Sri Lanka no es la única nación asiática que experimenta la inflación, la pobreza y la indignación de la ciudadanía en la región: países como Myanmar, Filipinas o Pakistán, también están sumidos en una situación convulsa. ¿Podrían derivar las crisis en estos países en la misma situación que Sri Lanka?
El pasado domingo una multitud de manifestantes asaltaron el palacio presidencial situado en Colombo (capital de Sri Lanka), en protesta por la crisis económica y política que se extiende en el país, atribuida a la gestión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa huyó escoltado del edificio el día de la intrusión y anunció su dimisión, al igual que el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien actualmente ha sido nombrado presidente interino.
Actualmente, la población de la isla se ha congregado en Colombo, para exigir a Rajapaksa que asuma su responsabilidad por la escasez de medicinas, alimentos y combustible. Antes de sumergirse en la crisis, Sri Lanka era un país emergente, nutrido principalmente del turismo. Sin embargo, su economía se fue debilitando tras varios acontecimientos como el del tsunami de 2004, que dejó graves consecuencias, los atentados de 2019 contra cinco hoteles de lujo y tres templos cristianos, y por último la pandemia, que ha acabado con el turismo.
El último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés) de 2022 destacaba que alrededor de 3 de cada 10 hogares (6,26 millones de personas) padecen inseguridad alimentaria.
La inflación de los alimentos es muy alta, con un 57,4% en junio de 2022 y el aumento de los precios de los alimentos ha disminuido la capacidad de la población para comprar alimentos suficientes. La inflación general en junio es del 54,6%, la más alta desde 1954 y los sectores de la seguridad alimentaria, la agricultura, los medios de subsistencia y la salud son los más afectados.
En la actualidad, Sri Lanka tiene una deuda externa de más de 51 millones de dólares. Todo ello ha derivado en que millones de personas vivan en situación de extrema pobreza. De hecho, Naciones Unidas destacó en su último informe Necesidades y Prioridades Humanitarias. Crisis de Seguridad en Sri Lanka, que Sri Lanka corre el riesgo de caer en una emergencia humanitaria. Sin embargo, no es el único país de la región que se encuentra en riesgo de padecer una crisis política.
Epidemias y disturbios sociales
El Fondo Monetario Internacional (FMI) demostró, en el estudio sobre las repercusiones sociales de la pandemia, que existía relación entre las epidemias y los disturbios sociales. Las razones indicadas por la publicación son que las epidemias agravan los fallos de la sociedad, como la Seguridad, la confianza en las instituciones o la corrupción.
La investigación explica que “durante e inmediatamente después de una pandemia, las cicatrices sociales en forma de disturbios pueden no aparecer rápidamente. En algunos casos, los regímenes en funciones también pueden aprovechar una emergencia para consolidar el poder y reprimir la disidencia. La experiencia de COVID-19 es coherente con este patrón histórico, hasta ahora.” La experiencia de COVID-19 es coherente con este patrón histórico, hasta ahora. Las mayores protestas están relacionadas con cuestiones que podrían verse exacerbadas, pero no causadas directamente por la COVID-19.
Sin embargo, también indica que el riesgo de que aparezcan disturbios sociales y manifestaciones en contra del gobierno aumenta a largo plazo, en los dos años siguientes a una epidemia. “Las amenazas pueden ser mayores cuando la crisis agrava los problemas preexistentes, como la falta de confianza en las instituciones, la mala gobernanza, la pobreza o la desigualdad”, cita el documento.
En el caso del los países del sudeste asiático, cabe destacar que desde finales de la década de los 2000, los gobiernos populistas y autoritarios llegaron a países como Filipinas o Myanmar. La pandemia aceleró aún más este retroceso. Freedom House (FH), otorgó, en su informe de 2021 sobre la libertad en el mundo, puntuación más baja a Myanmar y Filipinas, en comparación con el informe de 2020.
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Según el estudio, las consecuencias de la pandemia pueden provocar “los mayores cambios políticos en el sudeste asiático desde la década de 1990, pues la gestión de la situación ha perjudicado a la legitimidad de los líderes”.
Los casos de Myanmar, Filipinas y Pakistán
La propagación del COVID-19 y las consecuencias económicos de la guerra de Ucrania han desesperado a la población de países como, Myanmar, Filipinas y Pakistán, donde la indignación de la población ya iba en aumento por la desigualdad. En parte, como resultado, las protestas han estallado con más frecuencia. En los últimos meses, se han producido grandes protestas contra el gobierno en Myanmar.
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En Filipinas, a principios de 2022, según los datos proporcionados por Naciones Unidas, un total de 8 millones de personas estaban afectadas en 11 regiones. Debido al aumento de los casos de COVID-19, la pandemia sigue amenazando la salud y la seguridad públicas.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo un impacto desproporcionado de las consecuencias debido al limitado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, al mayor riesgo de violencia de género y a las interrupciones en los servicios de protección. Por otro lado, los niños corren el riesgo de quedarse atrás debido al cierre de las escuelas (6.200 aulas están dañadas en todo el país) y al aumento de la inseguridad alimentaria que provoca malnutrición.
Según el último informe de situación de la OCAH de Myanmar, “la población de Myanmar se enfrenta a una crisis política, socioeconómica, de derechos humanos y humanitaria sin precedentes, con un aumento drástico de las necesidades desde la toma del poder por parte de los militares y una grave COVID-19 tercera ola en 2021”.
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Además, la expansión del conflicto armado está provocando un aumento de los desplazamientos. La toma del poder por parte de los militares y el Movimiento de Desobediencia Civil (MCD) han tenido un fuerte impacto en la economía. Actualmente, el acceso de la población a los servicios esenciales está cada vez más restringido.
El estudio prevé que “la agitación económica y política de 2021 ha sumido a casi la mitad de la población en la pobreza de cara a 2022, anulando los impresionantes avances logrados desde 2005”. A todo ello hay que añadir la creciente inseguridad alimentaria, como causa de la inflación. Los precios de los productos básicos para el hogar en algunos estados y regiones han aumentado considerablemente, haciendo que algunos alimentos sean cada vez más inasequibles.
Se estima que 14 de los 15 estados y regiones de Myanmar se encuentran ahora dentro del umbral crítico de desnutrición aguda. La actual crisis política, socioeconómica y de protección en el país está agravando las necesidades humanitarias. Por lo tanto, se espera que la situación política y de Seguridad continúe inestable. También se prevé un aumento y una prolongación de los desplazamientos.
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Finalmente, la agencia Bloomberg predice en su estudio Historic Cascade of Defaults Is Coming for Emerging Markets, sobre los posibles casos de impagos que Pakistán es uno de los países en mayor riesgo de suspensión de pagos.
El informe destaca que Pakistán ha reanudado recientemente las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la esperanza de recibir un préstamo de 6.000 millones de dólares, que quedó suspendido tras el derrocamiento del gobierno del primer ministro Imran Khan en abril. En la actualidad debe pagar una deuda de 41.000 millones de en un plazo de 12 meses.
Al igual que ha sucedido en Sri Lanka, los la ciudadanía ha salido a protestar por los cortes de electricidad que las autoridades han impuesto para ahorrar combustible y que han llegado a alcanzar incluso las 14 horas. Según el informe de Bloomberg, “aunque el ministro de Finanzas dijo que el país ha evitado el impago, su deuda se negocia en niveles de dificultad”.
