La Comisión Europea ha publicado hoy el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. En él se incluyen por primera vez recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro y observaciones sobre el uso de programas espía, como Pegasus, en la UE.
La Comisión ha publicado hoy 13 de julio el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea en 2022. Este informe se publica en el contexto de la guerra de Ucrania mostrando, según la Comisión, aún más “la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho” en la Unión.
Además, en él se incluyen por primera vez desde su publicación recomendaciones específicas dirigidas a cada Estado miembro y observaciones sobre la necesidad de introducir “controles y equilibrios nacionales” para evitar vulneración de derechos por el uso de programas espías como Pegasus.
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El informe incluye una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y está compuesto por 27 capítulos, uno por cada Estado miembro desde julio de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto alentar a los Estados miembros a llevar adelante las reformas en curso o previstas y ayudarles a identificar dónde se necesitan mejoras.
Al igual que en ediciones anteriores, este informe examina los avances en cuatro áreas clave para el estado de derecho: los sistemas de justicia, el marco anticorrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones institucionales relacionadas con los pesos y contrapesos.
El informe muestra que las reformas del estado de derecho han seguido llevándose a cabo en muchos Estados miembros para abordar los desafíos identificados en las dos ediciones anteriores. Al mismo tiempo, sigue habiendo preocupaciones sistémicas en algunos Estados miembros.
Principales conclusiones y recomendaciones
Reformas de la justicia
Las reformas de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año. Muchos Estados miembros han emprendido importantes reformas para fortalecer la independencia judicial, como reformas relacionadas con la composición y los poderes de los consejos para el poder judicial, la mejora de los procedimientos de nombramiento judicial o el fortalecimiento de la autonomía de los servicios de fiscalía. Los Estados miembros también introdujeron medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, como una mayor digitalización de los sistemas de justicia y la facilitación del acceso a la justicia.
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Al mismo tiempo, persisten las preocupaciones estructurales en algunos Estados miembros en lo que respecta a la independencia judicial. En algunos Estados miembros hay desafíos con respecto a los nombramientos en tribunales superiores y para los puestos de presidente de los tribunales. En otros, existen preocupaciones con respecto a la independencia/autonomía de las fiscalías y los procedimientos disciplinarios se utilizan para restringir la independencia judicial.
Para abordar estas cuestiones, las recomendaciones de la Comisión fomentan, por ejemplo, una mayor participación del poder judicial en los procedimientos de nombramiento, una mayor autonomía de los fiscales y que los Estados miembros proporcionen recursos adecuados para los sistemas de justicia.
Marcos anticorrupción
La UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Desde julio de 2021, muchos Estados miembros han adoptado nuevas o revisado las estrategias anticorrupción existentes, o están revisandolas. Varios Estados miembros han alineado los marcos existentes con las normas internacionales de lucha contra la corrupción y la legislación de la UE.
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La mayoría de los Estados miembros cuentan con una amplia legislación que proporciona al sistema de justicia penal las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción. Muchos Estados miembros han tomado medidas para aumentar la capacidad de las autoridades fiscales responsables de la lucha contra la corrupción a través de medidas como recursos adicionales o formación adicional.
Sin embargo, la corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos de la UE. El Eurobarómetro de 2022 sobre la corrupción muestra, por ejemplo, que el 68 % de ellos cree que la corrupción está muy extendida en su país. En algunos Estados miembros, las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de corrupción son largos y todavía faltan sentencias, especialmente en casos de alto nivel.
Los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de activos e intereses en todos los Estados miembros, pero estas varían en alcance, transparencia y accesibilidad de la información divulgada, así como en el nivel y la eficacia de la verificación y el cumplimiento.
En lo que respecta a los marcos de lucha contra la corrupción, la Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de los marcos preventivos, por ejemplo, sobre las normas de cabildeo y conflictos de intereses, y sobre garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción.
Libertad de los medios de comunicación y pluralismo
Tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los hechos e informar a los ciudadanos. Varios Estados miembros han adoptado, intensificado o están considerando medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas, basándose en las recientes iniciativas de la Comisión.
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Desde el último informe, varios Estados miembros se han esforzado por mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sigue habiendo preocupaciones con respecto a la falta de transparencia en la distribución de la publicidad estatal, el conflicto de intereses y los obstáculos relacionados con el acceso a los documentos públicos; estas son algunas de las cuestiones importantes destacadas en el informe que requieren atención.
Por primera vez, el informe también examina los medios de comunicación de servicio público, reconociendo su papel especial para la sociedad y la democracia. Se necesitan salvaguardias para garantizar que se proteja la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea adecuada y no se utilice para ejercer presión política sobre esos medios, como se describe en las normas europeas.
