Starmer da a Israel hasta septiembre para cesar la ofensiva en Gaza, liberar rehenes y permitir ayuda o pedirá reconocer a Palestina ante la ONU. La amenaza diplomática británica llega tras el respaldo de Francia y España y desata la ira de Netanyahu, que habla de «recompensa a Hamás».
El primer ministro británico Keir Starmer avisó el 29 de julio de 2025 que el Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU de septiembre si Israel no ofrece «medidas sustanciales» para frenar la ofensiva en Gaza y pactar un alto el fuego con Hamás. «Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a menos que el Gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo», afirmó.
Starmer detalló las condiciones exigidas a Israel: permitir la reanudación del suministro de ayuda de la ONU en la Franja, aceptar que no habrá anexiones en Cisjordania y mostrar avances verificables antes de septiembre de 2025. Además, adelantó que el cumplimiento se evaluará «ante la Asamblea General de la ONU» y que la decisión británica está diseñada para «reavivar la perspectiva de una solución de dos Estados».
El líder laborista insistió en que «la condición de Estado palestino es un derecho inalienable del pueblo palestino» y, al mismo tiempo, «es esencial para la seguridad a largo plazo de Israel». Para reforzar esa idea, indicó que Londres ya prepara, junto a «aliados clave», un plan de gobernanza y seguridad en Gaza que permita negociaciones políticas de fondo.
Expresó que Hamás es una «organización terrorista»
Sobre Hamás, el jefe de Gobierno británico no dejó espacio a ambigüedades. Recordó que la milicia islamista «es una organización terrorista responsable de las atrocidades del 7 de octubre» y sostuvo que «jamás debe ser recompensada». Además, exigió la liberación inmediata de todos los rehenes, la firma de un alto el fuego, la renuncia a participar en el futuro gobierno de Gaza y el compromiso con el desarme.
El paso británico llega después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara que Francia votará a favor del reconocimiento palestino en septiembre, siguiendo la estela de países como España. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, celebró que Londres se sume «al impulso creado» por París y declaró que «juntos, a través de esta trascendental decisión y nuestros esfuerzos combinados, estamos poniendo fin al ciclo interminable de violencia y reabriendo la perspectiva de paz en la región».
La respuesta israelí fue fulminante. Netanyahu acusó a Starmer de alimentar «el terrorismo monstruoso de Hamás» y advirtió en X de que «un Estado yihadista en la frontera con Israel hoy, amenazará a Reino Unido mañana». Horas antes, fuentes oficiales en Tel Aviv habían calificado la iniciativa británica como «una recompensa para Hamás» y sostuvieron que entorpece cualquier acuerdo sobre el alto el fuego y la liberación de los rehenes.
Abbas celebra la decisión
El primer ministro británico conversó con Mahmud Abbas y ambos «condenaron el terrible sufrimiento que se vive en Gaza». Además, coincidieron en «la urgente necesidad de que haya un alto el fuego» y de acelerar la entrada de ayuda, según informó Londres. Durante la misma llamada, Abbas celebró el compromiso de reconocimiento palestino anunciado por Keir Starmer, mientras los dos interlocutores insistieron en que Hamás debe liberar a los rehenes, comprometerse con el desarmey aceptar su exclusión de la futura gobernanza de la Franja para facilitar una salida política.
Minutos después, Starmer telefoneó a Benjamin Netanyahu y le recordó que «las atrocidades terroristas perpetradas por Hamás el 7 de octubre de 2023 fueron abominables». También reafirmó que el Reino Unido «se mantiene firme en su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes» y reconoció el derecho israelí a la seguridad. Sin embargo, añadió que «la situación en Gaza es intolerable» y que «la necesidad de que entre ayuda al enclave palestino es ahora más apremiante que nunca», por lo que urgió a Israel a eliminar todas las trabas humanitarias.
India y China protagonizan una rivalidad estratégica que definirá el equilibrio de poder en el siglo XXI. Ambas potencias celebran sus centenarios con proyectos ambiciosos de liderazgo regional y global. Este artículo analiza cómo se preparan para transformar el orden internacional desde visiones profundamente opuestas.
El siglo XXI ha consagrado a Asia como el epicentro de las transformaciones geopolíticas globales. En este nuevo orden emergente, se ha dado una casualidad histórica: sus dos protagonistas aspiran en su centenario a consolidarse como las grandes potencias asiáticas. India y China influirán decisivamente en el equilibrio internacional.
El ascenso simultáneo de ambas naciones, desde mediados del siglo XX hasta hoy, refleja su peso demográfico y económico. También evidencia una ambición compartida por reformular las reglas del sistema internacional desde una posición de poder autónomo.
Tanto China como India han fijado hitos estratégicos con motivo de sus centenarios nacionales: 2049 y 2047, respectivamente. Estos actúan como brújula simbólica y política de sus proyectos estratégicos. No obstante, los caminos que han recorrido desde su fundación moderna son profundamente distintos. El camino indio comenzó con su independencia en 1947, mediante un proceso de descolonización relativamente pacífico.
Este proceso se basó en el constitucionalismo democrático y el liderazgo no violento, con el objetivo de cimentar su construcción nacional. India rompió con el legado cultural británico y comenzó un nuevo camino a partir de medios propios. La partición del país en 1947, que dio origen a Pakistán, provocó una de las mayores migraciones forzadas de la historia contemporánea. Además, cimentó una relación de rivalidad y tensión fronteriza que persiste hasta hoy.
Por su parte, China emergió de una cruenta guerra civil en 1949 con el establecimiento de un Estado comunista centralizado. Este se basó en una estructura partidista sólida que dividió a su sociedad en dos. Parte de su población se exilió y fundó la autodenominada República de China, lo que generó un conflicto de soberanía no resuelto. Este conflicto sigue siendo uno de los principales focos de tensión geopolítica del siglo XX.
Esta diferencia fundacional se traduce en dos modelos distintos de construcción nacional. Mientras India celebraba su primera elección democrática en 1951-52, convirtiéndose en el mayor experimento democrático del mundo, China lanzaba su primera campaña de colectivización agraria. Esta desembocaría en el ‘Gran Salto Adelante’ (1958–1962), con consecuencias devastadoras. Entre ellas, una hambruna que costó decenas de millones de vidas.
Así, las trayectorias de India y China se entrecruzan en múltiples dimensiones. Estas abarcan desde sus modelos de desarrollo económico hasta sus enfoques sobre política exterior y su concepción del poder nacional. En el contexto de sus centenarios, la comparación entre ambas potencias resulta especialmente útil. Esto cobra relevancia en la coyuntura actual, cuando se disputa no sólo el liderazgo regional en Asia, sino también la capacidad de influir en el futuro orden global.
Dos visiones hacia el centenario basados en el poder nacional
Si bien India y China comparten el objetivo de alcanzar su plenitud nacional de cara a sus respectivos centenarios, sus estrategias para lograrlo expresan visiones profundamente distintas del mundo. En primer lugar, la República Popular China fue proclamada en 1949 tras una guerra civil que clausuró décadas de fragmentación, intervención extranjera y debilidad imperial. Desde entonces, el nuevo país se constituyó como una estructura autoritaria y centralizada, con una clara vocación de transformación revolucionaria. Esta característica marcará su visión estratégica hacia su centenario.
En sus primeras décadas, bajo el liderazgo de Mao, el país transitó por experiencias ideológicas de gran calado, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Estas iniciativas pretendían acelerar el desarrollo socialista, pero terminaron generando desastres económicos y fracturas internas de enorme magnitud. No obstante, de estas décadas nació una sociedad fuerte y unitaria. También surgió una narrativa de legitimidad anclada en el sacrificio revolucionario y el rechazo al orden internacional que se gestaba en las instituciones occidentales.
Indudablemente, el giro estratégico llegó con Deng Xiaoping en 1978, al reconocer la necesidad de modernización sin abandonar el monopolio del PCCh. Las reformas económicas impulsadas por este líder supusieron una apertura progresiva al capital extranjero, la creación de zonas económicas especiales y una apuesta por el desarrollo industrial orientado a la exportación. Con ello, se consolidó un modelo de crecimiento sostenido que sentaría las bases del ascenso chino en las décadas siguientes.
Actualmente, la narrativa promovida por Xi Jinping bebe de esa evolución, pero la reinterpreta bajo el concepto del «Rejuvenecimiento de la Nación China». Este concepto sitúa a 2049 como el punto de restauración plena de su estatus como gran potencia. Por tanto, es posible afirmar que esta visión combina orgullo histórico, liderazgo tecnológico, afirmación geoestratégica y fortalecimiento del Partido como núcleo de cohesión nacional.
India, por su parte, alcanzó la independencia tras una larga lucha anticolonial liderada por el Congreso Nacional Indio y figuras como Gandhi y Nehru. Ese proceso marcó el inicio de una democracia pluralista que ha perdurado hasta hoy, a pesar de profundas tensiones internas. Su evolución nacional también ha estado marcada por una relación ambivalente con China desde que establecieran relaciones diplomáticas en 1950. Esta relación ha estado atravesada por episodios de cooperación, recelos estratégicos y disputas fronterizas. Entre ellas se destacan la guerra de 1962 o los choques en Ladakh en 2020, que reflejan una rivalidad latente entre dos modelos opuestos de liderazgo regional.
Frente al modelo revolucionario chino, el país indio optó por una transición constitucional y pacífica. Esta se fundamentó en la construcción de instituciones democráticas, la división de poderes y el respeto a una sociedad heterogénea. Esa diversidad incluye aspectos religiosos, lingüísticos y étnicos. En lo económico, apostó inicialmente por una vía mixta, con fuerte presencia estatal y planificación quinquenal, similar a la planificación china.
También aplicó un modelo de sustitución de importaciones inspirado en el desarrollo autónomo. Todo lo anterior respondía a una estrategia orientada a evitar la dependencia externa sin renunciar a la justicia social. Aunque tuvo resultados dispares, el objetivo era claro: competir con su homólogo chino.
En el ámbito internacional, India articuló una política exterior basada en el no alineamiento. Con ello evitó integrarse en la lógica bipolar de la Guerra Fría. Esta estrategia contrastó con la postura china a partir de los setenta y su acercamiento a EE. UU. Esa posición le permitió reclamar una identidad propia en el sistema internacional. Así, se proyectó como defensora del denominado Sur Global. Sin embargo, esa postura mostró limitaciones estratégicas evidentes, en un espacio cada vez más disputado con Pekín. El gran punto de inflexión llegó en 1991, cuando una grave crisis financiera llevó al gobierno a implementar reformas estructurales y liberalizar su economía. Así se sentaron las bases de un nuevo modelo que perdura hasta hoy.
Desde entonces, India ha experimentado un crecimiento notable, sobre todo en sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Destacan los servicios digitales y las telecomunicaciones. Esto ha resultado en un auge económico que ha impulsado su proyección internacional. Paralelamente, a nivel interno, se consolida como una democracia electoral. También destaca su creciente nacionalismo cultural y sus aspiraciones de autonomía estratégica. Así propone un país moderno, próspero y con capacidad de liderazgo global, sin renunciar a su identidad democrática y civilizatoria.
Pero, ¿con qué planes cuenta Pekín y Nueva Delhi?
El centenario nacional actúa como un horizonte simbólico para China e India, guiando sus planes estratégicos como herramientas de cohesión interna y proyección global. En el caso chino, el «Sueño del China 2049» formulado por Xi Jinping es una visión integral de renacimiento nacional. Este proyecto articula los objetivos históricos del PCCh en torno a cuatro ejes: modernización socialista, autosuficiencia tecnológica, liderazgo global y estabilidad política bajo control autoritario.
En este sentido la ambición es clara. Para el centenario de la República Popular, China debe haber alcanzado el estatus de potencia plenamente desarrollada, autosuficiente en lo tecnológico y militar, y con un rol protagónico en la arquitectura internacional. Instrumentos clave de este objetivo son planes como el «Made in China 2025», orientado a reducir la dependencia de tecnología extranjera en sectores estratégicos. Entre ellos destacan la robótica, la inteligencia artificial y los semiconductores.
Figura 4. Inversión en capacidades militares. Fuente: Chatham House, How China–India relations will shape Asia and the global order
A ello se suma la famosa Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta representa la dimensión geoeconómica de su estrategia, mediante una red global de infraestructuras, comercio e influencia financiera, con epicentro en Pekín. Este despliegue busca modelar un nuevo orden internacional más favorable a sus intereses. Paralelamente, China ha intensificado su programa de modernización militar.
Se ha centrado en capacidades navales, aeroespaciales y cibernéticas, con el objetivo de proyectar poder más allá de sus fronteras y contrarrestar a EE.UU. en el Indo-Pacífico. Todo ello se integra en un modelo de «socialismo con características chinas». En este modelo, la legitimidad no se basa en la participación política, sino en el rendimiento económico, la estabilidad social y el orgullo nacional. Xi Jinping se sitúa como figura central en esta narrativa.
India, por su parte, ha proyectado su horizonte estratégico bajo la fórmula de «Viksit Bharat 2047» (India Desarrollada). Este plan busca transformar al país en una potencia económica, innovadora y socialmente creciente para cuando se cumpla el centenario de su independencia. Se estructura sobre tres pilares: crecimiento económico sostenido, liderazgo tecnológico y consolidación de una gobernanza moderna y eficiente.
A diferencia del enfoque chino, el proyecto indio pone énfasis en la digitalización, la inclusión social y la reforma institucional, todo bajo el marco de una democracia electoral. No obstante, cabe destacar que el enfoque chino presenta una estructura de planificación más centralizada, sólida y clara que la del gobierno indio. Esto se debe a la diferencia en la toma de decisiones de cada modelo.
Uno de los aspectos más destacados de esta visión es la aspiración de India a posicionarse como una alternativa democrática a China en la región. Esta ambición, impulsada por el gobierno de Modi, se apoya tanto en un relato civilizatorio (el redescubrimiento de una India milenaria y autosuficiente) como en una estrategia de afirmación geopolítica. En este sentido, el impulso del nacionalismo hindú no sólo redefine los contornos de la identidad nacional. También fortalece el relato de una India fuerte, orgullosa y con voluntad de liderazgo. No obstante, ambos modelos presentan similitudes y diferencias que deben ser analizadas para comprender en profundidad el marco en el que se mueven estas potencias.
Modelos en contraste: afinidades y diferencias
A pesar de las profundas diferencias que los separan, India y China comparten ciertos rasgos estructurales que explican su creciente protagonismo en el escenario internacional. Ambas son civilizaciones milenarias convertidas en Estados continentales con poblaciones superiores a los mil millones, lo que les otorga una escala demográfica y un peso simbólico y geoeconómico difícilmente replicable.
Esta magnitud se traduce en mercados internos vastos, reservas estratégicas de mano de obra y capacidad para moldear dinámicas regionales y globales desde una lógica de autonomía relativa. Además, tanto India como China han sostenido un crecimiento económico significativo durante las últimas décadas, ampliando su influencia en foros multilaterales, redes de cooperación y apostando por su competitividad militar.
En el plano interno, el nacionalismo se ha consolidado en ambos países como uno de los pilares fundamentales de legitimación. En China, se articula como una narrativa de restauración histórica frente al «siglo de humillación» y se instrumentaliza desde el gobierno para cohesionar a la sociedad bajo el liderazgo del PCCh. Y en India, el nacionalismo ha adquirido un cariz cultural y religioso, impulsado por el ideario del Hindutva, que redefine la identidad nacional en clave civilizatoria y excluyente. En ambos casos, el nacionalismo no solo cumple una función integradora, sino que también justifica ambiciones exteriores y posicionamientos estratégicos frente a actores globales.
Otro punto de convergencia es la apuesta por tecnologías emergentes, infraestructuras críticas y el fortalecimiento de cadenas de suministro autónomas. China lo está haciendo a través de planes estatales ambiciosos ya mencionados y la inversión masiva en inteligencia artificial, semiconductores y conectividad global.
India, con menos recursos, ha priorizado la innovación digital, la soberanía tecnológica y la inversión en infraestructuras físicas y virtuales como palanca para el crecimiento inclusivo, priorizando sectores estratégicos como los semiconductores y la inteligencia artificial, comunes a ambos modelos.
A pesar de ello, las diferencias entre ambos modelos son profundas y determinantes. Dejando a un lado aspectos de organización política interna ya mencionados y situando el foco en lo económico, China destaca por un modelo de planificación estatal con fuerte intervención pública, grandes conglomerados nacionales y dirección estratégica centralizada que persigue un mayor control frente a otros modelos.
Por su parte, India combina una economía de mercado descentralizada con elementos de regulación estatal, impulsada por un sector privado más disperso y dinámico que le permite adaptarse mejor a determinadas fluctuaciones del sistema internacional. A pesar de lo anterior, ambos países se destacan por un fuerte pragmatismo en sus relaciones económicas internacionales, donde juegan constantemente en un equilibrio de alianzas guiado por su interés nacional.
Por último, es necesario mencionar sendas políticas exteriores. Primeramente, Pekín actúa desde una lógica revisionista y jerárquica, buscando redefinir las normas del orden internacional y establecer su primacía regional e internacional. Por otro lado, Nueva Delhi promueve un ascenso adaptativo, buscando mayor influencia sin desafiar abiertamente el sistema vigente, dando lugar a sistemas de alianzas que funcionan para que India esté en los principales foros internacionales como actor fiable, ya sea en términos de defensa, seguridad o economía.
Esta proyección se complementa con una activa política exterior de alianzas estratégicas en la región. India actualmente forma parte del QUAD junto a EE.UU., Japón y Australia; participa en iniciativas como el Marco Económico del Indo-Pacífico; y ha reforzado sus relaciones bilaterales con Occidente sin abandonar su tradicional autonomía estratégica. Todo ello en un esclarecedor esfuerzo de contener la influencia china en la región y consolidarse como eje de equilibrio en un Indo-Pacífico cada vez más central en la disputa global.
Por tanto, estas similitudes y diferencias no solo configuran la rivalidad entre ambas potencias, sino que también reflejan dos visiones distintas del poder, la legitimidad y el lugar de Asia en el mundo. Revelando que, aunque comparten la aspiración de protagonismo, representan apuestas divergentes sobre cómo ejercerlo y hacia dónde debe evolucionar el orden internacional.
Rutas convergentes para el siglo del poder asiático
A medida que China e India se aproximan a sus respectivos centenarios, ambas potencias enfrentan un horizonte lleno de oportunidades y desafíos estructurales. Si bien han consolidado sus posiciones como actores clave del orden global, el camino hacia la materialización plena de sus visiones estratégicas no será lineal. En este proceso, la competencia tecnológica será uno de los principales campos de disputa. No solo por su valor económico, sino porque condiciona directamente la autonomía estratégica de ambos países.
A ello se suman focos de inestabilidad regional, la militarización del Indo-Pacífico y la persistente tensión en la frontera sino-india. También influye la cuestión de Taiwán, que puede reconfigurar drásticamente las prioridades de seguridad en Asia. Por último, el reordenamiento del llamado Sur Global, con nuevos liderazgos y bloques económicos emergentes, exige respuestas. Las crecientes demandas de reforma del sistema multilateral colocan tanto a Nueva Delhi como a Pekín ante la necesidad de demostrar poder y legitimidad global.
El interrogante sobre quién alcanzará con mayor éxito su proyecto centenario no tiene una respuesta simple. China ha demostrado una gran capacidad de planificación, concentración de recursos y ejecución. Sin embargo, enfrenta riesgos crecientes como la posible desaceleración económica, el envejecimiento demográfico, la presión internacional y las tensiones internas.
India, por su parte, apuesta por una resiliencia democrática que también enfrenta riesgos. A eso se suman desafíos estructurales como la desigualdad, la polarización política, la gobernanza fragmentada y las vulnerabilidades logísticas.
Indudablemente, el sistema internacional observará cómo ambos modelos, con sus ritmos y contradicciones, se pondrán a prueba. Esto ocurrirá en un contexto de transformación acelerada y competencia sistémica. Por tanto, lo que está en juego hacia 2047 y 2049 es la culminación de trayectorias nacionales y la validación de visiones alternativas del poder global.
Concluyendo, y en un sistema internacional cada vez más anárquico, volátil y multipolar, el pulso entre Pekín y Nueva Delhi definirá el equilibrio en Asia. También contribuirá a establecer pilares esenciales del nuevo orden global. Más allá de quién lidere en términos cuantitativos, el verdadero debate reside en qué modelo de legitimidad, desarrollo y orden se impondrá. El siglo del poder asiático será también, en última instancia, el siglo de la disputa por el significado del poder global.
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El regulador británico de telecomunicaciones amenaza con multas millonarias a quienes incumplan la medida, fácilmente eludible, según informan usuarios de redes sociales.
Reino Unido ha impuesto a todos los servicios y plataformas en línea la obligación inmediata de incorporar sistemas de verificación de edad con el fin de impedir que niños y adolescentes accedan a contenido pornográficoo exclusivo para mayores de edad. La exigencia, impulsada por el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom, alcanza tanto a páginas especializadas como a redes sociales y se sustenta en la premisa de que solo un control «altamente efectivo» puede proteger a los menores, según figura en el comunicado oficial.
Desde enero de 2025, Ofcom lleva a cabo un programa de cumplimiento que inspecciona las medidas adoptadas por los proveedores que publican o muestran material pornográfico propio. Estos exámenes incluyen auditorías técnicas, revisión de políticas y comprobaciones aleatorias, todo ello para verificar que los filtros de edad realmente bloquean el acceso a usuarios no autorizados. Además, se analizan los mecanismos de retirada rápida de contenido ilícito o denunciado.
El programa está incluido en la Ley de Seguridad en Línea de 2023, una norma que impone a las empresas la obligación de evitar que los usuarios tropiecen con material o contenido ilegal, de reducir el uso de sus servicios para la comisión de delitos y de suprimir con celeridad cualquier contenido señalado. Gracias a esta ley, Ofcom cuenta con un marco legal claro para exigir responsabilidades y aplicar sanciones proporcionales al nivel de riesgo detectado en cada plataforma.
Hasta ahora el foco se situaba en los sitios que controlan su propio catálogo pornográfico, pero, a partir del viernes 25 de julio, el regulador ha ampliado el alcance a los proveedores que permiten a los usuarios subir o generar contenido sexual. Por tanto, portales de vídeo bajo demanda, redes sociales y servicios de streaming quedan obligados a verificar la edad de cada visitante antes de mostrar material para adultos. Además, la autoridad recalca que las nuevas reglas no hacen distinciones sobre el tipo de servicio ni sobre el modelo de negocio.
«Independientemente de la ubicación del proveedor», todos los servicios para adultos que operen en territorio británico deben activar controles de edad. La presión normativa ya ha provocado reacciones. La red social Bluesky implementó un sistema de verificación basado en una herramienta de Epic Games que restringe funciones y contenidos a los menores. Casos como este ilustran la rápida adaptación de las plataformas cuando se enfrentan a grandes sanciones.
El incumplimiento no saldrá barato. Ofcom puede imponer multas de hasta 18 millones de libras esterlinas o del 10% de los ingresos globales del infractor, eligiendo la cifra más alta. En situaciones extremas, el regulador está facultado para solicitar a un tribunal que ordene a terceros «tomar medidas para interrumpir la actividad del proveedor», un recurso que podría traducirse en bloqueos de servicio o retiradas de infraestructura si la empresa persiste en ignorar la ley.
Fácilmente eludible
Las barreras de verificación de edad que acaban de activarse en servicios británicos pueden sortearse en segundos, según múltiples mensajes divulgados en Bluesky y Reddit. Usuarios anónimos difundieron que «solo es necesario que un usuario menor utilice un servicio de VPN» para ocultar su dirección IP, cambiar virtualmente de país y, en consecuencia, saltar los filtros que bloquean el porno y otros contenidos catalogados como dañinos. La técnica se apoya en las prestaciones habituales de las VPN, capaces de esconder la identidad y ubicación sin solicitar más datos que un correo y un método de pago.
La facilidad del procedimiento quedó ilustrada en la propia Bluesky, cuya versión para el Reino Unido emplea una herramienta de Epic Games destinada a estimar la edad y restringir funciones. Sin embargo, los posts reproducidos por The Verge muestran que empleando una VPN y evitando enseñar la dirección IP el bloqueo se desactiva, lo que permite recuperar de inmediato cada vídeo o imagen marcado como solo para adultos. El hallazgo se propagó con rapidez porque los servicios de VPN ya forman parte del kit digital de muchos adolescentes y ofrecen aplicaciones para móviles, extensiones de navegador e incluso routers preconfigurados.
Otro atajo involucra el modo foto del videojuego Death Stranding. El usuario Dany Sterkhov explicó en X que activando el modo foto del juego y acercando el rostro hiperrealista de Sam Bridges a la cámara del ordenador es suficiente para engañar al escáner facial que algunas plataformas emplean como segundo factor de comprobación. La escena puede ajustarse en iluminación, ángulo y expresión. Además, el motor gráfico permite animar los ojos o la boca, lo que confunde a la IA encargada de estimar la edad y la hace registrar al protagonista como adulto. De ese modo, el menor obtiene una «selfie» válida sin aparecer ante la cámara y accede a los mismos contenidos que un usuario verificado.
El atacante, identificado como Shane Tamura, dejó cuatro víctimas mortales, entre ellos un policía, y un herido crítico.
Al menos cinco personas murieron y otra resultó gravemente herida cuando un hombre armado con un rifle M4 irrumpió la noche del lunes en el rascacielos situado en el 345 de Park Avenue, Nueva York, abrió fuego y después se quitó la vida. Entre los fallecidos figuran un agente del Departamento de Policía de la ciudad, Didarul Islam, dos hombres, una mujer y el autor de los hechos. La víctima herida sigue hospitalizada en estado crítico pero estable. Las autoridades descartan la existencia de más tiradores y afirman que ya no existe amenaza activa para la población.
«Hoy hemos perdido cuatro vidas en otro acto sin sentido de violencia armada, entre ellas la del agente Islam, que tenía 36 años», declaró el alcalde Eric Adams, quien ofreció sus condolencias a las familias afectadas y subrayó que «este horrible crimen nos recuerda a todos lo fácil que es acceder a un arma». Añadió, además, que la violencia con armas «ha destrozado a demasiadas familias en todo el país» y prometió continuar los esfuerzos para proteger la ciudad.
Según la comisaria Jessica Tisch, las cámaras de vigilancia captaron al atacante saliendo de un BMW negro aparcado en doble fila con el rifle en la mano derecha. Entró en el vestíbulo y, «abriendo fuego inmediatamente», abatió al agente Islam antes de disparar contra una mujer, un hombre y un guardia de seguridad. El caos se extendió en segundos, y varias personas resultaron levemente heridas mientras huían.
Después, el tirador subió en ascensor hasta la planta 33, sede de la empresa inmobiliaria Rudin Management. Allí dejó salir ilesa a una mujer, caminó por los pasillos disparando y alcanzó a otra víctima que murió en esa planta. «Acto seguido, se dirige al pasillo y se dispara en el pecho», relató Tisch durante la comparecencia ante la prensa.
La Policía identificó al atacante como Shane Tamura, de 27 años y con domicilio en Las Vegas. En su vehículo se hallaron una funda de rifle con balas, un revólver cargado, munición, cargadores, una mochila y medicamentos recetados a su nombre. «Sus motivos aún se están investigando y estamos tratando de comprender por qué eligió este lugar en particular», explicó la comisaria, quien recordó que las autoridades de Las Vegas habían documentado antecedentes de salud mental en el sospechoso. «Creemos que se trata de un único tirador y que ya no hay una amenaza activa para el público», añadió.
Además del herido crítico, otras cuatro personas reciben atención médica por lesiones leves sufridas al intentar escapar. La comisaria rindió homenaje al agente caído: «Tenía 36 años y llevaba cuatro en el cuerpo. Estaba casado, tenía dos hijos pequeños y su esposa está embarazada de su tercer hijo. Murió como vivió, como un héroe».
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Heredia declara culpable al exmandatario por soborno y fraude procesal y la fiscal pide más de nueve años de prisión.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, fue declarado culpable este lunes 28 de julio de 2025. La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, sostuvo en una audiencia de seis horas que el exmandatario «es penalmente responsable por el delito de soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal». El caso se remonta a 2012.
Heredia concluyó que, a través de su abogado Diego Cadena, Uribe intentó sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y a otros reclusos. Además, afirmó que el líder del Centro Democrático «ofreció beneficios, vía emisarios, a personas privadas de libertad» con el fin de favorecerse en varios procesos. También constató que se buscó inducir a esos testigos para vincular al senador Iván Cepeda con actos ilegales.
Asimismo, el exjefe de Estado fue absuelto del cargo de soborno simple, pero resultó condenado por fraude procesal. La magistrada señaló que el expediente incluye un escrito firmado por el paramilitar Carlos Enrique Vélez, «cuyo contenido se ha demostrado como falso», documento presentado para impulsar una investigación contra Cepeda.
Tras dictar el fallo, la jueza fijó la lectura de sentencia para el viernes 1 de agosto a las 14:00 hora local. Por su parte, la fiscal delegada Marlenne Orjuela solicitó que «la pena para Uribe sea de al menos 108 meses de prisión», más de nueve años. No obstante, la defensa dispone todavía de cinco días para fundamentar una apelación.
El proceso comenzó cuando Uribe denunció en 2012 a Cepeda, asegurando que el congresista había recorrido prisiones para conseguir testimonios falsos sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, las pruebas recogidas mostraron que los abogados de Uribe tenían como objetivo manipular a los testigos para culpar al senador. Así, Cepeda pasó de acusado a víctima, mientras Uribe, de demandante, terminó investigado.
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Ghana prohíbe a los extranjeros participar en la minería artesanal de oro. La medida busca frenar la minería ilegal y proteger los recursos naturales. En este artículo, la alumna del Curso de Analista Internacional de LISA Institute, Cristina Mba Bacale, explica cómo esta decisión marca un giro soberano en la gestión minera del país.
Ghana, el mayor productor de oro de África, ha aprobado una ley que prohíbe la explotación y posterior comercialización de este mineral por operadores extranjeros, concretamente en la minería artesanal. La medida busca recuperar el control nacional sobre los recursos naturales, reducir el impacto medioambiental y combatir la minería ilegal, que ha alcanzado niveles críticos en los últimos años.
Sin embargo, el auge de la minería artesanal ilegal, conocida como galamsey que deriva del inglés «gather them and sell», ha traído consigo numerosos desafíos. Históricamente el galamsey hacía referencia a las prácticas tradicionales de minería donde las comunidades locales recolectaban oro en ríos cercanos. Esta práctica ha ido degenerando en problemas medioambientales como la deforestación o la contaminación de ríos y por ende en conflictos sociales.
El gobierno de la época, presidido por Jerry John Rawlings, legalizó en 1989 el sector de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE). Lo hizo mediante una batería de medidas que permitieron a los ghaneses obtener licencias para explotar minerales a pequeña escala.
Asimismo, una de las disposiciones centrales del marco legal fue que sólo los ciudadanos ghaneses podían participar de la MAPE. El objetivo de la normativa era formalizar la actividad, mejorar las condiciones laborales y medioambientales del sector, así como proteger a los mineros locales frente a los operadores extranjeros.
Los operadores chinos
Pese a la prohibición de que los extranjeros participen o se asocien con ghaneses en la MAPE, un alto porcentaje de la minería ilegal ha sido promovido por compañías chinas. Estas operan en zonas ricas en oro como Ashanti, así como en las regiones Occidental y Oriental. Se estima que, en las últimas dos décadas, 50.000 ciudadanos chinos emigraron a Ghana, atraídos por el auge mundial en los precios del oro. En los últimos meses, este mineral ha alcanzado precios astronómicos.
Esta situación ha provocado una disputa diplomática entre Ghana y China en torno a la minería ilegal de oro, ya que ambos países se culpan mutuamente. Ghana sostiene que ciudadanos chinos están fuertemente involucrados en operaciones ilícitas. Por su parte, el embajador chino en Ghana, Tong Defa, niega estas acusaciones. En una reciente entrevista, afirmó: «La percepción es injusta para mí, personalmente, y para la mayoría de los ciudadanos chinos aquí». Y añadió: «Cuando publico en redes sociales, los comentarios a menudo sugieren que el galamsey es completamente causado por China, lo cual es una injusticia significativa».
Sus declaraciones se producen tras varias detenciones, entre ellas la de 10 ciudadanos chinos. Las autoridades incautaron 1,3 kilogramos de oro, valorados en unos 1,4 millones de GHC (algo más de 100.000 €). También encontraron 1,3 millones de GHC en efectivo y una selección de tarjetas de casino.
Estos materiales sugieren un posible vínculo con el crimen organizado y el lavado de dinero. Esta evidencia ha encendido las alarmas sobre la profundidad de las operaciones ilegales en la industria del oro en Ghana.
¿En qué consiste la nueva medida?
El gobierno actual ha promulgado una ley que prohíbe a ciudadanos y empresas extranjeras formar parte del mercado del oro. Además de esta medida, el gobierno ha introducido un nuevo actor en la industria minera del país: la Junta del Oro de Ghana (Goldbod). Según la ley, esta entidad es la única autoridad con derechos exclusivos para comprar, vender, pesar, clasificar, analizar, valorar y exportar oro y otros minerales preciosos en Ghana. También se encarga de regular las operaciones autorizadas de minería artesanal.
Esta medida es una de las más relevantes del gobierno del presidente John Dramani Mahama, quien ganó las elecciones presidenciales el pasado 7 de diciembre. Durante la campaña, prometió llevar a cabo profundas reformas en la industria minera. Ghana es el primer productor de oro de África y el sexto a nivel mundial, con una producción de 130 toneladas en 2024. Sin embargo, alrededor del 30 % de esa producción proviene del galamsey, una práctica ilegal que genera serios problemas sociales y ambientales.
Impacto medioambiental
Durante la última década, la minería ilegal ha provocado una crisis ecológica a gran escala en varias regiones del país. Numerosos ríos que abastecen de agua a las comunidades locales han sido contaminados por el uso excesivo de químicos como mercurio, plomo y cianuro. Estos compuestos se emplean en los procesos artesanales de extracción.
Antes, los mineros locales extraían oro de depósitos poco profundos usando herramientas básicas y técnicas tradicionales que requerían un trabajo intenso. En la actualidad, los «galamseyers» remueven la tierra de los lechos de los ríos y las granjas con excavadoras. Estas máquinas, en muchos casos, son suministradas por inversores chinos.
Según Carl Kojo Fiati, director de recursos naturales de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana, el país podría necesitar importar agua para 2030. La razón es que sus ríos estarán demasiado contaminados por la escorrentía de las operaciones de galamsey.
El galamsey también ha provocado deforestación masiva en entornos protegidos como la Reserva Forestal de Atewa y el Parque Nacional de Kakum. Esto ha impulsado la movilización de organizaciones medioambientales tanto a nivel nacional como internacional.
Por ello, uno de los pilares de la nueva medida adoptada por el ejecutivo es la restauración ecológica. El gobierno ha anunciado un plan que incluye la reforestación de zonas degradadas, programas de educación ambiental para comunidades mineras y la introducción de tecnologías limpias en la minería artesanal regulada, entre otras acciones.
¿Una tendencia en África Occidental?
La decisión del gobierno de Ghana de limitar la explotación de oro por parte de extranjeros no es un hecho aislado. Forma parte de un movimiento más amplio en África Occidental que busca la reapropiación soberana de los recursos naturales. En varios países de la región se están adoptando medidas similares. Estas buscan reducir la dependencia del capital extranjero, combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente.
Un caso significativo es el de Malí, que posee una de las mayores reservas de oro del continente. El gobierno actual está revisando los contratos firmados con multinacionales extranjeras para garantizar que los beneficios de la minería lleguen directamente a la población.
Esta decisión ha generado opiniones divididas. Por un lado, amplios sectores de la población —especialmente en zonas rurales afectadas por la minería— la celebran como un acto de justicia económica y protección ambiental.
Por otro lado, algunos analistas temen que la medida afecte la inversión extranjera directa en el país, al generar incertidumbre jurídica. Sin embargo, pese a estas preocupaciones, el cedi de Ghana ha subido más de un 40 % frente al dólar este año. Esto lo posiciona por encima de sus pares africanos y de mercados emergentes, reduciendo el costo de la deuda externa y ampliando el espacio fiscal del país.
Este giro marca una señal positiva para los inversores en Ghana, una nación que ha enfrentado crisis económicas prolongadas. Desde una perspectiva política, la medida refuerza la imagen del gobierno como defensor de los recursos nacionales. Llega en un momento de creciente presión ciudadana contra la minería ilegal.
La medida también marca una nueva fase en la gobernanza de los recursos, más centrada en los intereses nacionales y comunitarios. El reto ahora es acompañar esta transición con marcos legales sólidos, instituciones transparentes y alternativas económicas para las comunidades más dependientes de la minería informal.
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Serbia atraviesa una profunda crisis política, marcada por la corrupción, el autoritarismo y el creciente descontento ciudadano. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Francisco Javier Peña explora las alianzas del gobierno con Rusia y China. Estas relaciones contrastan con el discurso oficial proeuropeo del presidente Vučić.
El gobierno serbio se encuentra en un momento de tensión generalizada debido a los múltiples casos de corrupción y el descontento de la población local. Aleksandar Vučić preside el país balcánico desde el año 2017, aunque entre 2014 y 2016 ya ejerció como primer ministro. Vučić es el líder del Partido Progresista Serbio (SNS), formación que fundó junto al expresidente Tomislav Nikolić tras escindirse del Partido Radical Serbio (SRS).
El Partido Progresista Serbio, fundado en 2008, se caracteriza por sus discursos nacionalistas y la defensa de los valores tradicionales. Aunque oficialmente se presenta como un partido proeuropeo y de centroderecha, sus alianzas estratégicas con China y Rusia, el deterioro democrático interno y los reiterados escándalos de corrupción han generado dudas sobre su verdadero posicionamiento ideológico. El partido controla gran parte de las instituciones del Estado, incluidos los medios públicos, el poder judicial y numerosos gobiernos locales. Esta situación ha despertado acusaciones de autoritarismo.
La crisis política serbia se agravó tras un importante accidente ocurrido en la estación de tren de la ciudad de Novi Sad, al norte del país, en noviembre de 2024. El derrumbe se produjo después de un proyecto de remodelación que estaba siendo investigado por sospechas de corrupción. Más de 15 personas murieron.
Los casos de corrupción en el gobierno de Vučić ya eran numerosos, y un hecho tan grave provocó manifestaciones masivas en las principales ciudades del país. Estos movimientos fueron principalmente organizados por la oposición y estudiantes universitarios.
La figura política de Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić, cuya familia paterna fue expulsada de Bosnia, se graduó en derecho en la Universidad de Belgrado. Con solo 22 años ya se había afiliado al Partido Radical Serbio y conseguido un puesto en el parlamento de la Asamblea Nacional. Tras una breve etapa como ministro de información en el gobierno de Slobodan Milošević, en 2003 alcanza el liderato del partido junto a Tomislav Nikolić.
En el año 2008, tantoVučić como Nikolić se desvinculan del SRS y forman el Partido Progresista Serbio. El nuevo SNS absorbió gran parte del electorado y consiguió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 2014, con Vučić como primer ministro. En el año 2017 ocupa la posición de presidente del gobierno, siendo Ana Brnabić la sucesora como primera ministra hasta el 2024.
Durante su carrera política, Vučić ha cambiado notablemente su discurso sobre las relaciones entre Serbia y la Unión Europea. Durante su etapa en SRS, la posición del partido estaba alejada de los intereses europeos.
Sin embargo, ya en el SNS, el nacionalismo serbio promovió las conversaciones con los actores europeos. Incluso se estableció como objetivo la entrada de Serbia en la Unión Europea. En el marco de estas nuevas relaciones diplomáticas, desde el Partido Progresista Serbio se buscó mejorar la situación con Bosnia. Este es uno de los frentes más delicados de la sociedad balcánica.
A pesar de esto, Serbia también ha mantenido buenas relaciones con otras grandes potencias como China y Rusia.
Las sinergias empresariales con el gigante asiático son un aspecto fundamental en el crecimiento económico del país. Serbia ha cerrado importantes contratos en las industrias tecnológica, ferroviaria y de la construcción. Por otro lado, Rusia mantiene cierta influencia en el gobierno de Vučić, especialmente gracias al aporte energético ruso y al apoyo ofrecido ante la complicada situación con Kósovo. El respaldo ruso y la discrepancia con la Unión Europea ante ciertas políticas han creado un creciente sentimiento antieuropeísta en el país.
Serbia tras las elecciones de 2023
Las últimas elecciones municipales y parlamentarias de Serbia estuvieron marcadas por las acusaciones de fraude, compra de votos y la manipulación del censo electoral.
Los informes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tras la victoria del Partido Progresista Serbio, con casi el 50 % de los votos, alarmaron a la comunidad internacional. Las sospechas de irregularidades durante las votaciones y la posible coacción sobre algunos votantes generaron preocupación. Si bien estas acusaciones nunca han sido confirmadas de forma oficial, la Unión Europea llegó a amenazar al gobierno serbio con la suspensión de su parte de los fondos europeos.
La oposición del SNS, representada principalmente por la coalición Serbia Contra la Violencia (SPN), se formó como respuesta a dos tiroteos masivos ocurridos en mayo de 2023. También surgió como reacción a la presión autoritaria del Partido Progresista Serbio. Entre sus demandas se encontraban un mayor control de las armas en territorio serbio, más lucha contra la violencia y garantías a la libertad de prensa.
También exigían mayores medidas anticorrupción y políticas proeuropeas. Los referentes del SPN son Marinika Tepić, líder del Partido por la Libertad y la Justicia (SSP), y Radomir Lazović, del movimiento verde serbio (NDB).
Aunque en las elecciones de 2023 obtuvo algo menos del 25 % de los votos, la coalición consiguió ser mayoría en la capital, Belgrado. En esta ciudad, las manifestaciones contra el gobierno de Vučić han sido especialmente intensas. Estas movilizaciones continúan hasta hoy y la comunidad universitaria del país ha sido la principal promotora.
Un momento clave de estas manifestaciones fue el accidente en la estación de tren de Novi Sad, mencionado anteriormente. El derrumbe en la estación se convirtió en un punto de inflexión. Visibilizó la falta de transparencia del gobierno y el peligro real de la corrupción institucionalizada. Este accidente provocó la dimisión de varios altos funcionarios del gobierno. También llevó a la detención de más de 10 personas relacionadas con las obras, con cargos de negligencia.
La relevancia de las protestas hizo que se extendieran a más de 200 localidades en todo el país. Uno de los logros más importantes de esta movilización social fue la renuncia del primer ministro, Miloš Vučević, en enero de este mismo año.
Vučević, que había sido durante años alcalde de Novi Sad, era uno de los miembros más destacados del Partido Progresista Serbio. Se le consideraba el sucesor natural de Vučić al frente de la organización política y del mando en el país. A pesar de su destitución, sigue ligado al partido como asesor del presidente.
Posible evolución de la situación política de Serbia
Serbia se encuentra en un momento de inflexión a nivel político y social. Buena parte de la población busca un cambio radical de las instituciones debido a la mala gestión del Partido Progresista Serbio, el cual trata de mantenerse en el poder a través de sus reformas internas. Vučić cuenta con una situación delicada y volátil, aunque la posibilidad de unas elecciones anticipadas aún parece lejana.
El diálogo político en Serbia está prácticamente roto. La desconfianza mutua ha generado una dinámica de confrontación permanente, con escasas iniciativas de mediación interna. La SPN ha denunciado múltiples intentos de sabotaje a su actividad parlamentaria, así como presiones a políticos opositores. En paralelo, el gobierno ha acusado a la oposición de desestabilizar al país y de actuar influenciada por intereses extranjeros.
Episodios violentos, como el del boicot del parlamento, donde se lanzaron granadas de humo y gases lacrimógenos, demuestran la vulnerabilidad del gobierno serbio.
Es previsible esperar que, si el gobierno no encuentra una solución rápida, la Unión Europea aumente sus esfuerzos en el país. Podría ofrecer un mayor apoyo a la oposición e, incluso, aplicar posibles sanciones como las propuestas ante las sospechas de fraude electoral.
Por su parte, esta situación representa una oportunidad para Rusia de aumentar su influencia en el país. También busca consolidar su posición en otro socio europeo, tras sus éxitos en Hungría y Bielorrusia. La dependencia económica y energética de Serbia la convierte en un actor altamente influenciable por los objetivos rusos. Además, la creciente ola de sentimiento euroescéptico es un factor interesante para los objetivos del Kremlin en los países occidentales. Este ambiente facilita la división entre los Estados miembros.
Las campañas de desinformación desestabilizan con frecuencia situaciones como esta, y Serbia no escapa a esa lógica.
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Kuala Lumpur sirve de escenario al acuerdo que busca frenar una escalada con 35 muertos y 300.000 desplazados
Tras cinco intensos días de artillería, bombardeos y acusaciones, los primeros ministros de Tailandia y Camboya sellaron este lunes en la capital administrativa malasia, Putrajaya, un alto el fuego «inmediato e incondicional». La mediación del dirigente malasio Anwar Ibrahim, actual presidente de la ASEAN, fue decisiva para que Bangkok y Nom Pen cesaran unas hostilidades que ya habían causado al menos 35 muertos y provocado la huida de unas 300.000 personas.
El pacto, que entra en vigor a medianoche del 28 de julio de 2025 (17.00 GMT), incluye la creación de un corredor humanitario de 72 horas para evacuar civiles atrapados en la línea de fuego y la promesa de reabrir los pasos fronterizos clausurados desde el jueves. «Es un primer paso vital para restaurar la paz y la seguridad», subrayó Ibrahim al anunciar el entendimiento.
Claves del acuerdo
Cese completo de hostilidades y retirada de la artillería pesada a 10 km de la frontera disputada.
Despliegue de observadores de la ASEAN y del Centro de Acción contra las Minas de la ONU para verificar el cumplimiento.
Reunión técnica dentro de dos semanas en Bangkok para negociar la desmilitarización gradual.
Compromiso de reactivar las conversaciones sobre la demarcación definitiva en torno al templo de Preah Vihear antes de fin del año 2025.
El primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai, defendió que Bangkok actuó «de buena fe» y pidió tiempo para «reconstruir la confianza» con su vecino. Su homólogo camboyano, Hun Manet, calificó la cita de «muy fructífera» y se mostró confiado en que «cientos de miles de personas podrán volver pronto a la normalidad».
Washington y Pekín, invitados como observadores, aplaudieron la tregua. El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a ambas partes a «convertir el silencio de las armas en diálogo político sostenible». Además, organizaciones humanitarias anunciaron envíos inmediatos de víveres y material médico a los campamentos de desplazados.
Un conflicto centenario
La frontera de 800 kilómetros entre Tailandia y Camboya quedó mal delineada en los tratados coloniales franco-siameses de 1904-1907. El punto más sensible es el enclave de Preah Vihear, un templo jemer del siglo XI que la Corte Internacional de Justicia otorgó a Camboya en 1962, pero cuyo acceso principal permanece en territorio tailandés.
La tensión volvió a crecer en febrero de 2025, dondeincidentes con turistas y banderas en el templo Ta Muen Thom derivaron en expulsiones de diplomáticos y cierre de pasos limítrofes. El estallido definitivo llegó el 24 de julio, cuando una explosión de mina hirió a soldados tailandesesy desató intercambios de artillería a lo largo de varias provincias (Sisaket, Surin y Preah Vihear) con el inevitable saldo de víctimas civiles.
La firma del alto el fuego devuelve la pelota a la diplomacia. Pero el historial de litigios territoriales y los intereses electorales de lado y lado plantean que la paz, por ahora, será tan frágil como la propia línea que separa a los dos vecinos del sudeste asiático.
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En este artículo se analiza el origen, el desarrollo y las consecuencias de la globalización como proceso que ha transformado la economía, la política y la cultura a nivel mundial.
Al mirar el estado actual del mundo, cuesta imaginar que hace apenas unas décadas las economías, las culturas y las decisiones políticas se movían en circuitos relativamente cerrados. Hoy, lo que sucede en una fábrica en Vietnam puede afectar el precio de un producto en Sevilla. Una huelga en Panamá detiene mercancías destinadas a Europa. Un virus detectado en una ciudad del este de Asia pone en jaque a todo el planeta. Aunque e mundo siga igual, todo está más cerca.
Este fenómeno tiene un nombre: globalización. Un término que ya no se limita a las cátedras de economía o relaciones internacionales. Y aunque algunos intenten negarlo, la globalización forma parte del paisaje que define este siglo.
¿Qué es la globalización?
Este es un conjunto de dinámicas concretas que han acercado a países, empresas, instituciones y personas. Su motor principal ha sido la economía: la apertura de fronteras comerciales, los tratados internacionales, la deslocalización de empresas y la circulación constante de capitales. También ha modificado las formas de comunicación, la política exterior de los Estados, la cultura popular y hasta el idioma.
La globalización económica avanza al ritmo del libre comercio. Las barreras aduaneras han caído, las multinacionales producen donde resulta más rentable y las cadenas de suministro atraviesan continentes. A esto se suma la globalización tecnológica: internet ha derribado muros que antes parecían inaccesibles. La información circula de manera instantánea, y las innovaciones no conocen fronteras.
En paralelo, se ha dado una globalización cultural. No es extraño escuchar música coreana en Madrid, seguir a un influencer mexicano desde Valencia o celebrar el Año Nuevo chino en Barcelona. La mezcla existe, aunque a veces también genera tensiones.
Ventajas, fisuras y contradicciones de la globalización
La globalización ha disparado el PIB mundial, ha ampliado mercados, ha generado empleos y ha permitido un acceso sin precedentes al conocimiento y a los bienes de consumo. Pero también ha agudizado desigualdades. Mientras algunas regiones han prosperado, otras siguen atrapadas en dinámicas extractivas y dependencia exterior.
Las críticas se han intensificado. Algunos gobiernos y sectores sociales ven en la globalización la causa de la precarización laboral, la pérdida de soberanía o el deterioro ambiental. Las voces contrarias no siempre vienen de ideologías opuestas: lo mismo se alzan desde el ecologismo que desde el nacionalismo económico.
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Washington liga a Maduro con narcoterrorismo junto al Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos designó el viernes 25 de julio de 2025 al Cártel de los Soles como grupo «Terrorista Global Especialmente Designado», al vincularlo con el presidente venezolano Nicolás Maduro y acusarlo de apoyar a «organizaciones terroristas extranjeras» como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa de México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que «la acción expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro» y prometió que su departamento «seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump (…) tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas». La decisión implica el bloqueo inmediato de cualquier activo del grupo en territorio estadounidense y la obligación de reportarlo a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
En paralelo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado describió al Cártel de los Soles como un «grupo terrorista administrado por el dictador Nicolás Maduro» que «apoya a terroristas que invaden EEUU para traficar narcóticos, enriquecerse e infligir violencia contra las comunidades estadounidenses». Washington aseguró que la Casa Blanca usará «todos los recursos a su disposición» para impedir que el mandatario venezolano «continúe beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio».
Según el anuncio del Tesoro, la red estaría integrada por «altos funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro», a quien Estados Unidos ya acusó en 2020 de vínculos con el narcotráfico. Además de tráfico de drogas, la nota menciona «trata de personas, extorsión, explotación sexual de mujeres y niños y lavado de dinero, entre otras actividades delictivas» atribuidas al cartel.
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