ActualidadEducación y guerra: cómo aumentó la violencia durante la pandemia

Educación y guerra: cómo aumentó la violencia durante la pandemia

Análisis

Redacción de LISA News
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Contenido creado por el Equipo de Redacción de LISA News con el apoyo del equipo docente de LISA Institute.

Te contamos las claves del informe “Ataques a la educación (2022)” publicado hoy y realizado por Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA). En él se analizan las tendencias globales en este ámbito y los ataques y uso militar de escuelas y universidades en 28 países.

Más de 9.000 estudiantes, docentes y académicos sufrieron daños, resultaron heridos o murieron en ataques con objetivo centros educativos durante conflictos armados en los últimos dos años, según el informe “Ataques a la educación (2022)” publicado hoy por Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA).

Según los datos, en 2020 y 2021 tuvieron lugar más de 5.000 ataques a estudiantes, educadores y establecimientos educativos, así como incidentes de tipo militar. Un aumento “significativo”, según la organización, respecto a los dos años anteriores.

Así, los investigadores que participaron en el informe determinaron que la cantidad de ataques a la educación e instancias de uso militar de escuelas aumentó en un tercio de 2019 a 2020, y se mantuvo en este nivel elevado en 2021, aún cuando las escuelas y universidades de todo el mundo estuvieron cerradas por largos períodos durante la pandemia de COVID-19.

En concreto, GCPEA identificó que se incrementaron los ataques en países como Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria, y que están emergiendo en otros como Mozambique y Azerbaiyán. Al mismo tiempo, se detectó una reducción en Sudán del Sur, Siria y Yemen. 

Además, la organización alerta que los ataques se están intensificando también en 2022. Según los datos recogidos hasta ahora, parece que más de mil escuelas y universidades resultaron dañadas solo en Ucrania desde el 24 de febrero, según el Ministerio de Educación y Ciencias organizaciones de la sociedad civil de el país.

“Es fundamental que los gobiernos y los grupos armados cesen los ataques a la educación, y dejen de usar escuelas y universidades con fines militares”, declaró la directora ejecutiva de GCPEA, Diya Nijhowne.

“Los gobiernos deben investigar los ataques y juzgar a los responsables de abusos. En las campañas de ‘regreso a clases’ que se impulsan tras el COVID-19, se debe integrar completamente a los estudiantes afectados por los ataques, y ampliar los programas de educación alternativos desarrollados durante la pandemia, según la necesidad”, aseveró.

Los ataques a la educación involucran a fuerzas armadas y grupos armados no estatales que atacan con explosivos o incendian escuelas y universidades y que matan, hieren, violan, secuestran, arrestan arbitrariamente y reclutan a estudiantes y educadores en las instituciones educativas o cerca de ellas en períodos de conflicto armado.

“Además de las muertes y lesiones que causan estos ataques, las escuelas destruidas y ocupadas frustran el aprendizaje, a veces de manera permanente, y tienen consecuencias sociales y económicas a largo plazo”, aseguran desde GCPEA.

Los grupos armados o las fuerzas armadas también atacaron las escuelas para reclutar niños y niñas. Según el informe, en los últimos dos años, las fuerzas armadas estatales o los grupos armados reclutaron estudiantes de escuelas de Colombia, la República Democrática del Congo, Malí y Yemen, mientras que las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad o los grupos armados fueron presuntamente responsables de violencia sexual en, o en camino hacia o desde, escuelas y universidades en al menos siete países.

Las armas explosivas se utilizaron en una quinta parte de los ataques

Según las informaciones recogidas en el informe, las armas explosivas se utilizaron en una quinta parte de todos los ataques a la educación informados. Estas tuvieron efectos especialmente devastadores e hirieron o mataron a una enorme cantidad de estudiantes y educadores, y dañaron miles de escuelas y universidades.

Por exponer casos concretos, en Afganistán, los ataques contra escuelas con armas explosivas causaron la muerte o heridas a, por lo menos, 185 docentes y estudiantes, casi exclusivamente niñas, solo en la primera mitad de 2021. En Palestina, los ataques aéreos y terrestres provocaron daños a una cuarta parte de las escuelas de Gaza durante una escalada de hostilidades que tuvo lugar en mayo de 2021.

Los ataques a las escuelas representan casi dos tercios de todos los informes sobre ataques a la educación y uso militar recopilados por GCPEA, una proporción similar a la de los dos años anteriores. En 2020 y 2021, la República Democrática del Congo, Malí y Palestina fueron los países más afectados por los ataques a escuelas, y cada uno experimentó más de 400 amenazas o instancias concretas de ataques.

Las tasas de uso militar de escuelas y universidades por fuerzas armadas y grupos armados no estatales se vieron incrementados en más del doble en 2020 y 2021, en comparación con los dos años anteriores.

Este aumento, según GCPEA, se debe a un incremento en la cantidad de escuelas utilizadas como cuarteles, centros de detención o para operaciones militares. Por ejemplo Myanmar tuvo más de 200 casos de este tipo, mayormente después del golpe militar de febrero de 2021.

Los ataques dirigidos específicamente contra los estudiantes y educadores también fueron generalizados. En Nigeria, más de 1000 estudiantes o educadores habrían sido secuestrados, heridos o asesinados, al menos un tercio de ellos mujeres y niñas.

Según el informe, el ritmo de estos ataques, muchos de ellos perpetrados por grupos armados no identificados, se intensificó a partir de diciembre de 2020. En Burkina Faso, Camerún, Palestina, Somalia y Colombia también se registraron muchos casos de amenazas, secuestros, lesiones o asesinatos que tuvieron a estudiantes y enseñantes como víctimas.

La pandemia de COVID-19 no desaceleró los ataques a la educación

La pandemia de COVID-19 no desaceleró los ataques a la educación. De hecho, según el informe, algunas violaciones se hicieron más generalizadas en 2020 y 2021. Fuerzas armadas y grupos armados no estatales usaron escuelas desocupadas para fines militares, incluso en Afganistán, Myanmar, Sudán y Siria.

En otras partes, la policía respondió con un uso excesivo de la fuerza a las protestas de estudiantes y educadores por políticas relacionadas con el cierre y la reapertura de escuelas y universidades durante la pandemia, incluido el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos.

En otros países, como Colombia y Palestina, luego de que se levantaron las medidas de confinamiento, las escuelas que habían sufrido daños durante los ataques tardaron en reabrir, o lo hicieron con instalaciones dañadas.

Más de un tercio de los países relevados en el informe no son signatarios  de la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político orientado a proteger a la educación en los conflictos armados, que ha sido respaldado por 114 países

Al sumarse a la Declaración, los países se comprometen a tomar medidas concretas para proteger la educación, entre otras cosas, empleando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. Desde que la declaración se presentó para su adhesión en 2015, los gobiernos y sus socios han incorporado mejoras concretas en la legislación y en la práctica para proteger a la educación frente a ataques. 

“Mientras los ataques a escuelas y universidades, sus estudiantes y educadores continúan ocurriendo tanto en los conflictos nuevos como en los sostenidos, la Declaración sobre Escuelas Seguras, en su séptimo aniversario, sigue siendo una herramienta fundamental”, señaló Nijhowne. “Todos los gobiernos deben respaldar e implementar la Declaración para salvar vidas y preservar el derecho a la educación para todos, incluidos quienes están en las situaciones de guerra más graves”.

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