Un análisis de Jorge Antonio Chávez Mazuelos, alumno certificado del Curso de Analista Internacional de LISA Institute, sobre el impacto regional de la destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado en el país.
El 7 de diciembre, el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció en cadena nacional que había decidido disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, gobernar por decreto hasta que se convoque a elecciones de un congreso que hubiera tenido facultades constituyentes y establecer un toque de queda indefinido.
Sin embargo, tras dicho mensaje, tuvieron lugar declaraciones de otros poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en las cuales se rechazaba una medida que implicaba la ruptura del orden constitucional.
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Dicho hecho motivó que el congreso peruano declarara su vacancia, la cual se materializó con 101 votos. Es preciso agregar que la moción de vacancia contó con un gran número de votos de las bancadas de izquierda, agrupaciones que habían respaldado a Castillo durante su gobierno y que se habían opuesto a intentos previos de destituirlo. Por ello, tras la vacancia, operó la sucesión constitucional, asumiendo la presidencia la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
La destitución de Castillo ha recibido reacciones diversas en la comunidad internacional y a nivel regional. Desde un primer momento, los gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, México y Venezuela caracterizaron la destitución como una conjura de la élite contra un presidente campesino cuya legitimidad había sido objetada por la oposición incluso desde antes de asumir el cargo. Asimismo, criticaron prácticas obstruccionistas de parte de la oposición.
Sin embargo, evitaron condenar el golpe de Estado que Castillo pretendió consumar o referirse a los graves cuestionamientos por corrupción que hay con respecto a Castillo y a figuras cercanas de su entorno.
Por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos, España, una veintena de gobiernos europeos y el Presidente electo de Brasil, reconocieron la sucesión constitucional mediante la cual Boluarte asumió el poder. Incluso la presidenta Boluarte dió cuenta de la llamada del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la cual le habría expresado su respaldo. En este sentido, la posición de Fernández habría sufrido un viraje apenas en cuestión de días.
La postura de México ante el golpe de Estado en Perú
Ante el golpe de Estado fallido, Pedro Castillo decidió pedir apoyo al gobierno de México. El 8 de diciembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que un día antes, Pedro Castillo llamó a su oficina para solicitar que su país le otorgara asilo diplomático. Ante dicha solicitud, el presidente mexicano se comunicó con su Secretario de Relaciones Exteriores y autorizó a que dejaran entrar a Castillo en su embajada en Lima. Sin embargo, Pedro Castillo fue detenido por la Policía Nacional del Perú cuando se encontraba en camino a dicha sede diplomática.
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Ese mismo día, el Canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que su gobierno recibió una petición escrita de asilo diplomático en favor de Pedro Castillo. Al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los locales de las misiones diplomáticas son inviolables, razón por la cual ninguna autoridad del Estado receptor puede ingresar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión.
Sin embargo, dicho tratado no exige a las autoridades del Estado receptor que emitan un salvoconducto para un nacional que permanezca en una sede de una misión diplomática, para posteriormente salir del país. Es por ello que entra a tallar la figura del asilo diplomático, que es una institución jurídica de raigambre latinoamericana y regulada por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
Según este tratado, dicha protección se puede otorgar a personas que sean perseguidas por motivos o delitos políticos, quedando dicha calificación a cargo del Estado al cual es solicitado. Asimismo, al tener el asilo diplomático una naturaleza extraterritorial, se otorga fuera del territorio del país asilante. En este caso, se tendría que haber dado en una sede de la misión diplomática mexicana en el Perú.
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Sin embargo, Pedro Castillo se encuentra bajo custodia de las autoridades peruanas, razón por la cual sería imposible conceder el asilo diplomático mientras dicha detención se mantenga. Si el expresidente hubiera llegado a una sede de la misión diplomática mexicana, estaríamos frente a otro escenario, en tanto de haberse concedido el asilo, el Estado Peruano, hubiera tenido que otorgar el salvoconducto para permitir que pueda salir del país.
El comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Colombia y México
Tras los cuestionamientos formulados por sus Jefes de Estado, tanto en declaraciones ante la prensa como a través de redes sociales, el 12 de diciembre, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un comunicado conjunto. En dicho documento expresaron su preocupación por la detención de Pedro Castillo y exigieron el respeto de sus derechos fundamentales a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin embargo, no hicieron referencia alguna al golpe de Estado que Castillo buscó consumar, infringiendo la Constitución Política del Perú. Por otra parte, no repararon en los derechos consagrados en dicho tratado internacional que se hubieran violado, de haberse consolidado el régimen de excepción que Castillo pretendió implantar.
Por otra parte, demandaron la observancia de la voluntad popular expresada a través de la elección de Pedro Castillo, dando a entender que sigue siendo presidente y poniendo en tela de juicio la investidura de Dina Boluarte. Cabe señalar que el reconocimiento de gobiernos no es una figura habitual en la diplomacia y en el derecho internacional.
Asimismo, el no reconocimiento de gobiernos, es aún una figura menos común, y puede tener lugar cuando no hay legitimidad de origen. Es decir, cuando no se ha cumplido con lo previsto en el ordenamiento constitucional del Estado para asumir el gobierno. En este caso, en tanto la sucesión se dió en el marco constitucional, no correspondería objeción alguna.
Adicionalmente, una duda que surge es si dichos gobiernos hubieran seguido reconociendo al gobierno de Castillo de haberse consumado un golpe de Estado que hubiera vulnerado los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política del Perú, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
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En el caso de México, la postura de su gobierno va a contramano de su tradicional observancia de la doctrina Estrada. Dicho pilar de la política exterior mexicana lleva el nombre de Genaro Estrada, quien la formuló en 1930, cuando se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores de dicho país.
En virtud de dicha doctrina, México ha evitado reconocer la legitimidad de los gobiernos de otros países, sobre la base del respeto de los principios de soberanía y no intervención en asuntos internos.
Si bien México debe evitar pronunciarse con respecto al reconocimiento de gobiernos extranjeros, deja a salvo su potestad de mantener o retirar a sus agentes diplomáticos y de continuar aceptando a los agentes diplomáticos de otras naciones, acreditados en su territorio.
El Presidente López Obrador ha señalado que, para México, Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú, que no hay normalidad política en el país y que las relaciones están en pausa. Sin embargo, hasta el momento México no ha decidido retirar a su Embajador en Perú u objetado la permanencia del Embajador del Perú en dicho país.
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La respuesta diplomática del Perú y el impacto de la crisis en los procesos subregionales
En un contexto de crisis política y convulsión social, expresiones como las formuladas por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, no contribuyen a desescalar la crisis, sino que la agudizan.
Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al Embajador de México y al encargado de negocios de Colombia para transmitir su malestar y extrañeza por las expresiones de sus jefes de Estado. Tras el comunicado conjunto del 12 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado explicando la posición del Estado Peruano con respecto al golpe fallido y la sucesión constitucional.
Asimismo, el 13 de diciembre, volvió a convocar a la cancillería a los jefes de misión de dichos países y a los de Argentina y Bolivia. En esta ocasión se les entregaron notas formales dirigidas a sus cancilleres, en las que el Perú manifestó su descontento frente al comunicado conjunto suscrito por sus países.
De momento, el gobierno peruano no ha decidido llamar en consulta a sus embajadores en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México o La Paz. Sin embargo, no se puede descartar que esta medida se tome de persistir los pronunciamientos de dichos gobiernos en el mismo sentido.
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Al margen de las expresiones de dichos gobiernos, el gobierno del Perú ha optado mantener canales de interlocución, tratando de preservar las relaciones bilaterales y las dinámicas de cooperación en el marco de iniciativas de integración y cooperación a nivel subregional.
En primer lugar, Colombia y México son parte de la Alianza del Pacífico, un espacio de cooperación intergubernamental por dichos países en conjunto con Chile y Perú. La Alianza del Pacífico no ha implicado la creación de un proceso de integración con instituciones comunitarias y el comercio intrarregional está por debajo de su potencial.
Sin embargo, se ha logrado desarrollar un área de libre comercio, desarrollar acuerdos para compartir embajadas, realizar esfuerzos conjuntos de promoción comercial, plataformas de intercambio académico, entre otras iniciativas. Es preciso señalar que la presidencia Pro tempore de la Alianza del Pacífico iba a ser transmitida al Perú por parte de México el día de hoy, en Lima.
Los acontecimientos políticos en el país, evitaron que dicho acto tenga lugar. De sostenerse la crisis diplomática entre el Perú, Colombia y México, sería complicado que en enero de 2023 tenga lugar en Lima la cumbre en la cual se traspasaría la presidencia Pro tempore de dicho mecanismo, al Perú.
Por otra parte, Colombia y Bolivia son países vecinos, con los que el Perú comparte lazos históricos, además de una densidad de intereses políticos, económicos y comerciales. Asimismo, dichos Estados son miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), junto con Ecuador y Perú.
La CAN es un proceso de integración subregional que se ha pretendido relanzar y fortalecer. Es preciso señalar que actualmente el Perú tiene la presidencia Pro tempore de dicha organización internacional. En este sentido, de persistir la dinámica conflictiva entre el Perú, Bolivia y Colombia, el fortalecimiento de la CAN podría verse afectado.
