DDHHImpacto de los grupos armados en el proceso electoral colombiano

Impacto de los grupos armados en el proceso electoral colombiano

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Desde la ONU se considera urgente reforzar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y constata que 2021 volvió a ser un año muy violento con centenares de muertes y asesinatos entre defensores de derechos humanos, excombatientes y civiles que participaban en protestas de carácter social. Además, alrededor de 72.000 personas fueron desplazadas.

En su último informe sobre la situación en Colombia, la Oficina de la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oficina que dirige Michelle Bachelet “ve con preocupación la presencia de grupos armados no estatales que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones de paz y su impacto negativo en las garantías de seguridad para el proceso electoral”.

Por ese motivo, la Oficina que lidera la expresidenta de Chile insta al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia.

Además, considera oportuno atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral, con medidas de protección, y con mayor presencia de la institucionalidad civil en zonas críticas, llevando a cabo acciones frente a la estigmatización o la discriminación por razones de género o étnicas.

Desde el informe sobre la Situación de los derechos humanos en Colombia, Naciones Unidas se considera que uno de los mayores obstáculos para la paz, es la limitada presencia del Estado, sobre todo de las autoridades civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se produzcan muchos asesinatos y otros actos violentos.

ONU Derechos Humanos advirtió del impacto que genera la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, alterando los proyectos de vida individuales y colectivos,  y afectando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.

2021, otro año violento

El año pasado volvió a ser un año violento en Colombia con matanzas, centenares de muertos y miles de desplazados, informa ONU Derechos Humanos. Esta comisión recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales verificó 78 casos, dos siguen en proceso de verificación y veinte fueron considerados como no concluyentes.

En las 78 masacres verificadas se registraron 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Destacando como los departamentos más afectados a: Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Además los datos entre enero y noviembre de 2021, alcanzan las 72.388 personas (12.848 niños y niñas) que fueron desplazadas, triplicando casi la cifra que se registró en 2020 de 26.291.

La ONU, a través de su Misión de Verificación, también constató el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor.

En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, la ONU recibió 100 alegaciones de muertes de las que verificó 54 casos. De ellos denuncia que, 29 se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas sociales.

El impacto de los grupos armados

“La acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”, destaca el informe.

Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de restricciones y horarios para la movilidad, acusa a estos grupos también de cometer asesinatos de líderes sociales y amenazan a quienes desatienden las exigencias del grupo.

De igual manera se notifica que los grupos armados, controlan las comunicaciones de los miembros de la comunidad, limitan las relaciones con terceros, restringen y controlan actividades productivas como la siembra, cosecha, pesca y comercialización de productos, y no reconocen a las autoridades étnicas.

Tales acciones afectan negativamente en el acceso a comida de las comunidades, socavando su autonomía política y económica. Por otro lado, la existencia de estos grupos también fortalece el desarrollo y explotación de las economías ilícitas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales.

Naciones Unidas ha querido destacar también la violencia ejercida contra mujeres y niñas, considerado otro factor de preocupación, en particular la violencia sexual. Preocupa las amenazas ejercidas desde estos grupos, que generan silencio, invisibilizando la gravedad de esta situación.

El documento destaca la gravedad del reclutamiento o el uso de niños y niñas por parte de grupos armados observando un impacto negativo, profundo y en muchos casos irreversible, en el tejido social de las comunidades afectadas.

Igualmente, se declara, el reclutamiento o utilización por grupos armados no estatales y organizaciones criminales de niños les expone a dinámicas de explotación que incluyen algunas de las peores formas de trabajo infantil, tráfico, trata, explotación y esclavitud sexuales, que afectan principalmente a las niñas.

Infografía que acompaña el Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia..
ACNUDH
Infografía que acompaña el Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia.

Más presencia del Estado

Para mitigar toda esta violencia, el documento indica que el Estado debe promover su presencia integral en particular en las zonas rurales de Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá, Cauca, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander Putumayo y Valle del Cauca.

Esto permitirá un mayor acceso a la justicia y a servicios básicos, facilitando la lucha contra la impunidad y aumentando la realización de derechos económicos, sociales y culturales, factores fundamentales para disuadir y prevenir la violencia” establece el documento sobre la Situación de los derechos humanos en Colombia

Además, Naciones Unidas estima necesario profundizar en la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz mediante la implementación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. “Es urgente resolver los conflictos agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales”, se lee en el documento.

También se considera urgente avanzar, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la elaboración de una política pública concertada con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, para desmantelar organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como lo prevé el Acuerdo de Paz.

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