Estados Unidos ha anunciado la imputación de siete ciudadanos chinos que, según han afirmado, pertenecen al grupo de ciberdelincuentes APT31, supuestamente vinculado al Ministerio de Seguridad Estatal de China.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado un comunicado en el que acusa a siete ciudadanos de China de un delito de conspiración para cometer intromisiones informáticas y conspiración para cometer fraude por medios electrónicos desde hace 14 años.
En una acusación formal, los fiscales estadounidenses dijeron que la piratería informática de los siete ciudadanos de China resultó en el compromiso confirmado o potencial de cuentas de trabajo, correos electrónicos personales, almacenamiento en línea y registros de llamadas telefónicas. Además de atacar a funcionarios del Gobierno estadounidense que trabajan en la Casa Blanca y los departamentos de Estado de Estados Unidos y, en algunos casos, a sus cónyuges, también se decía que habían atacado a disidentes extranjeros en todo el mundo.
Estados Unidos denuncia así una «vasta operación ilegal de piratería informática» para obtener «datos sensibles de cargos electos y funcionarios estadounidenses, periodistas y académicos, información valiosa de empresas estadounidenses y disidentes políticos», según el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de alrededor de 9 millones de euros por información sobre los siete hombres de China acusados de piratería informática.
Los cargos se producen después de que el Gobierno de Reino Unido acusara a China de ciberataques dirigidos a la Comisión Electoral y a los parlamentarios del país. También Nueva Zelanda ha acusado piratas informáticos de China de atacar su parlamento en 2021. La Ministra de Defensa del país de Oceanía ha atribuido esta actividad a un grupo patrocinado por el Estado de China conocido como APT40.
Según los funcionarios estadounidenses, APT31 espiaba desde China a «extranjeros críticos con las autoridades chinas, a empresarios y a cargos políticos para fomentar el espionaje económico chino y sus objetivos de inteligencia en el extranjero». En un ejemplo citado por el Departamento de Justicia, los hombres «comprometieron con éxito a activistas pro-democracia de Hong Kong y sus asociados ubicados en Hong Kong, Estados Unidos y otros lugares extranjeros con malware idéntico».
Según ha apuntado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado, Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31) es un colectivo de oficiales de inteligencia patrocinados por el Estado chino, piratas informáticos contratados y personal asistente que participan en actividades de piratería y «operaciones cibernéticas maliciosas». El grupo, también conocido como Zirconium, operó a través de una empresa fachada, Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company (Wuhan XRZ), desde al menos 2010 hasta enero de 2024, según la acusación estadounidense presentada el pasado 25 de marzo en el tribunal del distrito este de Nueva York. Wuhan XRZ figura formalmente como una empresa dedicada al desarrollo de tecnología y tiene su sede en una zona de desarrollo tecnológico en los suburbios del sureste de Wuhan.
Por su parte, China ha calificado las acusaciones de piratería informática de Estados Unidos y Reino Unido como «maniobras políticas». China ha instado a Estados Unidos y Reino Unido a dejar de politizar el tema de la ciberseguridad y difamar a China e imponer sanciones unilaterales al país. «China está profundamente insatisfecha con esto y se opone firmemente a ello», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra los piratas informáticos que, según alega, eran responsables de operar el plan. Mientras que el Reino Unido ha sancionado a dos personas y una empresa fachada vinculada al grupo de ciberespionaje APT31, asociado al Ministerio de seguridad del Estado de China.
Artículo escrito por:
Laura Ruiz Sancho. Periodista. Apasionada de la geopolítica y siempre con un ojo puesto en la actualidad internacional. Experta profesional en terrorismo yihadista por la UNED y Máster en Verificación Digital y Periodismo de datos (CEU).
