Human Rights Watch ha denunciado la condena del líder opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, por nuevos cargos falsos. Un reflejo, según la organización de derechos humanos, de la intensificación de la represión del gobierno ruso contra la disidencia y la libertad de expresión desde el comienzo de la invasión a gran escala de Putin en Ucrania.
“El último veredicto contra Navalny es otra burla a la justicia”, dijo Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Este veredicto está aparentemente destinado no sólo a silenciar a Navalny, sino a servir de advertencia a la sociedad civil rusa y a cualquiera que se atreva a enfrentarse a las políticas del Kremlin”, denunciaba Williamson.
Navalny, tras someterse a tratamiento en Alemania después de su envenenamiento casi mortal en agosto de 2020, fue detenido en enero de 2021 inmediatamente después de su regreso a Rusia. Las autoridades rusas lo acusaron de violar los términos de su libertad condicional mientras estaba en Alemania y en febrero de 2021 lo enviaron a prisión para que cumpliera los 32 meses restantes de su condena suspendida.
Desde entonces, las autoridades rusas han presentado nuevos cargos penales contra él, con el objetivo aparente de garantizar que permanezca encerrado durante muchos años, y de esta manera no pueda seguir movilizando a la sociedad civil rusa y denunciando la corrupción en las más altas esferas del poder.
A fines de 2021, llegó a bromear en sus redes sociales diciendo que saldrá de la cárcel “para la primavera de 2051”. Human Rights Watch informa que el juicio por cargos inventados de malversación de fondos e insultos a un juez tuvo lugar en una colonia penal de Pokrov, donde Navalny ha estado cumpliendo su condena por cargos anteriores. Fue condenado a nueve años más de prisión y a una multa de 1,2 millones de rublos (unos 11.300 dólares).
En febrero, durante el juicio, uno de los testigos de la acusación refutó abiertamente su anterior declaración escrita, diciendo que el investigador del gobierno le amenazó con procesarle y le obligó a recitar lo que aparecía en ella, tal y como lo narraban los investigadores.
El testigo declaró en el tribunal en apoyo de Navalny, afirmando que éste había actuado legalmente y calificando el juicio de “absurdo”. Tuvo que huir del país al día siguiente por miedo a las represalias. Sin embargo, el veredicto omitió cualquier mención a este hecho, y en su lugar incluyó partes de la declaración escrita de este testigo.
Uno de los dos cargos separados contra Navalny, fue por insultar a un juez durante otro juicio al que fue sometido en febrero de 2021. En ese fue declarado culpable de difamación contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial, por criticar un anuncio de enmiendas constitucionales apoyado por el Estado en el que aparecía el veterano de guerra, entre otros.
La otra acusación a la que se enfrentó fue por malversación de donaciones a organizaciones afiliadas al líder opositor ruso, incluida la Fundación contra la Corrupción (FBK), que Alexey Navalny fundó. Parte de la presunta mala conducta fue el hecho de que el acusado supuestamente estaba recaudando fondos para su campaña presidencial, a pesar de que sabía que no podía presentarse debido a una sentencia penal que tenía pendiente debida a una condena anterior por malversación de fondos.
Las autoridades acusaron a Navalny de malversar más de la mitad de todas las donaciones, es decir, más de 356 millones de rublos (con valor de 5 millones de dólares) en beneficio propio. El veredicto del 22 de marzo sólo se refería a 2,7 millones de rublos de los fondos supuestamente malversados.
Uno de los abogados del líder opositor comentó anteriormente que existe otro “caso de malversación mayor” contra Navalny, y que puede haber nuevos juicios contra él por los mismos cargos.
Human Rights Watch anuncia que las autoridades rusas han iniciado otros procedimientos penales contra Navalny, entre ellos la creación de una organización no gubernamental que “invade los derechos de las personas”, en relación con la publicación de las investigaciones anticorrupción de FBK; y por cargos de “extremismo”, en relación con FBK y otros dos grupos afiliados a Navalny que fueron incluidos injustamente en la lista negra de “extremistas” por un tribunal en junio de 2021.
En el último caso, aclara la organización que se combinó con acusaciones anteriores muy dudosas, formuladas contra los ayudantes de Navalny, entre ellas el blanqueo de dinero y la participación de niños en protestas pacíficas aunque no autorizadas. “Los casos contra Navalny forman parte del sombrío panorama de represión del Kremlin contra la sociedad civil rusa y la disidencia pacífica, que se ha intensificado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Williamson.
Desde el 24 de febrero, la policía rusa ha detenido arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos contra la guerra en todo el país. La policía sometió a algunos detenidos a graves malos tratos y a otras violaciones de derechos.
A principios de marzo, las autoridades de la federación aprobaron un paquete de leyes que penalizan la llamada “información falsa” y el “descrédito de las fuerzas armadas rusas”, que castiga con fuertes multas e incluso con largas penas de prisión la información independiente sobre la guerra, comoreferirse al conflicto armado en Ucrania como una “guerra” o el protestar contra la misma.
Desde Human Rights Watch se denuncia la situación de algunos medios de comunicación rusos independiente, obligados a suspender su trabajo, trasladarse fuera del país o que han sido cerrados forzosamente.
Las autoridades rusas también han bloqueado los sitios web tanto de los medios de comunicación independientes rusos como de los extranjeros, han bloqueado las redes sociales extranjeras en el país y han incluido en la lista negra a Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por considerarla “extremista”.
En las dos primeras semanas desde que comenzó la guerra, el 24 de febrero, al menos 150 periodistas abandonaron Rusia. Otras decenas de miles de personas también han huido del país, entre ellas defensores de los derechos humanos y activistas cívicos, debido al drástico aumento del riesgo de detención arbitraria y persecución.
En un reciente discurso público, el presidente Vladimir Putin arremetió contra los llamados “traidores nacionales” y la “quinta columna”, terminología que tiene fuertes asociaciones históricas negativas. “El Kremlin parece decidido a aislar a la sociedad rusa del mundo exterior para apartar a los rusos de los hechos incómodos, incluso sobre la invasión rusa de Ucrania”, denunció Williamson, que de la misma manera quiso advertir del incremento del empeño en desprestigiar a aquellas personas como Navalny que pueden decirle a la gente “que no se crea las mentiras del Kremlin y que el mundo está mirando”, para que no pille de sorpresa una mayor acción por parte de las autoridades rusas.
