El Ejército de Birmania tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021. Los militares acusaron a Aung San Suu Kyi y a su partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND), de fraude electoral. Por ese motivo, declararon el estado de emergencia y el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, tomó el control. En este artículo explicamos cómo ha evolucionado la situación tres años después, la influencia de China en el conflicto y cómo la desestabilizada región se ha convertido en un refugio para el crimen organizado.
Tres años después de que el Ejército de Birmania tomara el control y derrocara a un gobierno elegido democráticamente, la junta militar sigue luchando por mantener el poder.
Un grupo de los legisladores derrocados conformaron un Gobierno en el exilio. Mientras que grupos étnicos y prodemocracia se unieron en organizaciones armadas étnicas (EAO) con el objetivo de recuperar el poder y derrotar a las Fuerzas Armadas de Birmania. El Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA), el Ejército de Arakán (AA) y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang (TNLA), se unieron en la Alianza de las Tres Hermandades (3BHA). En los últimos cinco meses, el Ejército de Birmania ha perdido territorio frente a esta Alianza en el estado de Karen (sur), en el estado de Shan (norte) y en el estado Rakhine (oeste).
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que, aunque algunos países han impuesto sanciones selectivas, la respuesta internacional a la crisis en Birmania no ha estado coordinada. El Ejército birmano aún no ha afrontado consecuencias reales por los abusos que ha cometido, tanto antes como después del golpe.
En ausencia de un apoyo internacional sólido, China se ha convertido en la parte más activa e involucrada en intentar dar forma a la trayectoria del conflicto en Birmania. Sin embargo, los analistas advierten que Pekín juega a dos bandas y solo lucha por sus propios intereses, ya que no apuesta verdaderamente por un fin real del conflicto.
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Qué ha pasado en Birmania
En abril de 2021, los legisladores derrocados y otros líderes de minorías étnicas formaron el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania (NUG, por sus siglas en inglés). El Consejo de Administración del Estado, la junta militar gobernante del país, declaró al NUG ilegal y una organización terrorista. Sin embargo, el 5 de octubre de 2021, el Senado francés aprobó por unanimidad una resolución para reconocer formalmente al NUG como el gobierno oficial de Myanmar. Dos días más tarde, el Parlamento Europeo hizo lo mismo. Desde mayo de ese año, el NUG cuenta con un brazo armado denominado Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF).
En octubre de 2023, la Alianza de las Tres Hermandades lanzó una ofensiva, denominada ‘Operación 1027’. Con ella, ganó territorio estratégico en el noreste de Birmania, en la frontera con China. Esta fue la primera vez que ejércitos étnicos llevaron a cabo ataques coordinados y prolongados contra el Ejército. Una segunda operación fue lanzada el 7 de marzo de 2024 por otra alianza de tres organizaciones armadas étnicas (EAO) en el estado de Kachin.
Ambas operaciones pusieron en peligro un proyecto geoestratégico de oleoducto y gasoducto y desencadenaron la acción del Ejército Popular de Liberación de China. El Ejército llevó a cabo «actividades de entrenamiento de combate» en la provincia suroccidental de Yunnan, en la frontera con Birmania. De acuerdo con el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), a medida que China intensifica sus esfuerzos para influir en la trayectoria del conflicto de Birmania, aumenta la preocupación de que esto afecte a las perspectivas de democracia y genere mayores desafíos para otros países de la zona. De hecho, se cree que Pekín conocía, y apoyaba, la ‘Operación 1027’.
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Alto al fuego en una única región
Gracias a la mediación china, el 3BHA y el Ejército de Birmania acordaron un acuerdo de alto el fuego temporal en el estado de Shan del Norte. Sin embargo, el acuerdo no ha sido respetado plenamente. Algunos expertos han señalado que el acuerdo negociado por Pekín es más un intento de salvaguardar los intereses de China que de marcar el comienzo de una paz en Birmania. De hecho, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre el acuerdo señaló que ambas partes en el conflicto se habían «comprometido a no dañar la seguridad de los residentes fronterizos chinos y del personal involucrado en proyectos en Birmania».
Los combates han seguido en otras partes del país. Un día después de que se anunciara el alto el fuego, un miembro de la Alianza de las Tres Hermandades, el Ejército de Arakan, capturó Paletwa, una ciudad fronteriza con la India en el oeste de Birmania.
La influencia de China en Birmania
A principios de abril de 2024, China lanzó importantes ejercicios militares a lo largo de la frontera con el estado de Kachin. De acuerdo con el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), las personalidades de los medios estatales chinos incluso han insinuado la idea de que el Ejército Popular de Liberación está preparado «si el gobierno de [el jefe de la junta de Birmania] Min Aung Hlaing no puede manejar la situación».
Desde el principio, China no ha condenado el golpe de Estado en Birmania, más bien lo describió como una «importante reorganización del gabinete». Sin embargo, la guerra ha bloqueado las rutas comerciales y ha hecho que los ciudadanos chinos en las ciudades fronterizas corran más riesgo. Por tanto, los dirigentes chinos cada vez están más preocupados por la situación en Birmania.
Las ubicaciones de infraestructura crítica en el estado de Rakhine y el punto de entrada a China en Muse, ciudad en el norte del estado de Shan, se han convertido en focos de tensión entre las partes beligerantes. El Ejército de Birmania ha perdido puertos terrestres críticos para el comercio transfronterizo con China, incluida la ciudad portuaria de Chinshwehaw, en el estado de Shan, lo que está costando a las empresas chinas millones de dólares.
Además, el director nacional del programa de Birmania en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, Jason Tower, ha explicado al servicio de radio y televisión internacional financiado por Estados Unidos Voz de América que el mayor interés chino es salvaguardar la seguridad energética del país. El proyecto de gasoducto China-Birnamia, la única fuente de gas natural canalizado hacia China, suministra gas a cuatro provincias chinas en el suroeste y contribuye significativamente al producto interior bruto de la provincia china de Yunnan.
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Birmania: base del crimen organizado
China también espera que, al estabilizar la región fronteriza con Birmania pueda continuar de manera más efectiva su lucha contra el cibercrimen, que prevalece en la región de Kokang, en el estado de Shan, y apunta principalmente a ciudadanos chinos. La región se ha convertido en un refugio para bandas criminales chinas que trafican con personas y drogas, y realizan estafas en línea.
El Sudeste Asiático, en particular Camboya, Laos y Birmania, se ha convertido en zona cero de la práctica ciberdelincuente conocida como «estafa de pig butchering» (pig butchering cyberscam). De acuerdo con el sitio web Vox, los centros de estafa surgieron de un lucrativo negocio de casinos a lo largo de las fronteras de estos países con China y Tailandia. Muchos de estos casinos operan en «zonas económicas especiales», donde la regulación laxa y los incentivos fiscales pretenden atraer inversiones internacionales, pero que en la práctica a menudo se convierten en las bases del crimen organizado.
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha explicado que, durante la pandemia, «los grupos del crimen organizado lograron convertir rápidamente los complejos de casinos en compuestos de estafa y fraude en línea a gran escala». La ONU ha estimado que estas organizaciones han traficado a Birmania hasta 120.000 personas, lo que la convierte en una de las operaciones de tráfico coordinadas más grandes de la historia.
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Enfrentamientos en la frontera con Tailandia
El 12 de abril de 2024, el Gobierno de Tailandia pidió «paz y diálogo» en Birmania, después de que el Ejército birmano se rindiera en la ciudad de Myawaddy, en el Estado de Karen que limita con Tailandia. Myawaddy, situada en la frontera oriental de Birmania y frente a la ciudad tailandesa de Mae Sot, es un punto focal para muchos de los grupos étnicos y prodemocracia que han luchado durante décadas contra sucesivas administraciones militares. Además, Myawaddy, en el estado de Kayin, es uno de los cruces fronterizos más importantes de Birmania, crucial para el flujo de mercancías entre el país y Tailandia.
El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, ha indicado que aviones F16 de la Fuerza Aérea están listos para intervenir en caso de potenciales incursiones en el espacio aéreo tailandés. La táctica utilizada por las fuerzas militares birmanas, desde marzo de 2021, son los ataques aéreos, incluso contra aldeas. De hecho, Amnistía Internacional ha denunciado que los ataques aéreos del Ejército que han matado a civiles «deben investigarse como crímenes de guerra».
El temor a que el Ejército birmano responda con ataques aéreos, ha provocado un éxodo masivo a Tailandia. Desde el comienzo del conflicto, 1,2 millones de personas han sido desplazadas internamente y más de 70.000 han abandonado el país. Este número se une a miles de personas de la población musulmana rohinyá del país que huyeron de persecuciones y ataques continuos durante las décadas pasadas.
Violaciones de derechos humanos
Según activistas opositores, la junta militar ha dejado hasta el momento unos 4.800 civiles muertos y 20.000 detenidos.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el pasado 11 de abril en Nueva York, ha denunciado que el 50% de su clase media birmana ha desaparecido desde 2021, mientras que la pobreza va en aumento en un contexto de inseguridad y conflicto. Desde la toma del poder por los militares, el 76% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de caer en ella.
A principios de 2023, el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Tür, denunció que, en lugar de ser mantenidos al margen, los civiles han resultado ser los objetivos reales de los ataques, siendo víctimas de disparos de artillería y de ataques aéreos indiscriminados y dirigidos contra ellos y ellas, de ejecuciones extrajudiciales, del uso de tortura, así como de la quema de pueblos enteros. Al menos 2.890 personas han resultado muertas a manos de los militares y de otros que colaboran con ellos, de las cuales al menos 767 habían sido previamente detenidas.
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Según recoge el diario británico The Guardian, hasta septiembre de 2022, más de 15.500 personas han sido arrestadas, una cifra que sigue aumentando. Los informes de tortura en las cárceles son comunes. La oficina de derechos humanos de la ONU dijo a principios de 2022 que las acciones de los militares podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Al menos 24.000 manifestantes han sido arrestados desde el golpe y 4.000 han sido asesinados, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo estima que las cifras reales son mucho más altas.
La junta militar está recopilando huellas dactilares, escaneos del iris, escaneos faciales y otros datos personales. Todo ello, para vincular los datos con documentos de ciudadanía, pasaportes, datos bancarios y compras, como tarjetas SIM y teléfonos móviles. Estos esfuerzos pueden aumentar la vigilancia digital de activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición y usarse para escudriñar más a fondo los derechos de ciudadanía de los grupos étnicos y minoritarios.
Además, más de 600.000 rohinyá continúan viviendo bajo condiciones de apartheid, enfrentando persecución y encarcelamiento efectivo por parte de las autoridades de la junta. La persecución de esta minoría musulmana ha sido calificada como un «intento de genocidio» por la ONU.
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La comunidad internacional no logra la paz
A finales de abril de 2024, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el general Min Aung Hlaing acordaron un plan de paz. El plan era conocido como el ‘Consenso de Cinco Puntos’. Los cinco puntos de consenso incluyeron el cese de la violencia en Birmania (punto 1), el diálogo constructivo entre los distintos bandos (punto 2), que la ASEAN participe en la mediación y la entrega de ayuda humanitaria (puntos 3 y 4) y que un enviado especial del bloque visite el país (punto 5). Sin embargo, los militares birmanos han hecho caso omiso a este acuerdo. Por tanto, en septiembre de 2024, los líderes del Sudeste Asiático decidieron que Birmania no asumirá el liderazgo rotatorio de su bloque regional como estaba previsto en 2026.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha denunciado que, desde que aprobó una resolución que exigía el fin inmediato de la violencia en Birmania en diciembre de 2022, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho poco más que emitir algunas declaraciones. A pesar de que el Ejército birmano ha ignorado la resolución, el Consejo no ha tomado más medidas concretas y significativas. La Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han impuesto sanciones contra la junta militar de Birmania, pero no han tomado medidas más efectivas.
Qué podemos esperar del conflicto de Birmania
El asistente del secretario general de la ONU para Oriente Próximo, Asia y Pacífico, Khaled Khiari, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la solución al conflicto en Birmania pasa tanto por abordar las «profundas causas» de la crisis de relacionada con la minoría rohinyá como por conseguir unas condiciones que permitan al pueblo birmano ejercer sus derechos de forma libre y pacífica.
Birmania se ha convertido en el epicentro mundial de la producción de metanfetamina y opio. Además, se ha observado una rápida expansión de las operaciones mundiales de ciberestafa en el territorio . «Con escasas oportunidades de subsistencia, las redes delictivas siguen aprovechándose de una población cada vez más vulnerable. Lo que empezó como una amenaza delictiva regional en el sudeste asiático es ahora una crisis desenfrenada de tráfico de seres humanos y comercio ilícito con implicaciones mundiales», ha lamentado Khiari.
Las autoridades militares activaron la ley de reclutamiento en febrero de 2024. Todo ello en un intento por reponer las filas que se han visto mermadas en las batallas a nivel nacional contra grupos armados de minorías étnicas y fuerzas armadas de resistencia a favor de la democracia que se oponen al régimen militar. Esta activación de la ley de servicio militar obligatorio ha creado miedo, ansiedad y desafío entre la población birmana. Algunos están abandonando el país, mientras que otros huyen a zonas fronterizas controladas por minorías étnicas o se unen a grupos de resistencia.
En febrero de 2024, un análisis publicado por el Instituto de Paz de Estados Unidos (United States Institute of Peace) afirma que el NUG cuenta con un fuerte apoyo popular entre todos los numerosos grupos étnicos de Birmania. Sin embargo, desde el instituto aseguran que no va a ser un proceso sencillo. La creación de un Estado-nación pacífico y multiétnico requiere de diálogos políticos serios entre el NUG y las diversas fuerzas de base étnica que luchan contra el gobierno militar, que han sido lentos hasta ahora. Además, la investigación ha revelado que las numerosas minorías étnicas de Birmania siguen temiendo las perspectivas de cualquier gobierno dominado por la mayoría Bamar, y la población percibe ampliamente que el NUG está dominado por Bamar.
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