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Todos los miembros de la OTAN superan el 2% de gasto del PIB en defensa

El informe anual de la OTAN muestra que los aliados europeos y Canadá han reducido cuatro puntos su brecha de inversión con Estados Unidos. Polonia lidera con un 4,30% del PIB.

Todos los miembros de la OTAN han cumplido por primera vez el objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, según el informe anual publicado este jueves 26 de marzo por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. El documento certifica que los aliados europeos y Canadá han reducido en un año cuatro puntos porcentuales su brecha de inversión con Estados Unidos, lo que representa un hito histórico para la organización.

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Polonia encabeza el gasto con un 4,30% de su PIB, seguida de Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%). En el extremo opuesto se sitúan Albania, Bélgica, Canadá y Portugal, todos en el mínimo exacto del 2%, mientras que Italia (2,01%), República Checa (2,01%) y Francia (2,05%) lo superan por escaso margen. Por su parte, Estados Unidos ha recortado su participación del 3,30% al 3,19% en un solo año.

Polonia y los países bálticos, los que más invierten

España protagoniza uno de los saltos más llamativos del informe, al pasar del 1,42% al 2%, lo que supone un incremento del gasto de 22.693 a 33.589 millones de euros. Este avance mereció el reconocimiento expreso de Rutte, quien elogió al país por estar «realmente haciendo lo que le corresponde». Sin embargo, Madrid se ha reafirmado en su intención de no superar el 2,1% del PIB, distanciándose del objetivo del 5% acordado en la cumbre de La Haya de 2025.

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El conjunto de aliados europeos y Canadá ya representa cuatro de cada diez euros invertidos en defensa dentro de la OTAN, frente a la participación de Estados Unidos, que ha bajado del 64 al 60% del total. No obstante, el PIB estadounidense equivale al 52% del PIB agregado de toda la Alianza, lo que implica que Washington invierte proporcionalmente más que el resto de sus socios. En términos absolutos, Alemania es el segundo mayor contribuyente con el 7,4% del gasto total, seguida de Reino Unido (5,7%), Francia (4,2%) e Italia (3,1%). España ocupa el octavo puesto, con un 2,3% del gasto total.

Europa reduce la brecha con Estados Unidos

Ante estas cifras, Rutte sostuvo que «hablan por sí solas», dado que la Alianza ha logrado «avances significativos» y ha conseguido «por primera vez» que todos los aliados cumplan el objetivo fijado en 2014. «La OTAN es hoy más fuerte que nunca», declaró en rueda de prensa, donde precisó que el gasto en defensa de Europa y Canadá aumentó un 20% en 2025 respecto al año anterior y subrayó que «mantener esta tendencia» será prioritario en los próximos años.

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De cara al futuro, la organización celebrará su próxima cumbre en Ankara (Turquía) en julio, donde los Estados miembro debatirán «cómo aumentar la producción en defensa». Rutte hizo un llamamiento a la industria del sector para que «aumente la producción y la innovación», de modo que «puedan proporcionar lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas». El secretario general también señaló a Rusia como «la amenaza más significativa y grave para la seguridad en el área euroatlántica» y reconoció que los europeos no asumieron «suficiente responsabilidad» por su propia seguridad durante «muchísimo tiempo», aunque ahora se ha producido «un cambio de mentalidad».

Uso de la renegociación del T-MEC en 2026 como instrumento de contención de empresas chinas en México

Informe reservado elaborado para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) analiza cómo Estados Unidos podría usar la revisión del T-MEC en 2026 para limitar la presencia de empresas chinas en las cadenas productivas de México.

Estados Unidos cuenta actualmente con herramientas presentes en el T-MEC e incentivos estructurales para limitar la presencia de empresas chinas en México sin la necesidad de modificar completamente el tratado. Por lo que la principal amenaza para México no es la terminación de este, sino su adopción por parte de Estados Unidos como un mecanismo de seguridad nacional y geoeconómica.

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Las herramientas de presión más probables de ser usadas son el endurecimiento de las reglas de origen, la verificación aduanera y la expansión de excepciones de seguridad nacional. Los efectos serán sectoriales, incluyendo el sector automotriz, el electrónico, el de manufactura avanzada y el de energía e infraestructura. La trazabilidad del origen y la anticipación de la regulación serán cruciales para mantener acceso al mercado estadounidense.

Antecedentes y problema analítico

En respuesta a la competencia geoeconómica entre EE. UU. y China, el comercio internacional se ha securitizado cada vez más. Los acuerdos comerciales ya no funcionan simplemente como mecanismos de eficiencia económica, sino que se convierten en una herramienta para la política industrial y la seguridad nacional.

La introducción del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2020 modernizó las prácticas de integración productiva en América del Norte. Al mismo tiempo, a través de las iniciativas de nearshoring, se ha intensificado la presencia de empresas chinas en México, especialmente en sectores estratégicos vinculados a cadenas de valor norteamericanas.

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Esta dinámica se ha convertido en uno de los principales problemas en Estados Unidos, en la medida en que México se ha convertido en un facilitador indirecto para el acceso preferencial a su mercado.

En ese contexto, la revisión conjunta del T-MEC en 2026 se está enmarcando como un punto de inflexión, al mismo tiempo que Washington podría fortalecer los mecanismos que usaría para mantener y restringir dicho acceso, y tiene efectos directos en la operación y capacidad de las empresas mexicanas para competir.

Implicaciones políticas y restricciones comerciales

Políticamente, existe un acuerdo bipartidista en EE.UU. sobre la necesidad de limitar el impacto económico y tecnológico de China, justificando así la aplicación de herramientas comerciales como medidas de seguridad nacional.

Económicamente, la triangulación comercial y la incorporación de insumos chinos en las cadenas de valor de América del Norte proporcionan incentivos para cerrar los márgenes de flexibilidad preexistentes en el T-MEC. El aspecto tecnológico apoya esta lógica, con semiconductores, vehículos eléctricos, infraestructura digital y otros sectores siendo vistos como el eje de la competencia estratégica.

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Actualmente, el Tratado dota a Estados Unidos de una serie de herramientas para lograr sus objetivos sin una reescritura significativa del mismo, como la cláusula de revisión conjunta (Art. 34.7), el Artículo 32.10 sobre economías no de mercado, el endurecimiento de las reglas de origen y los procesos de verificación (Capítulos 4, 5) a través de interpretaciones estrictas de los requisitos de valor de contenido regional (VCR) y el melt and pour, así como las excepciones de seguridad nacional y las cartas paralelas en conexión con la Sección 232.

Escenarios e impacto para las empresas mexicanas

El escenario más probable no es la terminación del T-MEC, sino su uso con fines geoeconómicos por parte de los Estados Unidos. Los riesgos se concentrarán en la aplicación estricta de las reglas de origen, la intensificación de las verificaciones aduaneras y el uso discrecional de las excepciones de seguridad nacional. Complementariamente, podrían surgir escenarios de alineación regulatoria en el filtrado de inversiones y nuevas cartas paralelas sectoriales.

Los efectos variarán entre sectores: el sector automotriz y de autopartes, el electrónico y manufactura avanzada, energía e infraestructura exhiben la mayor exposición, ya que están estrechamente vinculados a cadenas sensibles y a insumos o capital chinos reales o aparentes.

Implicaciones estratégicas

El análisis del T-MEC de 2026 redefine los criterios competitivos en América del Norte. Aparte de los costos y las eficiencias logísticas, la permanencia en el mercado estadounidense dependerá cada vez más de la seguridad geopolítica de las cadenas de suministro. La trazabilidad del origen, la transparencia en la estructura de capital y la anticipación regulatoria son, por lo tanto, activos estratégicos que las empresas mexicanas utilizan para salvaguardar el acceso preferencial al mercado norteamericano.

El nuevo orden mundial según Alexander Stubb: diplomacia dignificada y realismo basado en valores

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En este artículo, Teresa Hernández, alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute analiza la propuesta de Alexander Stubb basada en la diplomacia dignificada y el realismo basado en valores en un contexto global de tensiones.

En un paradigma geopolítico marcado por las tensiones, las crecientes confrontaciones directas, la erosión del multilateralismo y de la cooperación, y la volatilidad, el presidente finés se desmarca del desánimo que impera con respecto al rumbo del sistema mundial y hace una propuesta que ha ganado popularidad. Los dos conceptos clave de esta propuesta son la diplomacia dignificada y el realismo basado en valores. 

¿Quién es Alexander Stubb?

Alexander Stubb es el actual presidente de la República de Finlandia desde marzo de 2024. Ha ejercido de ministro de finanzas, de asuntos exteriores y de primer ministro del país de 2014 a 2015. También fue vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones en 2017. 

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Además de su extensa carrera política, Stubb ha escrito numerosos artículos académicos y libros sobre la Unión Europea y ha dirigido un blog  y un podcast sobre cuestiones de relevancia geopolítica,  lo que muestra su interés por el análisis geopolítico y por acercar estas cuestiones al mayor número posible de ciudadanos.

¿Qué aportación innovadora está haciendo Alexander Stubb al sistema mundial actual?

Alexander Stubb ha propuesto dos pilares para reconfigurar el orden mundial actual que se encuentra, según él,  en un momento de transición. Estas dos anclas son la diplomacia dignificada y el realismo basado en valores.

La diplomacia dignificada hace referencia a la necesidad de abrir y mantener canales de comunicación con todos los actores internacionales así como de fundamentar el diálogo en el respeto mutuo,  la escucha y el intento por comprender la posición del otro.

Dignificar la diplomacia implica volver a poner las relaciones personales en el centro; escuchar, tratar con respeto a todas las partes, intentar entender el punto de vista distinto y deshacerse de los prejuicios y de las ideas preconcebidas que impiden el establecimiento de un canal de comunicación.

El realismo basado en valores implica una apuesta firme por el multilateralismo y la cooperación. Esto no es óbice para afirmar que los Estados deben fortalecer sus capacidades defensivas primando la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, cabe destacar que Stubb ha hecho referencia en repetidas ocasiones a la experiencia histórica de Finlandia con Rusia y a la latente preocupación del país por las acciones militares de su vecino siberiano. 

No obstante, el realismo basado en valores indica que priorizar los valores comunes es un imperativo en la conducción de las relaciones internacionales. Es decir, los Estados, a pesar de sus oposiciones geopolíticas divergentes, deben enfatizar los valores comunes como brújula para enfocar la reconfiguración del orden mundial.  En otras palabras, priorizar lo común como punto de partida, permite avanzar hacia el objetivo compartido.

Además, este paradigma facilita la identificación y la consecución de los objetivos compartidos y complementarios. Traducido a la reconfiguración internacional, establecer los valores comunes como punto de inicio permite coordinar una acción conjunta hacia resultados más eficientes y satisfactorios para el mayor número posible de Estados.

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Stubb es un firme defensor del imperativo de integrar a los países que forman el «Sur Global» en la nueva reconfiguración. Si bien el punto de partida entre estos países y los países que construyeron el orden posliberal que ha imperado hasta ahora es divergente, Stubb propone por ello poner la atención en los valores comunes como punto de partida, y la escucha y la comprensión respetuosa del punto de vista distinto.

¿Por qué es importante?

El presidente Stubb ha mantenido una línea coherente sobre ambos conceptos los cuáles ha revindicado en la práctica totalidad de cumbres a las que ha asistido; desde Davos hasta Múnich pasando por el reciente Diálogo de Raisina. En efecto, estamos en un momento de transición y  la comunidad internacional debe aprovechar esta oportunidad para estructurar el diálogo internacional, la cooperación y el multilateralismo.

En oposición al fatalismo y a la frustración que se respira en las cumbres y foros internacionales, Stubb se ha mostrado pragmático y concreto y suele inundar sus discursos de esperanza enfatizando los puntos concisos a poner en práctica para redirigir el rumbo del sistema mundial en este momento de transición.

Al poner él mismo en práctica estos conceptos, Alexander Stubb se ha convertido en uno de los líderes mayor valorados a nivel nacional, con un 83% de apoyo en política exterior y a nivel internacional, siendo considerado por Politico como uno de los líderes que está moldeando la política Europea,  precisamente en este momento en el que se cuestionan muchos de los pilares del proyecto europeo.

¿Podrá la comunidad internacional integrar estos dos pilares y ponerlos en práctica para redirigir su statu quo? Hasta la fecha,  esta propuesta se ha erigido como una de las más esperanzadoras.

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El terrorismo en el Sahel: pasado, presente y escenarios futuros

Durante la última década, el Sahel se ha consolidado como uno de los principales focos de violencia terrorista a escala global. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Francisco Javier Peña analiza cómo, especialmente tras el colapso del Estado libio en 2012, diversos grupos yihadistas han encontrado en la región un entorno favorable para su expansión.

La combinación de gobiernos inestables, fronteras débiles y conflictos locales de larga duración han permitido la rápida implementación de organizaciones terroristas vinculadas al radicalismo islamista. 

La presencia del terrorismo en el Sahel no es un fenómeno repentino, sino el resultado de una evolución histórica extensa y compleja. A lo largo del siglo XX, la región atravesó las fases de la descolonización europea, un proceso mal ejecutado que definió los países con fronteras artificiales y derivó en importantes divisiones políticas, étnicas y sociales.

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Estas condiciones sentaron las bases para la aparición de movimientos armados de carácter político e identitario que, con el paso del tiempo, evolucionaron hacia formas de insurgencia yihadista.

Contextualización del terrorismo en el Sahel

Uno de los puntos de inflexión más relevantes fue la guerra civil argelina (1992-2002). Tras la cancelación de las elecciones legislativas de finales de 1991 por parte del gobierno argelino y la detención de cientos de militantes del Frente Islámico de Salvación (FIS), organización de corte islamista que había ganado la primera ronda de votaciones con cerca del 50% de los votos, se desencadenó una ola de enfrentamientos entre el Estado argelino y los partidarios del FIS. Durante este conflicto surgieron organizaciones como el Movimiento Islámico Armado (MIA), el Grupo Islámico Armado (GIA) y el Ejército Islámico de Salvación (AIS). 

La fragmentación de estos grupos, motivada tanto por disputas estratégicas como por divergencias ideológicas, estableció un patrón que posteriormente se repetirá también en otros movimientos yihadistas de la región. De este contexto surgió el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que más tarde adoptaría el nombre de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), convirtiéndose en el principal referente del yihadismo regional y en un actor clave para la extensión del terrorismo en el Sahel.

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Otro acontecimiento decisivo para entender la proliferación del terrorismo en el Sahel fue la caída del dictador libio Muamar el Gadafi en 2011. Durante décadas, el régimen libio había actuado como una herramienta de contención relativa, controlando los flujos de armas, movimientos insurgentes y dinámicas migratorias en el norte de África y parte del Sahel.

Por tanto, su colapso provocó una dispersión masiva de armamento y combatientes por toda la región. De hecho, la muerte del dictador no afectó únicamente a Libia, también Mali sufrió una grave crisis política y de seguridad en 2012 que permitió el asentamiento de distintos grupos yihadistas por todo su territorio, consolidándose en la actualidad como uno de los puntos calientes de la región.

Desde el punto de vista ideológico, el terrorismo en el Sahel se fundamenta principalmente en el salafismo yihadista, una corriente del islam suní que fomenta el uso de la violencia para instaurar un orden político-religioso basado en una interpretación extremista de la sharía (la ley islámica). Esta ideología bebe de diversas influencias, como el salafismo wahabí, la experiencia de la yihad afgana y las aportaciones de referentes radicales del siglo XX, pero se distancia del islamismo político tradicional y de movimientos como los Hermanos Musulmanes (Egipto, 1928).

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Sin embargo, esta ideología no se establece de manera homogénea en toda la región. Los grupos yihadistas adaptan su discurso a los contextos de cada población, instrumentalizando identidades étnicas y conflictos ya existentes.

De hecho, al igual que ocurre en Oriente Medio, las distintas interpretaciones de la sharía constituyen la principal fuente de conflicto entre los diferentes grupos terroristas que actúan en la región. En cualquier caso, el marco ideológico no explica por sí solo la adhesión de combatientes a estas organizaciones. Existen factores estructurales determinantes, como la exclusión política y social de amplios sectores de la población, los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales y las milicias locales, la ausencia de un Estado de derecho efectivo y las profundas desigualdades socioeconómicas.

Entre todos estos factores clave para entender la expansión del terrorismo en el Sahel, destaca la debilidad estructural de los Estados de la región. Muchos gobiernos carecen de la capacidad material para ejercer un control efectivo sobre todo su territorio, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

Esta ausencia del Estado se traduce en una considerable falta de seguridad, justicia y servicios básicos, generando vacíos de poder que son aprovechados por los grupos terroristas para asentarse entre las comunidades locales. A esta debilidad institucional se le suma una profunda crisis socioeconómica generalizada.

El Sahel es una de las regiones más pobres del mundo, con altos índices de desempleo, pobreza y desigualdad. El rápido crecimiento demográfico, combinado con la escasez de oportunidades reales, genera un entorno favorable para la radicalización y el reclutamiento por parte de las organizaciones yihadistas. Por último, la existencia previa de organizaciones criminales ha facilitado la consolidación del terrorismo, al proporcionar financiación, logística y alianzas estratégicas a través del tráfico de armas, personas, drogas y la explotación de recursos naturales.

Descripción de los principales grupos terroristas del Sahel

La organización terrorista más influyente en el Sahel es el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM). Fundado en el año 2017 en el contexto de la guerra de Mali, JNIM surgió como resultado de la fusión de varias organizaciones yihadistas, entre ellas Ansar Dine, Al Qaeda en el Magreb Islámico, Katiba Macina y Al Murabitun. Esta unificación respondió a la necesidad de coordinar esfuerzos frente a la presión militar internacional y de reforzar la presencia de Al Qaeda en la región. 

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JNIM aplica una estrategia ideológica basada en el salafismo yihadista, combinando la lucha armada con mecanismos de gobernanza informal. Su estructura descentralizada le permite responder con rapidez a sus amenazas militares y operar de manera flexible. Entre sus líderes destacan Iyad Ag Ghali, figura clave del yihadismo tuareg, y Amadou Koufa, líder de Katiba Macina. El grupo actúa principalmente en Mali, Burkina Faso y Níger, aunque en los últimos años han extendido su influencia hacia países costeros del golfo de Guinea.

A nivel operativo, JNIM combina ataques armados contra fuerzas estatales con estrategias de control social. Una vez asentado en una zona determinada, el grupo terrorista hace las veces de administrador desarrollando tareas como la gestión impuestos, la impartición de justicia y la negociación con líderes locales. Esto les permite consolidar su autoridad de una forma más consistente que otras organizaciones. 

El principal rival de JNIM en la región es el Estado Islámico en el Sahel (ISSP), Conocido inicialmente como Estado Islámico en el Gran Sáhara, ISSP surgió en el año 2015 como resultado de una escisión de Al Murabitun, alineándose rápidamente con el autodeterminado Estado Islámico.

A nivel ideológico, ISSP mantiene una visión aún más extremista del salafismo yihadista, diferenciándose de JNIM por su escasa disposición a negociar con las comunidades locales y por el uso sistemático de la violencia extrema, incluyendo entre sus actos la matanza indiscriminada de civiles. 

ISSP concentra su actividad en la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger, uno de los puntos más inestables del Sahel. Debido a su estrategia de violencia extrema, la organización terrorista encuentra mayores dificultades para consolidar su control territorial, lo que se traduce en una presencia más volátil que la de JNIM. No obstante, mantiene una elevada capacidad operativa, destacando por la realización de emboscadas complejas y la eliminación selectiva de líderes locales y militares.

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En un segundo plano encontramos otras organizaciones yihadistas que actúan como grupos de apoyo y que se encuentran integradas de forma parcial o total en las estructuras de ISSP y JNIM. Entre ellas destacan:

  • Ansarul Islam: organización yihadista formada en Burkina Faso en el año 2016. Surgió como respuesta a las malas condiciones económicas y sociales del norte del país. Aunque mantiene vínculos operativos con JNIM, conserva cierta autonomía y ha desempleado un papel importante en la expansión del terrorismo dentro de sus fronteras.
  • Katiba Macina: actualmente integrada en JNIM, opera principalmente en el centro de Mali. Se conoce a este grupo por la instrumentalización de conflictos locales para reclutar combatientes y justificar sus ataques contra fuerzas gubernamentales y milicias rivales.
  • Al Qaeda en el Magreb Islámico: aunque ha perdido protagonismo, sigue siendo un actor clave en el panorama terrorista del Sahel. Su papel como precursor ideológico ha sido fundamental para la consolidación de los grupos yihadistas actuales.

La retirada occidental y la inestabilidad política en el Sahel

En los últimos años, la dinámica del terrorismo en el Sahel se ha visto profundamente alterada por el progresivo fin de la presencia militar occidental en la región. La retirada de las fuerzas europeas (principalmente francesas), y la finalización de la misión de la ONU en Mali (MINUSMA), tras el cierre de la operación Barkhane, han generado un vacío de seguridad en amplias zonas del territorio. Aunque estas misiones habían sido objeto de críticas por su reducida eficacia y por el rechazo de buena parte de la población local, su salida ha dejado a los Estados de la región completamente vulnerables frente a los grupos yihadistas.

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La ausencia de fuerzas occidentales sobre el terreno ha tenido varias consecuencias estratégicas. En primer lugar, ha reducido de forma notable las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como el apoyo aéreo y logístico del que dependían los ejércitos locales.

Esto ha permitido a organizaciones como JNIM y el Estado Islámico en el Sahel ampliar su libertad de actuación, intensificar ataques y ocupar territorios previamente disputados. En segundo lugar, la retirada ha tenido un efecto simbólico, al ser interpretada por los grupos terroristas como una victoria estratégica frente a los actores externos.

Paralelamente, la inestabilidad política crónica de los países del Sahel ha actuado como un multiplicador de la amenaza terrorista. Mali, Burkina Faso y Níger han experimentado en los últimos años una sucesión de golpes de Estado y cambios forzados de liderazgo que han debilitado aún más la legitimidad de los gobiernos. La concentración del poder en juntas militares, la suspensión de los procesos democráticos y la falta de consensos internos han reducido la capacidad movilización social contra el terrorismo.

Esta inestabilidad gubernamental tiene un impacto directo en la lucha contra los grupos yihadistas. Las fuerzas armadas nacionales, a menudo mal equipadas y con problemas de cohesión interna, se ven obligadas a asumir un rol central en conflictos con escasos recursos y baja confianza ciudadana. Además, los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y milicias aliadas han contribuido a empeorar la imagen de los gobiernos, facilitando el discurso y la narrativa de los grupos terroristas como supuestos defensores frente a la opresión del Estado.

A este contexto se le suma un proceso de realineamiento geopolítico. El deterioro de las relaciones con los socios occidentales ha llevado a los gobiernos del Sahel a buscar nuevos aliados en materia de seguridad.

Actores como Emiratos Árabes Unidos, China y especialmente Rusia, tanto por la vía diplomática como a través de los Africa Corps (anteriormente conocidos como Grupo Wagner), han tratado de ocupar esa posición como nuevos aliados estratégicos. En este contexto, los grupos terroristas han demostrado una importante capacidad de adaptación, aprovechando tanto el vacío de poder como la fragmentación política para consolidar su influencia.

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Además, los países del Sahel han buscado nuevas fórmulas de cooperación regional, como la Alianza de Estados del Sahel (AES). Iniciativas como esta reflejan un intento de recuperar el control estratégico, aunque enfrentan importantes vulnerabilidades en términos de recursos y coordinación.

Escenarios prospectivos sobre la evolución del terrorismo en el Sahel (2026 – 2030)

La evolución del terrorismo yihadista en el Sahel durante los próximos años dependerá en gran medida de la implicación de la comunidad internacional y de la capacidad de los gobiernos locales de hacer frente de forma coordinada a esta amenaza. A continuación, se presentan varios escenarios prospectivos en función del equilibrio entre la presión estatal y la capacidad de adaptación de las organizaciones terroristas.

Escenario 1: Expansión territorial yihadista y adaptación estratégica

En este escenario, los principales grupos como JNIM y el ISSP, logran ampliar su control territorial aprovechando la debilidad de los ejércitos locales y el vacío de poder generado por la salida de las fuerzas occidentales. Las fuerzas yihadistas, ya asentadas en torno a la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger, extienden su rango de actividad en los países próximos al Golfo de Guinea, principalmente Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, provocando un deterioro significativo de la ya deteriorada seguridad regional.

Escenario 2: Crisis internas y competencia entre organizaciones terroristas

En este caso, la presión coordinada de las juntas militares, las tensiones internas y la competencia por recursos y legitimidad ideológica provocan divisiones dentro de los grupos terroristas. Se intensifican los enfrentamientos entre facciones vinculadas a Al Qaeda y al Estado Islámico, lo que debilita su coordinación estratégica y operativa, generando a su vez picos de violencia.

El Sahel se convertiría en un espacio de conflicto crónico de baja intensidad, con múltiples actores armados y una elevada vulnerabilidad de la población civil.

Escenario 3: Internacionalización del conflicto

En este escenario, los grupos terroristas amplían sus redes logísticas, de financiación y reclutamiento, conectando el Sahel con otras zonas como África Occidental y con organizaciones afines en Oriente Medio. Esta expansión del terrorismo incrementa la percepción del Sahel como una amenaza directa para Europa, lo que podría traducirse en una mayor implicación de actores internacionales a través de nuevas estrategias de cooperación antiterrorista con los Estados locales.

Conclusión

El terrorismo en el Sahel constituye un fenómeno complejo y multidimensional, profundamente arraigado en problemas estructurales de carácter político, económico y social. Organizaciones como JNIM y el Estado Islámico en el Sahel han demostrado una notable capacidad para explotar las debilidades del entorno y adaptarse a contextos cambiantes y exigentes. 

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Las consecuencias humanitarias de esta situación son devastadoras. Millones de personas se ven obligadas a desplazarse cada año, con un acceso extremadamente limitado a servicios básicos y sometidas a altos niveles de inseguridad. En numerosas zonas, las actividades agrícolas y comerciales se encuentran paralizadas, agravando el riesgo de hambrunas y los índices de pobreza.

En el plano político, la violencia terrorista ha contribuido a la militarización del poder y a la erosión de la legitimidad institucional. Desde una perspectiva económica y social, el terrorismo ha frenado el desarrollado, destruido infraestructuras y debilitado la cohesión comunitaria.

Por tanto, la estabilización del Sahel no solo dependerá de la capacidad de los Estados y de la comunidad internacional para abordar de forma conjunta una amenaza tan extendida por toda la región, sino también de poder atender a las causas estructurales de la misma.

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La gastrodiplomacia como poder blando en la política exterior española

La gastronomía se ha consolidado como uno de los principales activos de poder blando de España. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Álvaro Aguilar del Hierro explica que, más allá de su dimensión cultural, el nuevo Plan Internacional de la Gastronomía Española formaliza su uso como una herramienta estratégica de gastrodiplomacia, proyección exterior, competitividad económica y cohesión nacional.

Desde la alta cocina hasta el fenómeno de la tapa, la cocina española opera hoy como un instrumento donde la experiencia gastronómica precede a la consolidación del producto en el mercado, con el objetivo de afianzar a España como una potencia alimentaria de reputación sólida y liderazgo mundial.

Gastrodiplomacia como poder blando en la política exterior española

«La gastronomía española es el resultado de un rico mestizaje cultural forjado a lo largo de los siglos. Marcada por los diversos pueblos que han llamado a esta tierra su hogar, por los flujos comerciales del Mediterráneo y por el intercambio con las Américas, nuestros alimentos, nuestra cocina y nuestras tradiciones se han enriquecido gracias a la profusión de conocimientos llegados durante siglos y desde todo el mundo.»

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Con estas palabras comienza el reciente Plan Internacional de la Gastronomía Española. El documento, presentado el día 9 de febrero de 2026, supone la hoja de ruta para situar la cocina en el centro de la acción exterior del Estado. Representa el reconocimiento institucional de que la identidad culinaria no es solo un legado cultural, sino un activo estratégico capaz de articular la proyección exterior del país.

A través de este plan, España formaliza la transición de una valoración tradicional de sus productos a una estructura de gastrodiplomacia profesionalizada, centrada en fortalecer la Marca España, atraer un turismo de Alto Valor, fomentar la internacionalización y generar talento. Se trata, en términos claros, de convertir el prestigio gastronómico en una herramienta estable de competitividad e influencia internacional. 

Aunque parezca un enfoque reciente, el uso de la gastronomía como instrumento diplomático hunde sus raíces en la Antigua Grecia, cuando la alimentación funcionaba como espacio de encuentro entre comunidades políticas. Por ello, no es casual que en 2012, Hillary Clinton definiera la gastronomía como «la herramienta diplomática más antigua del mundo».

Siguiendo esta línea, la gastrodiplomacia puede entenderse, en palabras de la ex diplomática Mary Jo A. Pham, como la estrategia de proyectar el patrimonio culinario de una nación para reforzar su identidad, estimular el comercio y atraer inversiones. Al conectar con públicos amplios a nivel personal y cultural, esta práctica se convierte en una forma eficaz de diplomacia pública, es decir, de comunicación estratégica orientada a mejorar la reputación y la capacidad de influencia de un Estado. 

«Si me dais buenos cocineros, yo os conseguiré buenos tratados», exclamó el ministro Talleyrand a Napoleón antes del Congreso de Viena. Bajo esta misma premisa, la política exterior española utiliza hoy su excelencia culinaria no solo para mejorar su reputación, sino como un instrumento complementario en la construcción de relaciones económicas y alianzas internacionales.

Esta filosofía encuentra su reflejo más visible en la Guía para la diplomacia gastronómica (2021), elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la cual coordina a embajadas y consulados como plataformas de promoción. 

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En determinados contextos, la selección gastronómica trasciende la mera función protocolaria y pasa a integrarse en la narrativa que el Estado anfitrión proyecta sobre sí mismo. Un ejemplo fue el menú diseñado por Paco Roncero para la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, donde la apuesta por la alta cocina contemporánea y el producto nacional formó parte de la imagen de modernidad, solvencia e innovación que España quiso asociar al evento.

De la Tapa a la Política de Estado

Este despliegue institucional responde al peso de un sector que, considerando el conjunto de la cadena agroalimentaria, la restauración y su estrecha vinculación con el turismo, aporta en torno al 27% del PIB nacional y sostiene aproximadamente el 37% del empleo.

Según el Real Instituto Elcano, la gastronomía es, junto al deporte, el activo mejor valorado de la Marca España en el extranjero. Además, presenta una ventaja comparativa notable, ya que genera aceptación transversal y rara vez despierta resistencias culturales o ideológicas, algo que sí ocurre con otros instrumentos de poder blando.

Para sostener esta capacidad de atracción, España se apoya en un prestigio construido a partir de hitos que transformaron la disciplina y proyectaron una narrativa propia. La irrupción de la Nueva Cocina Vasca en los años setenta no solo reivindicó el producto y la tradición regional, sino que introdujo una idea de modernización culinaria vinculada a la identidad.  

A este movimiento le siguió el impacto global de El Bulli, donde Ferran Adrià lideró un cambio de paradigma al situar la innovación y la técnica española como el nuevo referente de la gastronomía mundial.

Este liderazgo ha permitido que figuras como José Andrés, con su proyecto Mercado Little Spain en Nueva York, o chefs como David Muñoz y Dani García en Dubái, gestionen espacios que operan como embajadas culturales privadas. 

Estos establecimientos no solo comercializan experiencias gastronómicas, sino que contribuyen a posicionar productos agroalimentarios españoles en mercados estratégicos, combinando prestigio simbólico y apertura comercial.

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Sin embargo, el éxito más sutil reside en lo que puede denominarse el «efecto tapa». Al internacionalizar este formato flexible y social, España ha estimulado una demanda específica de productos como el aceite de oliva, los embutidos ibéricos o determinados quesos, facilitando su entrada en nuevos mercados. La experiencia gastronómica precede así a la consolidación del producto en el mercado.

Un ejemplo significativo es la revalorización del vino de Jerez en el Reino Unido. Gracias a cadenas como Barrafina e Ibérica, este producto ha pasado de percibirse como tradicional o desfasado a convertirse en una referencia premium dentro de la hostelería londinense. Barrafina, con su estrella Michelin, ha familiarizado al consumidor británico con denominaciones de origen españolas, mientras que espacios como Ibérica han funcionado como plataformas donde instituciones como el ICEX pueden desplegar campañas de promoción sobre un público ya predispuesto.

Entre la gastrodiplomacia y los desafíos de la cohesión nacional

Más allá de la dimensión exterior, esta estrategia refuerza la cohesión nacional. El denominado «gastronacionalismo» permite que se reconozca al país por su diversidad regional, donde distintas tradiciones culinarias encuentran reconocimiento bajo un marco común.

La Dieta Mediterránea (reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) se convierte en un referente asociado a salud, sostenibilidad y calidad de vida, al tiempo que refuerza el posicionamiento del sector primario en un mercado global altamente competitivo. Desde esta perspectiva, el objetivo es consolidar a España como una potencia alimentaria con reputación sólida y liderazgo culinario.

No obstante, este horizonte enfrenta un desafío relevante: el riesgo de que la proyección internacional derive en procesos de «gastrificación«, en los que la estandarización orientada al visitante global diluya la autenticidad de los entornos locales que dieron origen a ese prestigio. La cuestión de fondo, por tanto, no es solo cómo proyectar la cocina española, sino cómo hacerlo sin desvincularla de su base territorial y social.

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Meta y Google deberán pagar indemnización millonaria a joven por crisis de adicción

La demandante atribuye a ambas plataformas ansiedad, depresión y dismorfia corporal. El jurado aún debe decidir si impone daños punitivos adicionales.

Un tribunal de Los Ángeles ha condenado a Meta y Google a pagar conjuntamente hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) como indemnización a una joven que alega que la adicción a sus plataformas le causó una grave crisis de salud mental. En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha fijado 2,1 millones de dólares para Meta y 900.000 dólares para Alphabet, matriz de Google, según recoge Bloomberg.

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La demandante, Kaley G. M., asegura haber comenzado a consumir vídeos en YouTube con seis años e Instagram con nueve. Como consecuencia, atribuye a ambas plataformas el desarrollo de ansiedad, depresión y dismorfia corporal. Sus abogados celebraron el fallo con un comunicado contundente: «Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños».

Meta y Google rechazan el veredicto

Sin embargo, el proceso judicial no ha concluido. El jurado todavía debe evaluar argumentos adicionales para decidir si impone daños punitivos a ambas compañías, más allá de las compensaciones ya establecidas. Ni Meta ni Google han aceptado el veredicto sin réplica: Meta declaró que «respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales», mientras que el portavoz de Google, José Castañeda, lamentó que «este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social».

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Este fallo llega en un momento de creciente presión judicial sobre las tecnológicas. En 2026, un tribunal estatal de California juzgará otros dos casos relevantes relacionados con la responsabilidad de estas empresas. Las demandas, presentadas por menores, adolescentes y jóvenes adultos (en ocasiones a través de familiares), incluyen alegaciones de angustia psicológica, discapacidad física y muerte por suicidio.

La IA dispara la producción de material de abuso sexual infantil

Un informe de la IWF revela que el número de vídeos de abuso sexual infantil creados con IA se multiplicó por 260 en 2025.

El contenido de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial aumentó un 14% en 2025, con un total de 8.029 imágenes y vídeos identificados, según el último informe de la Internet Watch Foundation (IWF), organización con sede en Reino Unido. El documento, titulado Daños sin límites: material de abuso sexual infantil generado por IA desde la perspectiva de nuestros analistas, señala que desde que la entidad comenzó a monitorizar la IA a principios de 2023 ha observado un «avance alarmante» en la capacidad de generar artificialmente este tipo de contenido delictivo.

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El material fue hallado tanto en la dark web como en plataformas comerciales convencionales de la web abierta. De los 3.443 vídeos identificados, el 65% recibió la clasificación A, la categoría más extrema empleada por la IWF, que engloba delitos como la violación y la tortura sexual según la legislación británica. En comparación, solo el 43% de los vídeos delictivos no generados por IA alcanzaron esa misma clasificación en 2025, lo que evidencia que los delincuentes utilizan la IA para producir contenido más violento que el real.

El número de vídeos se multiplica por 260

Aún más llamativo resulta el incremento en vídeos, donde el número total ha crecido más de 260 veces respecto a los apenas 13 vídeos detectados en 2024. Además, la IWF advierte de que este realismo puede lograrse mediante «la adición de audio al vídeo, la capacidad de representar a varias personas interactuando o incluso la manipulación exitosa de imágenes de un menor real conocido por el agresor». Los analistas también han recogido declaraciones de delincuentes en la dark web que hablan de desarrollar una «IA automatizada» capaz de crear películas de abuso «introduciendo una consigna a un agente de IA sin censura» en uno o dos años.

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Un caso reciente ilustra la magnitud del problema. El generador de imágenes de Grok en la red social X compartió cerca de tres millones de imágenes sexualizadas, de las cuales 23.000 representaban a menores, en respuesta a solicitudes directas de usuarios. En comunidades de la dark web, según recoge el informe, «cada nuevo avance en IA generativa se elogia por su capacidad para mejorar el realismo, aumentar la gravedad o hacer más inmersivo cualquier escenario sexual imaginable con un menor».

Tolerancia cero y protección desde el diseño

Ante esta situación, la directora ejecutiva de la IWF, Kerry Smith, ha advertido que los avances tecnológicos «nunca deberían ir en detrimento de la seguridad y el bienestar de un niño». Asimismo, ha apostillado que, si bien la IA ofrece muchos beneficios, «es espantoso pensar que su poder pueda usarse para arruinar la vida de un niño». Smith ha reclamado que gobiernos y empresas tecnológicas adopten tolerancia cero e integren la protección infantil desde el diseño de los productos, de modo que los propios chatbots impidan la generación de estas imágenes.

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Por último, el informe llega después de que el Parlamento Europeo haya aprobado una prórroga temporal de la Directiva sobre privacidad electrónica hasta el 3 de agosto de 2027, prorrogando la exención que permite la detección voluntaria de material de abuso infantil online. Esta derogación parcial autoriza a proveedores de servicios de comunicaciones (como aplicaciones de mensajería) a utilizar tecnologías específicas para detectar abusos sexuales a menores en Internet.

Nueva Constitución en Somalia y sus consecuencias políticas

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Lejos de consolidar la estabilidad, la nueva Constitución ha desatado una grave crisis política en Somalia. La oposición rechaza su legitimidad y acusa al presidente de concentrar poder. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Andrés Fuentalba explica las crecientes tensiones entre el gobierno federal y varios estados, así como el riesgo de una nueva escalada.

El panorama político somalí atraviesa un momento crítico. El 4 de marzo 2026, el Parlamento bicameral aprobó la primera constitución permanente del país desde 1960 y, tras la firma del presidente Hassan Sheikh Mohamud el 8 de marzo, Somalia dejó atrás 14 años de provisionalidad constitucional.

No obstante, lo que en apariencia representa un avance institucional esconde una grave crisis política. La nueva carta magna extiende el mandato presidencial de cuatro a cinco años (lo que en la práctica permite a Mohamud gobernar hasta 2027), centraliza las relaciones exteriores en el gobierno federal y recorta la autonomía de los estados miembros. En respuesta, la oposición ha rechazado esta constitución, entre ellos representantes de Puntlandia y Jubalandia, los dos estados federales más importantes del país. 

La reacción no se hizo esperar. Ambos estados, junto a expresidentes y figuras clave de la oposición, conformaron el «Foro del Futuro de Somalia», una plataforma  que rechaza la legitimidad del proceso y acusa a Mohamud de conducir al país hacia un régimen autoritario. El Foro califica la nueva constitución de ilegal y mantiene su lealtad exclusiva a la Constitución Provisional de 2012.

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Aunque las negociaciones directas con el gobierno celebradas en febrero de 2026 colapsaron sin acuerdo, la oposición advierte que cualquier extensión unilateral del mandato presidencial podría desatar una crisis de legitimidad comparable a la de 2021, cuando disputas similares provocaron enfrentamientos armados en Mogadiscio. Para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario retroceder hasta los orígenes del proceso constitucional somalí. 

La Constitución Provisional de 2012: el fin de la transición

El orígen de la nueva Constitución se remonta a los procesos de reconciliación nacional que Somalia emprendió a inicios del 2000, tras una década de guerra civil desatada por la caída de Siade Barre en 1991. Un primer hito fue la Conferencia de Arta (Yibuti,2000), de la que surgió el Gobierno Nacional de Transición (GNT), el primer gobierno somalí reconocido por la ONU desde 1991, aunque sin autoridad efectiva sobre el territorio.

El momento decisivo llegó con la Conferencia de Nairobi (Kenia, 2004). Allí delegados somalíes  (incluídos sectores que antes rechazaban la reconciliación) adoptaron la Carta Federal de Transición (TFC), que estableció instituciones federales provisionales y ordenó la redacción de una constitución federal. No obstante, la comisión encargada no se formó hasta 2006, bajo el mandato de Abdullahi Yusuf, presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT).

La Carta Federal de Transición y la Hoja de Ruta de 2011 trazaron el camino de salida de la transición. El 1 de agosto de 2012, una Asamblea Nacional Constituyente de 825 miembros aprobó la Constitución Provisional, poniendo fin al GFT y dando nacimiento al Gobierno Federal de Somalia, el primero con carácter permanente desde 1991. El texto estableció un Estado federal bicameral con competencias divididas entre el gobierno central y losEstados Miembros Federales (FMS), cuyo número y fronteras delegó al parlamento. Un mes después, Hassan Sheikh Mohamud fue elegido presidente en suelo somalí, siendo ese su primer mandato (2012-2017).

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La Constitución Provisional ordenaba aprobar una carta permanente mediante referéndum antes de 2016. Pero dejó deliberadamente abiertas cuestiones cruciales  (fronteras, distribución de recursos), sembrando las controversias que marcarían los siguientes 14 años.

Un proceso de redacción interrumpido durante 14 años

La redacción recayó en tres órganos (la ICRIC, el Comité de Supervisión parlamentario y el Ministerio de Asuntos Constitucionales) que operaron en paralelo y a menudo en conflicto. Entre 2012 y 2020, el proceso sufrió parálisis recurrentes por falta de recursos, la amenaza de Al-Shabaab y disputas políticas entre el gobierno federal y los estados miembros. El expresidente Farmajo lo archivó por decreto en 2020. Solo tras la reelección de Mohamud en 2022 se aceleró el proceso, hasta su aprobación final en marzo de 2026.

Crisis política y consecuencias

Tras la firma de la nueva Constitución, la tensión ha entrado en una peligrosa fase de escalada. El Foro del Futuro rechazó formalmente el texto, calificándolo de ilegal yreafirmando su lealtad a la Constitución Provisional de 2012. Esta fractura ya no es retórica: en Baidoa, enfrentamientos entre fuerzas estatales y milicias opositoras dejaron al menos15 muertos en febrero, una muestra de que la polarización política ya se traduce en violencia sobre el terreno. 

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Con el mandato parlamentario expirando el 14 de abril y la presidencia el 15 de mayo, la cumbre opositora del 10 de abril se perfila como un momento decisivo. El Foro advierte que cualquier extensión unilateral del mandato podría desencadenar una crisis comparable a la de 2021, cuando disputas similares provocaron combates en Mogadiscio.

El agravante es claro: hoy la oposición cuenta con respaldo territorial consolidado en Puntlandia y Jubalandia, lo que convierte cualquier retraso electoral en una mecha capaz de incendiar la ya fracturada federación somalí. 

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La carretera de la muerte: 219 kilómetros de impunidad entre Monterrey y Nuevo Laredo

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Más de 200 desapariciones, crematorios clandestinos y control criminal operativo. Thais Armengol alumna del Máster Profesional de Analista de Inteligencia, analiza este fenómeno. Para el politólogo Gerson Mata Estrada, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG), esta situación no es una excepción, sino una advertencia: «Es altamente probable que para 2030 el número de organizaciones criminales en México se duplique.»

La disputa por el kilómetro: la carretera de la muerte entre Monterrey y Nuevo Laredo

Si algo revela la 85D es que el crimen organizado en México ha dejado de operar bajo una lógica exclusivamente expansiva para adoptar una lógica de control estratégico de nodos. No necesita gobernar un estado completo si puede administrar un punto clave de circulación económica.

En ese sentido, la carretera Monterrey–Nuevo Laredo no es solo un trayecto asfaltado: es un corredor logístico por donde transitan mercancías vinculadas al comercio internacional, cadenas de suministro industriales, transporte de carga pesada, trabajadores transfronterizos y flujos migratorios que buscan llegar a Estados Unidos. Controlar ese flujo equivale a intervenir una arteria económica sin necesidad de infiltrarse formalmente en ella.

Gerson Mata Estrada lo explica con precisión técnica cuando afirma que «el control territorial se disputa en unidades más pequeñas como municipios, colonias o tramos carreteros». La afirmación descompone la idea tradicional de territorio como bloque compacto. Hoy el poder se fragmenta y se administra en microespacios. Un kilómetro puede ser más valioso que una alcaldía si concentra tránsito estratégico. La carretera 85D se convierte entonces en una pieza táctica dentro de un tablero mayor, donde cada tramo ofrece oportunidades de extracción económica, vigilancia informal y proyección de fuerza.

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En este contexto, la violencia que se registra en la vía no es desorden ni explosión irracional. Es parte de un sistema de regulación ilegal del tránsito. Las cuotas impuestas al transporte, los secuestros selectivos de conductores, el robo de carga y la apropiación de vehículos no responden a improvisaciones aisladas, sino a una lógica sostenida de financiamiento y control.

La carretera funciona como una aduana paralela que decide quién pasa, bajo qué condiciones y a qué costo. Lo que aparenta ser un corredor industrial es, en realidad, un espacio administrado por actores armados que compiten por su rentabilidad.

Gobernanza criminal: reglas dentro del miedo

Hablar de «gobernanza criminal» puede sonar provocador, pero describe una arquitectura concreta de poder. No se trata de caos permanente, sino de un orden alternativo que establece reglas, jerarquías y mecanismos de sanción. Mata lo formula con contundencia: «La violencia, no solo es un medio de intimidación, es en sí misma, el principal medio de control del territorio.» La frase desmonta la idea de que la violencia sea únicamente una herramienta colateral. Aquí es el núcleo del sistema. Funciona como mensaje disciplinador y como recordatorio constante de quién detenta la autoridad real.

En la 85D, los hallazgos de cuerpos calcinados y las desapariciones sistemáticas no solo generan terror social; también cumplen una función ejemplificadora dentro del ecosistema criminal. En territorios fragmentados, donde múltiples grupos compiten por el mismo corredor, la exhibición de fuerza es un mecanismo para marcar dominio. La región arrastra la herencia de la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, un punto de inflexión que alteró de forma permanente el equilibrio criminal del noreste del país.

«La creación de los Zetas, su separación del Golfo y su posterior fragmentación en diversos grupos ha generado que ningún grupo tenga el control pleno de la región», señala Mata. Pero esa ausencia de hegemonía no implica vacío, sino competencia constante.

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Esa competencia multiplica incentivos para el uso estratégico de la violencia y para la diversificación de ingresos. El investigador lo detalla sin ambigüedades: «Muchos de los vehículos que son robados después son empleados como insumos para la guerra entre grupos«, lo que significa que el delito patrimonial alimenta directamente la logística armada.

Además, «la extorsión o el robo del transporte de carga también sirven como un medio de generación de recursos adicionales«, ampliando la base financiera de las organizaciones. En este escenario, la carretera no es únicamente un punto de extracción económica, sino un engranaje dentro de la economía de guerra criminal que se disputa el noreste mexicano.

Inteligencia, planeación y la brecha operativa

Uno de los aspectos más delicados del diagnóstico de Mata no se refiere únicamente a la expansión criminal, sino a la respuesta institucional. Lejos de sostener que el Estado carece de información, advierte una desconexión estructural entre análisis y operación. «Tenemos muchos diagnósticos, pero pocas soluciones operativas», afirma, subrayando que la producción de inteligencia no necesariamente se traduce en intervenciones estratégicas sostenidas en el terreno.

Esta brecha genera un patrón reactivo: despliegues temporales, operativos mediáticos y refuerzos episódicos que no alteran la lógica de control territorial ya instalada.

La subestimación del trabajo analítico dentro de las corporaciones policiales agrava el problema. «En el ámbito policial se subestima el rol que tienen las unidades de análisis e incluso los policías de campo ni siquiera consideran a los analistas como elementos policiales plenos.» La frase revela una fractura cultural dentro de las instituciones de seguridad.

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Mientras los grupos criminales operan con estructuras flexibles, adaptativas y articuladas a nivel local, las corporaciones enfrentan inercias burocráticas, rotación política y falta de continuidad estratégica. Intervenir una carretera bajo control criminal exige comprender redes de apoyo, dinámicas financieras, jerarquías internas y relaciones comunitarias, no solo incrementar el número de patrullas visibles.

Mata también introduce un elemento prospectivo cuando habla de la tecnología. «La incorporación masiva de drones es una ventana de oportunidad que tendrá que ser explorada y explotada en los siguientes años.» Sin embargo, la herramienta tecnológica, por sí sola, no sustituye la estrategia. Sin coordinación interinstitucional y sin integración real entre inteligencia y operación, la tecnología corre el riesgo de convertirse en recurso subutilizado dentro de una arquitectura institucional debilitada.

Crimen en México hacia 2030: expansión fragmentada y reconfiguración del poder criminal

El escenario a mediano plazo que plantea el investigador es inquietante. «Es altamente probable que para 2030 el número de organizaciones criminales en México se duplique.» Esta proyección no se formula como advertencia retórica, sino como tendencia derivada de la fragmentación constante y de la diversificación de mercados ilícitos.

Cada escisión interna genera nuevos liderazgos. Cada nuevo mercado (desde el tráfico de migrantes hasta la extorsión digital) crea incentivos para la formación de células autónomas que requieren territorio para operar.

En un entorno así, corredores estratégicos como la 85D adquieren aún mayor valor. Si el número de actores aumenta, también lo hace la disputa por los puntos logísticos clave. La fragmentación no reduce la violencia; la atomiza y la distribuye territorialmente. Cada kilómetro puede convertirse en frontera disputada. Cada municipio puede quedar bajo dinámicas diferenciadas de control. La complejidad para el Estado no radica únicamente en la cantidad de grupos, sino en la dificultad de mapear y contener estructuras más pequeñas, móviles y adaptativas.

El crimen en México como reflejo de una crisis estructural

El diagnóstico institucional que ofrece Mata es directo: «En los últimos 20 años México no ha podido consolidar una fuerza policial permanente a nivel federal.» La transición de la Policía Federal hacia la Guardia Nacional implicó una reconfiguración organizacional, pero no necesariamente una expansión sustancial de capacidades civiles especializadas.

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«Prácticamente no se reclutó nuevo personal y solo se reasignó a personal militar y policial que ya se encontraba en funciones.» Esto significa que la cobertura territorial no creció al ritmo de la expansión criminal, especialmente en áreas estratégicas como la seguridad carretera.

La consecuencia es doble. Por un lado, existe déficit de personal suficiente para cubrir rutas de alto riesgo. Por otro, se evidencia una carencia de competencias específicas para enfrentar dinámicas complejas de control territorial. «Las instituciones policiales del Estado Mexicano carecen del personal suficiente para realizar las tareas de seguridad que se requieren incluidas la seguridad en carreteras y en segundo lugar de las competencias y conocimientos idóneos para esta tarea en específico.» La afirmación expone una vulnerabilidad estructural que trasciende la 85D.

Cuando Mata afirma que lo que ocurre en esta vía «es una metáfora de lo que está sucediendo en el país y es un modelo criminal que se replica a escala nacional», la carretera deja de ser caso local y se convierte en síntoma sistémico.

Las dinámicas que se observan en el noreste se replican en corredores del Estado de México, Puebla o Morelos, donde la violencia afecta al tejido económico y al derecho básico al libre tránsito. «Las dinámicas de la violencia y crimen ponen primero en riesgo la vida de la ciudadanía, en segundo lugar, el derecho al libre tránsito y finalmente generan obstáculos al crecimiento económico a nivel nacional.»

La carretera de la muerte no es una anomalía geográfica. Es la evidencia de un modelo que avanza. Un modelo donde el control territorial se ejerce regulando la movilidad, administrando el miedo y explotando la fragmentación institucional. Y mientras el número de organizaciones criminales crece y se diversifica, el desafío para el Estado dejará de medirse en kilómetros y pasará a definirse por su capacidad de anticipación.

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Defensa en mosaico: cómo la Guardia Revolucionaria ciega a la inteligencia extranjera

¿Es posible decapitar a un enemigo que no tiene una sola cabeza? La arquitectura del CGRI sugiere que la Inteligencia occidental ha estado persiguiendo un fantasma centralizado que ya no existe.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha transformado su arquitectura de mando para garantizar su supervivencia en la guerra asimétrica contemporánea. Irán implementa la doctrina de «Defensa en Mosaico» para blindar su cadena de mando frente a operaciones de decapitación estratégica. Esta descentralización asegura la continuidad operativa tras la pérdida de altos mandos y neutraliza la eficacia de los servicios de inteligencia extranjeros al eliminar un centro de gravedad único y visible.

El fin de la jerarquía vertical

La estructura militar convencional de Irán evolucionó tras identificar vulnerabilidades críticas en su sistema de mando. Históricamente, el CGRI operaba bajo una dirección altamente centralizada. Sin embargo, la eliminación de figuras clave, la última de ellas antes de los acontecimientos actuales, Qasem Soleimani, obligó a Teherán a acelerar un cambio de paradigma que ya venía iniciándose desde la primera década del siglo XXI. El mando vertical representaba un riesgo existencial ante potencias con superioridad en inteligencia de señales (SIGINT) y ataques de precisión, como habían demostrado los rápidos colapsos de los gobiernos iraquí y afgano.

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La nueva estrategia sustituye la dependencia de líderes carismáticos por protocolos operativos automatizados. Como señala Michael Eisenstadt, analista del Washington Institute, «el objetivo es crear una arquitectura que pueda seguir funcionando independientemente de la dirección central». El CGRI ya no funciona como un ejército monolítico, sino como una red de nodos interconectados con capacidad de autogestión. Esta transformación busca convertir cualquier intento de «descabezar» la organización en un esfuerzo fútil. La resiliencia no reside en el individuo, sino en la redundancia del sistema.

«Defensa en Mosaico»: el modelo provincial

El pilar fundamental de esta resiliencia es la división administrativa y militar de Irán en 31 comandos provinciales. Cada provincia cuenta con una unidad del CGRI plenamente autónoma. Estos comandos poseen capacidad propia de reclutamiento, logística, entrenamiento y, lo más importante, autoridad de fuego. En caso de colapso de las comunicaciones centrales, cada comandante provincial tiene órdenes de actuar de forma independiente.

Esta atomización del poder genera un escenario de pesadilla para los analistas de inteligencia. El mando descentralizado impide que la destrucción de una sede central en Teherán paralice la respuesta militar en el resto del país. Cada unidad provincial funciona como un «mosaico» que, aunque forma parte de una imagen global, posee una identidad propia. El analista de inteligencia se enfrenta ahora a 31 centros de decisión diferentes en lugar de uno solo. Como se observa en la siguiente comparativa visual, este cambio de arquitectura anula los puntos críticos de fallo tradicionales.

Figura 1. Comparativa estratégica entre el modelo de mando vertical (jerárquico) y la estructura de Defensa en Mosaico (descentralizada) adoptada por el CGRI. Elaboración propia basada en datos de The Washington Institute, la DIA e informes de seguridad del IISS.

Logística y autonomía operativa

Para que una estructura descentralizada sea efectiva, no basta con delegar el mando; es imprescindible delegar la capacidad logística. El CGRI ha desarrollado un sistema de suministros regionalizado que reduce la dependencia de las líneas de abastecimiento nacionales, vulnerables al sabotaje. Cada comando provincial gestiona sus propios depósitos de municiones, combustible y suministros médicos, enterrados a menudo en instalaciones subterráneas.

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Esta autonomía se extiende al ámbito financiero. El CGRI funciona como un «Estado dentro del Estado», controlando vastos sectores de la economía iraní. Los comandos regionales tienen vínculos directos con empresas locales que financian sus operaciones de forma independiente. Esta autarquía económica dificulta que las sanciones internacionales logren paralizar la operatividad del Cuerpo. Un bloqueo financiero central no detiene a una unidad que genera y gestiona sus propios recursos sobre el terreno.

Blindaje contra la interceptación SIGINT

La descentralización táctica ofrece ventajas inmediatas en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos. En una estructura centralizada, el tráfico de comunicaciones entre el mando central y las periferias es masivo, lo que facilita la labor de agencias de inteligencia para identificar patrones mediante el análisis de tráfico.

Al otorgar autonomía a las provincias, el CGRI reduce drásticamente el flujo de mensajes hacia la capital. Las órdenes se gestan a nivel local, minimizando la huella electromagnética. Esta reducción de señales digitales protege la seguridad de las operaciones (OPSEC). La inteligencia extranjera encuentra mayores dificultades para predecir movimientos, ya que la toma de decisiones ocurre en entornos locales con menores niveles de exposición tecnológica.

La erosión del factor HUMINT

El factor humano, o HUMINT, también se beneficia de esta estructura celular. En organizaciones jerárquicas, un informante en los niveles superiores puede comprometer toda la estrategia nacional. En el modelo de mosaico del CGRI, el acceso a la información está compartimentado por diseño. Un activo infiltrado en un comando provincial solo puede aportar datos sobre su región específica.

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Esta compartimentación estratégica limita el daño que puede causar una deserción. El conocimiento global de los planes de seguridad nacional queda restringido a un núcleo mínimo, mientras las unidades operativas actúan bajo una lógica de «necesidad de saber». Este diseño protege los puntos débiles del sistema y dificulta la localización de activos críticos como instalaciones nucleares o silos de misiles.

Resiliencia ante la «Decapitación Estratégica»

Las potencias occidentales han priorizado la eliminación de objetivos de alto valor (HVT) como herramienta de disuasión. Sin embargo, la descentralización busca convertir estas operaciones en victorias tácticas pero irrelevantes estratégicamente. La organización ha institucionalizado la sucesión automática. Cada puesto de mando tiene varios sustitutos designados bajo la misma doctrina.

Ali Vaez, director del proyecto de Irán del International Crisis Group, advierte: «La doctrina mosaico de Irán permanece en su lugar… mientras que Estados Unidos puede debilitar significativamente a Irán, una derrota total requeriría una invasión terrestre masiva que Washington no desea». El analista de inteligencia debe comprender que el CGRI ha pasado del «mando y control» al «mando y confianza». Si el centro de mando central es eliminado, la red entra en un estado de defensa preconfigurado donde cada célula sabe exactamente qué hacer. La inteligencia de objetivos (Targeting) pierde eficacia ante un enemigo que carece de un único «cerebro» que destruir.

Exportación del modelo: el Eje de la Resistencia

Irán no aplica esta doctrina solo dentro de sus fronteras; es un producto de exportación hacia sus proxis. El Eje de la Resistencia imita esta estructura de red. Hezbolá, por ejemplo, ha perfeccionado su capacidad de combate local tras observar la doctrina iraní. Esta red regional de actores híbridos mantiene autonomía de ejecución, lo que implica que la inestabilidad no puede atajarse eliminando un miembro importante. Esta fragmentación explica por qué en 2026 resulta tan complejo neutralizar amenazas en puntos calientes como el Mar Rojo o losEstrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, donde la inestabilidad no puede atajarse presionando un solo punto político o militar. La geopolítica de la red obliga a los servicios de inteligencia a monitorizar múltiples nodos simultáneamente.

El «efecto contagio»: ¿un nuevo estándar global?

La doctrina de Defensa en Mosaico está dejando de ser un fenómeno local para convertirse en un manual de referencia global. Desde estados bajo sanciones hasta organizaciones en el Sahel, la descentralización se percibe como la respuesta eficaz ante la superioridad tecnológica de la OTAN. Irán ha demostrado que un ejército puede ser «invisible» y «omnipresente» al mismo tiempo.

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Esta tendencia obliga a una reevaluación total de las estrategias de disuasión. La literatura estratégica más reciente concluye, en resumidas cuentas, que una fuerza construida para seguir disparando, independientemente de la dirección política, es una fuerza que no puede ser dirigida hacia una salida. Nos adentramos en una era de guerra híbrida donde la victoria absoluta es imposible porque el enemigo carece de un solo corazón que golpear. Para el analista de inteligencia, el éxito ya no depende de localizar el centro de gravedad, sino de comprender la invulnerabilidad de la red.