala local los gastos son elevados: renombrar una gran ciudad puede costar decenas de millones y, en Estados Unidos, el cambio de Fort Bragg a Fort Liberty supuso más de seis millones sólo en señalética y material impreso.
Un nombre forma parte de la identidad institucional de un país o de una ciudad, y cuando un gobierno decide modificarlo, asume un coste político y económico con efectos inmediatos dentro y fuera de sus fronteras.
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👤Daniel Iriarte, periodista, corresponsal y analista internacional especializado en geopolítica, seguridad global, desinformación y amenazas híbridas
A nivel profesional, es periodista, corresponsal y analista internacional especializado en geopolítica, seguridad global, desinformación y amenazas híbridas. Ha sido reportero y enviado especial en más de 50 países de África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia, cubriendo la Primavera Árabe, conflictos del Cáucaso o las guerras de Libia y Siria. Profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico y del Curso de Prevención y Seguridad para Zonas Hostiles o de Guerra.
A nivel académico, es licenciado en Periodismo (UCM) y Máster en Estudios sobre Terrorismo (UNIR).
👤 Soraya Aybar, coordinadora de LISA News, directora de África Mundi y periodista freelance.
A nivel profesional, es coordinadora de LISA News, directora de África Mundi y periodista freelance. Está especializada en migración, derechos humanos, geopolítica y cultura desde Casablanca, Marruecos. Soraya es colaboradora sobre norte de África y África occidental para elDiario.es y colabora con otros medios como Revista Mundo Negro y la sección de Planeta Futuro en El País, entre otros.
Además, es profesora en el Grado de Reporterismo Internacional del Instituto de RTVE y la Universidad de Alcalá y en el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute. Es facilitadora de talleres sobre narrativas y contexto africano, así como de un club de literatura africana en la librería La Fabulosa, entre otras cosas.
A nivel académico, es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universitat de Valencia y en Periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija. Ha realizado una beca Erasmus en la European School of Politics and Social Sciences (Université Catholique de Lille). Posee un Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible (Universitat de Valencia) y un Máster en Comunicación y Relaciones Internacionales (Universidad Camilo José Cela).
Qué aprenderás en esta masterclass
Este fin de semana se ha producido una escalada de primer orden tras ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, en un contexto de tensión que, según distintos medios, ya está teniendo efectos regionales y aumenta el riesgo de ampliación del conflicto a otros frentes.
En este tipo de escenarios, el reto profesional no es solo “seguir la última hora”, sino interpretar:
Qué busca cada actor (objetivos políticos y militares),
Qué límites (líneas rojas) pueden activar una escalada,
Qué indicadores anticipan cambios de fase (ataques a infraestructuras críticas, presión sobre rutas marítimas, ciberoperaciones, movilización de proxies y cambios de postura diplomática).
La masterclass «Irán vs. Israel y EE. UU.: ¿Oriente Medio al borde de la guerra?» ofrece un análisis riguroso y aplicado para profesionales que necesitan convertir el ruido informativo en criterio: comprender los intereses de Irán, Israel y EE. UU., evaluar la lógica de disuasión y anticipar escenarios plausibles, incluyendo impactos para Europa y para el ámbito corporativo (riesgo-país, energía, cadena de suministro y continuidad de negocio).
Objetivos de aprendizaje
Aprenderás a mapear los actores, intereses y líneas rojas que condicionan la escalada Irán–Israel–EE. UU.
Comprenderás cómo funciona la disuasión y por qué algunos golpes buscan señalizar más que destruir.
Analizarás el papel de proxies y frentes secundarios (y cómo pueden ampliar el conflicto).
Desarrollarás criterios para evaluar información, narrativas y desinformación en crisis internacionales de alta intensidad.
Aplicarás marcos de escenarios (mejor caso, peor caso y más probable) para anticipar el siguiente movimiento.
Identificarás impactos clave en energía, comercio y rutas marítimas, y por qué son indicadores de riesgo global.
Aprenderás a traducir señales geopolíticas en decisiones operativas: seguridad, continuidad de negocio y comunicación.
Fortalecerás tu capacidad para definir qué indicadores vigilar (militares, diplomáticos, económicos y de opinión pública) y cómo evolucionan.
Audiencia objetivo
Esta masterclass ha sido confeccionada para aquellos que trabajan o aspiran a trabajar como:
Analista internacional y geopolítico/a
Analista de inteligencia y riesgos
Responsable de seguridad corporativa (CSO) / Security Manager
Responsable de continuidad de negocio (BCM) y resiliencia
Consultor/a de riesgos y compliance internacional
Responsable de relaciones institucionales y asuntos públicos
Periodista o comunicador/a especializado en internacional
Profesional de defensa y seguridad (FFCCSE / FAS) con interés en análisis estratégico
Analista de ciberinteligencia y amenazas híbridas
Responsable de operaciones y cadena de suministro con exposición a riesgo-país
Trump ordenó un nuevo ataque contra Irán el 28 de febrero de 2026 y exigió en Ginebra el desmantelamiento de Fordow, Natanz e Isfahan.
El presidente estadounidense Donald Trump justificó la nueva ofensiva militar del 28 de febrero de 2026 contra Irán alegando que las ambiciones nucleares de Teherán representan una amenaza inaceptable. Las condiciones eran que el régimen iraní debía abandonar el enriquecimiento de uranio y depender de terceros países para abastecerse de combustible nuclear con fines exclusivamente pacíficos y civiles. No obstante, el liderazgo iraní subestimó la determinación de Trump (un error similar al que cometió Nicolás Maduro en su día) y tardó en asumir que la ofensiva de junio de 2025 era solo el inicio de algo mayor.
Las negociaciones diplomáticas de febrero de 2026 en Ginebra transcurrieron bajo la sombra de una presencia militar estadounidense reforzada en la región. Los representantes de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, exigieron el cierre definitivo de las plantas de Fordow, Natanz e Isfahan, la transferencia a suelo estadounidense de todas las reservas de uranio enriquecido y un marco de acuerdo sin límite temporal, sin cláusulas que suavizaran las restricciones con el paso de los años. Por su parte, Teherán reclamaba un levantamiento de sanciones inmediato y amplio, impulsado por una economía en crisis y una sociedad que, según la propia narrativa de la Administración Trump, acumulaba una tensión social creciente.
El umbral técnico que disparó la alarma en Washington
El punto crítico del conflicto técnico es que Irán alcanzó niveles de pureza del 60% en su uranio enriquecido, un umbral que dista muy poco del 90% requerido para uso armamentístico. Enriquecer hasta ese 60% implica haber completado la fase más exigente del proceso. El tramo restante puede ser mucho más veloz si se dispone de material y de centrifugadoras operativas. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, señaló que ese salto final sería «cuestión de semanas, no de meses ni años». Analistas de inteligencia estadounidense estimaron, además, que el tiempo necesario para acumular material suficiente para un primer artefacto se reduciría a menos de una semana si Teherán tomara esa decisión.
Los bombardeos de junio de 2025 sobre las instalaciones nucleares iraníes causaron daños graves, aunque no liquidaron el programa por completo, según reconoció el propio OIEA. A raíz de los ataques, los inspectores internacionales fueron evacuados y la supervisión se deterioró considerablemente. Las imágenes de satélite revelaron movimientos y obras en zonas afectadas. Washington interpretó la situación con ambivalencia. La capacidad material de Irán había retrocedido, pero su capital científico y técnico seguía intacto, lo que le permitía reconstruir gradualmente mientras mantenía la opacidad como herramienta de presión estratégica.
Dos décadas de sanciones, pactos rotos y escalada nuclear
El antecedente directo de la crisis actual fue el acuerdo nuclear de 2015, que buscaba congelar el avance iraní mediante un esquema de inspecciones y restricciones de enriquecimiento a cambio de reducir las sanciones. Washington aceptaba implícitamente el enriquecimiento limitado bajo control del OIEA. Sin embargo, el pacto fue rechazado por republicanos e israelíes desde su firma. Benjamin Netanyahu llegó a intervenir ante el Congreso estadounidense para desacreditarlo, generando una fractura visible con la administración demócrata. En 2018, Trump abandonó el acuerdo y activó su estrategia de «máxima presión», calificando el pacto de insuficiente por no abordar los misiles balísticos iraníes ni su red de grupos armados regionales.
Las raíces del programa nuclear iraní son anteriores a la Revolución Islámica de 1979, pero la alarma internacional se activó en 2002, cuando una organización opositora destapó la existencia de instalaciones secretas en plena efervescencia posterior al 11-S. El OIEA concluyó posteriormente que Irán había mantenido hasta 2003 un «programa estructurado» orientado al desarrollo de armamento nuclear. Aunque los servicios de inteligencia occidentales consideraron que ese programa formal fue suspendido ese mismo año, explicaron que la infraestructura, la experiencia acumulada y la capacidad para retomarlo permanecían intactas. Esa ambigüedad calculada (sin arma declarada, pero con toda la arquitectura necesaria para fabricarla) sostuvo durante más de dos décadas un ciclo de sanciones, negociaciones y escaladas militares.
Las empresas estatales ilícitas transforman la naturaleza del poder contemporáneo. El crimen organizado deja de ser periférico y se integra al Estado. El Bureau 39 norcoreano es el ejemplo más claro. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute analiza este fenómeno y sus casos comparativos.
La concepción clásica del Estado que se basa en el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio, se encuentra desafiada por una tendencia emergente: las empresas estatales ilícitas. Estas entidades representan una transformación donde el crimen organizado se convierte en el propio núcleo del aparato estatal.
Esto comienza a redefinir los límites entre lo público y lo privado (promoviendo una zona gris de políticas públicas y/o exteriores). Corea del Norte, con su Bureau 39, personifica el caso más sutil de este fenómeno. A su vez, Venezuela, Siria y Libia demuestran cómo bajo condiciones de crisis extrema, los gobiernos instrumentalizan la criminalidad como estrategia de supervivencia geopolítica.
De esta forma, lejos de ser Estados fallidos (como se les identifica en Occidente), se definen por ser sistemas políticos que han integrado la ilegalidad como mecanismo de gobernanza. Estas entidades recaudan «impuestos» mediante extorsión, regulan mercados negros, mantienen el orden a través del terror y proyectan poder internacional sin requerir reconocimiento diplomático.
Su legitimidad no proviene de procesos electorales o marcos constitucionales, sino de la capacidad de ejercer control efectivo. Así, este modelo no constituye una anomalía, sino el reflejo de las contradicciones profundas del orden internacional contemporáneo. Por tanto, la respuesta debe ser el reconocimiento total de esta nueva realidad, junto con estrategias flexibles.
Bureau 39: la institucionalización de la criminalidad estatal
En el corazón del régimen norcoreano opera una organización que desafía todas las categorías tradicionales: el Bureau 39 (también la Oficina 39 o la Sala 39). Fundado como un departamento del Partido de los Trabajadores, ha evolucionado hacia una estructura multinacional del crimen integrada en la estructura gubernamental. Su nombre oculta su función real: devenir el motor financiero del régimen de Kim Jong-un, generando ingresos mediante actividades ilícitas a escala global.
A diferencia de las mafias tradicionales, el Bureau 39 no opera en las sombras. Se encuentra institucionalmente entrelazado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para operaciones encubiertas y con el Ministerio de Defensa para el tráfico de armas. Además, mantiene vínculos con las Fuerzas Armadas para tareas de logística y protección.
Su arquitectura organizativa fusiona la disciplina burocrática weberiana (jerarquías claras y registros meticulosos) con la flexibilidad operativa del crimen organizado híbrido propio de la actualidad. Tal síntesis le permite alcanzar niveles de eficacia inalcanzables para cualquier cartel independiente.
Su «portafolio criminal» evidencia una sofisticación alarmante. Incluye la producción y distribución de metanfetaminas de alta pureza y la falsificación de divisas con billetes casi indetectables. También abarca ciberataques masivos ejecutados por el Grupo Lazarus y el tráfico de armas convencionales y componentes para misiles. Además, incorpora esquemas complejos de evasión de sanciones mediante empresas fantasma y transbordos petroleros en ultramar.
La verdadera innovación del Bureau 39 radica en su metabolismo económico. Los ingresos ilícitos se reinvierten en programas nucleares, como capacidad disuasoria. También financian subsidios para élites leales, entre ellas militares, científicos y burócratas. Además, permiten la provisión selectiva de bienes básicos para sectores clave de la población. En Corea del Norte, el crimen no es una desviación del Estado: es la esencia misma de su modelo de gobierno.
Casos comparativos: Venezuela, Siria y Libia
Mientras Corea del Norte representa un modelo centralizado, Venezuela ilustra otra dinámica. Puede transmutar gradualmente un sistema democrático en una estructura criminal, sin abandonar del todo su fachada institucional.
Bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, el colapso petrolero y las sanciones internacionales catalizaron una reconfiguración del Estado venezolano. Instituciones como PDVSA, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se convirtieron en redes de corrupción y tráfico ilícito.
El punto de inflexión fue la emergencia del Cartel de los Soles, una red de militares y funcionarios vinculados al narcotráfico. Opera en colaboración con el Cartel de Sinaloa, las FARC disidentes y grupos paramilitares colombianos.
La internacionalización del crimen ha convertido a Venezuela en un hub global de actividades ilícitas. Esto incluye el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También abarca la minería ilegal de oro en el Arco Minero del Orinoco, con participación de empresas chinas y rusas. Además, comprende el lavado de dinero mediante empresas fantasma en Panamá, Dubái y Hong Kong.
Por otro lado, durante años y antes de la destitución de Bashar al-Assad, el gobierno abandonó la pretensión de control total de Siria. En su lugar, se concentró en monopolizar recursos estratégicos, como el petróleo y el gas vendidos en mercados negros a intermediarios turcos y kurdos. También explotó el narcotráfico de captagóny los fosfatos comercializados con empresas rusas y chinas. Además, controló rutas comerciales donde se cobran «peajes» a comerciantes y ONG.
La innovación siria residía en la monetización del caos: el régimen no intentaba restaurar el orden, sino administrarlo estratégicamente. Esta economía de la escasez transforma la miseria en herramienta de gobierno: la población depende del Estado para sobrevivir (garantizando su sumisión).
Por último, tras la caída de Gadafi, Libia se convirtió en un laboratorio donde milicias, clanes y señores de la guerra competían en la provisión de servicios estatales. El modelo libio se basa en tres pilares. El primero es la territorialización criminal, que implica el control de puertos, yacimientos petroleros y aeropuertos. El segundo es la mercantilización de la soberanía, mediante la venta de protección a empresas petroleras, el acceso seguro a ONG y el control fronterizo para gobiernos europeos. El tercero es la competencia por legitimidad mediante la provisión de servicios básicos.
Este sistema ha demostrado una estabilidad sorprendente a pesar de la ausencia de un gobierno central funcional. Milicias como las del Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli o el Ejército Nacional Libio de Haftar han desarrollado especializaciones criminales que mantienen un equilibrio de poder basado en la división de recursos. Libia enseña que en contextos de colapso estatal, la criminalidad puede ser «más eficiente» que la legalidad para generar orden espontáneo.
La soberanía performativa como redefinición del Estado
El concepto de soberanía performativa redefine las bases tradicionales del poder estatal, definiendo la resiliencia y adaptación de las empresas estatales ilícitas. En este marco, la autoridad no se deriva del reconocimiento jurídico internacional ni de la legitimidad democrática interna, sino de la capacidad efectiva de ejercer funciones estatales fundamentales.
Un régimen que puede cobrar impuestos, aunque sea mediante extorsión, regular mercados, aunque sean negros, y proyectar poder internacional, incluso sin reconocimiento diplomático, está ejerciendo soberanía. Sin embargo, no cumple con los estándares normativos del Estado moderno. Su poder no reside en lo que se le concede desde fuera, sino en lo que efectivamente hace.
Las tecnologías digitales han intensificado esta dinámica, inaugurando una nueva fase de poder que puede describirse como soberanía algorítmica. Corea del Norte se presenta como un caso paradigmático: un país pequeño (aislado y sancionado), es capaz de desestabilizar economías globales mediante ciberataques.
Sin embargo, la persistencia de este modelo no puede explicarse únicamente por su eficacia interna o su capacidad de adaptación al caos.
Su estabilidad también se sostiene gracias a las contradicciones estructurales del orden internacional. Este no solo fracasa en contenerlas, sino que, en muchos casos, las necesita. Las sanciones, principal instrumento de presión global, han demostrado ser profundamente contraproducentes. En lugar de debilitar a estos regímenes, estimulan la innovación criminal y el desarrollo de rutas alternativas. También favorecen la creación de nuevas alianzas ilícitas y la consolidación de mercados paralelos más rentables que los formales.
Estas medidas refuerzan las narrativas de victimización y agresión extranjera, ofreciendo a los regímenes una coartada ideológica para intensificar la represión interna. Pero el problema es aún más profundo: tales estructuras criminales sobreviven gracias a una red de complicidad encubierta. Por ejemplo, China lava dinero del Bureau 39norcoreano a través de sus bancos estatales y compra petróleo venezolano a precios irrisorios.
Rusia garantizaba cobertura diplomática a Siria a cambio de acceso a puertos y recursos energéticos. Irán colabora con Venezuela en el tráfico de oro. Turquía facilita la exportación de metanfetaminas norcoreanas y comerciaba con petróleo sirio extraído al margen de cualquier regulación.
Lejos de actuar como actores racionales comprometidos con el orden internacional, estas potencias utilizan esta modalidad como herramienta de poder indirecto. Además, la emplean como fuente de rentabilidad en mercados oscuros.
Conclusión, prospectiva y alternativa
Frente al ascenso y consolidación del modelo de las empresas ilícitas estatales, resulta evidente que los enfoques defensivos tradicionales han fracasado. Estas entidades no solo resisten la presión internacional, sino que han aprendido a prosperar en los márgenes del sistema. Su resiliencia se explica tanto por su capacidad adaptativa como por su inserción en una red global de intereses inter-seccionados, facilitadores financieros y alianzas geopolíticas funcionales.
Para contenerlas, es necesario un cambio estratégico radical que ponga en el centro la inteligencia financiera. Esto implica herramientas como el análisis de blockchain, la inteligencia artificial aplicada al rastreo de flujos ilícitos y el mapeo de redes de facilitadores económicos, como bancos, firmas offshore y gobiernos cómplices.
Casos como la operación Cassandra demuestran la eficacia de este enfoque. Esta operación logró desarticular parte de la milicia libanesa Hezbolá. Golpear la arquitectura económica de tales estructuras resulta más efectivo que intervenir en su dimensión militar o territorial.
Esta línea de acción exige también sanciones secundarias inteligentes (como las impuestas a Rosneft), incentivos calibrados para élites dispuestas a colaborar, garantías de salida para sectores del régimen, y acuerdos transicionales verificables. La cooperación internacional real (no solo formal) se vuelve esencial: organismos como el GAFI o la UNODC deben asumir un rol operativo más allá de la diplomacia ritual, con capacidad para actuar con rapidez, evadir bloqueos institucionales y construir coaliciones que respondan a las amenazas sistémicas que tales organizaciones formulan.
En escenarios donde la erosión de estas entidades no es posible ni viable sin generar desastres humanitarios, debe apostarse por formas de contención como la cooperación selectiva en áreas de interés mutuo (narcotráfico, migración, ciberseguridad, antiterrorismo). El objetivo no es legitimar a los regímenes, sino gestionar riesgos con mecanismos de presión funcional, monitoreo riguroso y reversibilidad clara.
Sin embargo, mirar hacia el futuro implica reconocer que las empresas ilícitas estatales no son una anomalía pasajera sino un síntoma estructural de un orden internacional en transformación. La crisis climática, el «progreso» tecnológico y la erosión institucional de las democracias están creando las condiciones para su proliferación. En regiones como África o la Península Arábiga podrían surgir nuevas entidades híbridas, mientras que países como México o Ucrania enfrentan una creciente fusión entre Estado y estructuras criminales.
El mayor riesgo no es la expansión de esta cosmovisión operativa, sino la internalización de sus métodos por parte de democracias que, en nombre de la seguridad o la competencia geopolítica, adoptan prácticas que antes condenaban. Así, la línea que separa al Estado de derecho del estado mafioso se vuelve cada vez más delgada, más ambigua y más negociable.
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La incertidumbre dejó de ser un episodio excepcional y hoy es la condición permanente del entorno estratégico. Marcos como VUCA, BANI y DACAR intentan describir esta complejidad creciente. En este artículo, Jaime Morales, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, explica que describir no basta cuando lo que se necesita es decidir. DELTA propone pasar del diagnóstico a la acción con lucidez y coherencia.
A lo largo de nuestra historia se han ido desarrollando marcos de pensamiento que permiten contextualizar un mundo más impredecible y complejo; Después de los eventos como el 11-S y la crisis económica de 2007; los Guros corporativos para poder gestionar los cambios rápidos y poder tomar decisiones estratégicas fueron adoptando descripciones de la realidad con lenguajes que les permiten simplificar; en definitiva, que les ayude a extraer información del entorno.
Desde esta dinámica surgen los conceptos VUCA(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), BANI (Frágil, Ansioso, No lineal e Incomprensible) y más recientemente DACAR caracterizado por ser Digital, Adaptativo, Cambiante, Ansioso y Resiliente.
Cabe resaltar que la toma de decisiones estratégicas en la actualidad se ha vuelto gradualmente más compleja. Iniciando por las aceleraciones tecnológicas, las presiones geopolíticas, las crisis sistémicas y llegando a la sobreexposición a la información han configurado un entorno dominado por la incertidumbre.
En este escenario, la estrategia en entornos inciertos ya no depende únicamente del análisis racional, sino de la capacidad para comprender qué tipo de entorno se enfrenta y poder aplicar la lógica estratégica adecuada. Por eso el enfoque DELTA (Digital, Evolutivo, Lúcido, Transformador y Ágil), combinado con el BCG Strategy Palette, ofrece un marco útil para mantener claridad estratégica cuando el futuro no puede anticiparse con precisión.
Desde la modelación de futuros, el problema central ya no es la falta de datos. El problema es convertir datos en decisiones. Nunca hubo tanta información disponible. Y esto ha llevado a generar mucha ansiedad. Este desajuste explica por qué muchas organizaciones están reaccionando más de lo que deciden y están gestionando más crisis que estrategias.
Decidir en entornos inciertos: el nuevo desafío estratégico
Ya concibiendo que los contextos empresariales cada vez son más inciertos, pretender que una única receta estratégica funcione para todos los sectores y momentos es, como mínimo, ingenuo. La idea central es simple pero poderosa: «la estrategia debe adaptarse al contexto, no al revés».
Martin Reeves, junto con otros autores del Boston Consulting Group identificaron dos variables clave para diagnosticar dicho contexto: la Predecibilidad, qué tan fácil es anticipar el futuro del mercado. Y la Maleabilidad hasta qué punto una empresa puede influir activamente en ese entorno.
A partir de estas dimensiones, proponen cinco enfoques estratégicos, cada uno con sus lógicas, herramientas y capacidades organizativas distintas. Así: La estrategia clásica o competir mediante la ventaja; la Estrategia adaptativa aprender más rápido que los demás; la Estrategia visionaria crear el futuro, la Estrategia de configuración orquestar un ecosistema y la Estrategia de renovación sobrevivir para poder competir
Vivir en tiempos líquidos: la incertidumbre como condición permanente
Mirando más allá del management tradicional y poder entender porque el cambio se volvió permanente. El sociólogo Zygmunt Bauman nos propone nuestra época como tiempos líquidos, es decir un mundo donde las estructuras pierden solidez, las reglas se reescriben constantemente y las certezas duran menos que los ciclos de decisión.
En estos tiempos líquidos, la incertidumbre no es una «brecha» coyuntural. Es ya el estado normal del sistema. La estabilidad deja de ser el punto de partida y pasa a ser una excepción temporal.
Las ventajas competitivas se erosionan rápido, Los planes rígidos envejecen antes de desplegarse, La información crece más rápido que la capacidad de poderla interpretar y la ansiedad aumenta y empuja a la reactividad de las organizaciones.
Visto desde aquí, el problema ya no es solo la volatilidad del entorno. Es la pérdida de lucidez estratégica. Cuando todo parece urgente, confundimos movimiento con progreso. Se adoptan rápidamente tecnologías sin propósito y se decide rápido, pero se decide mal.
Cómo se relacionan VUCA, BANI y DACAR con Delta
Una forma simple de integrar estos marcos es verlos como capas. VUCA describe el comportamiento del entorno. Mientras que BANI explica cómo ese entorno se siente y se procesa en las personas. Ahora el DACAR reconoce que lo digital y la ansiedad ya forman parte del «clima» estratégico y que la resiliencia es una condición mínima.
Es por eso que DELTA aparece cuando la organización tiene la capacidad de preguntar: «¿Qué hacemos con esto?». Es el paso dinámico del diagnóstico a la práctica. Por eso, DELTA funciona bien como marco de trabajo para equipos estratégicos y de prospectiva.
Para ser un poco más explícito; se debe de usar VUCA para mapear la volatilidad, la complejidad y la ambigüedad de los mercados, regulaciones, tecnología, seguridad. Una vez concretado este entorno usamos BANI para identificar puntos de fragilidad y ansiedad interna que distorsionan los posibles.
Después usar DACAR para reconocer dependencias digitales y capacidades de resiliencia como por ejemplo continuidad, ciberseguridad, talento. Finalmente entra en escena estratégica DELTA para convertir todo lo anterior en decisiones, escenarios, opciones, umbrales, ciclos de aprendizaje.
Este encadenamiento que se propone evita dos errores frecuentes: quedarse solo en etiquetas «esto es VUCA» o saltar a acciones sin marco «hagamos agiley ya«. El objetivo aquí no es acumular acrónimos. Es construir una cultura de decisión coherente en tiempos líquidos.
DELTA: de acrónimo a mentalidad para decidir sin predecir
DELTA no compite con VUCA, BANI o DACAR. Los integra y los trasciende. Propone un cambio de enfoque: menos obsesión por predecir y más capacidad para decidir con coherencia.
DELTA significa Digital, Evolutivo, Lúcido, Transformador y Ágil. Cada componente responde a una carencia recurrente en modelos estratégicos.
Digital: La digitalización dejó de ser una opción. Aun así, muchas organizaciones la abordan como respuesta táctica, compran herramientas, no rediseñan procesos, acumulan datos y no mejoran las decisiones.
Evolutivo: En contextos estables, la eficiencia era ventaja. En contextos inciertos, ahora lo es el aprendizaje. Una organización evolutiva revisa supuestos, prueba hipótesis y actualiza su «modelo mental» del entorno.
Lúcido: La lucidez es el núcleo de DELTA. Es la capacidad de pensar con claridad cuando el entorno empuja a reaccionar. En un mundo saturado de señales, la atención se vuelve un recurso escaso.
Transformador: Adaptarse ya no basta. Quien lidera no solo responde al cambio, lo impulsa. Ser transformador implica redefinir modelos, influir en el ecosistema y anticipar necesidades emergentes.
En la práctica: es necesario rediseñar nuestro modelo de negocio antes de que lo haga un competidor. Debemos construir alianzas para cambiar reglas del juego. Al interior de la organización crear estándares, no solo cumplirlos.
Debemos convertir capacidades internas en plataformas de buenas prácticas para otros. El mayor riesgo suele ser no cambiar, la transformación exige mucha valentía. Ser Ágil, la velocidad con sentido, la agilidad se confunde con rapidez, no es lo mismo; la agilidad estratégica es responder rápido sin perder coherencia.
DELTA se apoya en una idea central de la prospectiva: no existe un único futuro. Existen futuros plausibles. Por eso, el objetivo no es acertar. Es estar preparado.
La pregunta clave deja de ser «¿Qué va a pasar?”. Pasa a ser “¿Qué haremos si pasa A, B o C?».
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El Tribunal Administrativo de Colonia ha prohibido temporalmente que la Inteligencia alemana clasifique a la AfD como extremista, mientras espera una sentencia definitiva sobre el caso.
En su sentencia, el tribunal reconoció que existe una «certeza suficiente» de que dentro de la AfD se desarrollan actividades dirigidas «contra el orden democrático liberal». Sin embargo, matizó que eso «no la caracteriza de tal manera que se pueda determinar una tendencia fundamental inconstitucional en términos generales». Por tanto, la BfV debe abstenerse de anunciar públicamente dicha calificación hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Años de investigación tras la decisión
El trasfondo del caso se remonta a principios de mayo de 2024, cuando la BfV anunció, tras años de investigación, su decisión de clasificar a la AfD (fundada en 2013) como organización de extrema derecha. La Inteligencia alemana argumentó entonces que «la concepción predominante del partido sobre el pueblo, basada en la etnia y la ascendencia, es incompatible con el orden democrático liberal». El partido respondió presentando una demanda judicial, lo que derivó en el proceso que ahora ha desembocado en esta resolución provisional.
No obstante, la batalla legal no ha concluido. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia, lo que significa que la calificación de la AfD como organización extremista sigue siendo una cuestión abierta y pendiente de resolución definitiva por parte de la Justicia alemana.
La Hermandad Musulmana se ha consolidado como uno de los actores más influyentes del islamismo político contemporáneo. Su proyección trasciende el ámbito religioso y se inserta en dinámicas geopolíticas, institucionales y sociales de gran alcance. En este artículo, Álvaro Caverni, alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute analiza su evolución histórica, su dimensión internacional y su implantación en Europa.
La Sociedad de los Hermanos Musulmanes (Jami’at al-Ikhwan al-Muslimun) representa la organización islamista más antigua y de mayor influencia en el mundo contemporáneo. Fundada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna, su surgimiento no debe entenderse únicamente como un fenómeno religioso. También fue una respuesta política y social ante la caída del califato otomano y la ocupación británica.
El ideario fundacional de la organización rechaza la separación entre religión y Estado, característica de las democracias liberales. Postula que el islam constituye un sistema completo de vida. Este sistema debe regir tanto los asuntos privados como los políticos.
A lo largo de su historia, la metodología de la Hermandad para alcanzar su objetivo último, que no es otro que la instauración de un Estado basado en la Sharía. Sus tácticas han ido oscilando entre la esfera de lo social y la acción política directa. Sin embargo, la evolución teórica del movimiento experimentó un giro radical a mediados del siglo XX con la figura de Sayyid Qutb.
En respuesta a la represión nasserista, Qutb introdujo conceptos como la Yahiliyyah, entendida como la ignorancia divina de las sociedades modernas. Además, legitimó la yihad no solo como esfuerzo espiritual. También la presentó como una lucha física para derrocar regímenes considerados apóstatas.
Aunque la rama principal de la Hermandad renunció oficialmente a la violencia en los años 70, adoptó una estrategia de participación política. También impulsó una islamización social desde abajo. Sin embargo, las ideas de Qutb sentaron las bases del yihadismo moderno.
La dimensión geopolítica: El pulso por la hegemonía en el Islam
Para comprender la tendencia actual de la Hermandad, es imprescindible analizar la rivalidad estructural en el Golfo Pérsico. Existe una confrontación entre dos modelos opuestos de entender la legitimidad del poder en la región.
Por un lado, el eje Qatar-Turquía promueve una opción «neo-islamista». Esta busca integrar los postulados de los Hermanos Musulmanes para modernizar el islamismo político. Por otro lado, el bloque liderado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) defiende el statu quo. Este se fundamenta en la ortodoxia wahabita y la legitimidad dinástica. Además, rechaza cualquier islamismo revolucionario que amenace a las monarquías.
En este tablero, la Hermandad Musulmana ha sido instrumentalizada por Doha y Ankara como una herramienta de política exterior. Así, ambos buscan proyectar influencia y desafiar la hegemonía saudí.
Qatar ha utilizado su capacidad financiera y mediática para dar voz al movimiento. Lo ha hecho especialmente a través de la cadena Al Jazeera. Esta estrategia precipitó la crisis diplomática de 2017 y el posterior bloqueo por parte de sus vecinos del Golfo.
Turquía, bajo el liderazgo del AKP de Erdogan, comparte una profunda afinidad ideológica con el grupo. Ha llegado incluso a establecer bases militares en territorio catarí. Además, apoyó a la Hermandad durante las Primaveras Árabes.
Aunque la crisis de 2017 exigió a Qatar la ruptura de lazos con la Hermandad, la reciente guerra en Gaza ha reconfigurado el escenario. Los vínculos de Turquía y Qatar con Hamás los han convertido en piezas clave para las negociaciones de alto el fuego, obligando incluso a sus rivales saudíes a colaborar en una nueva arquitectura de seguridad regional.
La Hermandad en Europa: Los modelos de Austria y Francia
La presencia de la Hermandad Musulmana en Europa ha sido objeto de análisis exhaustivos por parte de las autoridades austriacas y francesas. Estos estudios han revelado tácticas y patrones comunes de penetración social e institucional.
En Austria, la organización se estableció en la década de 1960, aprovechando una política de asilo generosa. Figuras como Yussuf Nada convirtieron el país en una base operativa y financiera global.
La estructura en Austria se divide en tres niveles: los «Pure Brothers», es decir, miembros formales. Luego aparecen entidades fundadas por simpatizantes. Finalmente, existen organizaciones influenciadas que niegan vínculos orgánicos, pero comparten el ecosistema ideológico.
Lo más alarmante del caso austriaco ha sido la penetración de estas redes en instituciones oficiales del Estado. Entre ellas se encuentra la Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), encargada de la gestión del islam. También figura la academia responsable de formar a los profesores de religión (IRPA).
Esto generó una peligrosa desconexión. Mientras los servicios de seguridad advertían sobre el totalitarismo del grupo y su intención de crear sociedades paralelas, la clase política continuaba legitimándolos. Además, seguía financiándolos como socios para la integración.
En Francia, el fenómeno se describe como un sistema en sí mismo. Encabezado por Musulmans de France (antigua UOIF), este sistema no opera solo como una red religiosa, sino como una maquinaria de influencia política. Su estrategia se sustenta en tres pilares para asegurar la hegemonía ideológica: la educación (formación de imanes), el tejido asociativo (organizaciones juveniles y de mujeres) y la instrumentalización del victimismo.
Esta última táctica utiliza el concepto de islamofobia para deslegitimar cualquier crítica al islamismo, blindando sus prácticas de la fiscalización estatal. El objetivo último, según las autoridades francesas, es provocar una ruptura cultural donde la norma islámica prevalezca sobre las leyes de la República, fomentando una sociedad paralela financiada en gran medida desde el exterior.
El caso español, implantación, recorrido y vínculos internacionales.
La implantación de la Hermandad en España comparte similitudes cronológicas con el resto de Europa, remontándose a finales de los años sesenta de la mano de estudiantes sirios y palestinos. Sin embargo, el papel de España trasciende el de un mero país receptor. España se posicionó como el centro neurálgico para la creación de la estructura continental de la organización.
La Conferencia de Madrid de 1984 se considera un punto de inflexión. Allí, los grupos dispersos decidieron transformarse de «Hermanos árabes en el exilio» a «Hermanos europeos». Con ello, sentaron las bases para la Federación de Organizaciones Islámicas en Europa (FIOE).
Al igual que en Austria y Francia, la estrategia en España se basó en la institucionalización. La Hermandad se infiltró paulatinamente en los órganos de representación para asegurar el liderazgo de la comunidad ante el Estado. Para ello, concentró sus esfuerzos en la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la Comisión Islámica de España (CIE).
Geográficamente, Madrid, Valencia y Cataluña se establecieron como los principales núcleos de actividad. Estos se sustentaron en flujos de capital del Golfo Pérsico. Dichos fondos fueron canalizados a través de estructuras educativas y humanitarias.
Surge en el caso español una particularidad crítica al compararlo con sus vecinos, y es la sospecha de la participación en redes de financiación del terrorismo. Esta sospecha ha puesto en el punto de mira a la entidad en nuestro país.
La evidencia más contundente surgió en 2021 con la detención de Ayman Adlbi. En ese momento, presidía la Comisión Islámica de España (CIE), el máximo interlocutor con el gobierno. En el marco de la Operación WAMOR, Adlbi fue detenido por su presunta implicación en una red de financiación del terrorismo. Dicha red enviaba fondos a facciones vinculadas a Al-Qaeda en Siria.
La investigación policial argumentaba que se utilizaron las estructuras organizativas y la fachada institucional de la representación islámica en España. El objetivo era proporcionar apoyo logístico y financiero a elementos yihadistas.
A principios de diciembre de 2025, la Audiencia Nacional archivaba la causa contra Ayman Adlbi. Consideró que estaban probadas las donaciones hacia ciertas organizaciones humanitarias. Sin embargo, no se podía establecer que los investigados conocieran su participación en actividades de financiación terrorista.
Independientemente del archivo de la causa, y sin restarle importancia, la existencia de la investigación en sí resulta significativa. También lo son las diligencias practicadas. Ambas demuestran que existe preocupación por las actividades de la Hermandad. Asimismo, queda patente la inquietud por sus posibles vínculos.
Conclusiones y propuestas
El análisis comparado de la situación en España con respecto a Austria y Francia arroja luz sobre la complejidad del desafío. La estrategia de ambigüedad de la Hermandad, sumada a la polarización política actual, facilita que sus redes operen en una zona gris. No se puede ni se debe criminalizar a todo el movimiento de manera inequívoca, aunque es lícito que surja la duda a la luz de los antecedentes que obligan a realizar estudios más rigurosos. La experiencia demuestra que la radicalización política y las narrativas alternativas de movimientos religiosos tienen un alto potencial desestabilizador en las democracias occidentales.
Ante este escenario, y dado que en España el estudio de la amenaza para los valores constitucionales aún no es tan exhaustivo como en otros países europeos, resulta necesario implementar medidas concretas. En primer lugar, es deseable una revisión de la interlocución institucional. El Estado debería tratar de diversificar los interlocutores con la comunidad musulmana para evitar que organizaciones vinculadas a la Hermandad monopolicen la representación. Empoderar a líderes independientes de injerencias extranjeras es vital para la salud democrática.
En segundo lugar, se requiere una mayor transparencia financiera. Siguiendo el ejemplo austriaco, España debe fiscalizar rigurosamente los flujos de capital extranjero, especialmente aquellos provenientes que sostienen las redes asociativas y educativas del islamismo político. Finalmente, es imperativo fomentar la formación especializada de funcionarios y expertos dentro de las instituciones. Solo mediante un conocimiento profundo se podrá discernir entre la práctica religiosa legítima y las estrategias políticas de suplantación del Estado que buscan socavar la cohesión social a largo plazo.
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En este artículo, Pablo Creus analiza la creciente tensión entre China y Filipinas en el Mar de China Meridional. El texto examina los principales focos geográficos de fricción y su dimensión estratégica.
En los últimos meses, la disputa entre China y Filipinas en el mar de China Meridional se ha intensificado no solo en el plano diplomático, sino también sobre el terreno marítimo, con incidentes recurrentes protagonizados por sus guardias costeras (CCG y PCG), en coordinación con milicias y barcos de apoyo, en torno a arrecifes, bancos y formaciones clave tanto en la zona septentrional del mar como en las islas Spratly, situadas en la zona sur.
La zona norte incluye principalmente el entorno del banco de Scarborough (Scarborough Shoal), también llamado Bajo de Masinloc, y las aguas situadas al oeste de la isla filipina de Luzón (ZEE filipina), que constituye el núcleo político y económico del país. Scarborough, situado a apenas unos 220 km de Luzón pero a más de 800 km de la costa china continental, es uno de los puntos más sensibles que permite a China estar cerca de Manila, ampliar su presencia recurrente en dirección al estrecho de Luzón y limitar el acceso filipino a los caladeros.
Al sur, en la zona de las Spratly, destacan puntos como el banco de Second Thomas (Ayungin Shoal), el banco de Sabina (Sabina Shoal) o el arrecife de Mischief (Mischief Reef), donde la tensión constante se manifiesta en forma de interdicciones entre guardacostas.
Scarborough en el Mar de China Meridional
En el teatro norte, en torno al banco de Scarborough, China mantiene una presencia dominante desde 2012. En esta zona operan sobre todo la Guardia Costera china (CCG) y, en segundo plano, la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL). Filipinas responde con patrullas de su Guardia Costera (PCG), encargada de la protección de los pescadores, la vigilancia marítima y la defensa de sus derechos en su Zona Económica Exclusiva (ZEE, franja de 200 millas náuticas reconocida por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, firmada en 1982).
Además, Manila colabora estrechamente con Estados Unidos en ejercicios militares conjuntos, como las Maritime Cooperative Activities (MCA) de 2025 próximas a Scarborough, entre ellas las de mayo (bilateral), septiembre (multilateral), octubre (multilateral), noviembre (multilateral, con la concentración de nueve buques de guerra y patrulleras) y diciembre (bilateral), o la de enero de 2026 donde el destructor USS John Finn navegó junto a la fragata de la Armada filipina BRP Antonio Luna y el patrullero BRP Gabriela Silang.
Otro dato importante es la entrada de India en este tipo de ejercicios navales próximos al banco de arena. En agosto de 2025 desplegó tres buques de su Armada, entre ellos un destructor de misiles guiados y una corbeta antisubmarina, marcando su primera patrulla conjunta en el Mar de Filipinas Occidental y sumándose así a iniciativas similares realizadas previamente por otros miembros del Quad, como EE. UU, Australia y Japón.
Como muestra de la intensificación del despliegue chino, AMTI señala que el número total de días de presencia acumulada de buques de la Guardia Costera china en torno a Scarborough pasó de 516 en 2024 a 1.099 en 2025, es decir, de una media de 1,4 buques desplegados por día a cerca de tres buques diarios, teniendo en cuenta que estas cifras se basan en fuentes abiertas.
En este contexto de influencia, en septiembre de 2025, el Consejo de Estado chino aprobó oficialmente la designación de la isla Huangyan (Scarborough) como reserva natural nacional, estableciendo así un marco administrativo de protección de la zona que puede contribuir a legitimar la presencia permanente de sus guardacostas y a restringir el acceso filipino, sin recurrir a la construcción de infraestructura militar. Uno de los objetivos de esta medida podría ser transformar un control de facto sobre el banco en una forma de administración civil justificada oficialmente como una iniciativa de protección medioambiental.
Palawan y Reed Bank: foco energético en el Mar de China Meridional
El eje Palawan–Reed Bank es uno de los principales focos de tensión en el mar de China Meridional y todo indica que su importancia seguirá creciendo en el corto y medio plazo. Palawan es una isla del oeste de Filipinas que actúa como la principal frontera marítima del país hacia el sector suroccidental del mar en disputa. Frente a ella se encuentra el banco de Reed (Reed Bank), una zona submarina donde se estima que existen importantes reservas de petróleo y gas.
Reed es especialmente sensible porque Filipinas necesita nuevas fuentes de energía ante el declive progresivo de Malampaya, el principal yacimiento de gas del país situado también frente a Palawan. Malampaya ha abastecido durante décadas gran parte de la electricidad de Luzón, por lo que su agotamiento convierte a Reed Bank en un objetivo estratégico.
Según el South China Morning Post, algunos analistas filipinos habrían planteado la posibilidad de promover un acuerdo similar al que ya existe en otras partes del mundo, en el que se otorgaría a Estados Unidos intereses económicos tangibles en la explotación de hidrocarburos en el banco en cuestión a cambio de un apoyo de seguridad más amplio y sostenido. Sin embargo, se trataría de una opción compleja debido al fuerte interés de China en la zona, lo que podría limitar los beneficios potenciales y elevar la posibilidad de un enfrentamiento más serio en el corto plazo.
Como dato reciente en relación con Malampaya, a finales de enero de 2026 el presidente filipino Ferdinand Marco Jr. anunció el descubrimiento de gas natural en un nuevo pozo denominado Malampaya East-1, ubicado a unos 5 km al este del yacimiento existente. Se estima que contiene cerca de 2,8 mil millones de metros cúbicos de gas, y se espera que el hallazgo contribuya a prolongar la vida productiva del campo gasístico.
Las Spratly en el Mar de China Meridional
Otra de las áreas clave es el archipiélago de las Spratly, un conjunto de más de un centenar de arrecifes, bancos de arena, cayos e islotes situados en la zona central y sur del mar de China Meridional, situado a unos 500–600 km de Filipinas y a más de 1.000 km de la costa china. Para Filipinas, las Spratly son críticas, ya que varias de sus formaciones se encuentran dentro de su Zona Económica Exclusiva y constituyen la línea avanzada de su control marítimo. En este conjunto se ubica el banco de Second Thomas(Ayungin) y la isla Thitu (Pag-asa), ambos puntos clave para Manila.
Podemos destacar varios incidentes recientes cerca de ambas zonas; por ejemplo, en octubre de 2025, un barco de la Guardia Costera china embistió al buque filipino BRP Datu Pagbuaya que estaba anclado cerca de la isla Thitu, con la justificación china de que estas embarcaciones estaban en las proximidades de los bancos de arena conocidos como Sandy Cay, próximos al arrecife Subi, donde hay presencia e infraestructura militar china. Y un mes y medio antes, cerca del BRP Sierra Madre, buque de la Marina filipina encallado deliberadamente en 1999 en el banco de Second Thomas, se observaron varios buques de la Guardia Costera china, lanchas rápidas, buques de la PAFMM (milicia marítima china), un helicóptero y un dron, dentro de la zona del denominado Mar de Filipinas Occidental.
Dentro del mismo teatro Spratly se encuentran los arrecifes transformados por China en bases artificiales: el arrecife de Mischief (Mischief Reef), el arrecife de Subi (Subi Reef) y el arrecife de Fiery Cross (Fiery Cross Reef), entre otros.
Mischief es particularmente importante para Filipinas porque está dentro de su ZEE y el laudo arbitral de 2016 determinó que no se trata de una isla propiamente dicha, sino de una formación que queda sumergida con la marea alta, por lo que no puede generar derechos marítimos propios. Sin embargo, China lo ha convertido en una instalación militarizada con pistas, radares y puertos, lo que le permite ejercer inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y proyectar su presencia sobre áreas cercanas a Palawan y al banco de Reed.
Fiery Cross Reef, Mar de China Meridional. Imagen satelital 2022. Fuente: Google Earth Pro; Maxar Technologies (consultado el 16/02/26)Mischief Reef, mar de China Meridional (imagen satelital 2014). Fuente: Google Earth Pro; Imagery Maxar Technologies (consultado el 16/02/26)Mischief Reef, mar de China Meridional (imagen satelital 2020). Fuente: Google Earth Pro; Imagery Maxar Technologies (consultado el 16/02/26)
Reservas y recursos en el Mar de China Meridional
El Mar de China Meridional es una ruta comercial mundial crítica, que se extiende desde Singapur y el Estrecho de Malaca en el suroeste hasta el Estrecho de Taiwán en el noreste. Los países que limitan con el mar declaran la soberanía de alguna parte de las islas y archipiélagos con la intención de reclamar sus recursos. Es una zona poco explorada debido a la gran cantidad de disputas territoriales existentes, y los yacimientos descubiertos se encuentran en las zonas no disputadas que están próximas a las costas (ZEE).
Según Rystad, el mar en cuestión contiene alrededor de 3.600 millones de barriles de petróleo y otros líquidos, y unos 1,14 billones de metros cúbicos de gas natural en reservas probadas y probables. Además, el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) estima que la región podría albergar entre 2.400 y 9.200 millones de barriles de petróleo y entre 1,75 y 6,12 billones de metros cúbicos de gas aún no descubierto, cifras que podrían ser mayores porque no se ha estudiado toda la zona.
El archipiélago de las Spratly, formado por más de 100 pequeñas islas y arrecifes, es una zona que podría albergar importantes depósitos de hidrocarburos aún no descubiertos. Según el USGS, la plataforma donde se sitúan podría contener entre 0,9 y 3.000 millones de barriles de petróleo, y hasta unos 460.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Las Spratly son reclamadas en su totalidad por China, Taiwán y Vietnam, mientras que Filipinas solo reclama parte del archipiélago, el área que considera parte del mar de Filipinas Occidental.
China reclama la mayor parte del mar de China Meridional. En 1947 publicó un mapa con una línea de once trazos que delimitaba sus supuestos territorios, que fue reducida en 1952 a la conocida línea de nueve trazos. En agosto de 2023, China presentó un nuevo mapa que añadió un trazo adicional frente a la costa oriental de Taiwán, formando una línea de diez trazos. Además, el país cuenta con presencia militar en los tres arrecifes mencionados anteriormente (Fiery Cross, Mischief y Subi), y de otros puestos avanzados en los arrecifes de Cuarteron, Gaven, Hughes y Johnson.
Filipinas reclama lo que denomina el Grupo de las Islas Kalayaan en las Spratly. También reclama el banco de Scarborough. El país cuenta con puestos avanzados en la isla Pag-asa, y otras posiciones más pequeñas en el arrecife Rizal, en las islas Lawak, Panata, Loaita, West York, Flat, en el cayo Noreste y en el banco de Second Thomas.
Las tres principales compañías petroleras estatales chinas, CNOOC, Sinopec y CNPC, son las encargadas de explotar los recursos energéticos en el mar de China Meridional. CNOOC es la que cuenta con mayor presencia offshore en la zona. En 2022 produjo una media diaria de unos 390.000 barriles de crudo y cerca de 31 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Sus principales proyectos se concentran en la zona oriental con los campos Enping y Lufeng. Además, planea desarrollar más campos en la cuenca de Yinggehai y en la desembocadura del río Perla.
En cuanto a su papel en el comercio global, el mar de China Meridional es una ruta comercial crítica, con un 21% del comercio global (3,4 billones de dólares) en 2016. Actúa como un gran corredor marítimo que conecta el océano Índico con el Pacífico occidental. La mayoría del tráfico comercial que sale del Golfo Pérsico o de África oriental hacia Asia oriental entra por el estrecho de Malaca y cruza el mar de China Meridional antes de dirigirse hacia el estrecho de Luzón, el estrecho de Taiwán o el mar de China oriental.
Estas rutas constituyen las llamadas líneas de comunicación marítima (SLOCs), vitales para el comercio global y para el suministro energético hacia China, Japón o Corea del Sur. Como ejemplo, en 2023, por esta zona transitaron unos 18 millones de barriles diarios de crudo y condensado, lo que representó el 43% del comercio marítimo mundial de hidrocarburos líquidos, siendo China el principal destino (50%), seguida de Corea del Sur (14%) y Japón (12%).
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