Un artículo del colaborador de la Asociación para las Naciones Unidas en España, Marc Morros Bo, sobre la situación económica actual de inflación global y su relación con los derechos humanos según la ONU.
A comienzos de 2022 se publicó el informe de la ONU “Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2022” (WESP, por sus siglas en inglés) en el que se pronosticaba un crecimiento del PIB mundial del 4% en 2022 y del 3,5% en 2023, comparativamente inferior al del 5,5% registrado en 2021. Sin embargo, el mundo vive hoy inmerso en altos niveles de inflación que pueden terminar llevando a un empeoramiento de dichas perspectivas, con el consiguiente impacto en los derechos humanos.
La ley de la oferta y la demanda nos permite entender el origen de este fenómeno consistente en el aumento sostenido de los precios. Según esta norma económica, cuando la oferta baja o la demanda sube, los precios tienden a subir y, al revés. Por poner un ejemplo, cuando se reduce a oferta de pisos en alquiler en Barcelona (España) con una demanda constante, su precio tiende al alza, y lo mismo sucede si se incrementa la demanda de pisos manteniéndose la oferta constante.
Aplicado al caso de la inflación general, se da hoy la casuística de que existe tanto una oferta de bienes y servicios baja, como una demanda de éstos alta. Por un lado, la oferta se ha reducido esencialmente por las medidas preventivas de la pandemia de COVID-19: la globalización implica que cada elemento de la cadena de producción se fabrique en un país distinto, de modo que los confinamientos y las restricciones comerciales todavía hoy presentes a raíz de la pandemia dificultan la coordinación en la producción mundial.
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Por el otro lado, la demanda se ha incrementado fundamentalmente por las medidas económicas de respuesta a la pandemia: en los años 2020 y 2021 se aprobaron muy importantes estímulos fiscales y monetarios (v. gr., los planes ARP y AJO en Estados Unidos en marzo de 2021, dotados de 4,5 billones de dólares2) para evitar derrumbes en la economía.
Sin embargo, su afectación en la demanda ha sido tal que han llegado a recalentarla, máxime teniendo en cuenta que dichos estímulos se financiaron a través de déficits públicos (mayores gastos que ingresos) vía impresión de dinero. Por todo ello, la inflación en Estados Unidos se ha disparado hasta alcanzar un 9,1% interanual el pasado mes de junio, a la vez que el IPC de la eurozona ha registrado un valor del 8,9% en julio.
Desde el lado de la oferta, el problema de la cadena de producción ya referido parece que se solucionará solo, en la medida en la que se vaya dejando atrás la pandemia —con la eliminación de los confinamientos y las restricciones comerciales—. Sin embargo, en lo que a la demanda respecta, los anteriores niveles han supuesto que los bancos centrales de alrededor del mundo vean cómo su objetivo de mantener la inflación al 2% a medio plazo se aleje de la realidad, sin ser ello solucionable de forma natural.
En consecuencia, instituciones como la Reserva Federal estadounidense o el Banco Central Europeo (BCE) han respondido subiendo los tipos de interés. Lo que se consigue con esta política monetaria es dificultar la financiación a crédito —pues el interés ofrecido por los bancos comerciales es mayor—, y así desincentivar el consumo. Si volvemos a la ley de la oferta y la demanda, veremos que si la demanda (consumo) baja, también tenderán a hacerlo los precios: la inflación volvería al 2% deseado por los bancos centrales.
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Esta es la secuencia lógica que explica la coyuntura macroeconómica actual, pero de la que es indispensable advertir cómo puede afectar a los derechos humanos y de qué manera debería, cautelosamente, actuarse en el futuro. Recuperemos la subida de los tipos de interés. Como ya he mencionado, financiarse se vuelve más caro, y en tanto que se van a poder pedir menos créditos, se comprará menos a crédito: los inmuebles, los vehículos o los electrodomésticos se consumirán en menor medida.
Ahora bien, ello no termina con una bajada de la demanda, sino que la oferta también se restringe: si las empresas venden menos, reducirán su oferta a aquella que sí obtenga demanda. Empero, tal reducción conlleva una bajada de los beneficios empresariales o incluso una incapacidad para cubrir costes; por tanto, las empresas contratarán menos o procederán con grandes despidos. En última instancia, pues, los ingresos de las unidades familiares se verán afectados, volviéndose de nuevo a reducir todavía más tanto la demanda como la oferta.
Se trata, por consiguiente, de un círculo vicioso: subida de los precios, subida de los tipos de interés, bajada de la demanda (consumo a crédito), bajada de la oferta (bienes y servicios en el mercado), bajada de los ingresos, bajada de la demanda (consumo a crédito), etc. Una espiral de desaceleración, pero en todo caso querida por los bancos centrales en tanto que moderará los precios.
Fijémonos en la magnitud de lo anunciado en el anterior párrafo: la reducción de ingresos de las unidades familiares ligada a la destrucción de tejido productivo es conditio sine qua non para estabilizar la inflación; en otras palabras, la solución para revertir los niveles disparados de los precios pasa por la recesión. Técnicamente, se entiende por recesión a la existencia de una tasa de variación del PIB negativa durante dos trimestres consecutivos. Aquí se usará en el sentido de decrecimiento de la actividad económica.
Es en este punto, pues, donde entran en juego los derechos humanos. En particular, la evidencia empírica ha puesto de manifiesto cómo recesiones tales como las vividas a raíz de las crisis de 1929, 1973 o 2008 son fuertemente intensas en la afectación a la vida y la salud —con suicidios, enfermedades y dificultades en el acceso a la sanidad— (arts. 3 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)), la igualdad —con desigualdad en los ingresos— (art. 23 DUDH), la educación —con dificultades en el acceso a estudios superiores (básicos) en países desarrollados (subdesarrollados)— (art. 26 DUDH) y, en definitiva, la dignidad —con la exclusión social— (art. 1 DUDH).
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La crítica a esta afectación a los derechos humanos, sin embargo, no puede ir dirigida al aumento de los tipos de interés, ya que éste no ha sido más que una respuesta lógica a la inflación generada por un cisne negro (la pandemia).
Donde sí cabe hacer hincapié, en cambio, es en la indisciplina fiscal de los gobiernos precovid. Recapitulando, una subida de los tipos de interés implica que financiarse se vuelva más caro, pero ello no solo para los ciudadanos, sino también para los gobiernos: el coste de financiación de la deuda pública se dispara (sin ir más lejos, a inicios de año se registró un tipo de interés a diez años de la deuda pública española del 0,5%, mientras que hoy está rozando el 2,5%).
Pero no solo eso, sino que se estima que en lo que a Europa se refiere, el BCE cese en la compra de deuda pública —pues persistir estimularía todavía más la inflación—. En consecuencia, es posible que la prima de riesgo (sobreprecio que se paga para financiarse) de Estados europeos endeudados aumente notablemente, de modo que el financiamiento no solo se ve más costoso por la subida de tipos, sino que a ella se le añade una prima de riesgo.
En este sentido, el quid de la cuestión es que los nuevos compradores de deuda pública solicitarán garantías adicionales —a la prima de riesgo— para asegurarse cobrar lo prestado; es decir, que los países endeudados se verán obligados a aplicar ajustes de reducción del gasto (recortes) o de aumento de los ingresos (subidas de mpuestos).
En los países no endeudados, por el contrario, el aumento del coste en la financiación solo vendrá por el lado del aumento de los tipos, pues no se instarán garantías adicionales y su prima de riesgo apenas subirá ya que no dependen de que el BCE compre su deuda (al tener las finanzas saneadas, les es fácil encontrar otros inversores). Es presumible, por tanto, que los ciudadanos de los países endeudados vean mayores lacras en sus derechos humanos que aquellos que residan en Estados saneados.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo de 2009, se recogía que la crisis de 2008 presentaba “una oportunidad para conseguir un fortalecimiento del multilateralismo”. Valen las mismas palabras para el caso actual.
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Cuando los tiempos de recesión que vivimos y viviremos terminen y se recupere la bonanza económica de la segunda década del siglo XXI, una respuesta global y coordinada para aplicar políticas de disciplina fiscal será la adecuada. Ello permitirá reducir la deuda pública vía superávits (mayores ingresos que gastos) y hacer a los países más robustos frente a potenciales recesiones o, lo que es lo mismo, hacer a los derechos humanos de los ciudadanos más robustos frente a potenciales recesiones.
Este artículo se ha publicado previamente en la página oficial de la Asociación para las Naciones Unidas en España y ha sido escrito Marc Morros Bo.
