El conflicto de la región del Tigray en Etiopía es uno de los más sangrientos de los últimos años en el continente africano. En este artículo analizamos cómo el acuerdo de paz frágilmente se mantiene gracias a la mediación de entidades internacionales y por qué corre el riesgo de descarrilar significativamente en 2024.
INTRODUCCIÓN
El conflicto del Tigray estalló en noviembre de 2020 tras un ataque protagonizado por el Frente de Liberación del Pueblo del Tigray (TPLF) a una base federal. El gobierno de Abiy Ahmed respondió con una rápida ofensiva contra los rebeldes del Tigray con la que, en principio, consiguieron arrebatar el control efectivo del territorio del norte. Aun así, y tras una contraofensiva que devolvió el control del territorio a los tigrinos, se enquistó una guerra que duró dos años y se saldó con miles de muertos y desplazados.
ANTECEDENTES
Etiopía llevaba enfrentándose a problemas económicos, políticos, étnicos y territoriales desde mucho antes de que se iniciase el conflicto. El TPLF era uno de los partidos que más poder tenían dentro del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), que ostentó el poder de todo el país desde junio de 1991 y consiguió llevar a la nación por una senda de crecimiento económico y estabilidad a costa de derechos civiles y políticos para las distintas etnias.
El modelo de gobierno que mantenía el FDRPE era un Estado federal en el que cada etnia y región contaba con cierto grado de autogobierno, aunque con el inconveniente de que la etnia tigrina ostentaba el mayor número de puestos del poder, así como la mayor parte del funcionariado.
En 2018, y tras una serie de revueltas y una crisis generalizada en el país, la clase dirigente propuso a Abiy Ahmed como primer ministro para calmar la situación con un discurso a favor del panetiopismo y la concordancia entre etnias. Pero casi tan pronto como se convirtió en primer ministro, Abiy anunció la reorganización de la coalición gobernante que el TPLF había fundado -el EPRDF, compuesto por cuatro partidos- en un único y nuevo grupo político: el Partido de la Prosperidad. Para ello, se apoyó en alianzas con los oromo y los amhara, las dos etnias mayoritarias del país.
Con esta decisión, Abiy condenó al ostracismo al TPLF, ya que este grupo se negó a unirse al Partido de la Prosperidad del presidente etíope, acusándolo de alterar la Constitución y sus garantías de autonomía para las distintas regiones étnicas. El TPLF también alegó que Abiy purgó a muchos líderes tigrinos de las instituciones federales. La negativa de unirse al nuevo partido y la percepción de marginación por parte de la administración de Abiy llevaron a un aumento de las tensiones entre el TPLF y el gobierno federal.
De hecho, las suspicacias no solo afectaban a la región del Tigray, sino también a otras regiones que temían que se les arrebatase la capacidad de autogobierno. Ante el deterioro de la situación, el TPLF comenzó a robustecer sus estructuras de poder en su región de origen, ante la perspectiva de que las relaciones con el gobierno federal acabasen colapsando.
El desencuentro con el Tigray fue aumentando hasta que en septiembre de 2020 Abiy postergó las elecciones parlamentarias debido a la pandemia del COVID-19. Los tigrinos prosiguieron unilateralmente con la votación que se calificó desde el gobierno como ilegal, aplicando una serie de sanciones como paralizar la financiación del TPLF.
Tras esto, la tensión fue escalando hasta que el TPLF asaltó una base de las fuerzas armadas federales, provocando una respuesta del ejecutivo en forma de un ataque veloz sobre las posiciones tigrinas. Se emplearon tropas y milicias nacionales, a las que se unieron fuerzas eritreas, dando así comienzo a la Guerra del Tigray el 3 de noviembre de 2020.
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DESARROLLO DEL CONFLICTO DEL TIGRAY
El ataque fue todo un éxito. La operación se realizó tomando como eje de avance principal la autopista A2, y como eje secundario, el avance desde el norte por parte de las tropas eritreas. Para la cuarta semana el gobierno había tomado la capital y las principales ciudades de la región.
Estos avances fueron realizados primariamente por tropas terrestres, aunque la Fuerza Aérea de Etiopia también jugó un papel importante en la contienda, proveyendo a las fuerzas terrestres apoyo cercano (CAS) y bombardeando objetivos civiles como núcleos de población e infraestructuras.
El enconamiento de los grupos armados contendientes –el ejército federal, apoyado en los primeros meses del conflicto por militares de la vecina Eritrea, y el ejército del TPLF, a los que finalmente se unieron grupos armados de otras regiones como la Oromía– llevaron a la población civil a padecer actos de crueldad inusitada.
Según Amnistía Internacional y Human Right Watch, ambas partes llevaron a cabo episodios de limpieza étnica y de muerte por hambruna. A pesar de las declaraciones de los representantes federales de que la situación estaba bajo control a finales de noviembre de 2020, el conflicto se convirtió en una guerra civil, con graves consecuencias humanitarias. Según diversos informes, los ataques aéreos del gobierno con aviones no tripulados turcos e iraníes mataron a decenas de civiles.
Después de una exitosa contraofensiva tigrina, y tras una serie de negociaciones con el TPLF, Etiopía declaró una tregua humanitaria indefinida el 24 de marzo de 2022. De esta forma, quería permitir la entrega de ayuda humanitaria en el Tigray. Sin embargo, los combates se intensificaron drásticamente a finales de agosto de 2022 después de que se rompieran las conversaciones de paz. Tras una serie de propuestas de paz y mediación en los meses siguientes, Etiopía y las fuerzas rebeldes tigrinas acordaron un cese de hostilidades el 2 de noviembre, que entró en vigor al día siguiente.
Aun así, el conflicto en el Tigray ha tenido un impacto devastador en la región y en toda Etiopía. Según la Universidad de Ghent y en colaboración con la organización Every Casualty Counts, la guerra ha dejado entre 8.500 y 15.840 fallecidos, aunque las estimaciones de la Unión Europea elevan la cifra de víctimas de la violencia y la hambruna a unas 600.000 a 800.000 personas, lo que convierte este conflicto en una catástrofe humanitaria de primera magnitud. Se ha utilizado la hambruna como arma de guerra, así como la destrucción de cosechas para castigar a la población. En los años previos al conflicto, Tigray era una de las regiones agrarias más ricas de la nación.
RESPUESTA INTERNACIONAL AL CONFLICTO DE TIGRAY
La respuesta internacional al conflicto del Tigray ha sido variada. Según Amnistía Internacional, la respuesta de la Unión Africana y las Naciones Unidas al conflicto ha sido “lamentablemente insuficiente” a pesar de las pruebas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La ONU ha condenado las atrocidades llevadas a cabo en el conflicto del Tigray y ha instado a las partes que permitan el acceso de personal y suministros humanitarios a la región, aunque su población cada vez tiene menos esperanza de que mejore la situación. La Unión Africana ha lanzado una misión de mediación dirigida por el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
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Papel de Turquía y Emiratos Árabes Unidos
La relación entre Turquía y Etiopía se ha reforzado gratamente con sus últimos acuerdos firmados durante la visita a Ankara del primer ministro etíope, Abiy Ahmed el pasado 18 de agosto de 2023. Estos acuerdos tratan de poner un marco común para la cooperación en materia hídrica y de financiación para equipamiento militar, lo que se ha considerado como un apoyo tácito de Turquía a la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) y sus esfuerzos contra los insurgentes en Tigray. Entre estos equipos militares se encontraban un número no determinado de drones Bayraktar TB-2, aunque ya ha sido divisada al menos una unidad del novedoso Akinci TB-3.
Por otra parte, según distintos medios de comunicación y analistas independientes, Emiratos Árabes Unidos participa en los combates como proveedor de armas y drones. Sin embargo, no hay ningún comunicado oficial al respecto.
CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS SOBRE EL FUTURO DEL CONFLICTO DEL TIGRAY
El acuerdo de alto el fuego firmado el 2 de noviembre de 2022 entre el Gobierno etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigray, fue un primer paso fundamental para poner fin a la brutal guerra de dos años. Sin embargo, la paz sigue siendo débil y persisten conflictos en otras regiones del país. La guerra en Tigray ha trastocado muchos aspectos de la economía y el tejido social de Etiopía, provocando una inseguridad generalizada y una crisis humanitaria en el norte del país.
La evolución de la dinámica del conflicto en el norte de Etiopía y los intereses creados de los Estados vecinos corren el riesgo de descarrilar significativamente el proceso de paz esbozado en Pretoria. La situación sigue siendo fluida y el futuro del conflicto de Tigray dependerá de las acciones de los actores regionales y las propias partes en conflicto.
Según un informe del Parlamento Europeo de diciembre de 2022, poco ha cambiado desde el alto el fuego del 2 de noviembre del mismo año. La principal problemática se encuentra en la lucha de poder entre las comunidades etíopes, dentro de un sistema federal basado en la etnia.
La participación en el conflicto de Eritrea con sus Fuerzas Eritreas de Defensa (EDF), así como de Sudán en bandos opuestos, supone una grave amenaza para la estabilidad del Cuerno de África. De hecho, el think tank International Crisis Group apuntó que Eritrea, que comparte frontera con el Tigray y cuyo presidente de facto, Isaias Afwerki es cercano a Abiy, podría convertirse en un factor de desestabilización debido a sus intereses opuestos a los del TPLF.
Otro factor de desestabilización relacionado con el conflicto es la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), situada a tan solo 15 km de la frontera sudanesa y que ha sido foco de tensiones entre ambos países. Etiopía es una potencia africana emergente -es el país de mayor potencial económico de la región con acceso a un amplio mercado y una población de más de 115 millones de habitantes-, que se ha visto comprometida por la progresiva militarización y la guerra.
