España presume de ser un garante de la legalidad internacional, pero su trayectoria reciente cuenta una historia diferente. Desde el apoyo a la invasión de Iraq hasta el giro sobre el Sáhara Occidental, los hechos contradicen la retórica oficial. En este artículo se explica cómo la Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 proclama principios que el propio ejecutivo no siempre respeta. Un análisis de las paradojas de la política exterior española.
El Reino de España ha mantenido, a lo largo de más de 40 años de democracia, una postura extremadamente legalista en su aproximación hacia las relaciones internacionales. En la Estrategia de Acción Exterior formulada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país para el periodo 2025 – 2028, planteada como una declaración de intenciones en materia de política exterior, se marcan las principales pautas a seguir en este ámbito. Más allá de ser un documento sin auténtica relevancia jurídica, la actualidad internacional del país europeo está plagada de contradicciones con respecto a la citada Estrategia. Los frecuentes cambios de opinión en la arena internacional y ciertos posicionamientos contrarios a la defensa de los derechos humanos desgranados en el presente artículo lo ejemplifican.
¿España como garante de la legalidad internacional?
Se afirma en la Estrategia de Acción Exterior planteada para el periodo 2025 – 2028 que «España continuará defendiendo la aplicación universal y coherente del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».
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El gobierno español ha seguido, desde la Transición, una línea continuista y garantista en materia de política exterior. Debido a la timidez, tildada en ocasiones de pacatería, aparejada al empleo de las Fuerzas Armadas como instrumento de poder duro y al miedo a una asociación indirecta del empleo de las mismas al periodo de la dictadura militar franquista, el poderío militar español se ha empleado únicamente en el exterior en misiones de paz y de carácter humanitario.
Siempre bajo el paraguas de alguna organización internacional, destacan operaciones de interposición de fuerzas o mantenimiento de la paz en zonas de conflicto. Estas operaciones, auspiciadas en su mayoría por la ONU, la UE y la OTAN, sitúan a España como un referente en la contribución a dichas misiones. Es preciso mencionar la participación decisiva de las tropas españolas en la pacificación de Bosnia y Herzegovina en los años 90, el apoyo al Kurdistán iraquí tras la Guerra del Golfo en el marco de la Operación Provide Comfort o las misiones de estabilización en 2004, bajo mandato de la ONU (cascos azules) y posterior envío de un contingente humanitario en 2010 en Haití.
A pesar de esta línea continuista en lo que respecta a la legalidad internacional, ha habido dos hechos de relevante actualidad que ponen en duda, cuanto menos, esta retórica. El primero fue la intervención de España en la invasión de Iraq en 2003 en apoyo a los gobiernos de Bush y Blair. El conocido como trío de las azores se escudó en proceder a la búsqueda de armas de destrucción masiva en el territorio gobernado despóticamente por Sadam Hussein. Las WMD en cuestión nunca fueron encontradas y se materializó una situación de inestabilidad cuyas consecuencias perduran en Oriente Medio en pleno año 2026.
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Por otro lado, el cambio de postura del gobierno español en su otrora apoyo a un referéndum de autodeterminación, auspiciado por la ONU, en el territorio del Sáhara Occidental en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario choca frontalmente con esta retórica. No se han dado explicaciones por parte del gobierno respecto a por qué, en una acción unilateral, el gobierno de Pedro Sánchez tomó en 2022 la decisión de apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental contraviniendo las indicaciones de Naciones Unidas en lo relativo a un Territorio No Autónomo sujeto a descolonización desde 1963.
El entonces Sáhara español pasó a considerarse como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización en un documento: el A/5446/REV.l. En 2007, cuando Marruecos planteó las líneas maestras de este plan contrario a las resoluciones de la ONU, era impensable que España se posicionase a favor de los intereses marroquíes en el futuro.
Desde los inicios de la andadura democrática de España se había optado, tanto por los distintos ejecutivos socialistas como conservadores, por consensuar una política afín a los intereses españoles en la región que en este caso coincidía con el estatus especial otorgado al Sáhara por las Naciones Unidas. Hay analistas que achacan este cambio repentino, del cual la población española tuvo conocimiento al hacerse pública la carta del presidente español en la que trasladaba su decisión a Mohamed VI, a un supuesto chantaje marroquí.
Visita oficial del Presidente del Gobierno a Marruecos en 2024 (fuente: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa).
Es un hecho verídico y contrastado por diversas fuentes de inteligencia el que los servicios de inteligencia marroquíes hackearon los móviles de diversos altos cargos españoles, todo apunta que con el software espía israelí Pegasus, en una visita oficial a Marruecos en el año 2021. Entre los afectados figuran el propio Presidente Pedro Sánchez y la Ministra de Defensa Margarita Robles.
Desprecio por los intereses nacionales
Además de optar por una defensa interesada de los derechos humanos, las decisiones del ejecutivo socialista español, en el poder desde 2018, contravienen los intereses nacionales según los más críticos. Son varios hechos los que ilustran estas dinámicas. Desde las renuncias a la entrega de material militar israelí en fase de entrega, ya efectuados los pagos, pasando por situaciones de desabastecimiento de municiones vividas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta los intentos de interferencia chinos en España. Acciones de semejante calado no se contextualizan ni se enmarcan en una estrategia, al menos española, de protección de los intereses nacionales.
Además, consensuar una línea de actuación común, independiente del partido político que asuma el gobierno de la nación, ha de ser un pilar fundamental en la acción exterior del Estado. La credibilidad del Estado se pone en cuestión con cada viraje en materia internacional, por lo que cada planteamiento en este ámbito ha de efectuarse con suma cautela.
Por otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, está siendo investigado (término que vino a sustituir al de imputado) por diversas tramas de corrupción y por sus vínculos con la República Bolivariana de Venezuela, donde ejerció de «mediador» entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y las fuerzas opositoras. Su relación con el ejecutivo actual puede afectar directamente a la gobernabilidad del Estado y a la reputación internacional de España.
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