La investigación del robo en el Louvre destapa fallos informáticos y contraseñas débiles que comprometieron su seguridad.
El robo perpetrado el 19 de octubre en el Museo del Louvre ha expuesto las deficiencias tecnológicas que dejaron su seguridad en una situación crítica. Diversas joyas de la etapa imperial de Napoleón y Josefina fueron sustraídas mientras el museo permanecía abierto al público, lo que evidenció las carencias de un sistema protegido por programas antiguos y contraseñas débiles. La magnitud del suceso afectó la imagen de una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo.
Una investigación administrativa a cargo de la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) reveló fallos persistentes pese a la existencia de protocolos y alarmas funcionales. Según este informe, durante dos décadas se subestimó el riesgo estructural del robo de arte y los equipos encargados de la vigilancia, sobre todo los de control externo, resultaron insuficientes. La falta de inversión en modernización tecnológica agravó la vulnerabilidad interna del museo.
Versiones antiguas y contraseñas débiles
Aunque no se ha determinado el papel exacto de los sistemas informáticos en el incidente, los fallos digitales eran conocidos desde hace años. El medio Libération, mediante su servicio CheckNews, accedió a documentos de auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad Francesa (ANSSI) en 2014 y 2017, donde se confirmaba el uso de versiones obsoletas como Windows 2000 y Windows XP. Los expertos consiguieron infiltrarse en las redes, evidenciando brechas críticas en las aplicaciones y bases de datos de personal.
Estas vulnerabilidades permitían alterar derechos de acceso, manipular el sistema de videovigilancia y obtener control sobre equipos internos. Además, la ANSSI detectó contraseñas extremadamente débiles. El servidor de videovigilancia usaba como clave «LOUVRE» y un software desarrollado por Thales, «THALES». Aunque el organismo recomendó reforzar la seguridad y actualizar los sistemas, los informes posteriores mencionaron al menos ocho programas obsoletos todavía activos en áreas clave de control.
Descubre cómo dos rivales yihadistas compiten por territorio en el Sahel y son responsables de aproximadamente la mitad de muertes por terrorismo en todo el mundo.
El Sahel se ha consolidado como el epicentro del terrorismo mundial durante los últimos años. En 2024, más de la mitad de todas las muertes relacionadas con actos terroristas en el mundo ocurrieron en esta franja subsahariana que abarca Mali, Burkina Faso, Níger y sus zonas aledañas. Dos actores yihadistas protagonizan esta violencia desenfrenada: el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), una filial de Al Qaeda, y el Estado Islámico en el Sahel (EISS o ISSP), la rama regional del Estado Islámico.
Mapa del Sahel / Créditos: Terpsícoras
Aunque ambos grupos comparten un objetivo estratégico común (la creación de un califato islámico mundial), sus métodos, estructuras organizativas y estrategias territoriales difieren sustancialmente. Este artículo examina las características operacionales, financieras y territoriales de estos grupos, así como las dinámicas de rivalidad que definen el conflicto más letal del planeta.
Estructura organizativa y liderazgo
JNIM: la coalición aglutinante
El JNIM no es una organización monolítica, sino una coalición formada el 1 de marzo de 2017 mediante la fusión de cuatro entidades yihadistas preexistentes: Ansar Dine, la rama de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el Sahel, Katibat al-Murabitun y el Frente de Liberación de Macina (FLM). Su constitución respondía a la necesidad de consolidar el poder yihadista alrededor de Al Qaeda en la región, frente a la creciente amenaza del Estado Islámico.
Esta estructura jerárquica se organiza en tres niveles: liderazgo central, comandantes regionales y comandantes de área local. Sin embargo, cada subgrupo mantiene cierta identidad distintiva, aunque ha forjado una fuerte identidad colectiva vinculada a la marca de JNIM y la afiliación a Al Qaeda. El liderazgo fundacional estuvo encabezado por Iyad Ag Ghaly, un tuareg originario de Boghassa (Malí) quien ostentaba el rango de emir.
Ghaly, con una trayectoria que incluía su participación en conflictos libios en los años setenta y la dirección del Movimiento Popular por la Liberación del Azawad en los años noventa, se convirtió en la cara visible de JNIM. Tras su permanencia como líder principal durante años, las estructuras de liderazgo han experimentado ajustes recientes, aunque la coalición mantiene su operatividad como organización. Otros líderes secundarios han incluido a Amadou Koufa, procedente de la Katibat Macina, quien ganó prominencia por su pasado como predicador con amplia influencia en la región de Mopti.
EISS: verticalismo extremista
A diferencia del JNIM, el Estado Islámico en el Sahel presenta una estructura más verticalista y centralizada, heredada de la estructura organizativa global del Estado Islámico. La denominación oficial del grupo es la Provincia del Estado Islámico en el Sahel (Wilāyat al-Sahel), aunque se le conoce coloquialmente por múltiples siglas: ISSP, EISS, EIGS o IS-GS. Se fundó en octubre de 2016 como una ramificación de Daesh que buscaba expandir la presencia del Estado Islámico más allá del Levante.
El liderazgo del EISS ha experimentado grandes cambios. Abu Walid al-Sahraoui, oriundo de El Aaiún, fue su líder inicial, aunque eliminado en 2021. Posteriormente, le sucedió Abu Al Bara al-Sahraoui, quien mantuvo la dirección hasta años recientes. En el nivel global del Estado Islámico, el liderazgo cambió en agosto de 2023 con la designación de Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi como nuevo califa, sucediendo a Abu al-Husein al-Huseini al-Qurashi. Aunque se desconocen datos biográficos concretos del actual líder de la filial saheliana, la estructura sigue directrices emanadas desde el liderazgo central del Estado Islámico.
Tácticas operacionales y capacidades militares
Métodos del JNIM
El JNIM ha adoptado una estrategia de control territorial progresivo que prioriza la eliminación de la presencia estatal y su sustitución por estructuras paralelas de gobernanza. Sus operaciones se caracterizan por emboscadas contra posiciones militares, colocación de artefactos explosivos improvisados (IED), secuestros selectivos y ataques coordinados contra cuarteles. El grupo prioriza además la dispersión geográfica de sus operaciones sobre la concentración de poder en un único territorio, lo que le permite mantener una presencia simultánea en regiones de Malí, así como amplias áreas de Burkina Faso y varios países más de la zona.
En lo que respecta a armamento, el JNIM ha demostrado capacidad para utilizar vehículos explosivos improvisados (VBIED), armas pequeñas, granadas y misiles tierra-aire capturados. Entre sus tácticas preferidas están las emboscadas mediante el uso de francotiradores y los ataques coordinados con apoyo de fuego supresivo, frecuentemente diseñados para maximizar bajas militares mientras minimizan riesgos para sus combatientes.
Métodos del EISS
El Estado Islámico en el Sahel ha adoptado una estrategia más agresiva y menos vista históricamente. Inicialmente conocido por su violencia indiscriminada contra civiles, el grupo reorientó su modelo a partir de 2023 hacia un plan de proto-gobernanza comparable al del JNIM, aunque con una metodología más brutal. Sus operaciones utilizan ataques masivos coordinados contra bases militares de gran envergadura, empleando tácticas de guerra de movimiento que requieren de una coordinación compleja.
Sin embargo, un patrón operacional recurrente del EISS implica, en primer lugar, interrumpir sistemas de comunicaciones locales para dificultar llamadas de auxilio. Luego lanzan ataques preliminares contra defensas perimétricas utilizando fuego concentrado o terroristas suicidas. Posteriormente, asaltan instalaciones para capturar armamento y suministros. Estos ataques han demostrado una distinción operativa superior comparada con sus acciones iniciales. De hecho, el grupo ha aumentado el empleo de drones comerciales modificados para vigilancia y ataques de precisión, una capacidad que ha generalizado entre sus efectivos operativos.
Financiación y economía de la insurgencia
Fuentes de ingresos del JNIM
El JNIM depende de una variedad de fuentes de financiación, tanto del secuestro de personas como del control de economías ilícitas regionales. Respecto al secuestro, el grupo ha mantenido rehenes extranjeros desde su fundación, de los cuales varios fueron liberados tras el pago de rescates millonarios. No obstante, aunque estos pagos de secuestro constituyen una fuente de ingresos regular, es menos consistente que sus actividades de control territorial.
La segunda fuente de ingresos es el control de rutas de comercio ilícito. El JNIM se beneficia de redes preexistentes de contrabando que operaban en el Sahel antes de la llegada de los grupos yihadistas. Estas redes movilizan tabaco, drogas, armas y personas a través de fronteras porosas y zonas sin control gubernamental. El liderazgo de JNIM, particularmente Iyad Ag Ghaly, cuenta con ancestros tuareg con una larga tradición en el comercio tanto legal como ilícito en la región, lo que facilita su acceso y operación de estas rutas. El grupo cobra cuotas de protección a contrabandistas, permitiéndoles el paso a cambio de pagos periódicos.
Del mismo modo, el JNIM implementa un sistema de recaudación religiosa mediante el zakat (impuesto islámico obligatorio), que de facto supone una extorsión económica a las poblaciones locales (similar al pizzo de las mafias italianas). Una gran fuente de ingresos también es el control de minas de oro. Todos estos mecanismos permiten al grupo financiarse desde la base mediante la extracción sistemática de recursos locales, creando así una economía de guerra sustentable sin una dependencia de patrocinadores externos identificables.
Financiación del EISS
El Estado Islámico en el Sahel ha empleado metodologías de financiación similares al JNIM, aunque con un énfasis mayor en la extorsión bruta y la imposición de tributos religiosos. El grupo cobra peajes en puntos de control que controla, exige pagos a cambio de protección contra sus propias represalias y extrae ganado de comunidades locales. Desde 2023, particularmente en zonas cercanas a Níger, el grupo ha generalizado la imposición del zakat como mecanismo de financiación.
A diferencia del JNIM, el EISS ha demostrado menor dependencia de redes de contrabando preexistentes, optando, en cambio, por la captura directa de recursos mediante operaciones militares. Sus saqueos de bases militares y ciudades han proporcionado acceso a armamento avanzado, vehículos y suministros que el grupo puede reasignar o venderen mercados negros regionales. Esta estrategia, menos sofisticada, pero más extractiva, refleja las diferencias ideológicas en las prioridades del grupo. Mientras que el JNIM busca consolidar estructuras locales de gobernanza, el EISS privilegia la acumulación de poder militar.
Rivalidad y confrontación territorial
Génesis del conflicto Intra-Yihadista
Aunque JNIM y EISS compartían el objetivo estratégico de expandir el control yihadista en el Sahel, sus diferencias ideológicas, metodológicas y territoriales los llevaron a la confrontación abierta. Los primeros signos de fricción emergieron a finales de 2019 y principios de 2020, cuando el JNIM comenzó a calificar al EISS como «jarijíes» (un término peyorativo que hace referencia a un grupo histórico de musulmanes rebeldes contra el primer Califato). Esta descalificación reflejaba los desacuerdos sobre tácticas apropiadas, el tratamiento de poblaciones civiles y la legitimidad religiosa.
Los combates iniciaron en marzo de 2019 y aumentaron a partir de enero de 2020. Entre junio y octubre de 2020, se produjeron intentos fallidos de negociación para reconciliar a ambos grupos, pero las diferencias fundamentales impidieron cualquier acuerdo. De hecho, el EISS acusó al JNIM de ser aliados del gobierno maliense en la lucha contra su expansión, una acusación que el JNIM rechazó tajantemente pero que reflejaba percepciones estratégicas diferentes sobre cómo conducir la insurgencia.
Clímax territorial: 2022-2023
La intensidad de la confrontación alcanzó su clímax entre 2022 y 2023, particularmente tras la retirada de las fuerzas francesas de Malí en agosto de 2022. La ausencia de una potencia internacional permitió que ambos grupos desplegaran operaciones militares de mayor escala sin temor a una intervención externa. El EISS lanzó una ofensiva sistemática contra posiciones del JNIM en la región de las tres fronteras (Malí, Burkina Faso y Níger), con un mayor énfasis en las regiones de Gao y Menaka.
Para finales de julio de 2023, el EISS había logrado expulsar al JNIM de amplias porciones de territorio anteriormente controlado por este último, incluyendo la región de Menaka y las zonas al sur de la ciudad de Gao. Esta ofensiva victoriosa costó más de 700 combatientes entre ambos grupos, según reportes de las Naciones Unidas. El resultado fue el doble del territorio bajo control del EISS entre 2022 y mediados de 2023, consolidándolo como la fuerza yihadista dominante en la región de las tres fronteras.
Reconfiguración del espacio territorial actual
Desde finales de 2023 hasta el presente, la violencia entre JNIM y EISS ha disminuido en intensidad, aunque no ha cesado. Los combates que alcanzaban aproximadamente 600 enfrentamientos en 2022 se redujeron a poco más de 100 en 2024, lo que supuso una cristalización territorial de facto. El EISS consolidó su control en las áreas fronterizas entre Mali, Burkina Faso y Níger, particularmente alrededor de centros urbanos como Gao y Menaka, mientras que el JNIM mantuvo sus bastiones tradicionales en las regiones de Mopti, Segou y Timbuktu en Malí.
No obstante, la competencia territorial continúa en zonas de transición. El JNIM ha realizado incursiones en el suroeste de Níger, donde disputa el control con el EISS. Además, ambos grupos enfrentan también la presencia de fuerzas de seguridad nacionales y milicias de autoprotección, lo que complica la situación territorial. En 2024 y 2025, ambos grupos incrementaron sus esfuerzos por expandir su zona de influencia, aunque sin lograr revertir la configuración territorial establecida en 2023.
Letalidad e impacto humanitario
Cifras y tendencias de violencia
Las cifras de letalidad del Sahel son alarmantes y documentan una de las crisis humanitarias más graves del mundo contemporáneo. En 2023, Burkina Faso ocupó el primer lugar mundial en muertes por terrorismo con 1.907 fallecidos, Mali el tercero con 753, y Níger el décimo con 468, lo que supone un total de 3.128 muertes en el Sahel central en un solo año. Estas cifras representaron aproximadamente el 37% de todas las muertes por terrorismo registradas globalmente en 2023.
Sin embargo, la tendencia ha continuado acelerada en 2024 y 2025. Entre enero y mayo de 2025, la región experimentó un aumento dramático de la violencia. En mayo de 2025 específicamente, se registraron 156 ataques terroristas en África Occidental, representando un aumento del 51% con respecto a abril, y con una letalidad que alcanzó casi 1.200 personas asesinadas, comparadas con 677 el mes anterior. Burkina Faso ha permanecido como el epicentro de la violencia. Por ejemplo, en mayo de 2025, JNIM perpetró 41 ataques que dejaron 577 fallecidos, incluyendo un ataque de alto impacto en Djibo que costó la vida de más de 200 personas.
Patrones de victimización
La victimología de la violencia yihadista en el Sahel es heterogénea pero tiene patrones consistentes. Las fuerzas de seguridad nacionales, los militares regulares y las milicias de autoprotección (VDP) constituyen el principal objetivo de ambos grupos, reflejando la naturaleza de la confrontación como conflicto armado subnacional. Sin embargo, los civiles sufren muchas veces un daño colateral considerable y, en numerosos casos, constituyen objetivos deliberados de represalia.
El JNIM, con su prioridad en el control territorial, ha mostrado mayor discriminación en sus objetivos que el EISS. No obstante, ambos grupos perpetran masacres colectivas contra poblaciones civiles a las que acusan indiscriminadamente de colaborar con autoridades estatales o milicias rivales. En el mes de mayo de 2025 solo, Burkina Faso registró 101 civiles asesinados en el ataque a Djibo, lo que demuestra que la violencia civil permanece como componente central de la estrategia de ambos grupos.
Estadísticas de impacto
Según el Índice Global de Terrorismo de 2024, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, el 51% de todas las muertes por terrorismo en el mundo en 2024 ocurrieron en el Sahel. Esta concentración geográfica del terrorismo mundial refleja tanto la intensidad de los conflictos locales como la decadencia relativa del terrorismo yihadista en otras regiones como Siria e Irak. El Sahel se ha convertido así en el laboratorio viviente del yihadismo contemporáneo, donde los grupos compiten por recursos, territorio e influencia bajo una narrativa religiosa que ha adquirido dimensiones cada vez más locales.
Reclutamiento y propagandística
Estrategias de reclutamiento
Ambos grupos han adoptado estrategias de reclutamiento que combinan métodos tradicionales con herramientas digitales. El JNIM, con raíces en predicadores locales como Amadou Koufa, mantiene una red de reclutamiento que emplea las mezquitas, los centros comunitarios y los contactos personalizados. El grupo se presenta a sí mismo como un defensor de los intereses locales y también protector de comunidades marginadas, particularmente del grupo étnico fulani, quienes constituyen una proporción significativa de sus combatientes.
El EISS, por su parte, ha empleado más la narrativa global del Califato Islámico y la grandiosidad militar. Su propaganda destacaba inicialmente la capacidad destructiva del grupo y su superioridad militar sobre los rivales. No obstante, desde 2023, ambos grupos han incrementado el reclutamiento incluyendo menores de edad, reconociendo que la sostenibilidad operativa a largo plazo requiere la incorporación de generaciones futuras de combatientes.
Herramientas de comunicación digital
Ambos grupos han aprovechado las plataformas digitales encriptadas para la comunicación operacional y propagandística. Telegram emerge como la plataforma preferida para JNIM y EISS, permitiendo una comunicación individualizada y de grupo sin detección fácil por parte de las autoridades. El EISS, sin embargo, ha mantenido una agencia de medios llamada Al-Furqan que produce contenido audiovisual que incluye videos de combate, sermones religiosos y declaraciones de liderazgo.
El JNIM, a su vez, ha empleado la productora Al-Zaleqa para difundir contenido propagandístico, aunque con menor volumen que el EISS. La estrategia de comunicación del JNIM enfatiza la legitimidad religiosa, el control territorial y la protección comunitaria, mientras que el EISS ha priorizado la demostración de poder militar y la espectacularidad de sus ataques.
Redes sociales convencionales como TikTok han emergido como herramientas de reclutamiento dirigidas a adolescentes y jóvenes adultos, donde grupos extremistas comparten contenido estilizado con filtros, música yihadista y narrativas de gloria y martirio. Esta estrategia ha resultado ser efectiva para radicalizar poblaciones jóvenes en entornos urbanos tanto en África como en Europa.
Un fenómeno letal sin fin
La insurgencia yihadista en el Sahel, personificada por el JNIM y el EISS, representa la amenaza terrorista más letal del mundo contemporáneo. Ambos grupos, aunque rivales irreconciliables en los aspectos territoriales y tácticos, comparten la aspiración estratégica común de construir estructuras islámicas de gobernanza que desplacen la autoridad estatal. El JNIM, enraizado en Al Qaeda, ha priorizado la consolidación territorial gradual y el control administrativo, mientras que el EISS ha fomentado operaciones militares de impacto maximizado y con un control territorial más reciente pero más agresivo.
Las dinámicas de rivalidad, el incremento de sus operaciones y la letalidad sostenida del conflicto muestran la capacidad de adaptación de estos grupos en entornos hostiles y la explotación de vacíos estatales. De igual modo, la retirada de potencias occidentales como Francia y la inestabilidad política en Mali, Burkina Faso y Níger han creado condiciones permisivaspara la expansión yihadista, que amenaza a Europa y Occidente. A menos que se produzca una transformación en la gobernanza estatal regional y en la capacidad de seguridad, es probable que el Sahel continúe siendo el epicentro del terrorismo mundial durante los próximos años, con consecuencias humanitarias de proporciones catastróficas.
Un semisumergible cargado con cocaína fue interceptado rumbo a la península ibérica en una operación internacional coordinada por Portugal.
La Policía Judicial de Portugal informó este lunes del decomiso de 1,7 toneladas de cocaína en un semisumergible interceptado en aguas del Atlántico. La embarcación intentaba alcanzar las costas de la península Ibérica cuando fue capturada durante la denominada Operación El Dorado. Según el comunicado oficial, «ha sido localizado e interceptado un semisumergible utilizado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península Ibérica».
A bordo del semisumergible viajaban cuatro tripulantes encargados de trasladar la droga. El cargamento, según indicó la Policía Judicial, tenía como destino final «diversos países del continente europeo». La operación fue posible tras el seguimiento coordinado de unidades marítimas y aéreas portuguesas, lo que permitió intervenir antes de que la embarcación alcanzara tierra.
«La investigación prosigue a cargo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judicial (portuguesa) en colaboración con las autoridades de otros países», añadió el comunicado. El operativo contó con el apoyo de la Armada y las Fuerzas Aéreas de Portugal, además de la Agencia Nacional Anticrimen del Reino Unido, la DEA estadounidense y la Fuerza de Tarea Sur del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, actuando gracias a información del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico.
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Lima anunció la ruptura de vínculos con México al considerar el asilo a Bettsy Chávez como una injerencia en sus asuntos internos.
El Gobierno de Perú ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras descubrir que la ex primera ministra Bettsy Chávez, involucrada como coautora en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La Presidencia peruana publicó en X: «El Gobierno de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el Gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación».
Horas antes, el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, expresó en rueda de prensa su «sorpresa y profundo pesar» por la decisión mexicana de acoger a Chávez, calificando este hecho como «acto inamistoso». Lamentó además no haber recibido una notificación oficial por parte de México. Del mismo modo, acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de «construir una realidad paralela frente a los acontecimientos» de diciembre de 2022 y de difundir «una versión tendenciosa e ideologizada» sobre el fallido autogolpe.
Se mantendrán servicios consulares
Según De Zela, «han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la verdad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos es continuar viviendo en democracia». Asimismo, criticó las declaraciones de Sheinbaum en favor de Castillo, tildando estas manifestaciones de «inaceptables y falsas». «Ahora pretende sostenerque la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política», añadió.
El ministro peruano subrayó que Chávez y Castillo «están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política». Pese a su desacuerdo con la postura mexicana, el Gobierno peruano mantendrá los servicios consulares: «Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país».
No intervendrán en la Embajada
De Zela aclaró que no contemplan intervenir en la Embajada mexicana, diferenciando la situación de la ocurrida en Ecuador en abril de 2024. Afirmó: «Perú es un país respetuoso con el Derecho Internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del Derecho Internacional». Sin embargo, el presidente José Jerí informó de la expulsión de la encargada de la misión mexicana, Karla Ornelas: «Karla Ornelas fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país».
La ruptura ocurre poco después de que la Justicia peruana impusiera restricciones a Chávez por riesgo de fuga, aunque el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al declarar fundado el recurso presentado por su defensa. Sin embargo, Chávez permanecía recluida en Lima desde junio de 2023, bajo prisión preventiva por presunta rebelión y conspiración ligados al fallido autogolpe de Castillo.
México califica de «excesiva» la ruptura
El Ministerio de Exteriores de México ha declarado que «lamenta y rechaza» la ruptura de relaciones anunciada por el Gobierno peruano, calificándola de «medida excesiva y desproporcionada». En su comunicado, defendió que se trata de un «acto legítimo y apegado al Derecho Internacional», rechazando las acusaciones de injerencia formuladas desde Lima. Además, señaló que la respuesta peruana es «unilateral» y que «en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos de Perú».
En el texto, la diplomacia mexicana recordó que el asilo político está amparado por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y enfatizó: «El único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso». Además, añadió que esta práctica «no puede ser considerarse un acto inamistoso por ningún otro Estado». Finalmente, argumentó que Bettsy Chávez denunció haber sido «objeto de reiteradas violaciones a sus Derechos Humanos» y que la decisión de otorgarle asilo se tomó tras una «evaluación minuciosa» de la situación.
Sudán vive una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. La caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido marca un punto de no retorno: más de 13 millones de desplazados, hambruna, violencia sexual y una represión con rasgos genocidas. Entre la indiferencia internacional y el comercio de oro manchado de sangre, el país se hunde en una guerra que desnuda la impunidad estructural y el fracaso global de la protección civil. En este artículo, Artiom Vnebraci Popa explica las claves del conflicto.
En los últimos días del mes de octubre y principios de noviembre de 2025, en el corazón de África se desarrolla una crisis humanitaria que replica con precisión escalofriante la escalada a patrones genocidas del pasado reciente. La caída de El Fasher el 27 de octubre de 2025 en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)representa mucho más que un sutil cambio en el balance militar del conflicto sudanés. Constituye la culminación de 18 meses de asedio sistemático y el inicio de lo que algunos organismos internacionales caracterizan como una campaña de limpieza étnica de proporciones genocidas. La capital de Darfur del Norte (último bastión gubernamental en la región occidental), se ha transformado en el epicentro de una violencia que desafía las categorías convencionales del análisis del conflicto armado.
Las dimensiones de la tragedia son amplias incluso para los estándares de una región históricamente marcada por la violencia masiva. Más de 460 pacientes y acompañantes fueron ejecutados en el Hospital Materno Saudí, un hecho que constituye una violación flagrante de las Convenciones de Ginebra sobre protección de instalaciones médicas en tiempos de guerra.
El análisis de imágenes satelitales realizado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale confirma la presencia de evidencia física de violencia masiva: agrupaciones de objetos y decoloración del suelo consistentes con la presencia de cadáveres y fluidos corporales en zonas que no presentaban estas características en imágenes anteriores a la ofensiva de las RSF.
El caso comienza a compararse con el genocidio de Ruanda de 1994. Esto no es meramente retórica, ya que el nivel de violencia documentado en las primeras 24 horas tras la toma de El Fasher presenta similitudes estructurales con las fases iniciales del genocidio ruandés.
Esta analogía histórica funciona no solo como herramienta descriptiva sino como advertencia metodológica: los genocidios tienden a seguir patrones de escalada predecibles, y la fase inicial de violencia masiva suele ser el preludio de atrocidades aún mayores si no se produce una intervención efectiva. La ausencia de respuesta internacional coordinada ante El Fasher replica el mismo vacío institucional que permitió el desarrollo del genocidio ruandés, sugiriendo que la comunidad internacional no ha interiorizado las lecciones de aquella tragedia.
Genealogía de la violencia: del Yanyauid a las Fuerzas de Apoyo Rápido
La comprensión del conflicto actual requiere un análisis diacrónico que trace la evolución de las estructuras de violencia en Sudán desde el estallido del conflicto en Darfur. Entre 2003 y 2005, el gobierno de Omar al-Bashir recurrió a milicias árabes conocidas como Yanyauid como parte de una campaña contrainsurgente.
Estas fuerzas, actuando junto con unidades estatales y con apoyo de altos mandos, cometieron asesinatos masivos, violaciones, destrucción de aldeas y desplazamientos forzosos que afectaron principalmente a las comunidades Fur, Zaghawa y Masalit.
Organizaciones de derechos humanos han documentado que la política fue deliberada y contó con coordinación con aparatos del Estado. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado que estas operaciones incluyeron asesinatos en masa, violaciones, saqueos y destrucción de aldeas, con un saldo estimado de alrededor de 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados forzosos. Aunque estas cifras varían según la fuente, expresan la magnitud de la tragedia y el carácter étnicamente dirigido de la violencia.
En ese contexto emergió Mohamed Hamdan Dagalo (conocido como Hemedti), como comandante de una de las facciones más activas surgidas de los Yanyauid. Su papel en la represión de Darfur lo situó en el centro de redes de poder militar y económico que posteriormente le servirían de base para su ascenso político (un fenómeno que ilustra cómo la violencia, en lugar de sancionarse, fue institucionalmente recompensada durante el régimen de al-Bashir).
A lo largo de la década siguiente, el gobierno sudanés impulsó un proceso de formalización y reorganización de las milicias dispersas que culminó en la creación de las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF) en 2013. Bajo la dirección de Hemedti, estas fuerzas se integraron de manera ambigua al aparato estatal: nominalmente subordinadas al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, pero con una estructura de mando interna y recursos propios.
En 2015 comenzaron a operar con reconocimiento legal como fuerza de seguridad nacional, y en 2017 obtuvieron autonomía administrativa mediante una ley que las consolidó como una entidad militar paralela. Esta institucionalización de las RSF no representó una ruptura con el pasado, sino la continuidad de los métodos responsables de las atrocidades en Darfur (ahora revestidos de legitimidad estatal).
Hemedti aprovechó esta nueva posición para fortalecer su poder económico mediante el control de rutas comerciales, fronteras y minas de oro en la región de Jebel Amer. A través de este control de los recursos extractivos, la RSF articuló una economía política de guerra en la que la explotación de minerales naturales financia las operaciones militares y sostiene redes clientelares que perpetúan la violencia y la impunidad.
Durante un tiempo, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, cooperaron tácticamente: juntas derrocaron a Omar al-Bashir en 2019 y reprimieron las protestas civiles que siguieron a su caída.
Sin embargo, esa alianza fue puramente instrumental, pues ambos líderes buscaban consolidar su propio poder en el vacío político dejado por el régimen. Tras el golpe militar de 2021, la presión internacional condujo a negociaciones para restaurar un gobierno civil, cuyo punto más delicado era la integración de las RSF en el ejército nacional. Al-Burhan defendía una incorporación rápida, que subordinara a Hemedti, mientras este exigía un proceso prolongado que preservara la autonomía y los recursos de sus fuerzas. Detrás de esa disputa técnica se ocultaba la verdadera pugna por el control del Estado post-Bashir, de su aparato de seguridad y de la economía militar basada en los recursos extractivos.
La tensión acumulada desembocó el 15 de abril de 2023, cuando ambas facciones movilizaron tropas en Jartum, iniciando una guerra civil abierta que, aunque comenzó como una lucha de élites por el poder, pronto se expandió por todo el país y adoptó en Darfur un carácter abiertamente genocida, reproduciendo los patrones de persecución étnica, desplazamiento masivo y destrucción comunitaria que marcaron los conflictos anteriores.
El hilo conductor que une las distintas etapas de violencia en Sudán es la impunidad estructural. Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en ejercicio acusado formalmente de genocidio por la Corte Penal Internacional, pero nunca fue extraditado ni juzgado, y muchos de los perpetradores del primer genocidio de Darfur no solo eludieron la justicia, sino que fueron ascendidos y legitimados dentro del aparato estatal.
Tal ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha perpetuado la lógica de la violencia como medio legítimo de acumulación de poder político y económico. La repetición de este patrón 20 años después no constituye una coincidencia histórica, sino la consecuencia predecible de un sistema que premió a los responsables de crímenes atroces en lugar de castigarlos.
En este sentido, el conflicto de 2023 no puede entenderse como un estallido espontáneo, sino como la manifestación más reciente de una genealogía de violencia estructural, alimentada por la impunidad, la instrumentalización del aparato militar y la convergencia entre guerra y economía extractiva en el Sudán contemporáneo.
Dimensiones de la catástrofe humanitaria: colapso social, hambruna y violencia sexual dirigida
Desde abril de 2023, Sudán enfrenta una catástrofe humanitaria de dimensiones históricas que combina desplazamiento masivo, hambruna, colapso sanitario y violencia sexual sistemática.
Más de 13 millones de personas han sido desplazadas forzosamente, lo que equivale a uno de cada cuatro sudaneses y sitúa al país como el escenario del mayor desplazamiento forzoso del mundo, superando a Siria, Ucrania y la República Democrática del Congo.
Las estimaciones de mortalidad directa (entre 150.000 y 200.000 víctimas), reflejan parcialmente el impacto real, pues las zonas bajo control de las RSF permanecen inaccesibles para las organizaciones humanitarias. Paralelamente, casi el 40% de la población padecen inseguridad alimentaria aguda y se encuentran en condiciones de emergencia o hambruna.
Pero tal crisis no responde a causas naturales de logística alimenticia sino a estrategias de guerra: el bloqueo de la ayuda humanitaria y la destrucción deliberada de cultivos e infraestructuras agrícolas utilizan el hambre como arma política y militar.
El sistema sanitario se encuentra parcialmente colapsado, con más del 70% de los hospitales cerrados o destruidos (muchos de ellos atacados deliberadamente) con consecuencias devastadoras: brotes incontrolados de sarampión, cólera, dengue y difteria.
En paralelo, la violencia sexual se ha consolidado como una herramienta central de la estrategia genocida. La triplicación en la demanda de servicios para víctimas de violencia de género en 2024 refleja solo una fracción de la magnitud real del fenómeno. Lejos de ser un efecto colateral del conflicto, la violación sistemática constituye un instrumento de terror, limpieza étnica y odio a la mujer.
Además, la economía política de la guerra ha intensificado nuevas formas de violencia de género vinculadas a la supervivencia: muchas mujeres intercambian el acto sexual por alimentos o protección, sometidas a explotación en un contexto de colapso económico que destruyó sus medios de vida. Así, la violencia sexual en Sudán opera en múltiples niveles simultáneos (como arma de guerra, táctica de limpieza étnica, mecanismo de control social y consecuencia estructural de la destrucción del tejido económico y comunitario), configurando un panorama donde el hambre, la enfermedad y el cuerpo femenino se han convertido en campos de batalla del belicismo contemporáneo.
La economía política del genocidio: Emiratos Árabes Unidos y el comercio de oro manchado de sangre
La internacionalización del conflicto sudanés está estrechamente vinculada a una economía política que relaciona la explotación de recursos naturales con el financiamiento militar y la perpetuación de la violencia.
En este entramado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa un papel central, combinando intereses económicos y geopolíticos estratégicos. Su implicación se centra en el control de los recursos auríferos de Darfur y el acceso al Mar Rojo, factores que explican el apoyo sostenido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a pesar de las acusaciones internacionales de complicidad en crímenes de guerra.
El flujo de oro desde las minas de Darfur (bajo control de las RSF)hacia Dubái constituye el núcleo de esta economía de guerra. Las reservas de oro emiratíes han aumentado un 26% en los últimos 12 meses, sin registros de compras en mercados internacionales (una anomalía que apunta a importaciones no declaradas). Los EAU, un país desértico sin minas de oro propias, se han convertido en el segundo mayor exportador de oro del mundo, evidenciando su papel como centro de lavado de recursos minerales extraídos en zonas de conflicto.
La empresa al-Gunade, propiedad de familiares directos de Hemedti, mantiene vínculos comerciales con compañías emiratíes como Kaloti Jewellery Group, estableciendo una red ilícita que financia directamente las capacidades operativas de las RSF.
Además, investigaciones periodísticas han documentado la presencia de equipamiento militar británico en manos de las RSF, llegado a Sudán a través de intermediarios emiratíes. Este flujo de armamento contradice las negaciones oficiales de Abu Dabi sobre su apoyo militar al grupo y pone en cuestión la eficacia de los sistemas internacionales de control de exportación de armas. La presencia de mercenarios transportados mediante la infraestructura logística emiratí agrega otra capa a esta compleja red de apoyo.
En conjunto, el papel de los Emiratos trasciende el suministro de armas: proporcionan infraestructura logística, financiera y política que permite a las RSF sostener sus operaciones militares y, por extensión, continuar perpetrando crímenes de guerra y actos de genocidio.
Futuro genocidio, impunidad y el fracaso de la protección internacional
El genocidio en Sudán evidencia un fracaso sistemático de la comunidad internacional: se reconoce formalmente la comisión de crímenes sin implementar medidas efectivas, los mediadores tienen intereses directos en el conflicto y grupos responsables de atrocidades se financian mediante recursos naturales como el oro. La caída de El Fasher y el control de Darfur por las RSF consolidan un precedente peligroso, donde actores responsables de crímenes de lesa humanidad pueden mantener poder territorial y operar con impunidad.
Esta situación demuestra que los compromisos internacionales de protección de civiles y prevención de genocidios son selectivos y condicionados por intereses geopolíticos y económicos. La violencia masiva en Sudán no ocurre a pesar del sistema internacional, sinodentro de él, facilitada por la falta de voluntad política y la tolerancia hacia actores estatales y paramilitares que se benefician del conflicto.
El resultado es una crisis humanitaria que amenaza con desestabilizar la región y un mensaje inquietante: los principios del derecho internacional pueden ser ignorados sin consecuencias, y millones de vidas quedan desprotegidas frente a la violencia sostenida.
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España avanza con fuerza en el desarrollo de energías renovables, posicionándose como un referente europeo. La innovación tecnológica y las políticas sostenibles impulsan el crecimiento del sector. En este artículo, Matías González, alumno del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo de LISA Institute analiza el papel de la energía solar, eólica y otros modelos verdes.
Las energías renovables son un tipo de energía que tiene su origen en fuentes naturales. Se caracterizan por que su consumo es menor a lo que se puede producir y por su gran capacidad de renovación. Algunas de las energías renovables más comunes son la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biomasa, hidroeléctrica y oceánica.
A diferencia de las energías producidas con combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón, las energías renovables no se generan mediante combustión. Por eso, sus emisiones son significativamente inferiores a las de origen fósil. Actualmente, representan una excelente alternativa para el cuidado del medioambiente.
Políticas mundiales de energías renovables
Las actuales políticas sobre energías renovables a nivel global tienen origen en tratados y acuerdos impulsados por organizaciones internacionales como la ONU. En esta organización, los tratados sobre energías renovables están incluidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo número 7.
El propósito principal de este objetivo es entregar energía asequible y no contaminante en todo el planeta. Busca proveer lo necesario para el desarrollo de la sociedad a nivel mundial, asegurando que ese desarrollo contribuya a combatir el cambio climático.
Este objetivo de desarrollo sostenible en el ámbito energético establece metas principales hacia el año 2030. Por eso, cada gobierno suscrito a los tratados ha definido planes subsidiarios para implementar estrategias nacionales que impulsen el uso de energías renovables.
Actualidad energética en España
España no ha quedado ajena a la implementación de estrategias de energías renovables en todo su territorio. Estas acciones buscan cumplir con los tratados de la Unión Europea (UE) y la ONU.
En marzo del 2025 en España las energías renovables alcanzaron un 61,6% del mix energético del país, con un aumento del 0,8% mensual comparado con la misma fecha del año anterior.
Fuente: Red Eléctrica España
Sumado a lo anterior, España, es el segundo país de Europa en la generación de energía eólica y solar.
La energía eólica en España es la principal fuente de energía en el país, con un aporte del 40% de la energía nacional.
Tendencias energías renovables en España al 2030
Según el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) para el periodo del año 2023 al 2030, España busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en un 32%, junto a esto buscará aumentar en un 81% la utilización de energías renovables del mix energético nacional, en el que actualmente se encuentra en un 61,6%. Priorizará los proyectos de energías eólicas, solar fotovoltaica, hidrógeno renovable y de almacenamiento de estas fuentes de energía.
Para todo lo anterior, se buscará poder apoyar a las industrias relacionadas con las energías renovables ya sea en financiación, políticas, acuerdos de compraventa y diferenciación en el mercado energético.
La innovación será un punto muy importante dentro de esta búsqueda, debido a que a través de ella buscarán disminuir la brecha que hay en la actualidad con lo que se desea alcanzar según los planes estipulados a nivel nacional de aquí al 2030.
Fuente: OBS Bussines School
España se encuentra actualmente a la vanguardia de Europa en materia de energías renovables. Existen empresas destacadas a nivel internacional que invierten y desarrollan proyectos innovadores en este ámbito. El país muestra una gran capacidad de innovación y un fuerte interés por cumplir sus políticas energéticas. Además, cuenta con un mercado amplio y diversas oportunidades para seguir expandiendo este sector.
Fuente: OBS Bussines School
El sector energético está en constante evolución e innovación. En España existe un amplio mercado por explorar, con grandes oportunidades en energía eólica y solar. A esto se suman los modelos sostenibles, que se encuentran en constante actualización en el país.
La inteligencia artificial y el big data son pilares clave en el mantenimiento y la prevención de problemas energéticos. Gracias a estas tecnologías, la eficiencia energética avanza con fuerza en su objetivo de transformar a España en un entorno más sostenible.
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Descubre qué son el poder duro y el poder blando, cómo funcionan en las relaciones internacionales y qué los diferencia en el mundo actual.
En las relaciones internacionales, los países no solo compiten por recursos y territorio, sino también por influencia. En un contexto global cada vez más interconectado, los Estados han desarrollado distintas estrategias para ejercer su poder. Dos conceptos clave (poder duro y poder blando) definen las formas principales en que las naciones buscan tomar decisiones, moldear opiniones y alcanzar sus metas sin recurrir siempre a la fuerza militar.
¿Qué es el poder duro?
El poder duro se basa en la coerción, la presión y la fuerza. Este tipo de poder implica la capacidad de un país o actor político para imponer su voluntad mediante medios tangibles, como la fuerza militar, las sanciones económicas o el control de recursos estratégicos. En otras palabras, el poder duro utiliza medios directos para conseguir resultados, incluso si generan resistencia o conflicto.
Ejemplos de poder duro son las intervenciones militares, los bloqueos comerciales o la imposición de sanciones a otros países. Cuando una nación recurre al poder duro, busca obtener obediencia o conformidad, más que admiración o cooperación. Es una herramienta eficaz a corto plazo, aunque puede tener consecuencias negativas en la reputación internacional y en las relaciones diplomáticas.
El poder duro no se limita solo a la guerra. También puede mostrarse en la presión política o económica que ejercen grandes potencias sobre países más pequeños para orientar sus decisiones políticas o comerciales.
¿Qué es el poder blando?
El poder blando, en cambio, se basa en la atracción y la influencia cultural, ideológica o institucional. En lugar de forzar a otros a actuar, busca convencerlos e inspirar admiración. Esta idea fue desarrollada por el politólogo estadounidense Joseph Nye, quien explicó que el poder blando se construye sobre tres pilares: la cultura, los valores políticos y la política exterior.
Un país que ejerce poder blando logra que otros acepten sus intereses porque los consideran legítimos o deseables. Ejemplos claros de poder blando son, por ejemplo, la proyección cultural de Estados Unidos a través del cine y la tecnología, la diplomacia educativa de un país como Francia mediante sus alianzas universitarias o la influencia de Japón gracias a su cultura popular, como el anime y la gastronomía.
El poder blando suele ser más eficaz a largo plazo, ya que genera afinidad y colaboración voluntaria. Sin embargo, su efecto depende de la credibilidad y coherencia del país que lo utiliza.
Diferencias entre poder duro y poder blando
Aspecto
Poder duro
Poder blando
Método principal
Coerción, presión y uso de la fuerza
Persuasión, atracción y credibilidad
Herramientas utilizadas
Ejército, sanciones, amenazas económicas o políticas
Cultura, diplomacia, educación y cooperación internacional
Objetivo
Imponer decisiones y conseguir obediencia
Generar simpatía y aceptación de valores o modelos
Efecto en las relaciones
Puede provocar conflictos o tensiones
Fomenta cooperación y alianzas duraderas
Alcance temporal
Resultados rápidos, pero inestables
Resultados lentos, pero sostenibles
Ambos tipos de poder son esenciales para entender la estrategia de cualquier Estado moderno. Ninguno es completamente efectivo por sí solo, y su combinación define la llamada estrategia de poder inteligente.
El poder inteligente: equilibrio entre fuerza e influencia
El poder inteligente (smart power) integra el poder duro y el poder blando de forma equilibrada. Esta estrategia busca usar la fuerza cuando es necesaria, pero acompañada de diplomacia, cooperación y comunicación estratégica.
Por ejemplo, la Unión Europea utiliza sanciones económicas (poder duro) junto con la cooperación al desarrollo y la promoción de derechos humanos (poder blando). Estados Unidos también combina la presencia militar con su influencia cultural global.
La clave del poder inteligente es adaptar la estrategia al contexto, eligiendo cuándo aplicar presión y cuándo promover el diálogo.
Por qué entender ambos poderes es esencial
La globalización ha difuminado las fronteras del poder. Las redes sociales, los medios y la economía digital transforman el modo en que los países influyen en los demás. Conocer las diferencias entre poder duro y poder blando permite comprender cómo se construyen las alianzas, por qué las guerras cambian de forma y cómo las naciones proyectan su imagen.
Además, esta distinción no solo aplica a los Estados. También las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales o incluso las ciudades utilizan estrategias de poder blando para atraer inversión, talento o influencia global. Por ello, el poder duro y el poder blando son dos caras de la misma moneda: la capacidad de influir. Uno impone, el otro persuade. En el equilibrio entre ambos se encuentra el verdadero arte de la política internacional moderna.
Las páginas de contenido adulto deberán comprobar la mayoría de edad del usuario o afrontarán grandes multas en el país europeo.
Italia impondrá desde el 12 de noviembre la verificación obligatoria de edad en todas las páginas web pornográficas accesibles desde el país. La medida afectará a plataformas internacionales como Pornhub, Youporn y Onlyfans, que deberán garantizar que los usuarios son mayores de edad. En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar los 250.000 euros, según lo establecido por la Autoridad para las Garantías en las Comunicaciones (AGCOM).
La disposición, que se aplicará inicialmente a45 sitios web, busca impedir el acceso de menores a contenidos para adultos, sin importar el origen de los portales. Las plataformas deberán incorporar tecnologías que confirmen la edad del usuario antes de permitir el acceso. Además, la AGCOM explicó que el proceso debe ofrecer un nivel de seguridad proporcional al riesgo y respetar la minimización de los datos personales obtenidos.
Controles verificados independientes
El organismo italiano precisó que las páginas deberán «verificar que los usuarios sean mayores de edad, garantizando un nivel de seguridad adecuado al riesgo», y que el sistema adoptado asegure la protección de la privacidad. AGCOM hizo hincapié en que el cumplimiento de esta obligación forma parte de sus competencias en materia de regulación de servicios digitales y contenido sensible, con el fin de reforzar la protección de los menores en internet.
Para implementar el control, las empresas deberán recurrir a «terceros independientes verificados» responsables del proceso de identificación y autenticación. Este mecanismo deberá aplicarse «para cada sesión de uso del servicio regulado». Si las plataformas no lo aplican, recibirán una advertencia oficial y estarán expuestas a multas económicas que podrían alcanzar los 250.000 euros.
Sudán vive su tercera guerra civil en pocas décadas. Las Fuerzas Armadas y las milicias RSF se enfrentan en un conflicto devastador. En este artículo, el alumno ddel Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Francisco Javier Peña explica, explica un escenario donde el número de muertos y desplazados no deja de crecer mientras la comunidad internacional observa con preocupación.
El actual conflicto militar en Sudán enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Esta nueva guerra civil se inició en abril del año 2023, debido a las diferencias entre los líderes de ambas facciones, Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Hemedti.
Previamente, ambos militares habían colaborado en el golpe de Estado producido en el año 2019 contra Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Este había estado al mando del país desde 1989, tras protagonizar su propio golpe de Estado.
Al-Bashir, que participó en la guerra del Yom Kippur (1973) junto al ejército egipcio, fue acusado por la Corte Penal Internacional. Se le imputaron cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por los ataques a la población no árabe de Darfur. Abdel Fattah al-Burhan, líder de las SAF y presidente del Consejo Militar de Transición (CMT), se convirtió en líder de facto de Sudán. Fue tras el golpe de Estado contra al-Bashir.
Sin embargo, las diferencias con Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las RSF y vicepresidente de la CMT, derivaron en un nuevo enfrentamiento militar. Los combates comenzaron en la capital, Jartum, y pronto se extendieron por todo el país. Sudán ya ha vivido previamente dos guerras civiles de larga duración: la primera de 1955 a 1972 y la segunda de 1983 a 2005. Ambas dejaron varios millones de muertos y desplazados.
La tercera guerra civil sudanesa es uno de los conflictos abiertos más preocupantes. En tan solo 2 años, refleja cifras de más de 60.000 fallecidos y más de 10 millones de desplazados. Los países que más refugiados sudaneses reciben son Chad, Egipto, Sudán del Sur, Etiopía y República Centroafricana.
¿Qué son las Fuerzas de Apoyo Rápido?
Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) son fuerzas paramilitares sudanesas lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Los miembros de las RSF tienen origen en las milicias yanyawid y cuentan con experiencia en combate. Participaron en el conflicto de Darfur como parte del gobierno sudanés de al-Bashir y en el golpe de Estado del año 2019 contra el mismo dictador.
En menor medida, las filas de las RSF están complementadas por reclutas forzosos, incluidos niños soldado, y milicias menores de otros países africanos. Las milicias yanyawid son, a su vez, otra fuerza paramilitar conformada principalmente por miembros de Sudán, Chad y Libia. Fueron actores principales en el conflicto de la región de Darfur iniciado en el año 2003, movilizados por el gobierno sudanés contra la población de la zona.
El conflicto contó con la intermediación de la ONU, pero no fue capaz de evitar la muerte de decenas de miles de personas. Tampoco logró frenar el desplazamiento de otros cientos de miles. Aunque oficialmente el conflicto fue finalizado en 2010, han existido episodios posteriores de represión contra la población de Darfur.
La influencia de las RSF es especialmente importante en Darfur y Jartum, dos de las ciudades más relevantes de Sudán. También tienen presencia en ciertas zonas del centro y suroeste del país. Se estima que sus fuerzas cuentan con entre 70.000 y 100.000 efectivos. Son números inferiores en comparación con las SAF.
Sin embargo, las RSF cuentan con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y la influencia del Grupo Wagner. Debido a la crudeza del conflicto, Naciones Unidas ha denunciado en múltiples ocasiones los riesgos de limpieza étnica, violencia sexual y otros ataques a los derechos humanos.
Trayectoria del Consejo Militar de Transición en Sudán
Tras la expulsión de al-Bashir, los miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido formaron parte del Consejo Militar de Transición. Este órgano pretendía ser un gobierno militar provisional antes de instaurar un mandato civil. El primer presidente del CMT fue el exministro de Defensa, Awad Ibn Ouf, aunque su estancia fue breve y fue reemplazado por el general al-Burhan, líder de las SAF.
A pesar de un primer acuerdo con la oposición civil, representada por lasFuerzas de la Libertad y el Cambio (FCC), se conformó un gobierno mixto con civiles y militares. Sin embargo, el CMT dio un segundo golpe de Estado en 2021, consolidando su control del poder. Los continuos enfrentamientos con su vicepresidente, Dagalo, y la dura represión contra los manifestantes civiles derivaron en un nuevo conflicto. Uno de los principales puntos de fricción entre al-Burhan y Dagalo eran los planes para integrar a los miembros de las RSF en las SAF, lo que implicaba la pérdida de autonomía de Dagalo.
Infraestructura y aliados de las RSF
A pesar de contar con un número notablemente menor al de las Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido cuentan con una importante infraestructura y una red de aliados que les permite combatir al actual gobierno sudanés.
Uno de los principales puntos logísticos de las RSF es la base de Al Zorg, al norte de la región de Darfur. Las RSF establecieron la base en el año 2017, lo que provocó un importante desplazamiento de la población de la zona.
En junio de 2023 las RSF consiguieron un importante avance al tomar el complejo militar de Yarmouk, en Jartum. Este avance les permitió el acceso a instalaciones de fabricación de armas y almacenes de combustible.
Los Emiratos Árabes Unidos han proporcionado a las RSF una gran cantidad de camionetas. Estas han sido modificadas por los combatientes, que les han incorporado ametralladoras pesadas y morteros. Por su parte, el Grupo Wagner suministró misiles tierra-aire, posiblemente sistemas de defensa aérea portátiles (MANPAD), y fusiles de asalto AK-47. Este apoyo incrementa considerablemente las capacidades de las RSF.
Posible evolución y consecuencias del conflicto en Sudán
La tercera guerra civil sudanesa se presenta como uno de los conflictos más inciertos actualmente. Las dos guerras civiles previas indican que la situación puede extenderse durante décadas si no existe una participación de terceros actores para frenar el enfrentamiento.
La ONU ha denunciado en repetidas ocasiones la poca capacidad que tiene de ayudar en la zona, sobre todo a la hora de proveer de recursos básicos a los desplazados por la guerra. A las violaciones constantes de los derechos humanos se les suma el alto riesgo de hambrunas y enfermedades entre los refugiados, que además pueden aumentar la inestabilidad de los países vecinos.
Las Fuerzas Armadas Sudanesas cuentan con una mayor infraestructura en el país y con un apoyo mayoritario de la sociedad. Además, la influencia de Egipto y Arabia Saudí, tanto a nivel logístico y militar como diplomático, puede ser un factor diferencial a largo plazo. Los intereses de Rusia en el Mar Rojo pueden hacer que reduzca sus apoyos a las RSF y aumente las capacidades del gobierno sudanés si este le garantiza mejores condiciones de poder en la zona.
Tras dos años de combate, las negociaciones de paz parecen improbables debido a los objetivos y capacidades militares de ambas facciones. Los esfuerzos de Arabia Saudí y otros actores regionales por un alto al fuego no están teniendo resultados positivos por el momento, aunque una movilización civil coordinada podría ejercer la suficiente presión para llevar a ambos generales a la búsqueda de un acuerdo.
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La Policía local y el FBI confirmaron detenciones en Míchigan tras una operación de seguridad que evitó un ataque planeado durante las festividades de Halloween.
El FBI de Estados Unidos ha frustrado un plan para ejecutar un ataque terrorista en el estado de Míchigan. El anuncio fue realizado por el director de la agencia, Kash Patel, a través de su cuenta en la red social X. «Durante el 31 de octubre, el FBI ha desarticulado un potencial ataque terrorista», escribió Patel. Según informó, varios sospechosos fueron arrestados mientras planeaban un ataque durante las celebraciones de Halloween del fin de semana.
El director del FBI no ofreció más detalles sobre el operativo, aunque agradeció la labor de los agentes que participaron. Patel destacó «a los hombres y mujeres del FBI que hacen guardia las 24 horas del día, siete días a la semana» y que, según dijo, «están ejecutando a la perfección su misión para defender la patria».
Mientras tanto, la Policía de Dearborn confirmó una intervención realizada la madrugada del 31 de octubre en esa ciudad. En un comunicado difundido por Facebook, las autoridades aseguraron que «no existe ninguna amenaza para la comunidad». Dearborn, convertida en 2023 en la primera ciudad de mayoría árabe de Estados Unidos, fue uno de los puntos donde se desarrolló la operación.
La oficina del FBI en Detroit corroboró la información aportada por la Policía local y explicó que la actuación policial se extendió también a la ciudad vecina de Inkster. En declaraciones a CBS News, el organismo detalló que ambas operaciones formaron parte de «una operación de seguridad» llevada a cabo en el área metropolitana de Detroit. Las autoridades federales no han precisado todavía la naturaleza del complot ni la identidad de los detenidos.
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