Agentes de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) han hallado pruebas de que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había recibido para su primera campaña en 2006 hasta 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
“Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue proporcionado a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”, describe ProPublica, que ha revisado y publicado los detalles de la llamada operación Polanco, a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos.
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes. No obstante, las declaraciones juradas de un ex agente de campaña después de ser detenido por los agentes de la DEA por cargos de drogas en 2010 y otros testigos descubrieron que Nicolás Mollinero Bastar, colaborador cercano de López Obrador, estaba al tanto e involucrado en las donaciones de una de las mafias de la droga más grandes del país. Para evitar la prisión federal, el ex agente dio una descripción detallada de las donaciones en efectivo de los traficantes, y grabó conversaciones con Mollinero.
Además, ProPublica señala a Mauricio Soto Caballero, actual miembro del partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que habría tomado parte en el rol de canalizar el dinero del Cártel de Sinaloa. Otro involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García, alias Pancho León, quien fue candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Coahuila en 2006.
Por parte del Cártel de Sinaloa, el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias ‘la Barbie’, uno de los principales socios del capo Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas, alias ‘el R’, era el encargado financiero, y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, fue el responsable del pago de sobornos del grupo a las autoridades mexicanas.
La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado de 28 años que se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. López Nájera había sido una especie de abogado interno de Edgar Valdéz Villarreal.
López Obrador no ha actuado con dureza en la lucha contra las mafias. “Primero, dejó de lado a los equipos de comando mexicanos que habían sido el socio más confiable de las agencias de inteligencia y aplicación de la ley estadounidenses. Luego cerró una unidad de policía federal que la DEA había entrenado y examinado para trabajar con los estadounidenses en grandes casos de drogas”, sostiene la investigación.
Artículo escrito por:
Laura Ruiz Sancho. Periodista. Apasionada de la geopolítica y siempre con un ojo puesto en la actualidad internacional. Experta profesional en terrorismo yihadista por la UNED y Máster en Verificación Digital y Periodismo de datos (CEU).
