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Las claves de la muerte del ministro de Transportes ruso Roman Starovoit

A las pocas horas de su destitución, Román Starovoit apareció sin vida dentro de su coche en las afueras de Moscú. El relevo exprés de Putin y otra muerte inexplicable en la élite rusa reavivan las sospechas.

Román Starovoit, destituido ministro de Transportes de Rusia y antiguo gobernador de Kursk, fue encontrado muerto dentro de su vehículo en Odintsovo pocas horas después de su salida del gabinete. La versión preliminar apunta a un suicidio, pero la rapidez del relevo y las investigaciones abiertas por corrupción alimentan las sospechas en torno a otra desaparición trágica dentro de la élite del Kremlin, justo cuando la infraestructura logística rusa sufre la presión de la guerra y las sanciones occidentales.

Los hechos

  • El exministro ruso de Transportes, Román Starovoit, apareció muerto dentro de su coche en Odintsovo (afueras de Moscú) la tarde del 7 de julio, horas después de que el Kremlin anunciara su destitución.
  • La versión oficial: el Comité de Investigación maneja el suicidio como hipótesis principal. Se halló una herida de bala en la cabeza del político de 53 años.
  • Relevo exprés: al día siguiente, el 8 de julio, Vladímir Putin nombró al economista y exgobernador de Nóvgorod, Andréi Nikitin, como nuevo titular de Transportes.

Por qué importa

  • Otro deceso sospechoso dentro de la élite rusa alimenta la narrativa de muertes «inexplicables» de altos cargos cesados o bajo investigación.
  • Golpe a la infraestructura: la cartera de Transportes coordina la logística civil y militar en plena guerra con Ucrania. El caos reciente en aeropuertos y trenes agrava la presión sobre el Kremlin.
  • Señal a los gobernadores: Starovoit dirigió Kursk, región fronteriza clave. Sin embargo, su caída sugiere que los mandatarios regionales pueden ser responsabilizados por fallos defensivos o corrupción.

La cronología

  • Mayo 2024: Putin asciende a Starovoit de gobernador de Kursk a ministro de Transportes, buscando blindar rutas férreas y aéreas.
  • Abril 2025: Alexéi Smírnov, sucesor de Starovoit en Kursk, es arrestado por desvío de fondos para fortificaciones. El exministro fallecido aparece mencionado en la causa.
  • Fin de semana 5-6 julio: Drones ucranianos paralizan aeropuertos de Moscú y miles de vuelos se retrasan o cancelan.
  • 07 julio, 11:00: decreto presidencial cesa a Starovoit sin explicación pública.
  • 07 julio, 18:00: hallan el cuerpo fallecido con arma cerca. La principal línea de investigación apunta a suicidio, aunque el historial de muertes sospechosas de altos cargos hace dudar.
  • 08 julio: El Kremlin califica el caso de «trágico» y el Parlamento aprueba a Nikitin para el puesto.

Declaraciones

  • Portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: descartó que el cese obedeciera a una «pérdida de confianza», sin profundizar en motivos.
  • Medios rusos: citan fuentes policiales que vinculan la muerte a un suicidio debido a una pesquisa por corrupción durante la etapa de Starovoit en Kursk.
  • Analistas citados por BBC y France 24: interpretan el suceso como una advertencia a funcionarios sobre la «lealtad absoluta» y la gestión impecable de fondos en tiempos de guerra.

¿Y ahora, qué?

  • Investigación penal: el Comité de Investigación prometió un informe completo, y opositores y medios extranjeros dudan de la versión del suicidio.
  • Auditoría al ministerio: especialistas prevén una revisión de contratos de infraestructuras firmados por Starovoit.
  • Prueba de fuego para Nikitin: deberá estabilizar aeropuertos y vías férreas en medio de sanciones y ataques con drones ucranianos.

Entre líneas

  • La velocidad del reemplazo y la opacidad sobre las supuestas irregularidades refuerzan la percepción de que la rotación ministerial en Rusia responde tanto a la guerra como a rivalidades internas.
  • Starovoit se suma a una lista de banqueros, ejecutivos energéticos y altos cargos rusos fallecidos desde 2022 en circunstancias catalogadas como suicidios o accidentes.

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La Policía de Alemania ejecuta una operación contra un posible «ataque terrorista islamista»

Redadas simultáneas en cuatro ciudades de Renania del Norte-Westfalia frustran un supuesto atentado islamista y revelan una red de financiación ilícita mediante estafas comerciales.

Las fuerzas especiales de la Policía alemana irrumpieron el miércoles 9 de julio de forma simultánea en varias localidades de Renania del Norte-Westfalia (oeste) para frustrar un supuesto atentado islamista. El despliegue, coordinado por las comisarías de Essen y la Fiscalía de Düsseldorf, respondió a «una investigación exhaustiva en torno a un supuesto fraude comercial» que destapó un plan de financiación terrorista.

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Los investigadores descubrieron que «los bienes obtenidos a través de estos actos fraudulentos tenían como objetivo financiar un ataque terrorista islamista», por lo que ordenaron registros en viviendas de Essen y Dortmund. Con ello pretendían, según el comunicado oficial, «evitar la planificación y ejecución de este crimen y aclarar los hechos», paso indispensable antes de que los magistrados valoren las pruebas.

Durante la operación se detuvo a un bosniocroata de 27 años y, además, se practicaron redadas para recabar indicios en un total de seis propiedades repartidas por Essen, Dortmund, Düsseldorf y Soest. La actuación continúa abierta, y las autoridades subrayaron que «por ahora no puede darse más información», a la espera de analizar el material incautado.

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Más de 140 años de cárcel a diez hombres por crímenes en un rancho del Cártel Jalisco

La justicia mexicana dicta sentencia récord contra diez implicados del CJNG en Teuchitlán. El Rancho Izaguirre sirvió como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio durante años.

Un tribunal de Jalisco impuso 141 años y tres meses de prisión a diez integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los delitos de «desaparición cometida por particulares», su modalidad «agravada» y «homicidio calificado». Además, los sentenciados deberán abonar 1,3 millones de pesos en reparaciones. La Fiscalía subrayó que se trata de «una de las condenas más altas por este delito» y ratificó su empeño «incansable» en luchar contra la impunidad.

La resolución llega tras la operación realizada en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. Aquella madrugada, alertados por disparos, agentes estatales y federales se enfrentaron a los sospechosos, liberaron a dos secuestrados y localizaron un cadáver. Sin embargo, posteriores registros revelaron hornos crematorios clandestinos y restos humanos dispersos en la propiedad, utilizada por la organización criminal como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio.

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El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reconoció públicamente «años de impunidad» alrededor del rancho. «No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa», declaró en abril junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. La investigación, aseguró, busca sentar precedentes para casos de desaparición masiva.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco remarcó el peso de las pruebas: «El tribunal decidió fijar una de las condenas más altas por este delito, luego de encontrar culpables a los diez acusados por todas las conductas y sus agravantes». El organismo insiste en que «cada sentencia debe enviar un mensaje directo a quienes ordenan y ejecutan desapariciones».

Las pesquisas indican que el CJNG atraía a jóvenes con falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad, prometiendo sueldos de hasta 12.000 pesos semanales. No obstante, cuando eran trasladados al rancho, los reclutas quedaban incomunicados, recibían entrenamiento físico y de armas y eran asignados a tareas internas del cártel. A algunos les exterminaban en las instalaciones.

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Los Fondos NextGeneration: ¿el Plan Marshall de la Unión Europea?

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Los Fondos NextGeneration refuerzan el liderazgo geopolítico de la UE mediante condicionalidades estructurales, promoviendo sostenibilidad, innovación y una identidad europea común tras la crisis del COVID-19.

Los Fondos NextGeneration, impulsados por la Unión Europea, no solo ayudan a reconstruir el continente tras la crisis del COVID-19. También representan una herramienta geopolítica clave para Bruselas.

De forma similar, el Plan Marshall de 1948 consistió en un sistema de ayudas económicas de EE.UU. a Europa. Su propósito era fomentar la reconstrucción del continente en un contexto postbélico. Buscaba evitar la expansión comunista, fortalecer relaciones económicas, consolidar una red global capitalista y asegurar una esfera de influencia que formó el bloque occidental-capitalista.

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Aunque las estrategias y dinámicas de ambos planes son diferentes, sus objetivos son similares. Ambos constituyen instrumentos de soft power e influencia económica.

Las ayudas económicas como instrumento de soft power

Los planes de reconstrucción o ayudas económicas internacionales son un conjunto de medidas financieras, institucionales y técnicas. Estas son promovidas por uno o varios actores (normalmente Estados u organizaciones internacionales).

Su objetivo es reactivar, estabilizar o transformar la economía de un país o región tras una crisis profunda. Estos planes pueden incluir transferencias directas de fondos, préstamos, inversión pública, reformas estructurales, cooperación técnica o condicionalidad política. 

En el caso del Plan Marshall estadounidense, se trató de transferencias directas de fondos en forma de subvenciones y préstamos. En cambio, la Unión Europea aplica un sistema basado en subvenciones y otorgación de fondos según proyectos, planes o propuestas. Estas deben ser elaboradas por organismos, empresas o particulares, y están condicionadas al cumplimiento de requisitos previos y a la aprobación de la institución europea responsable. Entre los más destacados se encuentran los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia.

Los fondos impulsados por la Unión Europea cuentan con un componente estratégico.

Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta dirigen la nueva estrategia de la organización regional hacia el desarrollo de una autonomía estratégica. También apuestan por la innovación científica y técnica, y por la maximización de la competitividad de las industrias europeas. Estos nuevos objetivos de modernización se complementan con los valores y principios clásicos europeos, como la sostenibilidad o la inclusión. Juntos, guían la transformación del continente con el fondo NextGeneration como vehículo.

Este giro estratégico de la UE responde a los cambios en las dinámicas globales, donde adaptarse a la era digital se ha vuelto una prioridad. También lo son la competitividad económica y la innovación científica, ámbitos que no eran estrictamente prioritarios para la Unión Europea desde su creación. El contexto actual de desconfianza en las instituciones internacionales y la crisis de los sistemas basados en normas ha forzado a la UE a reajustar sus prioridades. Promover estos fondos es clave para alinearse con el nuevo orden global.

En cuanto a la condicionalidad de ambos fondos, el Plan Marshall incluía una doble condicionalidad, mientras que los fondos de reconstrucción europeos presentan una sola. El Plan Marshall tenía una dimensión económica explícita, basada en compromisos fiscales y devoluciones a largo plazo. También existía una condicionalidad ideológica implícita, es decir, no escrita, basada en la adhesión al modelo capitalista liberal. En cambio, los Fondos NextGeneration no exigen una condicionalidad económica directa. No incluyen intereses a pagar ni obligaciones de devolución clásica para los fondos no reembolsables. Sin embargo, sí implican una condicionalidad estructural o estratégica.

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El «precio» de acceder a estos fondos es comprometerse con una transformación profunda del modelo socioeconómico europeo. Esta transformación debe estar en línea con los valores y objetivos promovidos por la Unión Europea. Como se mencionó antes, estos valores combinan principios tradicionales como sostenibilidad, cohesión social y territorial, inclusión o transición energética. También incorporan objetivos más recientes como competitividad económica, innovación o autonomía estratégica europea. Ambos fondos comparten no solo el objetivo de reconstrucción, sino también una visión instrumental de la condicionalidad. Esta trasciende lo técnico o financiero.

La estrategia europea en el uso de estos fondos refleja un ejemplo claro de soft power o poder blando. Se trata de un uso estratégico de la influencia en el que la Unión Europea es pionera. De hecho, el propio sistema de otorgación de fondos constituye una herramienta de poder blando. Este se alinea con los valores europeos de inclusión e igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, garantiza que los fondos se usen eficazmente y no sean malgastados. A continuación, se presentarán ejemplos específicos para comprender mejor la relación entre fondos europeos y poder blando.

Fondos europeos en acción: sostenibilidad, innovación, cohesión y seguridad

Uno de los ejemplos más evidentes del uso de condicionalidad estructural como poder blando son los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR). Estos planes no solo están disponibles para los Estados miembros y sus gobiernos, sino que también pueden ser impulsados por particulares desde autoridades locales. Dentro del presupuesto, exigen condiciones temáticas mínimas. Normalmente se incluyen ejes como sostenibilidad, transición energética, digitalización o competitividad, cada uno con un porcentaje mínimo del presupuesto total.

Así se garantiza una condicionalidad no económica, pero sí programática y estructural. Esto asegura que la reconstrucción y modernización regional se realicen bajo los valores y criterios europeos. En lugar de que Bruselas imponga estándares mínimos de sostenibilidad o digitalización, las exigencias dentro de los planes ya garantizan esos estándares. De esta manera, la UE encamina el desarrollo regional, económico y social en torno a valores comunes capaces de consolidar una identidad europea.

Desde la perspectiva de la innovación científica, programas como Horizon Europe ofrecen visibilidad y apoyo económico a investigadores. Sin embargo, también incluyen un fuerte componente de competitividad. Las propuestas deben alinearse con prioridades como digitalización, salud pública o transición verde. Además, deben justificar el impacto europeo del proyecto. Es decir, demostrar que el problema abordado es europeo, no solo nacional o regional, y explicar cómo los resultados beneficiarán a toda la sociedad y economía europeas.

En cuanto al fomento de la competitividad, la UE promueve proyectos con potencial de transferencia, innovación y mercado. Estos deben ir más allá del conocimiento académico y tener capacidad de aplicación económica y social. Generalmente, no se financian ideas tempranas. Se exige viabilidad comercial futura o potencial de escalar los resultados en el mercado europeo.

En el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se financian políticas de inclusión, empleo juvenil, formación o igualdad de género. Se exige que las acciones estén vinculadas a los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Además, se prioriza que estén conectadas con reformas nacionales de impacto medible, como empleabilidad o reducción de brechas sociales. Esto permite alinear las políticas sociales con las prioridades de la UE y demostrar con resultados el éxito de los fondos.

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El último ejemplo es el Mecanismo RescUE y otros fondos de defensa y seguridad. Más allá de la producción de armamento, estos fondos cubren áreas como Protección Civil o ciberseguridad. La UE impone como condición el desarrollo de capacidades compartidas, es decir, europeas y no solo nacionales. También exige que se garantice la interoperabilidad entre Estados miembros.

Con estas iniciativas, la Unión Europea amplía sus capacidades defensivas y de seguridad en un contexto global inestable y de rearme. Además, alinea los proyectos con la doctrina de autonomía estratégica. En este marco, se plantea la posibilidad de crear un futuro ejército europeo con recursos comunes.

Financiar para transformar

Los ejemplos expuestos demuestran cómo los fondos refuerzan el liderazgo geopolítico de la Unión Europea mediante condiciones que promueven un modelo socioeconómico alineado con sus valores. En otras palabras, Bruselas ha logrado reconstruir Europa tras una crisis económica severa y, al mismo tiempo, guiar a los Estados miembros hacia una visión común del futuro, sin importar el ámbito.

Además, la UE, que siempre ha valorado su identidad basada en la diversidad, comienza ahora a construir una verdadera identidad común. Como ilustran los ejemplos, las futuras ciudades europeas serán verdes, inteligentes y competitivas. La investigación convertirá ideas en valor económico y social. Las políticas sociales impulsarán cohesión e inclusión territorial. Y los proyectos de seguridad y defensa estarán centrados en una política supranacional, no solo cooperativa. El objetivo es una Europa más integrada, estratégica, autónoma y cohesionada.

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Esta dinámica, que no es impositiva, también permite proyectar una imagen de Europa como actor global competitivo gracias a su poder blando estructural. Sin embargo, queda por ver si este modelo podrá replicarse fuera del contexto europeo. Parece poco probable, ya que su éxito depende de una arquitectura institucional muy particular.

La combinación de legitimidad compartida, narrativa común y una ciudadanía dispuesta a asumir reformas a cambio de una promesa colectiva de futuro, es exclusiva de la Unión Europea. Más que un modelo exportable, puede considerarse una marca propia de gobernanza europea en el turbulento siglo XXI.


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Exjefes de las FARC reconocen que reclutaron forzosamente a 18.000 niños durante el conflicto

Excomandantes guerrilleros aceptan cargos por reclutamiento forzoso de menores y se exponen a penas de hasta dos décadas de prisión.

El último secretariado de las extintas FARC admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber reclutado de manera forzosa a más de 18.000 menores durante el conflicto armado colombiano. La propia Justicia transicional evaluará ahora la respuesta de los seis excomandantes citados, quienes podrían enfrentar penas de hasta veinte años si la Unidad de Investigación y Acusación decide formular cargos y los derrota en juicio.

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En una carta enviada desde Bogotá, los antiguos jefes guerrilleros declararon: «Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados». Además, describieron el daño colectivo como «una herida» que dejó huellas profundas en familias y comunidades, y solicitaron a la JEP «una única resolución de conclusiones» que agrupe los diferentes hechos investigados.

Los firmantes (entre ellos Rodrigo Londoño, alias «Timochenko») se comprometieron a aportar verdad, reparación y garantías de no repetición. «Sabemos que no basta con reconocer los hechos: también es necesario contextualizarlos y aportar a una verdad completa y útil», afirmaron, al tiempo que se ofrecieron a impulsar medidas de reparación para las víctimas.

Se investigan más hechos delictivos

La JEP recordó que, además del reclutamiento, analiza otros cuatro patrones criminales, incluida la violencia sexual y reproductiva. El tribunal especial advirtió mediante un comunicado que «evalúa» la admisión del secretariado y que cualquier decisión estará sujeta al marco procesal de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz.

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Entre 1996 y 2016, la JEP cifró en 18.677 las víctimas menores de edad sometidas no solo a portar armas, sino también a violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios. Londoño negó inicialmente esos reclutamientos, recurrió varias veces ante la jurisdicción, pero años después matizó que existieron «casos excepcionales». Junto a él están imputados en el caso 007 figuras como Julián Gallo («Carlos Antonio Lozada»), Pastor Alape y Jorge Torres Victoria («Pablo Catatumbo»).

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Nueva estafa en WhatsApp roba cuentas por videollamada para pedir bizums

Compartir pantalla puede costarte la cuenta. Descubre esta nueva técnica de suplantación en WhatsApp detectada por Incibe.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) advirtió de una «nueva estafa» que aprovecha una simple videollamada para robar cuentas de WhatsApp, suplantar identidades y solicitar Bizums a los contactos de la víctima. La alerta parte de la consulta telefónica de un usuario al 017, donde explicó que perdió el control de su perfil tras responder a la llamada de un conocido en la que solo se percibía oscuridad.

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Según el relato recogido por Incibe, la víctima comentó que «no se veía nada», y el supuesto amigo respondió que sufría «un problema con el dispositivo». A continuación le pidió compartir pantalla para verificar si la imagen aparecía, movimiento que abrió la puerta al fraude. Mientras la pantalla estaba expuesta, entró un SMS de WhatsApp con el código de seguridad, visible tanto para el propietario como para el ciberdelincuente.

Con esa clave en la mano, el atacante obligó el cierre de sesión e instaló la cuenta en otro teléfono. Minutos después, varios contactos del afectado recibieron mensajes urgentes solicitando dinero por Bizum. Otros contactos, en cambio, recibieron la petición de reenviar «el código que acabas de recibir por SMS», táctica clásica para encadenar más secuestros.

Cómo actuar si eres víctima

Incibe detalló las primeras acciones de mitigación. Entre ellas, avisar a todos los contactos para que ignoren peticiones sospechosas y advertir al perfil desde el que partió la videollamada, ya que también ha perdido el control de su cuenta. «Es fundamental alertar de inmediato para evitar más engaños», subrayó la entidad pública.

El siguiente paso consiste en reinstalar WhatsApp y reclamar un nuevo código. Si la aplicación obliga a esperar entre nueve y once horas, conviene reintentar más tarde. Además, se recomienda contactar con el soporte de la ‘app’. Si la recuperación falla, la ruta oficial pasa por escribir al Delegado de Protección de Datos de WhatsApp y, tras un mes sin respuesta, denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

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Finalmente, Incibe insta a reunir pruebas (capturas y mensajes) y poner una denuncia presencial ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para evitar caer en la trampa, el instituto aconseja también activar la verificación en dos pasos, desconfiar de compartir pantalla y, sobre todo, «no facilitar ningún código recibido».

El fundador de Twitter Jack Dorsey crea una aplicación de mensajería encriptada que funciona sin internet

Esta nueva app descentralizada emplea Bluetooth sin necesidad de Internet ni servidores. Eso consigue que los mensajes sean cifrados y resistentes a los apagones e intentos de censura.

Jack Dorsey presentó Bitchat, una aplicación de mensajería descentralizada y encriptada que opera sobre Bluetooth y ya cuenta con una beta de 10.000 usuarios. Lanzada el lunes 7 de julio de 2025, la herramienta funciona sin conexión a Internet y prescinde de servidores, cuentas y recopilación de datos, lo que la convierte en una opción de comunicación resistente a cortes de red y censura.

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El empresario anunció en X que Bitchat es un «experimento» que le recuerda al antiguo chat IRC. Además, describió el servicio como una «red en malla» Bluetooth. También subrayó que la plataforma «no usa servidores, cuentas o recolección de datos», lo que refuerza su carácter privado y descentralizado.

La versión beta, disponible a través de TestFlight, alcanzó rápidamente el cupo máximo de participantes. Dorsey explicó que el equipo «están revisando la aplicación para su lanzamiento completo» y respondió durante la jornada a los comentarios de quienes ya la han probado, indicando ajustes y mejoras en curso.

Promete el anonimato

Un documento técnico publicado en GitHub detalla que Bitchat «provee comunicación efímera y encriptada sin apoyarse en infraestructuras de internet». De igual modo, los mensajes se almacenan solo en los dispositivos, desaparecen por defecto y nunca llegan a un servidor central. Asimismo, permite «chatear en público» o crear salas protegidas por contraseña.

Conocido por su trayectoria en proyectos de código abierto, Dorsey fundó Twitter (ahora X) en 2006, Square (hoy Block) en 2009 y Bluesky en 2019, dejando esta última junta directiva en 2024. Su filosofía, afirmó, busca contrarrestar el dominio de las grandes tecnológicas sobre la innovación, incluida la inteligencia artificial.

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Trump anuncia el envío de más armas a Ucrania ante los ataques de Rusia

El presidente de Estados Unidos asegura que está «decepcionado» con Putin por no cesar la guerra e iniciar negociaciones.

Estados Unidos reactivará el suministro de armamento a Ucrania. Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que ordenará nuevos envíos tras la pausa decretada la semana pasada, revés que él mismo deshizo al afirmar que Kiev «tiene que ser capaz de defenderse».

«Vamos a enviar más armas. Tenemos que hacerlo. Están recibiendo golpes muy duros ahora», señaló el mandatario, subrayando que los cargamentos incluirán «armas de defensa principalmente». El líder estadounidense habló con frases breves y directas, y después retomó un tono más extensivo para justificar la urgencia del despliegue.

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Acto seguido expresó su frustración con Moscú. «Estoy decepcionado, francamente, de que el presidente Putin no haya parado. No estoy contento por ello», dijo. Su queja se apoya en el parte de Volodímir Zelenski, donde asegura que cerca de 1.270 drones, 39 misiles y alrededor de mil bombas guiadas impactaron en territorio ucraniano durante la semana que faltó la ayuda estadounidense.

El giro llega tras la revisión del Pentágono, que congeló los lotes comprometidos por la Administración anterior para comprobar el stock y preservar las «prioridades de defensa» estadounidenses. Sin embargo, Kiev replicó convocando al encargado de negocios, John Ginkel, y le advirtió de que cualquier demora «alentará al agresor» ruso a «prolongar la guerra y el terrorismo».

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Políticas migratorias de Trump: el rol del ICE y sus consecuencias en Estados Unidos

Durante la administración de Donald Trump, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se ha convertido en el eje de una política migratoria marcada por redadas masivas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Estas acciones provocaron una fuerte respuesta social, especialmente en estados como California, donde surgieron protestas en defensa de los inmigrantes y la soberanía estatal. Este artículo analiza el impacto del ICE, la resistencia ciudadana y las tensiones entre el poder federal y local.

Las políticas de migración de la administración de Trump han demostrado tener un impacto reactivo en la sociedad estadounidense. Desde los inicios de su segundo mandato, el presidente ha puesto en marcha diversas medidas para frenar los flujos de inmigración a Estados Unidos.

Sin embargo, se ha detectado  que estas políticas han provocado una respuesta por parte de ciertos sectores de la población que se manifiestan en contra de los métodos de persecución y exportación hacia los migrantes. Así, como el mismo hecho de realizar estas exportaciones masivas. Estos métodos se han mostrado violentos e incluso inconstitucionales, lo que se ha materializado en formas de resistencia dentro del país. 

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¿Qué es el ICE?

El ICE, U.S. Immigration and Customs Enforcement es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, creada en 2003 tras los atentados del 1 de septiembre del 2001 como parte de la reestructuración de las agencias de seguridad del país. Sus principales funciones son las investigaciones de seguridad nacional (Homeland security investigations, HSI) y Operaciones de Ejecución y deportación (Enforcement and removal operations. ERO). Sus competencias, por tanto, no se limitan a hacer cumplir las leyes de inmigracion, puesto que su labor está orientada a proteger a la patria, es decir, proteger la seguridad interna del país y actuar  frente a delitos transnacionales como el tráfico de personas, los ciberdelitos o el contrabando de armas.  

Pero entonces, ¿por qué el ICE ha cobrado particular importancia en el debate público más reciente y se ha convertido en objeto de controversia? La respuesta es que el servicio de inmigración y control de aduanas es el encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo la detención y la deportación de inmigrantes. Lo hace mediante operaciones para identificar y arrestar a inmigrantes indocumentados, así como a aquellos que han cometido delitos y representan una amenaza para la seguridad pública o nacional. Para ello, el ICE realiza redadas en distintos espacios, incluyendo lugares de trabajo, comunidades y centros de detención. 

La agencia ha resonado especialmente en años recientes mostrándose como una figura polémica, e incluso como un “villano” dentro de ciertos relatos críticos. Esto es debido a la manera en la que ejecuta sus funciones, las cuales, según diversos activistas, académicos y organizaciones civiles, han derivado en prácticas que son vistas como inhumanas, discriminatorias y, por tanto, excesivas.

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Sobre los Derechos Humanos

En este sentido, Human Rights Watch afirma que las políticas de la administración de Trump amenazan los derechos humanos. El movimiento global de Amnistía Internacional ejemplifica estas violaciones en un informe titulado Caos y Crueldad. 10 graves ataques a los derechos humanos. Dicho informe analiza los ataques del presidente Trump contra los derechos humanos nacionales e internacionales en sus primeros 100 días de gobierno respaldado con análisis e investigaciones de las medidas que ha tomado su administración. 

Asimismo, mediante una orden ejecutiva emitida en abril, se expandió el poder del gobierno federal a la policía local y estatal. Esta militarización ha tenido implicaciones profundas estableciendo como blancos a las comunidades inmigrantes. Lo que pretendía el presidente es que la policía local respondiera al poder ejecutivo, demandando que se advengan como agencias auxiliares del control federal de inmigración, lo que ha triplicado el número de las asociaciones con el ICE.

Las consecuencias de involucrar a la policía local en tareas migratorias son múltiples y preocupantes: desde persecuciones a alta velocidad que terminan con la vida tanto de ciudadanos como de inmigrantes, hasta el temor generalizado entre las personas migrantes de llamar al 911 por miedo a ser detenidas. Además, quienes no cuentan con ciudadanía y han sido víctimas o testigos de un crimen rara vez reciben la protección necesaria para colaborar con la policía o con los fiscales, lo que dificulta el acceso a la justicia y debilita el trabajo de las autoridades.

En un informe publicado durante la primera administración de Trump en el 2020, en conjunto con American Civil Liberties Union (ACLU), Human Rights Watch (HRW) y el National Immigrant Justice Center se analiza el crecimiento del sistema de detención de inmigrantes desde 2017. El informe titulado Zonas sin justicia expone lo alarmante del funcionamiento del sistema de detención migratoria bajo la administración de Trump. Esto es, porque las detenciones y deportaciones de migrantes no se limitan a los delincuentes. Así como se favorece a operadores privados y se deterioran las condiciones de vida de los detenidos, lo que pone en evidencia un sistema opaco, con escasa supervisión y graves implicaciones para los derechos humanos. Condiciones que, en la actualidad, no han hecho más que agravarse. 

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Revueltas

A pesar de que el pasado 14 de junio Trump ordenó pausar las redadas en granjas, hoteles y restaurantes dado que se habían visto amenazados diversos sectores que dependen de la inmigración, poniendo en riesgo su viabilidad, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado esta disposición y Altos funcionarios del ICE instruyeron a los agentes a continuar con los arrestos de los trabajadores sin estatus legal. A la vez que el presidente ordenó las redadas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 

Ante este contexto, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en un ejemplo representativo de resistencia frente a las redadas migratorias. Al ser una de las localidades con mayor concentración de población inmigrante en Estados Unidos, surgieron manifestaciones en defensa de la comunidad que ha derivado en una escala política. Trump llevaba tiempo solicitando el uso del ejército para sofocar las protestas y en Los Ángeles se presentó la oportunidad. Ordenó el despliegue del ejército en la ciudad a pesar de que, legalmente, las fuerzas armadas no pueden movilizarse a un estado sin la solicitud del estado en cuestión. 

El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso rotundamente tanto al envío del ejército como a las redadas que realizó el ICE, denunciando que el gobierno federal estaba pasando por alto no solo las protestas de la ciudadanía sino también la soberanía del estado.

Trump, en su exceso del poder, actuó sin el consentimiento de la autoridad estatal, generando un conflicto de competencias entre el gobierno federal y las instancias estatales. En respuesta, el gobernador Newsom ha emprendido acciones legales contra el presidente por el despliegue de las tropas lo que viola los principios del federalismo estadounidense. 

Así, lo que empezó como una reacción ante las redadas del ICE, se ha transformado en una cuestión más profunda sobre los límites del poder presidencial. El despliegue del ejército, lejos de restablecer el orden, ha provocado mayor tensión y caos. 

Es necesario recordar que California se caracteriza por ser un estado históricamente construido por comunidades migrantes, especialmente latinoamericanas. El Public Policy Institute of California manifiesta que en California residen 10.6 millones de inmigrantes, casi la mitad de los niños de California tiene al menos un padre migrante y una tercera parte de los adultos en edad laboral, entre los 24 y 54 años son nacidos en el extranjero.

Asimismo, el sector agrícola se ha sostenido en gran parte gracias al trabajo de migrantes, razón por la cual muchas ciudades del estado se han declarado santuarios, con la intención de proteger estas poblaciones. Las manifestaciones que han tenido lugar en Los Ángeles no son solamente reaccionarias ante las políticas migratorias agresivas, como así empezó, si no que son la expresión de una comunidad que busca defender la autonomía de su estado y resistir los abusos del poder federal.  

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De Siria a ¿Libia? El futuro de las bases militares rusas en el Mediterráneo

Tras la incertidumbre sobre el futuro de sus bases en Siria y el creciente desgaste en la guerra de Ucrania, Rusia redirige su estrategia militar hacia el continente africano. Libia, Sudán y el Sahel emergen como nuevos puntos clave para ampliar su presencia y reforzar su pulso con Occidente. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Roberto Mansilla Blanco, analiza los intereses geopolíticos del Kremlin en una región cada vez más disputada por las grandes potencias: el denominado Flanco Sur de la OTAN.

El incierto futuro en torno a las bases militares rusas de Tartus y Hamaimim en Siria tras la caída en diciembre de 2024 de su principal aliado en Oriente Próximo, el régimen de Bashar al Asad, ha obligado al Kremlin a reorientar sus prioridades geopolíticas y de seguridad, ampliando su radio de interés más allá de esta región. 

Tres escenarios entran ahora en esta nueva ecuación para Moscú: Libia, Sudán y el Sahel. Rusia ha fortalecido alianzas y negociaciones para abrir bases militares y crear marcos de cooperación y de presencia militar en estos países del continente africano. Hasta ahora el único paso firme ha sido con Sudán tras el acuerdo suscrito en febrero pasado entre Moscú y Jartum.

Las bases rusas en el exterior

Además de las bases sirias y la de Sudán, Rusia tiene actualmente presencia militar en países como Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y Armenia. También la tiene en entidades estatales de facto con escaso reconocimiento internacional, como Transnistria (Moldavia), Abjasia y Osetia del Sur (Georgia).

Desde la época soviética, Moscú tuvo bases militares en Cuba (en la localidad de Lourdes, cerrada en 2002) y Vietnam (en Cam Ranh, cerrada en 2004). Aunque esta última sirve actualmente como centro logístico para buques y submarinos rusos.

El actual clima de tensiones con Occidente ha persuadido a Moscú a estudiar la posibilidad de reabrir esas bases en Cuba y Vietnam. Al mismo tiempo, otros aliados como Venezuela han insistido al Kremlin en la apertura de una base militar rusa en su territorio, lo cual le daría a Moscú un mayor radio de actuación en el hemisferio occidental.

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En 2005, Moscú abrió en Venezuela una fábrica de fusiles Kalashnikov que se ha visto repotenciada con los últimos acuerdos. Pero hasta el momento no existen evidencias concretas sobre la posibilidad de apertura de una base militar rusa.

Por otro lado, y si bien Rusia aprobó en noviembre de 2024 un importante aumento de inversión en su presupuesto de Defensa (6,3 % de su PIB) y un aumento del gasto militar del 24,4 % para el trienio 2025-2027, la perspectiva en el horizonte de un período de recesión económica (así reconocido oficialmente por el Kremlin) ha generado dudas. Esta recesión está en gran medida determinada por el oneroso gasto de la guerra en Ucrania. Como consecuencia, ha persuadido al presidente ruso, Vladímir Putin, a anunciar el pasado 27 de junio la posibilidad de un recorte en su presupuesto de defensa para este 2025.

Sin desestimar el clima de tensiones ruso-occidentales, la eventualidad de un alto al fuego en el conflicto ruso-ucraniano es una posibilidad que sigue estando presente. Así se ha visto con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y, principalmente, tras la reciente conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron. Fue la primera que se realiza en más de tres años.

No obstante, Putin ya ha advertido a Trump que la tregua debe realizarse bajo las condiciones rusas y que el Kremlin mantiene intactos sus objetivos iniciales en Ucrania.

A todo ello se une la necesidad de la flota rusa de alcanzar la navegabilidad en aguas cálidas, con el interés enfocado en el Mediterráneo. Destaca aquí el peso de la Flota del Mar Negro en Sebastopol (Crimea), bajo soberanía rusa desde 2014. La flota rusa ansía alcanzar el Mediterráneo vía el Mar Negro, para adentrarse hacia el Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos, ambos bajo soberanía turca.

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En este apartado, Rusia y Turquía (este último país miembro de la OTAN, pero que ha girado igualmente su atención hacia el eje euroasiático sino-ruso) han mantenido un clima de relaciones intermitentes y con altibajos. A la hora de consensuar sus respectivos imperativos geopolíticos, Siria ha sido precisamente uno de esos puntos de fricción.

La presencia de la OTAN en el Flanco Sur Mediterráneo

Bajo un clima de tensiones con Occidente por la guerra en Ucrania y ante el incierto futuro de sus bases en Siria, Moscú acelera sus imperativos de seguridad en otras latitudes. Lo hace con vistas a reforzar sus posiciones geoestratégicas en el Mediterráneo (Libia); el Cuerno de África, el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Mar Arábigo (Sudán); así como en África Central y el Sahel.

En el caso del Sahel, el Kremlin posee aliados importantes como Malí, Níger y Burkina Faso. En estos países ya existen contingentes del grupo militar ruso Wagner, actualmente reconvertido en Africa Corps. Debe destacarse la cercanía geográfica entre Libia, Sudán y el Sahel, un aspecto que le otorga a Moscú ventajas desde el punto de vista logístico.

Asimismo, Rusia observa con atención el Flanco Sur mediterráneo de la OTAN, un espacio cada vez más importante para sus intereses geopolíticos, geoeconómicos y de seguridad. Esta perspectiva es compartida por la propia Alianza Atlántica, cuyo Flanco Sur incluye el Mediterráneo y el Sahel como una zona de interés estratégico. Esto se debe a la inestabilidad y amenazas como el terrorismo y la migración irregular. Este interés estratégico, muy seguramente, aumentará ante la creciente presencia rusa y china en esas regiones.

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La Alianza Atlántica, cuya última cumbre en La Haya (24 y 25 de junio) aprobó el aumento del gasto militar a un 5 % entre sus países miembros, tiene presencia naval en el Mediterráneo a través de la Sexta Flota de EE. UU. Esta opera dentro del marco operativo de seguridad Operation Sea Guardian, que incluye bases en España (Rota y Cartagena), Italia (Nápoles), Grecia y Turquía.

El foco de estas operaciones se concentra principalmente en la lucha contra el terrorismo y la seguridad marítima. Destaca en este apartado la importancia de la base en Nápoles, que desde 2018 es el centro de referencia en la OTAN para incrementar el conocimiento sobre la evolución de la situación de seguridad. Su atención se centra principalmente en el Norte de África, el Sahel, África Subsahariana y Oriente Medio.

En el caso del Cuerno de África, destaca la cooperación de la OTAN con Yibuti, especialmente en operaciones de lucha contra la piratería. Estas se amplían hasta el Golfo de Adén y aguas adyacentes, en colaboración con otros países y organizaciones.

Libia: ¿el nuevo peón mediterráneo de Moscú?

La caída del régimen de Muammar al Gadafi en 2011, con la intervención de la OTAN al calor de la denominada Primavera Árabe, implicó para Moscú un revés geopolítico. Desde entonces, Rusia intenta reconvertir esa pérdida a su favor mediante una mayor implicación en la política libia.

Este contexto sigue determinado por el conflicto armado entre diversas facciones, lo que ha propiciado una división territorial de facto entre las regiones de Tripolitania, Fezzan y Cirenaica.

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Si bien la posibilidad de apertura de una eventual base militar rusa en Libia sigue manejándose en el terreno de las especulaciones, Moscú ha iniciado contactos con las autoridades libias para sondear esta opción. De concretarse este acuerdo, Rusia tendría en sus manos un estratégico grado de operatividad en el Mediterráneo y el Magreb.

Dentro de los intereses rusos en Libia destaca un nombre clave: Jalifa Hafter, el líder del Ejército Nacional Libio (ENL), que desde 2019 controla prácticamente la provincia de Cirenaica, al este del país. Además, ejerce una fuerte influencia en la vecina provincia de Fezzan.

El Kremlin tiene en Hafter a su «hombre fuerte» en Libia, con quien aspira a concretar acuerdos para desplegar sistemas de armamento avanzados. Uno de sus objetivos es la apertura de una base de misiles de largo alcance en la localidad de Sebha, capital de la región de Fezzan, en pleno desierto saharaui y a 900 kilómetros de la capital libia, Trípoli.

Bajo control del ENL, Sebha destaca igualmente por ser uno de los centros neurálgicos del tráfico ilegal en el Sahel. Es, además, un lugar muy disputado por las diferentes facciones armadas libias. Su importancia aumenta por la presencia de los yacimientos petrolíferos de Al-Sharara, cuyo control es esencial para las facciones armadas libias, especialmente las tribus tuareg, tubu y ulad suleiman.

Al mismo tiempo, esta localidad está a escasos 1.000 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa, un epicentro de la crisis migratoria hacia Europa. El riesgo para Moscú consiste en que la inestabilidad de esta región la convierte en una zona especialmente difícil y costosa de asegurar.

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Rusia también está ampliando su presencia militar en Libia, transfiriendo efectivos y equipos hacia la base de Maaten al Sarra, en la frontera con Chad y Sudán. Esta base es un centro de información clave para Moscú, ya que le permite monitorear el control del Sahel.

Moscú ha transferido efectivos (principalmente sirios) a Maaten al Sarra con el objetivo de transformarla en un punto estratégico para operaciones militares en África. Este enclave es especialmente relevante a la hora de abastecer directamente a países aliados como Mali, Burkina Faso y, potencialmente, Sudán.

Son cada vez mayores los vuelos directos entre Bengasi (Libia) y la base rusa de Hamamin, en la provincia de Latakia (Siria). Su finalidad es asegurar el control para Moscú de una especie de cuadrilátero geográfico. Este se organiza en torno a las bases aéreas de al Khadim, al este de Libia; al Jufra, en el centro; al Brak al Shati, al suroeste de Sebha; y al Qurdabiya, en Sirte, en la zona centro-norte.

Estas bases albergan defensas aéreas, cazas rusos MiG-29 y drones. Son operadas por un contingente mixto de personal militar ruso y mercenarios del Grupo Wagner, ahora reconvertido en Africa Corps.

Moscú pretende convertir la base de Maaten al Sarra en un centro logístico clave para sus operaciones en África y el flujo de suministros hacia otras zonas del Sahel, donde ya ha consolidado su presencia militar. Además, esta base también es estratégica para proteger las rutas de suministro hacia Sudán, un país que sufre una grave inestabilidad interna. La situación está marcada por una crisis humanitaria provocada por el conflicto armado y las condiciones climáticas.

Sudán: un paso estratégico para el comercio mundial

Mientras avanza en su presencia en Libia, Moscú observa a Sudán como otro punto logístico y estratégico. Tras varias negociaciones y algunas reservas por parte sudanesa, en febrero pasado, Rusia acordó con Sudán la apertura, por un período de 25 años, de una base logística naval en la localidad de Port Sudan, en la costa del Mar Rojo. Así lo anunció el ministro sudanés de Exteriores, Alí Youssif Ahmed al Sharif, tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

La base acogerá un máximo de 300 efectivos, además de cuatro buques de guerra, incluyendo aquellos de propulsión nuclear. El propio Lavrov justificó este acuerdo sobre la base naval debido al «interés de Rusia en la estabilización de Sudán», la «necesidad de poner fin a las acciones militares en el país» y la promoción de un diálogo nacional donde participen «las fuerzas políticas, étnicas y religiosas».

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Es pertinente recordar que Sudán vive, desde abril de 2023, un conflicto interno entre el gobierno liderado por el general de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), Abdel Fattah al-Burhan (quien tomó el poder en 2021 tras un golpe de Estado) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El país ha transitado durante décadas por golpes de Estado, autoritarismo, conflictos internos y crisis humanitarias, que llevaron en 2011 a la secesión de Sudán del Sur, cuya legitimidad estatal fue inmediatamente reconocida por la ONU.

Diversas fuentes advierten sobre la posibilidad de una internacionalización del conflicto sudanés y su expansión regional por el Cuerno de África y África Central, zonas igualmente inestables. Este contexto implicaría directamente a Rusia, con los consecuentes riesgos para su seguridad ante su presencia en el país vía la base naval de Port Sudan.

Con todo, Rusia aumenta sus imperativos geopolíticos, geoeconómicos e incluso su rol como interlocutor y negociador para el diálogo que ponga fin al conflicto armado que vive Sudán. No se debe pasar por alto la cercanía de otros países igualmente inestables, como Somalia y Yemen. Este último sufre una guerra civil entre facciones gubernamentales apoyadas por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes apoyados por Irán.

La base naval rusa también funcionaría como un centro logístico de control y monitoreo de rutas económicas vitales, por ser el paso entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El Mar Rojo es una ruta clave para el comercio entre Asia y Europa a través del Canal de Suez. Este conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y es una vía rápida y eficiente para el transporte de mercancías. Además, el Mar Rojo es importante para el comercio de energía, ya que transporta una gran cantidad de petróleo y gas natural.

El Cuerno de África, el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Mar Arábigo (Sudán) son estratégicos por ser el paso de un 12 % del comercio mundial desde Asia hasta Europa. Su importancia geoeconómica es clave, así como su seguridad, tomando en cuenta los riesgos de internacionalización del conflicto en Yemen. En este conflicto participan directamente Irán, Arabia Saudita e incluso Israel, objeto de ataques de los hutíes, con implicaciones claras para el comercio mundial y la seguridad marítima en el Mar Rojo.

El reciente enfrentamiento entre Israel e Irán amenazó con provocar una crisis económica global ante la posibilidad del cierre, por parte de Teherán, del Estrecho de Ormuz.

El activismo militar de la comunidad hutí está interrumpiendo el transporte marítimo y generando un impacto significativo en las cadenas de suministro globales, incluida la industria de los microchips.

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Esto provoca retrasos en la entrega de componentes y productos finales, así como un aumento en los costos de envío, lo que puede afectar la disponibilidad y los precios de los productos.

Esta breve guerra entre Israel e Irán podría reforzar aún más el interés geoestratégico del Kremlin por su base militar en Port Sudan. Si bien durante este enfrentamiento su apoyo se limitó al aspecto diplomático y moral, Moscú observa a Irán como su principal aliado geopolítico en Oriente Próximo. Esta perspectiva se ha fortalecido aún más tras la caída de su aliado sirio.

Sahel: penetrar en el corazón de África 

El Sahel, principalmente a través de Burkina Faso, Malí y Níger, se ha convertido en otro espacio estratégico de interés para Moscú vía asistencia militar, apoyo político e inversiones. Estos tres países han creado la Alianza de Estados del Sahel (AES), adoptando un giro soberanista y anticolonialista que implicó para la ex metrópolis, Francia, perder esferas de influencia a favor de Rusia y China.

En este sentido, el Kremlin ha defendido esta narrativa «autóctona» antiimperialista con fines propagandísticos para afianzar sus influencias en el Sahel. Por tanto, son tres los vectores que guían a Rusia a penetrar en la región: la cooperación política y militar; el carácter propagandístico y de desinformación antioccidental; y los jugosos contratos económicos para empresas rusas.

Rusia pretende así ampliar su pulso con Occidente en el denominado Flanco Sur de la OTAN. Se siente persuadida a avanzar ante el atascamiento de la guerra en Ucrania y la pérdida de un socio geopolítico en Oriente Medio, como lo fue la Siria de Bashar al Asad. Moscú observa con atención el interés geoeconómico en minerales y “tierras raras” en países como Chad y República Centroafricana, así como las oportunidades de contratos y asistencia militar vía el Grupo Wagner y su sustituto, Africa Corps.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quien llegó al poder en 2022 tras un golpe de Estado, se ha convertido en una pieza clave para el Kremlin en el Sahel y África Central. Es un aliado útil para propagar una especie de «renacimiento africano» de carácter anticolonialista y multipolar. Su presencia en el Desfile del Día de la Victoria contra el Nazismo, en la Plaza Roja de Moscú el pasado 9 de mayo, revela esas intenciones del Kremlin.

Rusia aspira a abrir en Burkina Faso una central nuclear orientada a duplicar la producción de energía eléctrica en ese país para 2030. Este proyecto resulta imperativo para sus intereses geopolíticos en África Occidental. Al mismo tiempo, Moscú aspira a fomentar una imagen de fortaleza del AES, especialmente en el caso de Burkina Faso, donde el presidente Traoré avanza en un programa reivindicativo soberanista contra las multinacionales occidentales que controlan el sector minero.

El interés propagandístico del Kremlin a favor de Traoré tiene como objetivo convertirlo en un referente africano. La idea es que potencie nuevos socios, contratos y esferas de influencia continentales para una Rusia que se presenta como un actor de cooperación igualitario, tendiente a fomentar vínculos multilaterales y multipolares con los países africanos.

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No obstante, en la región persisten problemas crónicos de seguridad ante la presencia de grupos yihadistas, crisis socioeconómica, alimentaria y migratoria, conflictos armados, golpes militares y proliferación de redes criminales. Todo esto contrasta con el triunfalismo propagandístico que tanto la AES como el Kremlin insisten en propagar.

Según datos del Índice Global de Terrorismo del Instituto para la Economía y la Paz, el 51 % de las víctimas mortales registradas en el planeta por terrorismo internacional se concentran en el Sahel. Contrario al discurso oficial de erradicación del yihadismo, y pese a que la AES creó una Fuerza Conjunta de unos 5.000 efectivos, los grupos activos en la zona se fortalecen cada vez más.

Destacan el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, alineado con Al Qaeda) y el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS), cuyo radio de actuación está alcanzando otros países como Benín y regiones como el Golfo de Guinea.

En Malí, Moscú ha enviado tanques T-72 (muy activos en el frente ucraniano), mientras el Africa Corps ejerce una influencia clave en las decisiones políticas y militares de la AES. Visto en perspectiva geopolítica, esto podría implicar el fomento de cambios políticos, vía golpes militares o conflictos internos, que favorezcan los intereses rusos. Como lo fue su antecesor, el Grupo Wagner, el Africa Corps se ha reconvertido en un poderoso lobby de influencia en estos países, a favor de los intereses económicos de Moscú.

Otro país de influencia rusa es Guinea Ecuatorial. Unos 200 instructores militares rusos (en gran medida miembros del Africa Corps) llegaron a su capital, Malabo, en otoño de 2024. Allí se han convertido prácticamente en la guardia de élite del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del actual presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su supuesto sucesor.

Otro caso es Chad, donde Rusia tiene presencia militar vía el Africa Corps. A esto se suma el respaldo de aliados como el presidente húngaro Viktor Orbán, quien ya anunció el envío de entre 200 y 400 efectivos militares. Lo hizo bajo el paraguas de «luchar contra la inmigración ilegal», pero, visto en perspectiva geopolítica, muy probablemente actuarán en ese país bajo el amparo ruso, con el objetivo de explotar recursos minerales.

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Rusia, China, Estados Unidos, Turquía, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y la Unión Europea observan al Sahel como un escenario creciente de prioridad estratégica. No sólo en materia de seguridad, sino también a la hora de aprovechar las ventajas de adquisición y explotación de recursos naturales vitales para el desafío tecnológico, especialmente las «tierras raras».

A pesar de los riesgos en materia de seguridad por la perenne inestabilidad regional, la puja de estas potencias por controlar esferas de influencia en el Sahel adquiere un imperativo cada vez más geoestratégico. En este apartado, Rusia ha avanzado a paso firme, con perspectivas a largo plazo.

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