En la actualidad, Mali continúa con un gobierno nacido del golpe de estado de 2021 y cuyo presidente, el coronel Goïta fue propuesto por la junta militar para continuar en el poder durante un periodo de cinco años más. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Luis Alberto Modrego analiza el país desde diferentes enfoques donde destaca el deterioro de la democracia en el Sahel y las consecuencias para la paz y estabilidad regionales e internacionales.
El territorio que ocupa la República de Mali forma parte de la franja de 5.000 kilómetros desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo conocida como Sahel, que separa el mar de arena del Sahara dando a las tierras de pasto y la sabana donde se asienta la vida humana y animal. Además de Mali los países frontera del Sahel son Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudan y Eritrea.
España, en el documento Estrategia de Seguridad Nacional, contempla los siguientes riesgos y amenazas de la zona del Magreb y Sahel: conflictos regionales, terrorismo yihadista, crimen organizado, flujos migratorios irregulares y la inseguridad energética.
Esta región presenta dos únicas estaciones climáticas: seca de octubre a junio, y lluviosa de solo tres meses de octubre a junio, que la convierte en una zona geográfica de escasos recursos agrícolas, más propicia para el nomadeo y la agricultura familiar de subsistencia, que con el tiempo se ve recortada por el avance de la desertización provocada por el cambio climático.
Estas naciones alcanzaron su independencia de Francia en la década de los 60, tras un periodo de colonización iniciado a finales del siglo XIX, encontrándose con la dificultad de administrar amplias extensiones geográficas y hacer llegar el imperio de la ley a todo el territorio de su soberanía.
La acción del Gobierno se concentra en la capital donde reside la mayor parte de la población, dejando yermas de poder estatal las regiones periféricas que se convierten de este modo en un territorio propicio para la proliferación de actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
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Factores demográficos
Se trata de países con una población joven que se concentra en las capitales abandonando la zona rural ante la falta de expectativas para encontrar empleo.
Esta concentración demográfica provoca importantes niveles de contaminación, insalubridad e inseguridad ciudadana, y la demanda de servicios estatales obliga a los gobiernos a utilizar los escasos recursos disponibles en realizar inversiones en infraestructuras en la capital en detrimento de las zonas más alejadas y despobladas, generando a su vez un profundo malestar y una sensación de abandono y desatención por parte del Estado. Ejemplo de esta situación es el norte de Mali, con ciudades tan emblemáticas como Tombuctú, Gao y Kidal.
Esta deficiencia de los servicios estatales en las zonas más alejadas de Mali crea un sentimiento de marginación favoreciendo la diferenciación étnica y tribal de songhais, peuls (fulanis) y tuaregs, y la radicalización étnica y religiosa. Además, la ancestral condición de pueblos nómadas hace que su sentimiento de arraigo a un proyecto común de nación sea débil fortaleciendo su identidad étnica.
Factores económicos
Mali ocupa el puesto 123 en el ranking PIB de 196 países del mundo. La falta de expectativas y oportunidades ha generado una inmigración irregular masiva.
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Factores socio-políticos
Mali es una república con una Constitución de 1992 cuya falta de madurez política hace que sus estructuras de gobernabilidad sean débiles, habiendo sufrido golpes de estado que posteriormente se han reconducido hacia sistemas democráticos.
En enero de 2012, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), aprovechando la llegada a Kidal de mercenarios tuareg que huían de Libia tras la caída del régimen del coronel Gadafi, iniciaron una revuelta armada contra el poder estatal. La reacción del gobierno de Bamako fue el envío de tropas militares que aprovecharon la situación de debilidad para hacer patente su malestar por la situación de abandono del ejército tras los acuerdos de paz de 1992 con los tuareg.
Como consecuencia de este malestar, en marzo de 2012, las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) dan un golpe de Estado contra el presidente Touré, nombrando un gobierno de transición, poniendo de manifiesto la debilidad institucional maliense.
Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) tomo Tombuctú y Kidal por el grupo yihadista tuareg Ansar Dine, más partidario de imponer la sharia que de la independencia de Azawad. El grupo del Movimiento por la Unidad de la Yihad de África Occidental (MUYAO) se instaló en Douentza, Ansongo, Gao y Menaka.
Todos estos grupos yihadistas, conscientes de su superioridad militar, lanzaron una ofensiva hacia el sur, provocando que el gobierno provisional de Bamako solicitara la ayuda internacional.
Francia puso en marcha la Operación Serval, bajo el amparo de la ONU con el objetivo de frenar los avances yihadistas. Esta operación finalizo en 2014 siendo reemplazada por la Operación Barkhane.
En junio de 2013, el gobierno de transición alcanzo un acuerdo con el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), permitiendo la celebración de elecciones presidenciales que dieron la victoria a Ibrahim Keita como presidente de Mali.
A finales de 2019, el idilio tras la Operación Serval percibida por los malienses como salvadora daba paso a una situación definida por los medios de comunicación como de lassitude o cansancio ante la falta de resultados frente a la crisis de seguridad que asolaba el norte del país.
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Factores militares y de seguridad en el Sahel
Las fuerzas militares de Mali están poco capacitadas para hacer frente a los retos de seguridad del país, y con escasa motivación para desempeñar sus cometidos.
La Unión Europea estableció la Operación EUTM Mali para formar un ejército capaz de hacer frente a los grupos yihadistas. Naciones Unidas a través de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) prestaba apoyo al proceso político y también contribuía a la seguridad.
Hoy en día, tanto MINUSMA como EUTM ya no están en Mali, como consecuencia de la degradación política y los acuerdos del Gobierno golpista de Mali con el Grupo Wagner y Rusia.
Ya en el mes de noviembre de 2012, el Gobierno de Mali había perdido el control sobre el norte del país, quedando en poder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y sus aliados yihadistas.
En 2019 la situación no había cambiado. Es más, la preocupación se dirigía a tener presente esta amplia región desprovista de institucionalidad e históricamente dominada por comunidades nómadas (tuareg) en campo de entrenamiento para ataques terroristas y base para sus actividades de crimen organizado (secuestros y tráfico de drogas).
En 2020, un informe de la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) denunciaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Mali como responsables de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en el primer trimestre de 2020, principalmente en la zona central del país, epicentro de la violencia yihadista e interétnica entre comunidades, a las que se suman denuncias de desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias.
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El resumen de tal informe se traduce en considerar que la denominada ventana de esperanza hacia la pacificación del conflicto en el Sahel, promovida por algunas agencias de información instaladas en un permanente e inocente optimismo, dista mucho de acercarse a la realidad tal y como demuestran los hechos consumados: bajo el amparo de la misión de combatir el terrorismo yihadista las fuerzas de seguridad malienses realizan continuas violaciones a los Derechos Humanos en comunidades consideradas colaboracionistas con los terroristas, que a su vez reaccionan a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado abrazando la seguridad y protección que les ofrecen las filiales terroristas del Estado Islámico y Al Queda del Magreb Islámico.
La comunidad peul, tradicionalmente pastores nómadas, es acusada por las FAMA de apoyar a los terroristas yihadistas. A su vez, la comunidad dogon (agricultores sedentarios) recibe ataques de los peul, organizando sus propios grupos de autodefensa (DNA) que también atacan comunidades peul.
Por su parte, la comunidad peul ante los ataques dogones y de las fuerzas armadas malienses FAMa, reacciona abrazando como tabla de salvación la seguridad y protección que les ofrecen las filiales terroristas del Estado Islámico y Al Queda del Magreb Islámico.
En un principio serían considerados paradójicos los ataques que la milicia autodefensa Dogón (DNA) realiza a poblaciones de su misma etnia. Sin embargo, esta estrategia tiene su explicación ya que algunos especialistas en la región como Javier Nievas consideran que la DNA ya no es solo una milicia autodefensa, sino que se ha convertido en un auténtico grupo de crimen organizado que suplanta la autoridad del Estado allí donde este no es capaz de ofrecerla, y actúa con las poblaciones de su etnia exigiendo lealtad por la vía de la fuerza y obligándoles a aceptar su protección remunerada.
El resultado de todos estos enfrentamientos es una región inmersa en una creciente e incesante espiral de violencia.
En la última década, la población de Mali se ha visto sumergida en un desengaño constante y creciente, caracterizado por una corrupción enraizada en las instituciones y una ineficiencia gubernamental para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
El descontento social y el desarraigo ante un futuro sin apenas oportunidades se exteriorizaron por el Movimiento 5 de junio-Rassemblement des Forces Patriotiques M5J-RFP, surgido en junio de 2020 que se manifestó de forma violenta al irrumpir por la fuerza en la sede del Parlamento de Malí, saqueando el mobiliario e incendiando el perímetro de la fachada exterior del edificio, violencia que también se extendió a las oficinas de la radio y televisión estatal (ORTM).
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El movimiento es un conglomerado de asociaciones políticas, jefes religiosos (imanes), y grupos de sociedad civil que exigen reformas políticas y sociales para proceder a una refundación del Estado de Mali, con la puesta en marcha de un órgano legislativo de transición democrática y la dimisión del presidente Keita, como principales demandas.
Al gobierno de Keita se le hacía responsable de:
- Degradación persistente de la situación de seguridad en todo el país con resultado de muertos, heridos, refugiados y desplazados.
- Violación a la Constitución y las leyes que amenazan la forma republicana del Estado: violación del principio de separación de poderes, interferencia en procedimientos judiciales, uso arbitrario del Tribunal Constitucional y deslegitimación de las instituciones de la República.
- Corrupción sistémica e impunidad convertida en un sistema de gestión gubernamental.
- Establecimiento de una oligarquía plutocrática por la flagrante interferencia de intereses privados en la gestión de los asuntos públicos.
- Malversación masiva de fondos públicos.
- Violaciones graves de los Derechos Humanos y de las libertades individuales y colectivas:
- Abandono del ejercicio de soberanía en gran parte del territorio nacional dejando poblaciones en manos de grupos armados.
- Amenaza de la cohesión nacional: tolerancia y complicidad con milicias paramilitares intercomunitarias.
El M5 pedía la refundación y salvaguardia del régimen democrático republicano solicitando el acompañamiento de la comunidad internacional para obtener:
- La dimisión de Keita como Presidente de la República y su régimen.
- La disolución de la Asamblea Nacional.
- Inicio de una transición republicana y de una refundación del Estado.
El resultado de todo este proceso se materializo el 18 de agosto de 2020 cuando las FAMA dieron un golpe de Estado deteniendo al presidente Keïta al primer ministro, al jefe del estado mayor del ejército y otros miembros del gobierno.
Keïta anunciaba a través de un discurso en la televisión nacional su dimisión, la disolución de la Asamblea Nacional y la dimisión del gobierno.
El 24 de mayo de 2021, diversas fuentes no oficiales informaban de un nuevo golpe de Estado en Mali promovido por fuerzas militares dirigidas por el Coronel GOITA procediendo a la detención del Presidente de la Transición y Jefe del Estado, así como al Primer Ministro, los cuales eran conducidos al Cuartel militar de Kati, a escasos kilómetros de la capital Bamako presentando la dimisión de sus cargos.
Tras el golpe de estado de 2021, el nuevo Gobierno de Transición se comprometía a seguir una hoja de ruta que contemplaba la celebración de elecciones en 18 meses.
En 2025, seguimos con un gobierno nacido del golpe de estado de 2021, cuyo Presidente, el coronel Goita es propuesto por la Junta Militar para continuar en el poder durante un periodo de cinco años más y la disolución de los partidos políticos.
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