A 11 de mayo de 2022, Washington ha publicado la revisión de la investigación independiente del general Michael X. Garrett sobre los ataques a civiles el 18 de marzo de 2019, en la ciudad de Baghuz, Siria.
Este proceso se inició tras la publicación de una investigación de The New York Times el 13 de noviembre de 2021, en la que se expusieron los medios que utilizó el ejército estadounidense para minimizar el número de fallecidos e informes clasificados. El gobierno de Estados Unidos, presionado, anunció entonces que se iniciaría esta nueva investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Según la agencia, la misión del avión no tripulado perteneciente al ejército estadounidense era la caza de objetivos militares; sin embargo, un avión de ataque F-15E lanzó una bomba sobre una gran multitud de mujeres y niños “acurrucados en la orilla de un río”. Cuando se disipó el humo y la gente huyó, los ataques continuaron y lanzaron otra bomba acabando con los supervivientes del primer ataque.
En el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la Base Aérea de Al Udeid, en Catar, los uniformados que veían las imágenes en directo de los drones miraban entre “atónitos” e “incrédulos”, según un oficial que estaba allí. Así se hicieron públicos algunos de los mensajes del chat que utilizaban en la base ante el desconcierto “¿quién ha tirado eso?” “acabamos de lanzarlo sobre 50 mujeres y niños”. Se determinó que fueron finalmente 70 muertes las que causaron.
El Pentágono inició una investigación, pero el Gene Tate, uno de los evaluadores que trabajó en el caso aseguró que “los dirigentes parecían empeñados en enterrarlo. Nadie quería tener nada que ver con ello”. Gene Tate, antiguo oficial de la Marina que había trabajado durante años como analista civil en la Agencia de Inteligencia de Defensa y en el Centro Nacional de Contraterrorismo antes de pasar a la oficina del inspector general, criticó la falta de acción, y ante los hechos decidió dejar su trabajo.
The New York Times se dedicó a reconstruir los detalles del ataque a partir de documentos confidenciales y entrevistas con el personal que disponía de autorizaciones de seguridad de alto secreto. La investigación del medio descubrió que el bombardeo había sido convocado por una unidad de operaciones especiales estadounidense clasificada, la Task Force 9. La fuerza especial operaba en máximo secreto incluso a veces no informaba de sus acciones ni a sus propios socios militares. Es por ello que en la oficina de mandos de Qatar no supieron que el ataque se iba a producir.
Inmediatamente un abogado de la fuerza aérea informó a la cadena de mando del suceso, avisando de que era una posible violación del derecho de los conflictos armados, un crimen de guerra, y que la normativa exigía una investigación exhaustiva e independiente. Sin embargo, esta nunca se llevó a cabo.
Según las declaraciones que expone el medio estadounidense, la única evaluación realizada inmediatamente después del ataque fue llevada a cabo por la misma unidad terrestre que lo ordenó. Se determinó que el bombardeo fue legal porque “sólo mató a un pequeño número de civiles” mientras apuntaba a combatientes del Estado Islámico en un intento de proteger a las fuerzas de la coalición.
El abogado de las Fuerzas Aéreas, el teniente coronel Dean W. Korsak, decidió presionar a sus superiores para que tomaran cartas en el asunto, ya que había sido testigo de un posible caso de crimen de guerra. Al no encontrar que nadie realizaba ninguna acción, envió un correo electrónico a la Comisión de Servicios Armados del Senado, diciendo a su personal que tenía material de alto secreto que discutir y añadiendo: “Me estoy exponiendo a un gran riesgo de represalias militares por enviar esto.”
Acusó a los altos cargos militares de eludir el proceso de ataque deliberado, informando de que una unidad había introducido entradas falsas en el registro de ataques con el objetivo de encubrir los ataques. Es muy probable, escribió, que “los niveles más altos del gobierno no supieran lo que estaba ocurriendo sobre el terreno”.
En el informe emitido el 11 de mayo se establecen las pruebas revisadas, con los que han llegado a una conclusión, entre ellas 124 documentos, 25 informes y 29 horas de video, que han validado la acción estadounidense en Baghuz, invalidando todas las evidencias que publicó el New York Times.
Finalmente, no se ha atribuido ningún tipo de responsabilidad individual por las muertes ocasionadas en el territorio sirio.
El nuevo informe emitido por el Pentágono
La versión en la que se narran los hechos del 18 de marzo de 2019, se establece que el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) lanzó un contraataque contra las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), y como respuesta, las SFD solicitaron el apoyo aéreo defensivo de la Coalición.
Según la investigación, se produjeron una serie de errores que llevaron al terrible suceso, entre ellos una confirmación “falsa” de que el lugar estaba despejado de civiles. Se aclara que, el Comandante de la Fuerza Terrestre de los Estados Unidos (GFC) responsable del apoyo, validó el ataque del ISIS, y tras “recibir repetidas veces la confirmación de que no había civiles en las zonas de ataque” lo autorizó como parte de la misión de apoyo.
El documento establece que el GFC, que dio la orden, no sabía que había civiles en el radio de la explosión, por lo que la oficina de Michael Garrett ha considerado que no se ha producido una violación de la Ley de Guerra. Ha defendido que las victimas civiles no fueron deliberadas, sino una consecuencia de enfrentarse al grupo terrorista en la región, “era necesaria para defender a las fuerzas asociadas y se realizaron muchos esfuerzos para distinguir civiles de combatientes del ISIS”, considerando así que los enfrentamientos fueron proporcionales.
“Encontré clara evidencia de que la GFC demostró conciencia y preocupación por las víctimas civiles y tomó medidas para mitigar el daño” con estas declaraciones en el informe, exime de culpa a la Fuerza Terrestre que dio la orden al expresar también que los datos que en los que se basó eran imprecisos.
Michael Garret no ha responsabilizado de la decisión al ejército, considerando que “las acciones de la GFC no pueden ser juzgadas en base a lo que sabemos ahora en retrospectiva, sino sólo en la razonabilidad de sus decisiones dada la información conocida en ese momento”.
A pesar de toda la información recogida por la investigación de The New York Times, el General ha concluido que no han habido violaciones de las leyes de la guerra y no ha considerado preciso que las pruebas fueran concluyentes como base de las preocupaciones y acusaciones lanzadas a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa y medios de comunicación.
Ante la queja hacia la labor del Inspector General del Departamento de Defensa, el documento ha acusado a las deficiencias administrativas de contribuir a empeorar la imagen de la investigación, así como a los artículos de The New York Times por acusar al Departamento de Defensa de “encubrimiento y mala conducta”. Con ello ha desmentido que el análisis publicado no cuenta con evidencias que apoyen sus alegaciones.
El General declara que no ha encontrado ninguna deficiencia o evidencia que esclarezcan que hubo una mala intención y que por ello las decisiones debían de ser ocultadas. Todas las decisiones a lo largo del proceso han sido aprobadas y tomadas por la autoridad competente correspondiente.
Para finalizar el documento y con ánimo de que no se vuelva a repetir una atrocidad similar, Michael Garret ha recomendado mejorar la política de víctimas civiles (CIVCAS). Para ello se insta a establecer una formación común a todos los servicios, junto a un mayor conocimiento de la situación que adapte los procesos para la reducción de incidentes contra civiles y mejore los sistemas demando de las misiones.
John Kirby, el representante del Pentágono, ha apoyado la resolución emitida por el Departamento de Defensa. “Nos estamos responsabilizando por permitirles ver todo” culpando a la publicidad de los hechos, que han derivado en acusaciones a la investigación.
Está de acuerdo en tanto a que considera que no hay necesidad de responsabilizar de manera individual, ya que los sucesos de ese día, ha quedado establecido que ocurrieron en base a una serie de errores en el proceso de la toma de decisión. El representante ha admitido que no siempre se hacen las cosas bien aunque “tratan de mejorar”, y que por ello se toman muy en serio la “responsabilidad” del ataque.
