El Estrecho de Gibraltar es uno de los Choke Points más importantes del mundo. La importancia de su ubicación geográfica ha propiciado que, desde el siglo XVIII, España y Reino Unido caigan en constantes disputas por su control y soberanía. En este artículo la alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Gabriela Andreea Gherghel, explica las claves históricas, legales y actuales sobre la soberanía del estrecho de Gibraltar, incluyendo el proceso del Brexit de 2016.
Una pequeña superficie de menos de 7 km² es la causante de más de tres siglos de un conflicto no resuelto entre Reino Unido y España. Todo por la soberanía de un enclave estratégico en el Mediterráneo. Gibraltar es un territorio de ultramar británico ubicado en el sur de la península ibérica y la «manzana de la discordia» entre Madrid y Londres. Una disputa territorial que ha incluido a Gibraltar en la lista de las 17 colonias mundiales que todavía se encuentran en proceso de descolonización, siendo Gibraltar la única colonia en suelo europeo.
La Real Academia de la Lengua Española define el concepto de soberanía como «el poder político supremo que le corresponde a un estado independiente». Atendiendo a dicha definición, la soberanía de Gibraltar no recae sobre sí misma, sino que, al ser considerada una colonia, es administrada por su metrópoli que es el Reino Unido. Sin embargo, legalmente España también cuenta con soberanía en Gibraltar. Por lo tanto, ¿a quién pertenece su soberanía? Para comprender por qué todavía no hay una solución para el estatuto de Gibraltar y a quién pertenece su soberanía debemos de conocer sus antecedentes históricos y textos legales, como el Tratado de Utrecht de 1713.
Antecedentes históricos sobre la pertenencia de Gibraltar
Tras la muerte de Carlos II de España, más conocido como el rey «hechizado», se desató en Europa la Guerra de Sucesión al trono español. Carlos II murió sin descendencia y la corona española se disputaba entre Felipe de Anjou (Felipe V), nieto del rey francés Luis XVI y el Archiduque Carlos de Austria. La guerra, que duró 12 años, finalizó con la firma del Tratado de Utrecht y la aceptación de Felipe de Anjou como rey de España. El tratado configuraba que Gran Bretaña no se opondría a que el nieto de Luis XVI ocupase el trono español a cambio de que este renunciara a su derecho a la corona francesa, evitando así una unificación entre los principales enemigos de Gran Bretaña en aquella época, Francia y España. En su lugar, España se comprometió a otorgar dos territorios de ultramar a Reino Unido: Gibraltar y Menorca, de los cuales el gobierno español solo recuperaría la isla de Menorca en 1802 con el Tratado de Amiens.
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El artículo 10 del Tratado de Utrecht es el principal causante del conflicto de la soberanía de Gibraltar, pues su ambigüedad, falta de concreción y delimitación de las fronteras de dicho territorio han dado pie a que tanto Reino Unido como España hagan su propia interpretación.
«Artículo X. El Rey Católico (Felipe V), por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno».
La interpretación y posición de España sobre Gibraltar
El Director del Gabinete de Análisis y Previsión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 2007 a 2009, Martín Ortega Carcelén destaca que de dicho texto hay tres condiciones adheridas a la cesión de Gibraltar por parte de España a Gran Bretaña.
- Se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, sin plazo de tiempo, pero «sin jurisdicción alguna territorial».
- No se permite la «comunicación abierta con el país circunvecino por tierra», salvo para el abastecimiento en caso de necesidad.
- España tiene un derecho a «redimir» la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía, en caso de que Gran Bretaña quiera «dar, vender o enajenar de cualquier modo» su propiedad.
La interpretación y posición de Reino Unido sobre Gibraltar
En 1826 Reino Unido realizó una delimitación unilateral de las aguas territoriales de Gibraltar estableciendo medidas para evitar el contrabando en sus buques. Unos años después, en 1878, promulgó el Territorial Waters Jurisdictional Act a través del cual Gran Bretaña reclamó las aguas adyacentes del territorio.
Estas actuaciones por parte de las autoridades británicas acentuaron la enemistad con España, ya que en el Tratado de Utrecht no se contemplaban las aguas territoriales ni el espacio aéreo por lo que el gobierno español consideraba que la presencia británica en el istmo y el peñón era una ocupación.
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Según la interpretación española del Tratado de Utrecht a Reino Unido solamente le correspondería «la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas» y las aguas sobre las que tendría el gobierno británico soberanía sería en «aquella área circundante a la colonia hasta la cual podían alcanzar los cañones de la fortaleza del peñón», como establecía el Tratado de Utrecht. No obstante, el actual derecho del mar establece que la zona contigua sobre la cual un Estado ejerce su soberanía «se extiende a 12 millas náuticas, desde el mar territorial».
De igual modo, en 1909 Gran Bretaña decidió levantar unilateralmente una verja entre la península ibérica y Gibraltar «con el objeto, principalmente de reducir el servicio de centinelas», estableciéndose también una zona neutral para ambas partes. Sin embargo, en 1939 el gobierno británico puso en marcha la construcción del aeropuerto militar ubicado entre la verja y el peñón y cuya pista de aterrizaje se introduciría 850 metros en las aguas territoriales españolas en la Bahía de Algeciras, un hecho que España consideraba ilegal.
Referéndums de autodeterminación entre los habitantes de Gibraltar
En 1946, Reino Unido registra a Gibraltar en la Lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas (ONU), otorgándole a este territorio el estatuto de colonia ante la organización internacional. Veinte años después, el 10 de septiembre de 1967 se celebra en Gibraltar un referéndum en el que el 96% de la población se mostraba a favor de ser formar parte de la soberanía británica, lo que desembocó en la Constitución de Lansdowne en 1969. En dicho texto, Reino Unido otorgó un alto grado de independencia al Peñón y se comprometió con nunca negociar bilateralmente la devolución de Gibraltar, ya que el Tratado de Utrecht recogía que «si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla».
Sin embargo, España no vio con buenos ojos la celebración del referéndum y su consecuente Constitución lo que provocó represalias por parte del gobierno español. El 8 de junio de ese mismo año, España cerró la verja a mercancías, vehículos y personas, y no reabrió hasta 1985, con la entrada en vigor de la Declaración de Bruselas en 1984 y a raíz la cual ambos países volvieron a entablar conversaciones sobre Gibraltar.
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El afán de resolver el conflicto de Gibraltar tanto por parte de Reino Unido como de España favoreció la reanudación de las negociaciones entre ambos países con el fin de obtener un acuerdo global en 2002, incluso contemplándose la posibilidad de una soberanía compartida sobre Gibraltar. A pesar de la buena disposición de Londres y Madrid se convocó el paro general en Gibraltar a modo de protesta por estas negociaciones, lo que desembocó en un segundo referéndum en noviembre de 2002 en el que el 98,97% de los gibraltareños mostraron su oposición a la soberanía compartida sobre su territorio.
Uno de los grandes avances en la búsqueda de la resolución del conflicto fue la creación de un Foro Tripartito de Diálogo acerca de Gibraltar en el que las autoridades británicas, españolas y gibraltareñas decidirían conjuntamente la hoja de ruta de dicho territorio, consiguiéndose un uso conjunto del aeropuerto así como el tránsito del puesto fronterizo que se recogerían en la nueva Constitución de Gibraltar aprobada el 30 de noviembre de 2006 y que entró en vigor en enero de 2007.
La aparentemente dormida enemistad entre Reino Unido y España por Gibraltar volvió a retomar fuerza entre 2013 y 2014 debido al conflicto diplomático detonado tras la creación unilateral entre Gibraltar y Reino Unido de un arrecife artificial ubicado en las aguas de pesca españolas en el área de la bahía de Algeciras. Una nueva disputa que lejos de calmarse empeoraría con el anuncio y la posterior ejecución de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Cómo ha afectado la salida de Reino Unido de la Unión Europea a la situación en Gibraltar
El 23 de junio de 2016, Reino Unido celebró el referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea que resultaría en un sí al Brexit con el 51,9% de los votos frente al 48,1% de la población británica que sí quería seguir siendo parte de la Unión Europea. Por su parte, Gibraltar es el territorio donde se registraron más votos a favor de la permanencia en la Unión Europea con un porcentaje del 95,9%, lo que se traduce en que de 32.000 gibraltareños, más de 19.300 de ellos querían que Reino Unido, y por ende Gibraltar siguiese siguiesen formando parte de la organización europea.
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Gibraltar no es un país independiente y como colonia británica, si Reino Unido abandonaba la Unión Europea, Gibraltar automáticamente también. Sin embargo, es a España a quien le correspondía decidir sobre el futuro de Gibraltar una vez que Reino Unido dejara de ser un miembro más de la UE tal como se reconoce en la Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea: «Gibraltar no estará comprendido en el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos entre la UE y Reino Unido» y los «acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar requerirán la previa aprobación de España».
Finalmente, el 31 de enero de 2020 entró en vigor la salida de Reino Unido de la Unión Europea de una manera un tanto abrupta tras no haber podido acordar un Brexit blando en las relaciones entre Londres y Bruselas. No obstante, España y Reino Unido llegaron a un acuerdo para que Gibraltar continuara manteniendo el libre tránsito de la verja y acordaron la entrada de Gibraltar a la zona Schengen para evitar una «frontera dura» en el peñón.
¿Cuál es la solución a la disputa entre España y Reino Unido por la soberanía de Gibraltar?
Gibraltar es una frontera natural entre África y Europa y, junto con el Canal de Suez, es uno de los Choke Points más importantes sobre el control del comercio marítimo en el Mediterráneo, así como en el acceso directo al Océano Atlántico y a las rutas marítimas con Oriente Próximo y Asia. Está claro que la disputa entre España y Reino Unido por Gibraltar es un conflicto de interés geopolítico siendo el estrecho de Gibraltar uno de los pasajes marítimos más transitados del mundo.
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Gran Bretaña era una de las mayores potencias mundiales y marítimas en el siglo XVIII y hacerse con Gibraltar en 1713 era crucial para conseguir su hegemonía en el mayor comercio marítimo de Europa: el del Mar Mediterráneo al cual Gran Bretaña geomorfológicamente no tenía acceso hasta la firma del Tratado de Utrecht. El interés británico por Gibraltar se avivó sobre todo tras la apertura del Canal de Suez en 1869 y, igual que entonces, el estrecho de Gibraltar sigue siendo un enclave estratégico de primer orden y Reino Unido no va a renunciar a su soberanía sobre este territorio ni a sus aguas territoriales.
Por otro lado, Naciones Unidas ha tratado de resolver el conflicto por Gibraltar en varias ocasiones, pero hasta el momento no se ha podido llegar a una solución definitiva por dos razones. En primer lugar, solamente España y Reino Unido pueden decidir bilateralmente cómo resolverlo, ya que así está recogido en el Tratado de Utrecht de 1713. Por otro lado, y en segundo lugar, a pesar de que Naciones Unidas considera a Gibraltar como una colonia en proceso de descolonización, persiste el dilema por la soberanía, puesto que tanto Reino Unido como España deben aprobar un tratado conjuntamente. A ello se suma que, tampoco es viable un referéndum de autodeterminación de los gibraltareños porque aunque se trate de un colonia británica, es a España a quien le corresponde actuar en caso de que Reino Unido quisiese «dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar».
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Naciones Unidas destaca que para la descolonización de territorios no autónomos como es el caso de Gibraltar hay tres vías de resolución: la libre asociación, la integración territorial o la independencia. La vía que encaja en los intereses españoles es la integración territorial del peñón a la península ibérica, lo que se opone a los intereses británicos, que son más partidarios de la vía de libre asociación o de la independencia con la premisa de que la mayoría de la población gibraltareña votaría a favor de Londres como ya habría sucedido en referéndums anteriores.
Por el momento, no parece haber una solución factible al conflicto de Gibraltar debido a la contraposición de los intereses nacionales de ambos Estados, y a que las posiciones sobre Gibraltar dependen estrictamente de la postura de sus gobiernos. Es más, la última actualización del Documento de Comando de Defensa del Reino Unido de 2023 ha comprometido a invertir en Gibraltar como uno de los «cinco centros globales» que actúan «como trampolín» para su proyección internacional, esencial para las amenazas globales. Ahora, se recalca el papel estratégico de la Roca con un tono menos agresivo en comparación con las declaraciones de hace dos años, donde se atribuía directamente a la defensa de las «aguas territoriales de Gibraltar».
