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HRW denuncia abusos de grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Según Human Rights Watch los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento “dramático” de la violencia en los primeros meses de 2022.

Según, HRW, el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.

Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

El 19 de enero, un coche bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, Arauca, donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. Al menos 50 líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos estaban refugiados allí. El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el “centro de mando urbano” del ELN.

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure. En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas. No solo asesinatos, si no también se han recibido denuncias creíbles sobre varios casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo de niños y niñas, por parte de grupos armados.

Complicidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela

Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos.

Desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (TANCOL). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos.

Personas que huyen de Venezuela

Según datos de la organización de derechos humanos, hasta el 11 de marzo, más de 3.300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.

Las autoridades colombianas interpretan que las personas que sufrieron abusos en Venezuela no están cobijadas por la Ley de Víctimas, cuyo ámbito de aplicación abarca los delitos cometidos “en el contexto del conflicto armado interno”. Aunque las organizaciones humanitarias han proporcionado alimentos y medicamentos y servicios de salud, pero estos han sido insuficientes, señalaron los funcionarios humanitarios.

En marzo de 2021, las autoridades colombianas adoptaron un régimen de protección temporal para los aproximadamente 1.8 millones de venezolanos que viven en Colombia. Este mecanismo permite a los venezolanos que estaban en Colombia al 31 de enero de 2021 obtener estatus legal por 10 años, y permanece abierto a los venezolanos que ingresen legalmente a Colombia hasta marzo de 2023. Pero la mayoría de los venezolanos que huyen de los abusos recientes de Apure parecen haber ingresado a través de cruces informales y por ello no estarían cobijados bajo este régimen legal.

Respuesta Humanitaria en Colombia

Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, más de 3.800 personas se desplazaron internamente en Arauca, según estadísticas del gobierno colombiano. Además, nueve comunidades indígenas y un grupo de desmovilizados de las FARC han denunciado que sus miembros no salen de sus comunidades por temor a sufrir abusos por parte de grupos armados, una situación conocida en Colombia como “confinamiento”.

Con arreglo a la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado, incluyendo un albergue digno y alimentos. Ello debe ocurrir tan pronto como estas personas soliciten ser registradas como víctimas. La ley establece que, si un gobierno municipal no puede ofrecer dicha asistencia, el gobierno departamental o una agencia nacional, conocida como Unidad de Víctimas, debe intervenir.

Varias alcaldías, que dicen carecer de recursos para asistir a las víctimas, se ofrecieron a albergar a los desplazados en estadios de fútbol y escuelas. Pero nadie aceptó por temor a que los grupos armados pudieran atacarlos allí. La mayoría de los desplazados viven con conocidos en los municipios de Arauca y Arauquita, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Enfrentamientos entre grupos armados

Los grupos armados que operan en el departamento de Arauca, al este de Colombia, y en el estado vecino de Apure, en Venezuela, utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos.

En 2010, los dos grupos armados acordaron poner fin al conflicto y desde entonces cooperaron entre sí. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, un grupo de unos 15 guerrilleros abandonaron el proceso de desmovilización y crearon el Frente 10, que en buena medida continuó la cooperación de las FARC con el ELN, hasta que estallaron los enfrentamientos entre los grupos armados en enero de 2022.

Las disputas entre los grupos armados parecen haber surgido por varias cuestiones. El ELN acusó al Frente 10 de cometer abusos contra la población –lo que también hace el ELN–, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas por el ELN. La falta de apoyo del ELN al Frente 10 en sus enfrentamientos desde 2021 con las fuerzas de seguridad venezolanas también debilitó la alianza entre los dos grupos.

Recomendaciones de Human Rights Watch

A la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela:

  • Investigar las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el ELN y los grupos disidentes de las FARC, como parte del mandato de la misión de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

A los gobiernos donantes y las agencias humanitarias internacionales:

  • Apoyar a las agencias humanitarias que trabajan en Apure, Arauca y Vichada para brindar asistencia adicional a colombianos y venezolanos en riesgo.
  • Coordinar esfuerzos para garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible, incluyendo mediante la creación y administración de albergues para las miles de personas desplazadas que huyeron recientemente de Apure.

Casos documentados por HRW

El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una mujer que presenció los hechos. La testigo no pudo determinar si alguno de ellos era menor de edad. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas, dijo.

Cuatro miembros del ELN irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años, diciendo que debía unirse a la guerrilla, dijo. Los guerrilleros le apuntaron a ella con un arma y la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad. La mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, dijo.

El 17 de enero, dos hombres armados dispararon contra el activista comunitario, Miguel Alexis Amado Carrillo, cuando salía de su casa en Arauquita, Arauca. Carrillo murió en un hospital horas después. Al parecer, fue asesinado por miembros del Comando Conjunto de Oriente, quienes lo acusaron de simpatizar con el ELN, según funcionarios locales que investigaron el caso.

El 2 de enero, miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar.

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