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La problemática de los defensores de las mujeres acusadas de brujería en Papúa Nueva Guinea

Análisis

Lucía Carbayo
Lucía Carbayo
Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

En el año 2013 el gobierno papú neoguineano abolía una ley que criminalizaba la brujería. Sin embargo, a pesar de su derogación, es usual que en el país se sigan cometiendo atentados contra esta práctica, y en especial en contra de las mujeres acusadas de practicarla.

En el Estado de Papúa Nueva Guinea, la violencia y los abusos contra las mujeres y las niñas son permanentes. En numerosas ocasiones, las mujeres son acusadas de practicar brujería y por este motivo son torturadas y asesinadas. Estas denuncias responden a la aprobación en 1971 de una Ley de Brujería que estuvo vigente hasta el año de su derogación, en 2013.

A pesar de su abolición, esta práctica que atenta contra los derechos humanos, es ejecutada con frecuencia en el Estado de Papúa. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas recoge en sus informes, que anualmente suceden un promedio de 388 casos de violencia por acusaciones de brujería, cometidas en su mayoría en las Tierras Altas del país.

La aprobación de esta ley se consagra en el contexto de una nación que aún mantenía la necesidad de dar respuesta a sucesos naturales, como la muerte súbita, las enfermedades desconocidas o los accidentes. Así, la cultura guineana ha encontrado históricamente estas respuestas en la magia. 

La Ley de Brujería estaba dirigida en contra de todo hombre o mujer que la practicara. Sin embargo, son estas últimas las que han recibido el mayor número de denuncias y quienes se han convertido en las víctimas principales de estas denuncias. Los castigos ejecutados son ancestrales y en ellos mueren mujeres y niñas inocentes.

En el año 2021, Naciones Unidas concluyó en el Examen Periódico Universal (EPU), que el gobierno de Papúa Nueva Guinea debía afrontar los problemas de derechos humanos del país, en especial los de violencia de género. Por otro lado, en las presentaciones a la investigación, sociedades civiles de la ONU como la Iniciativa Spotlight, recomendaron al gobierno guineano que debía revisar las leyes relacionadas con la brujería. Pues, actualmente y a pesar de que la Ley contra la brujería ya haya sido derogada, el Código Penal del Estado de Papúa Nueva Guinea sanciona a aquellos que utilicen o hagan uso de esta práctica. 

La Iniciativa Spotlight es una campaña de alcance mundial, que aúna la labor de Naciones Unidas y de la Unión Europea para proteger los derechos de las mujeres y de las niñas, así como eliminar todo tipo de violencia y discriminación contra ellas. Por lo tanto, la protección y defensa de los acusados por brujería, reside mayoritariamente en manos de los voluntarios. 

La iniciativa Spotlight y la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos 

Tal y como recoge Naciones Unidas, los defensores de las mujeres acusadas de brujería, así como los trabajadores que ayudan a las víctimas, también son agredidos, amenazados e intimidados. La razón que explica los abusos cometidos a los mediadores, refiere a que la sociedad guineana considera que los últimos se entrometen en una práctica regida por la costumbre. Por este motivo, la Iniciativa Spotlight junto con la Comisión de Reforma de la Constitución y la Ley han realizado una serie de consultas, con el fin de avanzar sobre una legislación que proteja a los defensores de los derechos humanos.  

Según la ONU, la práctica para identificar a los acusados de brujería varían entre distritos. “Generalmente, cuando alguien ha muerto inesperadamente, la familia del difunto consulta a un Glasman (hombre) o una Glasmeri (mujer) para identificar quién es el responsable en la comunidad”, aseguran.

En este sentido denuncian que las acusaciones de hechicería por parte de cualquiera de estas dos figuras han llevado a la tortura y el asesinato de docenas de mujeres en Papúa Nueva Guinea. “Si bien las acusaciones pueden dirigirse tanto a hombres como a mujeres, la mayoría de las víctimas de la violencia son mujeres”, afirman.

“Cuando murió mi esposo, lo llevamos a su pueblo y allí su familia comenzó a sospechar que yo lo había matado, así que planearon cortarme la cabeza y enterrarme con mi difunto esposo. No era cierto, solo querían matarme” explica un superviviente a la ONU.

“La gente tiene estas costumbres, estas creencias”, declara Mary Kini, de Highlands Human Rights Defenders Networks, quien ha dedicado más de 14 años a ayudar a las víctimas de la violencia relacionada con la brujería y la violencia de género en Papúa Nueva Guinea.

“Cuando aparece un Glasman o una Glasmeri y dice algo, la gente automáticamente reacciona a lo que está diciendo”, asegura para denunciar que durante “muchos años” los defensores de los derechos humanos no han estado “protegidos” y algunos “han sido asesinados en el camino”.

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Lucía Carbayo

Colaboradora en LISA News. Especializada en el ámbito de los Estudios Internacionales y de la Ciencia Política. Interesada en el ámbito de la Seguridad Internacional, los procesos de paz y de resolución de conflictos internacionales.

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