Gustavo Petro gana las elecciones y se convierte en el primer presidente de izquierdas que gobernará en Colombia. En este contexto, consolidar la paz será uno de los desafíos del mandatario del país: a pesar de que ya se cumplen seis años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la ya extinta guerrilla de las FARC, el conflicto sigue vigente en gran parte del territorio. Te damos las claves para entender este proceso de paz y sus diferencias con el acuerdo con el Movimiento del 19 de abril (M-19).
Gustavo Petro Urrega, senador, exalcalde de Bogotá y líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, asumió la presidencia de Colombia en un giro político hacia la izquierda considerado inédito en el país.
Petro obtuvo el 50,48% del total de los votos escrutados (99, 67%). De esta forma, ha superado a Rodolfo Hernández Suárez, líder del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien ha logrado el 4,27% del total de los votos escrutado La victoria de Petro, se consagra como la primera vez en más de 200 años que la izquierda gobierna en el país.
Tras la celebración de la primera vuelta de las elecciones el domingo 29 de mayo en 2022, en la cual Gustavo Petro, acumuló más del 40% de los votos y el populista Rodolfo Hernández, más del 28%. El domingo 19 de junio, sucedía la segunda vuelta electoral. Esta última ha definido al fin la presidencia del país.
Entre los múltiples retos a los que se enfrenta el país latinoamericano uno de los principales desafíos del mandatario de Colombia es el de consolidar la paz. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estados colombiano y la ya extinta guerrilla de las FARC, durante el Gobierno de Iván Duque, el conflicto sigue vigente en gran parte del territorio.
Por ello, en este artículo te explicamos las claves para entender el Acuerdo de Paz de 2016 y el éxito de otro de los procesos de paz colombianos sucedido hace treinta años: el acuerdo con el Movimiento del 19 de abril (M-19) en el que, como “curiosidad”, militó el candidato de izquierdas y actual vencedor de las elecciones Gustavo Petro Urrega.
Las claves del Acuerdo de Paz con las FARC
Después de más de cincuenta años de conflicto, en el año 2016 se firmó en Colombia el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC con el objetivo de poner fin a la violencia y alcanzar la paz en el país. Por medio de este acuerdo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se comprometían ante las Naciones Unidas a deponer las armas, a no incurrir en delitos como el secuestro y la extorsión y a cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. Así, el Acuerdo lograba que las FARC pudieran participar en la política, transformándose en un partido o movimiento político.
Además, el Acuerdo instauraba un sistema de justicia transicional, que promoviera la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Con este fin, se crearon varios espacios para que los responsables contaran la verdad y fueran sancionados. Entre ellos, se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas (UBDP), dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y, por último, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Además, con el propósito de acabar con la pobreza agraria y terminar con el abismo presente en la vida en el campo y la ciudad, el Acuerdo de Paz desarrollaba también un plan de inversiones para el mundo rural. Este último incluía programas de acceso a tierras, bienes y servicios productivos, así como una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos, para luchar contra el narcotráfico.
Con relación a este último precepto, se establecía un programa dirigido a los campesinos que se dedicaban al cultivo de la coca, en el que se les ofrecía otras alternativas para la sustitución de los últimos.
Sin embargo, la implementación de este Acuerdo no ha sido del todo efectiva. Según el informe de Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, sobre los cinco años de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, hasta el año 2022, solamente se habrían completado el 30% de todas las disposiciones del Acuerdo (578).
Durante el año 2020, la pandemia del COVID-19 complicó la implementación, pues se agravaron las desigualdades existentes y la inseguridad en los diferentes territorios a lo largo del país. Respecto a esto último, con la pandemia también aumentaron ataques y amenazas contra personas excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, así como los homicidios contra los defensores de derechos humanos y movimientos sociales. Todo ello afectó finalmente al ritmo de implementación del Acuerdo.
Sin embargo, cabe señalar que según el informe del Instituto Kroc, en comparación con el año 2019, el porcentaje total de las disposiciones que se completaron ascendió dos puntos porcentuales, pasando del 26% en 2019 hasta el 28% en 2020.
Josefina Echeverría, directora de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, asegura que “los compromisos institucionales y el trabajo y la confianza de las organizaciones sociales y de base fueron fundamentales para avanzar en la implementación, a pesar de las enormes dificultades durante el año 2020”.
¿Por qué sí fue efectivo el Acuerdo con M-19?
Previo al Acuerdo de Paz de 2016, en el año 1990 se había firmado ya el primer pacto de paz entre el Estado y una guerrilla en América Latina. El Movimiento del 19 de abril (M-19), había declarado que la guerra no era la solución y resolvió dejar lar armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco Vargas.
Este acuerdo fue aparentemente exitoso, pues el grupo insurgente abandonó las armas y el Estado garantizó la participación política de los combatientes. Cabe señalar que, en la actualidad algunos de ellos ejercen política dentro de la legalidad, como el candidato actual a la presidencia, Gustavo Petro Urrega.
Durante la celebración de la conmemoración de los 25 años de la firma del pacto, el senador y exdirigente del M19, Antonio Navarro Wolff, declaro lo siguiente:
“Lo primero es que se logró en cinco meses hacer una nueva carta política. La lucha ha demostrado que la clase dirigente de este país no ha tenido la capacidad ni la voluntad de desarrollar mucho el mandato constitucional. Desde esa fecha se ha dado muy fuerte el crecimiento del narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla de las FARC. Se produjo la desmovilización de los paramilitares y, aunque es insatisfactoria por muchos aspectos y en algunas partes han sido sustituidas por bandas criminales, ya no tienen legitimidad política de ninguna parte, pero desde luego es un ejemplo de que la necesidad y la posibilidad de hacer la paz se materializó”.
“Ya no hay disculpas para no hacer la paz, porque la paz puede ser producto de una victoria, que a eso le apostaron las FARC y no lo lograron, y las condiciones en las que hoy están negociando son muy distintas a las que tuvimos nosotros”, afirmó el senador.
Diferencias entre el Acuerdo con las FARC y el M-19
Las FARC y el M-19 fueron dos grupos caracterizados por la defensa de una ideología y la movilización para alcanzar el poder, aunque diferían en su carácter ideológico y estratégico. Las disparidades se reflejaron también en las negociaciones de paz con cada uno de ellos y en los resultados de los acuerdos.
Ambos movimientos se crearon durante un periodo conocido como Frente Nacional (1958-1974). Este fue un pacto entre los partidos tradicionales de Colombia, el partido Liberal y el partido Conservador, para turnarse en el poder, terminar con el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla y retornar al gobierno civil. Sin embargo, el contexto de cada uno de los procesos era diferente. Durante las negociaciones con el M-19, Colombia luchaba contra el narcotráfico. El país contaba con el apoyo de la comunidad internacional, y su respaldo favoreció el proceso de paz.
Por otro lado, no debemos olvidar que tanto el origen ideológico de los movimientos como el modus operandi de cada uno de ellos fueron distintos. El M-19 fue creado en 1970 por una guerrilla urbana con ideario socialdemócrata y comenzó a actuar en operaciones simbólicas más que militares. Fue durante los años ochenta cuando los integrantes del movimiento empezaron a cometer delitos como el secuestro de políticos y empresarios o el asalto a instituciones públicas, como la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Por su parte, las FARC, fundadas en 1964, se erigió como un movimiento campesino de corte comunista. Su estrategia militar fue más ofensiva que la del M-19. De hecho, durante los últimos veinte años de acción realizaron miles de secuestros de políticos, atentados contra militares y población civil.
Además, se acercaron al narcotráfico y cometieron delitos relacionados con el mismo. El poder militar de los dos movimientos también era diferente. Las FARC contaban con un número mayor de combatientes y armamento que el M-19, en cierta manera porque se lucraban del narcotráfico.
Con relación a las diferencias en los procesos de negociación, Antonio Navarro Wolff explicaba durante las jornadas de conmemoración del Acuerdo de Paz con el M-19, algunas de las lecciones aprendidas durante este proceso, que deberían haberse puesto en práctica en la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Entre ellas destacaba, la necesidad de mantener a los guerrilleros desarmados, pero organizados, dado que al disolverse la guerrilla, los desmovilizados podrían caer en la delincuencia. La política fue la plataforma que permitió que los exguerrilleros buscaran soluciones a los problemas sin retornar a la violencia.
Algunos de los líderes del M-19 fueron elegidos congresistas o alcaldes, participaron en la redacción de la Constitución de 1991 y en las elecciones de mayo de 1990. De hecho, el senador señalaba que este fue el principal motivo por el que el proceso de paz con el M-19 tuvo tanto éxito.
“El negocio fue la posibilidad de hacer política a cambio de dejar las armas, no más”, declaraba Navarro. Sin embargo, a pesar de que la historia ha constatado que la colaboración política fue uno de los factores de éxito del primer proceso, es preciso destacar que el M-19 contaba con mayor apoyo popular que las FARC y esto facilitó la participación de sus líderes.
Otra de las lecciones que el senador señalaba, estaba relacionada con la baja efectividad de los castigos severos, pues estos no garantizan la menor reincidencia de los malhechores. “En el caso del M19 se concedió un indulto, que es menos que una amnistía. Esta última incluye perdón y olvido, mientras que el indulto es solo perdón Algunos de sus jefes [del M-19] y los subalternos siguieron delinquiendo en otros bandos”, aseguraba el senador.
Rafael Pardo, jefe negociador del Estado de Colombia en el primer proceso de paz, también destacaba que después del M-19 se firmaron dos documentos que tendrían impacto en los futuros procesos de paz. Estos fueron el Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que juzga los delitos de guerra, y la Constitución Política de Colombia, firmada en 1991, que limitaba los poderes presidenciales. Mientras que los delitos del M-19 no pasaron por ningún tribunal, los de las FARC sí: por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional.
El proceso de paz con el M-19 se dio en uno de los años más violentos de la historia de Colombia. En el año 1989 los narcotraficantes asesinaron a un candidato presidencial y a un congresista. Además, perpetraron varios atentados contra la población civil.
“Para Barco [presidente de Colombia en el momento de las negociaciones con el M-19] era un alivio que algo funcionara. Me parece que por eso fue generoso en la negociación; no en las concesiones, sino en el indulto y en la cantidad de votos que necesitábamos para obtener curules [asientos] en el Congreso”, aseguraba el senador Navarro.
La segunda de las lecciones que Antonio Navarro Wolff resaltaba estaba relacionada con la posibilidad de conseguir el perdón y la reconciliación en los procesos de paz. “Las hijas de Carlos Pizarro [comandante del M-19, asesinado en 1990] han dignificado la historia de su padre sin guardar rencor y las víctimas del Palacio de Justicia han perdonado a los miembros del M19, incluyendo el actual Ministro de Defensa”, declaraba. Reconocía también que “cada momento histórico es distinto, pero se debe estudiar la propia experiencia nacional”.
“El de nosotros fue un acuerdo de cara a la nación, donde participaron diferentes fuerzas sociales y políticas. Nuestro acuerdo no fue solamente del desarme, eso fue una consecuencia de todo el proceso y creo que ese es un tema interesante, ya que no es posible pensar en la paz y limitarla solamente al desarme de la guerrilla. Un proceso de paz significa que hay transformaciones en el país, que el pacto político que se realice, que signifique cambios efectivos y eso lo que hace es que no sea un proceso de sometimiento ni de rendición, sino un proceso de paz realmente”.
Por último, no debemos olvidar que la oposición política al proceso de paz con el M-19, fue menos latente que la sucedida durante las negociaciones con las FARC. En el último proceso, la oposición estuvo liderado por Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más influyentes en la historia de Colombia. Además, oficialmente la negociación con el M-19 duró un año, mientras que con las FARC cuatro.
El acuerdo con las FARC fue “demasiado ambicioso”, asegura Navarro. “No tanto en sus contenidos, sino en el temario, porque, realmente, es muy difícil que un Estado cumpla un temario tan largo”.
Los retos actuales del Acuerdo de Paz con las FARC
En pleno proceso de elecciones, en las que se ha producido un giro en la tradición electoral del país, donde hasta ahora solo habían gobernado los partidos conservadores, se valoran valorando también los desafíos presentes para la consolidación de la paz.
Antonio Wolff Navarro aseguraba que la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque, actual presidente de Colombia, también era una de las razones que explican el fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. El presidente y sus aliados de gobierno manifestaron su oposición a la implementación del pacto. De hecho, intentaron reducir el alcance de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de diferentes iniciativas legislativas, aunque no consiguió desarticularlo.
Sin embargo, es preciso enfatizar, que el Acuerdo de 2016, también supuso el progreso en algunos puntos, como la disminución del narcotráfico o los procesos relativos a la reparación de las víctimas.
En relación con esta último nota, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Colombia, aseguraba lo siguiente: “Abordamos cabos sueltos que en los anteriores procesos no se ataron y luego reaparecieron en forma de violencia y reapertura de procesos judiciales”.
El Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz analiza en su estudio varios puntos que aún deben mejorar en la implementación del Acuerdo. Estos son los relativos a la reforma agraria, además de algunas disposiciones de carácter transversal, como relacionadas con la igualdad de género y la aceptación de la diversidad étnica.
Además, el informe del Instituto Kroc también identifica algunos de los desafíos que todavía presenta la implementación del Acuerdo en sí. Aún prevalecen debilidades en el marco legal que permitan el pleno cumplimiento de los preceptos. Por otro lado, existe una escasez de fondos para llevar a cabo lo pactado. El dinero destinado en Colombia a la consolidación de la paz es mucho menor de lo que realmente se necesita para implementar las disposiciones establecidas.
