La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus publicó el 8 de mayo su informe final en el que señala a Marruecos como posible responsable del espionaje a los móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los eurodiputados condenan el abuso de las herramientas de espionaje para intimidar a la oposición política, silenciar a los medios críticos y manipular las elecciones. Consideran que las estructuras existentes de gobernanza de la UE no pueden hacer frente de manera efectiva a estos ataques y reclaman reformas.
El informe, aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, apunta que las “autoridades españolas” espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos sin autorización judicial. “Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas”, recoge.
También recoge que España “tiene un sistema de justicia independiente con suficientes salvaguardias”, pero continúan las dudas sobre el uso de programas espía. Asimismo, se piden investigaciones “completas, justas y efectivas”, especialmente en los 47 casos en los que no está claro quién autorizó el despliegue de programas de espionaje y para asegurar que las víctimas obtengan reparación legal.
Para poner fin de inmediato a las prácticas ilícitas de espionaje, se proponen medidas como notificar a las personas objetivo, la supervisión independiente de las operaciones a posteriori o normas para la admisibilidad de las pruebas recopiladas utilizando este método. A su vez, la comisión pide una definición jurídica común del uso de la seguridad nacional como motivo de vigilancia, para evitar intentos de justificar abusos manifiestos.