Las protestas por los aumentos del precio del gas que comenzaron el día de Año Nuevo en la ciudad de Zhanaozen, Kazajstán, se han extendido por todo el país y se están volviendo cada vez más violentas.
Las manifestaciones empezaron por la mañana del día de Año Nuevo, con motivo del aumento del precio del gas, subida que fue interpretada por los kazajos como forma de hacerles pagar a la población por las pérdidas del negocio petrolero del país.
Ante el descontento masivo que se extendía por todo el país, el actual presidente Kassym-Jomart Tokayev, trató de prometer medidas que calmaran las revueltas, como una regulación estatal de precios de los productos de primera necesidad (entre ellos el gas licuado, la gasolina y el diesel) por una duración de 6 meses, e incluso llegó a destituir al gobierno, incluido Nursultan Nazarbayev quien había gobernado el país hasta 2019 y ha renunciado como jefe del Consejo de Seguridad del país.
Sin embargo, lejos de conseguir su propósito, las revueltas se han ido intensificando más a lo largo de la semana. Según los expertos, ya era demasiado tarde para convencer a la población, cuando la mayoría de ciudadanos habían perdido toda confianza en el gobierno. Por tanto, el pasado miércoles, unos 1000 manifestantes en Almaty, la ciudad más grande del Estado, llegaron a irrumpir en la sede de la alcaldía.
Ahora Kazajistán se enfrenta a una peligrosa oleada de violencia por todo el país, llegando a decretar el estado de emergencia nacional después de los numerosos enfrentamientos que han tenido lugar entre las fuerzas de seguridad y los civiles.
El estado de emergencia “restringe la libertad de movimientos, incluyendo a los transportes”, y prohíbe los “eventos masivos y reuniones familiares por nacimientos, bodas y velatorios. Internet y los teléfonos móviles fueron bloqueados durante las protestas.
Human Right Watch ya ha advertido sobre la gravedad de la situación:
“Durante esta crisis, es fundamental que Kazajstán respete el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Al vigilar multitudes, la fuerza debe usarse como último recurso, y si la fuerza está justificada, debe ser proporcional a la amenaza y desplegarse de manera que se minimicen los daños, las lesiones y el impacto indiscriminado.”
Hoy, 7 de enero, el presidente kazajo Tokayev ha dado la orden de disparar a matar “sin advertencia” a “terroristas” implicados en las revueltas ante las últimas protestas en el país, cuyo epicentro está situado en Almaty.
“He ordenado a los cuerpos de seguridad y al Ejército que disparen a matar sin advertencia”, ha manifestado el mandatario durante un discurso a la nación, en la que ha descartado negociar con los manifestantes, tal y como ha recogido el portal kazajo de noticias Khabar 24.
Durante ese mismo discurso ha considerado “estúpidos” los llamamientos a la paz desde el extranjero, cuestionando que se pueda negociar con lo que él considera que son “criminales y asesinos”, informa Europa Press.
Las revueltas no son solo por el petróleo
Los bajos salarios, los pagos atrasados, las malas condiciones de trabajo, la devastación ambiental y la corrupción desenfrenada han sido problemas permanentes durante años en Kazajistán y estos últimos se han visto agravados por la pandemia.
El descontento social además lleva tiempo siendo grande, por ello, que estas revueltas se produjesen era solo cuestión de tiempo. Nazaryev, quien había gobernado el país hasta 2019, ya prometió en su día un cambio estructural en el país que nunca llegó. En esas promesas se incluían el aumento de las libertades políticas, la reforma judicial, la mejora de la gobernanza y la represión de la corrupción.
