Un moderno sistema digital de gestión de casos permitirá que Eurojust almacene, coteje y comparta la información digital de manera segura con las autoridades nacionales.
El pasado lunes, los Veintisiete dieron luz verde a la nueva ley de la Unión Europea que impulsará el intercambio digital de las investigaciones, en casos de terrorismo, entre las autoridades nacionales y Eurojust – agencia de la UE -. Esta decisión, que se ha tomado durante la presidencia de España del Consejo de la Unión, favorecerá la cooperación e intercambio eficaz de información en materia de terrorismo.
La ministra de Justicia en funciones de España, Pilar Llop, ha señalado que “la aprobación de esta ley supone un salto cualitativo en el intercambio de información entre los Estados miembros y Eurojust y permitirá avances significativos en la persecución de los delitos de terrorismo”.
El nuevo proceso consiste en que los Estados miembros faciliten a Eurojust, tan pronto como el caso esté en sede judicial, la información correspondiente a la investigación penal de delitos de terrorismo. A través de un moderno sistema digital de gestión de casos, Eurojust almacena y coteja la información, de manera que es más fácil detectar la relación entre las actuaciones e informar eficientemente a los países sobre los vínculos de las investigaciones. La comunicación entre Eurojust y las autoridades nacionales se produce por medio de un canal digital seguro.
De este modo, el nuevo Reglamento entrará en vigor veinte días después de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicado a todos los países miembros de la UE.
¿Qué es Eurojust?
Eurojust es la agencia de la UE para la cooperación judicial en materia penal. Esta institución es la encargada de coordinar las investigaciones y enjuiciamientos de delitos transfronterizos graves en Europa. Los países de la Unión tienen la obligación de aportar a Eurojust información sobre procesamientos y condenas por delitos de terrorismo.
Los Estados miembros ya compartían alguna información con Eurojust en materia de terrorismo, pero se producía a través de distintos canales, cuya seguridad en algunos casos era baja. Asimismo, el registro judicial antiterrorista previo no permitía cruzar adecuadamente la información.
